Medardo Aragón Vergara

Expediente 1191/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1191/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Medardo Aragón Vergara

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1191/2023 . En veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta a la jueza con dos oficios, registrados con los números de control interno 14738 y 14758, el primero con tres anexos y el segundo con un anexo. Conste. Puebla, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. A los autos el informe justificado y oficio en alcance a éste signados por Juez comisionado como Administrador de Jugados Penales del Sistema Tradicional, de Oralidad Penal, Ejecución y de Justicia para Adolescentes, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado, y con los mismos se da vista a las partes para que en el plazo de ocho días manifiesten lo que a su interés contenga. Cuadernos auxiliares. Con las constancias remitidas por el administrador oficiante, se ordena formar los cuadernos auxiliares I, II y III, para evitar el deterioro de las copias, así como para facilitar el manejo frecuente de este juicio de amparo. Constancias digitalizadas. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, reformado por el diverso acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se deja establecido que las copias recibidas fueron digitalizadas y quedaron incorporadas al expediente electrónico del presente juicio. 0 Autoridad cumple requerimientos. Asimismo, quedan cumplidos los requerimientos realizados en el proveído de admisión con relación a la inexistencia de diversos juicios de amparo promovidos por el aquí quejoso, proporciona los nombres de las personas a las cuales considera les recae el carácter de terceras interesadas y remite las constancias que acreditan que el abogado Jorge Alberto Molina Flores, es defensor del quejoso. Por tanto, con fundamento en el artículo 6, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se ordena continuar con su sustanciación. En consecuencia, quedan insubsistentes los apercibimientos de multa formulados a la citada autoridad en el proveído de admisión en relación con esos tópicos. Se requiere a autoridad. Ahora del informe justificado se advierte que la autoridad oficiante justifica la omisión de celebrar el juicio oral en la carpeta judicial administrativa 118/2023/JO/CENTRO, debido que la remitió al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, con la finalidad de dicho órgano determine respecto del juzgador que deberá conocer del juicio oral. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se requiere al Juez comisionado como Administrador de Jugados Penales del Sistema Tradicional, de Oralidad Penal, Ejecución y de Justicia para Adolescentes, para que en el plazo de veinticuatro horas siguientes, al momento en que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, le notifique su decisión, lo informe a este juzgado y remita las constancias respectivas; ello, para estar en aptitud de determinar lo que en derecho corresponda. Notifíquese.

  2. Incidental

    Incidente de suspensión 1191/2023-I. En Puebla, Puebla, a las nueve horas con un minuto del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para celebrar la audiencia incidental relativa al juicio de amparo 1191/2023-I---- ---- C O N S I D E R A N D O PRIMERO. La parte quejosa reclama: -La omisión de celebrar el juicio oral en la causa penal ++++++; -La falta de acuerdo respecto del recurso de queja promovido en contra de la omisión de apertura a juicio oral, en la referida carpeta causa penal. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. El Juez comisionado como Administrador de Jugados Penales del Sistema Tradicional, de Oralidad Penal, Ejecución, y de Justicia para Adolescentes, aceptó el acto reclamado, en sustitución del Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Estatal del Estado de Puebla, Francisco Javier Orozco Treviño. TERCERO. Negativa de la suspensión definitiva. Ahora, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, ya que son de naturaleza omisiva; de ahí que, resulta jurídicamente improcedente conceder la medida cautelar para que la autoridad responsable lleve a cabo el acto tuya omisión se le reclamada, puesto que la suspensión del acto reclamado, por su característica instrumental tiene la finalidad de mantener viva la materia del juicio en lo principal y que será materia de la sentencia que se dicte al respecto. En otras palabras, los actos que pueden reclamarse en el juicio de amparo, son de naturaleza positiva y negativa; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; mientras los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones u omisiones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Entonces, el objetivo de la medida cautelar radica en paralizar y detener la acción de la autoridad responsable, mientras se tramita el juicio de amparo. Así, es válido afirmar la improcedencia de la suspensión para los actos transcritos, porque la medida cautelar nunca podría surtir efectos ante una omisión o abstención de la autoridad responsable. Luego, se considera que dichos actos deben ser estudiados de fondo, en el juicio principal del cual deriva este incidente, de lo contrario la suspensión de ningún modo tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia por la cual, de ser el caso, se otorgue la protección de la justicia federal. Es más, si bien es cierto el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad, que deben concurrir los siguientes requisitos, mismos que atienden a: 1. Que se solicite la suspensión; y, 2. Que no siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Se tiene también que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa por la cual el acto sea susceptible de paralización, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, para nada existiría, como en el presente asunto, materia para suspender. De ahí que lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada, respecto de los actos reclamados aludidos con antelación. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XXV, Tomo 3, Octubre de 2013, Página 1912, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS" 1 . Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI.2o.11 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en las páginas 214 y 215, Novena Época, Tomo V, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y siete, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con 1 De Texto: "Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio.." su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. Se niega al quejoso la suspensión definitiva solicitada contra los actos que reclama a la autoridad responsable señalada y por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese

