Medardo Aragón Vergara
Expediente 1192/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1192/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Medardo Aragón Vergara
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, quien se ostenta como defensor particular de *, contra actos del Administrador General de los Juzgados Penales del Sistema Tradicional, de Oralidad Penal, Ejecución y de Justicia para Adolescentes, abogado * (sic) y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General * del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Se exhorta a las partes para que transiten a la modalidad de "juicio en línea". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Digitalización de la demanda de amparo. Debido a que la demanda de amparo fue recibida vía electrónica, la misma ya se encuentra digitalizada, y como consecuencia incorporada al expediente electrónico, por lo que no es necesaria su digitalización, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo,1 establece la obligación de examinar la demanda de tutela constitucional, porque de encontrarse un motivo indudable y manifiesto de improcedencia, deberá desecharse de plano. Lo anterior se relaciona con el derecho de justicia * pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la constitución federal, porque este permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes. Sobre todo porque debe evitarse la creación de falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, en particular que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos aportados por las partes. * Bajo ese contexto, se ha examinado la demanda de amparo presentada a favor de * por conducto de quien se ostenta como su defensor particular *, y se encontró el reclamo de los siguientes actos: * En primer lugar, respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como Administrador General de los Juzgados Penales del Sistema Tradicional, de Oralidad Penal, Ejecución y de Justicia para Adolescentes, se actualiza de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia emanada de la interpretación relacionada del artículo 61, fracción XXIII, con los diversos arábigos 1, fracción I, y 5, fracción II, éstos dos últimos, aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que dispone * Lo anterior, porque dicho servidor público sólo tiene la función de auxiliar a los jueces en las tareas administrativas que se requieran desempeñar para el trámite de las causas penales. A mayor abundamiento, la calidad de autoridad no se adquiere con la simple denominación o ejercicio de un servicio público, tan es así que existen particulares que pueden ejercer actos de autoridad. Para considerar que una persona tiene el carácter de autoridad, debe tener facultades para la toma de decisiones de manera unilateral, desde un plano de supra a subordinación y deben ser coercitivas. Es decir, debe existir una relación jurídica, establecida por el derecho público, entre el ente del Estado y las personas gobernadas, donde el primero emite o ejecuta actos con imperio, esto es, de forma unilateral, sin consenso y obligatorio para las personas, modificando, creando o extinguiendo situaciones jurídicas. Estas son características fundamentales de todo acto de autoridad, incluso exigible a un particular para considerar que se equipara a una autoridad para efectos del juicio de amparo. * Ahora, la intervención de los "Administradores" en las causas penales, no implica que tengan poder de decisión o intervención más allá de una de carácter administrativo-auxiliar de los jueces de control y de enjuiciamiento. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, de acuerdo al cual en el proceso penal acusatorio y oral, los jueces de oralidad penal actuarán sin secretarios o testigos de asistencia. Ello viene a colación del principio de inmediación que rige en el Sistema Penal de corte acusatorio y oral, conforme al cual "toda audiencia se desarrollará en presencia del juez" y que trajo como consecuencia la supresión de la figura de los secretarios. * Aunado a lo anterior, es el artículo 51, segundo párrafo, de la referida ley orgánica, el cual dispone la existencia del personal administrativo necesario para el funcionamiento de los Juzgados de Oralidad Penal, sin que ello implique en modo alguno que ejerzan funciones jurisdiccionales. Así, es concluyente que el referido servidor público no se encuentra en ese plano de supra a subordinación que genere una posición ineludible de obediencia en el quejoso. En realidad, dicha posición la ocupa el Juez de enjuiciamiento (también señalado como responsable). Por tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo respecto de los actos reclamados a la aludida autoridad administrativa, pues se actualizaron las referidas causas de improcedencia manifiesta e indudablemente. En segundo lugar, respecto del resto de actos reclamados al Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Estatal del Estado de Puebla, abogado *, constituye un hecho notorio para esta autoridad (de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo) que el diverso juicio de amparo 1191/2023-I del índice de este juzgado, también fue promovido a favor de *, quien se ostenta como defensor particular *, contra los mismos actos reclamados. De hecho, la demanda de amparo que originó el referido juicio *, fue presentada a las veintiún horas con treinta y dos minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y registrada en este juzgado a las nueve horas con veintiún minutos de este día. Mientras la demanda relativa a este asunto (*), fue presentada en el mismo portal a las veintiún horas con treinta y nueve minutos del dieciséis de noviembre actual, y registrada en este juzgado a las nueve horas con veintidós minutos de esta data. Luego, es evidente que el promovente * presentó la misma demanda en dos ocasiones (a favor de *). Por tanto, debe considerarse también actualizada, en este juicio, la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece * Sobre todo porque, como se dijo, comprende tanto los mismos actos reclamados como autoridades responsables. De ahí que se actualice la mencionada causa de improcedencia, la cual descansa en la figura de litispendencia, que establece la imposibilidad jurídica de resolver dos controversias por el mismo acto reclamado. En efecto, la litispendencia busca impedir que los jueces de distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, pues de hacerlo se llegaría al extremo de quebrantar la efectividad del sistema de amparo, en particular frente al escenario de determinaciones contradictorias (en el caso de admitirse dos demandas por el mismo acto reclamado). De ahí que ninguna circunstancia impida estimar la actualización de la causal relativa a la figura de litispendencia. Sólo resta indicar que la causal de improcedencia debe imponerse en el presente asunto, porque la demanda del juicio de amparo indirecto *, se recibió con anterioridad. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio *, pues encontró dos causas de improcedencia manifiestas e indudables, en particular las previstas en el artículo 61, fracción X y XIII, de la citada legislación. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. El quejoso solicitó que las notificaciones le sean practicadas de manera electrónica, para lo cual proporcionó el usuario "Jamf1369". En consecuencia, fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como vía para recibir notificaciones el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del referido usuario. Por otra parte, *, , quedan autorizados sólo para consultar el expediente y recibir notificaciones, dado que la parte quejosa así lo solicitó. Consulta del expediente electrónico El promovente solicitó que se le permita la consulta del expediente electrónico y para tal efecto proporcionó el nombre de usuario "Jamf1369". Por tanto, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 35 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal3 , se autoriza la consulta del expediente electrónico al referido usuario. Asimismo, se instruye al secretario encargado del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho * sistema la consulta electrónica del presente expediente (así como la recepción de notificaciones electrónica). Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.
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