  3. Principal

    Juicio de amparo 1191/2023 .. Puebla, Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ++++++++++++++++++, quien se ostenta con la calidad de defensor particular de ++++++++, contra actos del Juez de tribunal de Enjuiciamiento Estatal del Estado de Puebla, Francisco Javier Orozco Treviño. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Se exhorta a las partes para que transiten a la modalidad de "juicio en línea". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Digitalización de la demanda de amparo. Debido a que la demanda de amparo fue recibida vía electrónica, la misma ya se encuentra digitalizada, y como consecuencia incorporada al expediente electrónico, por lo que no es necesaria su digitalización, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General. Desechamiento parcial. Por otra parte, el quejoso señaló como autoridades responsables al Administrador General de los Juzgados Penales del Sistema Tradicional, de Oralidad Penal, Ejecución y de Justicia para Adolescentes y al Juez de Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal (correcta denominación). Sin embargo, respecto de la autoridad señalada como Administrador General de los Juzgados Penales del Sistema Tradicional, de Oralidad Penal, Ejecución y de Justicia para Adolescentes, se actualiza de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia emanada de la interpretación relacionada del artículo 61, fracción XXIII, con los diversos arábigos 1, fracción I, y 5, fracción II, éstos dos últimos, aplicados en sentido contrario, todosambos, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Lo anterior, porque dicho servidor público sólo tiene la función de auxiliar a los jueces en las tareas administrativas que se requieran desempeñar para el trámite de las causas penales. A mayor abundamiento, la calidad de autoridad no se adquiere con la simple denominación o ejercicio de un servicio público, tan es así que existen particulares que pueden ejercer actos de autoridad. Para considerar que una persona tiene el carácter de autoridad, debe tener facultades para la toma de decisiones de manera unilateral, desde un plano de supra a subordinación y deben ser coercitivas. Es decir, debe existir una relación jurídica, establecida por el derecho público, entre el ente del Estado y las personas gobernadas, donde el primero emite o ejecuta actos con imperio, esto es, de forma unilateral, sin consenso y obligatorio para las personas, modificando, creando o extinguiendo situaciones jurídicas. Estas son características fundamentales de todo acto de autoridad, incluso exigible a un particular para considerar que se equipara a una autoridad para efectos del juicio de amparo. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 408/2017 de la cual emanó la jurisprudencia de rubro: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Lo anterior es coincidente con las notas distintivas que de la autoridad responsable para efectos del juicio de amparo ha señalado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Ahora, la intervención de los "Administradores" en las causas penales, no implica que tengan poder de decisión o intervención más allá de una de carácter administrativo-auxiliar de los jueces de control y de enjuiciamiento. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, de acuerdo al cual en el proceso penal acusatorio y oral, los jueces de oralidad penal actuarán sin secretarios o testigos de asistencia. Ello viene a colación del principio de inmediación que rige en el Sistema Penal de corte acusatorio y oral, conforme al cual "toda audiencia se desarrollará en presencia del juez" y que trajo como consecuencia la supresión de la figura de los secretarios. Tiene aplicación, en lo conducente, el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la jurisprudencia de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN COMO REGLA PROCESAL. REQUIERE LA NECESARIA PRESENCIA DEL JUEZ EN EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA. En el procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral, el mecanismo institucional que permite a los jueces emitir sus decisiones es la realización de una audiencia, en la cual las partes -cara a cara- presentan verbalmente sus argumentos, la evidencia que apoya su posición y cuentan, además, con la oportunidad de controvertir oralmente las afirmaciones de su contraparte. Acorde con esa lógica operativa, el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, dispone que "toda audiencia se desarrollará en presencia del juez", lo que implica que el principio de inmediación en esta vertiente busca como objetivos: garantizar la corrección formal del proceso y velar por el debido respeto de los derechos de las partes, al asegurar la presencia del juez en las actuaciones judiciales, así como evitar una de las prácticas más comunes que llevaron al agotamiento del procedimiento penal tradicional, en el que la mayoría de las audiencias no se dirigían por un juez, sino que su realización se delegó al secretario del juzgado y, en esa misma proporción, también se delegaron el desahogo y la valoración de las pruebas." Aunado a lo anterior, es el artículo 51, segundo párrafo, de la referida ley orgánica, el cual dispone la existencia del personal administrativo necesario para el funcionamiento de los Juzgados de Oralidad Penal, sin que ello implique en modo alguno que ejerzan funciones jurisdiccionales. Así, es concluyente que el referido servidor público no se encuentra en ese plano de supra a subordinación que genere una posición ineludible de obediencia en el quejoso. En realidad, dicha posición la ocupa los Jueces de enjuiciamiento (también señalado como responsable). Por tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de forma parcial la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados a la autoridad administrativa, pues se actualizaron las referidas causas de improcedencia manifiesta e indudablemente. Como consecuencia de lo anterior, se deja de tener como autoridad responsable al Administrador General de los Juzgados Penales del Sistema Tradicional, de Oralidad Penal, Ejecución y de Justicia para Adolescentes, Isaí Rivas López, pues como se mencionó, ésta no puede tener la calidad de autoridad responsable para efectos del presente juicio. Admisión parcial del juicio. Por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en las omisiones por parte del Juez de tribunal de Enjuiciamiento Estatal del Estado de Puebla, Francisco Javier Orozco Treviño, la demanda de amparo ha cumplido los requisitos legales, a partir del escrito aclaratorio, motivo por el cual se admite parcialmente a trámite con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 8, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. Materia del juicio. El acto combatido, en términos de su demanda de amparo, queda circunscrito al siguiente: La omisión de celebrar el juicio oral en la causa penal 118/2023/JO/CENTRO; y La falta de acuerdo respecto del recurso de queja promovido en contra de la omisión de apertura a juicio oral, en la referida causa penal. Actos atribuidos a la autoridad responsable: Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Estatal del Estado de Puebla, Francisco Javier Orozco Treviño. Apertura del incidente de suspensión. Ante la solicitud de la medida cautelar, se ordena tramitar por separado el incidente de suspensión relativo a este juicio. No obstante, en términos del numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se descarta formar duplicado físico del incidente de suspensión. Emplazamiento de la fiscal adscrita. Emplácese en forma personal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de distrito, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y copia de la demanda de protección de derechos. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable su informe justificado, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad de los actos reclamados. También deberá remitir a este juzgado copia certificada o auténtica, completa, legible y ordenada de las constancias o actuaciones con las que justifique los actos reclamados. En particular, el juez responsable deberá remitir los registros digitales (videograbaciones) relativos a la audiencia donde se hayan dictado los actos reclamados, en el entendido de que deberán ser visibles y audibles con claridad y nitidez, así como deberá contar con la certificación correspondiente o las constancias conducentes si el acto lo dictó, como asegura el quejoso, por escrito y sin previa audiencia. Asimismo, con fundamento en el artículo 117, tercer párrafo, de le Ley de Amparo, deberá acompañar el índice cronológico del desarrollo de la audiencia. Cabe hacer la aclaración que el índice cronológico no es un simple listado de las interacciones de las partes, sino que deberá detallar horas, minutos y segundos exactos de cada una de las intervenciones que se hayan llevado a cabo y especificar de forma puntual el sentido genérico en el que se hizo cada una. Se prescinde remitirle copia de la demanda, dado que estas se adjuntará al oficio por el cual se requiera su informe previo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir el informe justificado o de presentarlo sin acompañar las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá, una multa de cien a mil unidades de medida y actualización a razón de su valor diario de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se le hace saber que su informe justificado deberá presentarlo, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx. Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con once minutos del doce de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Se hace saber a las partes que, con la finalidad de privilegiar el uso de medios electrónicos y servicios digitales, la audiencia constitucional se celebrará a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes; ello, en atención a lo dispuesto por el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General supra citado. No obstante, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, por ser necesaria para el desahogo de una prueba o diligencia, su desahogo se realizará a través de videoconferencia, para lo cual la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de lo contrario, como ya se precisó, la audiencia se celebrará sin su presencia. Requerimiento de antecedentes. Se requiere a la autoridad responsable que informe si en el procedimiento de donde emanan los actos reclamados, se ha tramitado diverso juicio de protección contra el mismo acto reclamado, y de ser así, señale ante cuál autoridad federal se radicó el mismo, apercibida que en caso de desatender dicho requerimiento, se le impondrá una multa que oscilará entre las de cincuenta a mil unidades de medida y actualización a razón de su valor diario de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Requerimiento sobre el cargo de defensor. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al juez responsable para que en el plazo de cinco días contados a partir de la notificación de este proveído -en el mismo oficio donde informe el nombre y domicilio de los terceros interesados-, informe si en la carpeta judicial de origen ++++++ tiene reconocido el carácter de defensor particular del sentenciado Medardo Aragón Vergara, debiendo remitir copia autentica de las constancias que justifiquen su dicho. Conforme a los artículos 260, fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo, se apercibe a la responsable que de no cumplir lo requerido en el párrafo precedente en el plazo señalado, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización a razón de su valor diario. Requerimiento de informe sobre terceros interesados. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a la autoridad judicial responsable que en el plazo de cinco días1 , contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione el nombre y domicilio de las personas que puedan tener el carácter de terceros interesados en este juicio (agraviados, ofendidos o víctimas en la causa penal), para ello deberá remitir las constancias de donde se desprenda tal información. De manera adicional, el juez responsable deberá proporcionar el nombre, domicilio y formas de notificación electrónica del agente del Ministerio Público que esté asignado para intervenir en la causa penal de la cual derivan los actos reclamados (aquél que haya participado en las audiencias donde se emitieron los actos reclamados). Conforme a los artículos 260, fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo, le se apercibe que de no cumplir lo requerido en párrafos anteriores en el plazo señalado, sin causa justificada, se le impondrá una multa que oscilará entre las cien a las mil unidades de medida y actualización a razón de su valor diario. Una vez que se reciba la información requerida, habrá de proveerse el emplazamiento de quien tenga el carácter de tercero interesado -si procede- en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Requerimiento sobre causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. No cumplir con lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición de una multa por el importe de treinta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Emplazamiento parte tercera interesada. El promovente señaló en la demanda de amparo, como parte tercera interesada a los niños de identidad reservada con iniciales +++++ representados por Rosalía de la Ascensión Pérez y Soto, quien puede ser emplazada en el domicilio ubicado en: +++++++++. Por tanto, se instruye a la actuaria judicial adscrita que emplace al presente juicio de amparo, a la referida parte tercera interesada. Para tal efecto, la actuaria encargada del emplazamiento deberá entregarle a la mencionada tercera interesada, copia simple de la demanda amparo y una impresión con firmas criptográficas del presente proveído. Ello a fin de que la citada parte tercera interesada pueda comparecer a este juzgado para hacer valer sus derechos, como formular alegatos y ofrecer pruebas con el carácter de parte. Además, le deberá requerir a la citada parte tercera interesada que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al que surta efectos el emplazamiento, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Puebla o en su zona conurbada (San Pedro Cholula, San Andrés Cholula o Cuautlancingo). Pero deberá apercibirla que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista que se fije en este juzgado. Ello, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo; y sin necesidad de ulterior acuerdo, es decir, transcurrido el plazo de tres días, cualquier determinación de carácter personal se le notificará por lista, de no haber señalado por escrito un domicilio procesal. Asimismo, deberá informarle a la tercera que desde el acto de emplazamiento, queda sujeta a consultar las determinaciones que se notifiquen por lista, dado lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Del mismo modo, deberá informarle que encuentran señaladas las diez horas con once minutos del doce de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo aun sin la presencia de las partes. Usuario electrónico para consulta del expediente y notificación electrónica. Se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al usuario "Jamf1369" lo cual le permitirá dicha consulta y la presentación de escritos por la misma vía (electrónica). Asimismo, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autorizan las notificaciones electrónicas a través del nombre de dicho usuario, por así haberse solicitado en forma expresa. Autorizados. Quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas indicados en el proemio de su demanda, ya que cuentan con registro de sus cedulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Pruebas ofrecidas. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental ofrecida por el quejoso, dado que por su especial naturaleza no requiere preparación. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese

  4. Incidental

    Incidente de suspensión 1191/2023. Puebla, Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Formación del incidente. Visto el escrito de demanda y el acuerdo dictado en esta fecha en el cuaderno principal del expediente electrónico, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1191/2023, promovido por ++++++, quien se ostenta con la calidad de defensor particular de Medardo Aragón Vergara, contra actos del Juez de Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal, Francisco Javier Orozco Treviño. Actos reclamados. Los actos reclamados, en términos de su demanda de amparo, queda circunscrito al siguiente: La omisión de celebrar el juicio oral en la causa penal 118/2023/JO/CENTRO; La falta de acuerdo respecto del recurso de queja promovido en contra de la omisión de apertura a juicio oral, en la referida carpeta causa penal. Actos atribuidos a la autoridad responsable: Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Estatal del Estado de Puebla, Francisco Javier Orozco Treviño. Requerimiento del informe previo. En términos de los artículos 140, 142 y 143 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable presente su informe previo, el cual deberá cumplir los requisitos legales establecidos, y rendirse dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente acuerdo; por lo tanto, envíesele copia de la demanda, adjunta al oficio que contiene esta determinación. Con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se le apercibe que de no rendir su informe previo en el plazo señalado, le será impuesta una multa que oscilará entre las cien a mil Unidades de Medida y Actualización a razón de su valor diario. De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que el informe previo deberá rendirse, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, mediante el empleo de la firma electrónica; o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx. Requerimiento de antecedentes. Con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente auto (al momento de rendir su informe previo), comuniquen si ya se resolvió sobre la suspensión de los actos reclamados en otro juicio de amparo por lo que hace al aquí quejoso; de ser así, deberán remitir copia certificada de la resolución correspondiente. Se le apercibe que de omitir hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente entre las cincuenta a mil unidades de medida y actualización a razón de su valor diario. ? Audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la ley de la materia, se señalan las nueve horas con un minuto del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para que sea celebrada la audiencia incidental. Negativa de la suspensión provisional. Actos omisivos. Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, ya que son de naturaleza omisiva; de ahí que, resulta jurídicamente improcedente conceder la medida cautelar para que la autoridad responsable lleve a cabo el acto tuya omisión se le reclamada, puesto que la suspensión del acto reclamado, por su característica instrumental tiene la finalidad de mantener viva la materia del juicio en lo principal y que será materia de la sentencia que se dicte al respecto. En otras palabras, los actos que pueden reclamarse en el juicio de amparo, son de naturaleza positiva y negativa; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; mientras los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones u omisiones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Entonces, el objetivo de la medida cautelar radica en paralizar y detener la acción de la autoridad responsable, mientras se tramita el juicio de amparo. Así, es válido afirmar la improcedencia de la suspensión para los actos transcritos, porque la medida cautelar nunca podría surtir efectos ante una omisión o abstención de la autoridad responsable. Luego, se considera que dichos actos deben ser estudiados de fondo, en el juicio principal del cual deriva este incidente, de lo contrario la suspensión de ningún modo tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia por la cual, de ser el caso, se otorgue la protección de la justicia federal. Es más, si bien es cierto el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad, que deben concurrir los siguientes requisitos, mismos que atienden a: 1. Que se solicite la suspensión; y, 2. Que no siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Se tiene también que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa por la cual el acto sea susceptible de paralización, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, para nada existiría, como en el presente asunto, materia para suspender. De ahí que lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada, respecto de los actos reclamados aludidos con antelación. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XXV, Tomo 3, Octubre de 2013, Página 1912, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS" 1 . Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI.2o.11 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en las páginas 214 y 215, Novena Época, Tomo V, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y siete, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Por tanto, lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada respecto de los actos combatidos. Notifíquese.

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