Melissa Kasandra Contreras Nava
Expediente 598/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 01/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Melissa Kasandra Contreras Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 598/2021, promovido por Melissa Kassandra Contreras Nava, por conducto de su apoderado jurídico Efraín Antonio Lara Tinajero; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en línea el nueve de julio de dos mil veintiuno, Melissa Kassandra Contreras Nava, por conducto de su apoderado jurídico Efraín Antonio Lara Tinajero; solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Ejecución Penal Región Morelia. La parte quejosa invocó como derecho fundamental violado en su perjuicio, el contenido en el artículo 10 inciso C, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró en el libro de gobierno con el número de expediente 598/2021; y, en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintiuno -previo cumplimiento a requerimiento- se admitió; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; y, se fijó hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. En auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercero interesado a Eduardo Mexicano Mejía y se ordenó su emplazamiento. Seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis P.VI/2004, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, la cual es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención a los criterios transcritos, los actos reclamados por la quejosa al Juez de Ejecución Penal Región Morelia, es: El acuerdo dictado el catorce de junio del dos mil veintiuno, dentro del procedimiento POSI-363/2018, en el cual declaró improcedente su solicitud y dejó a salvo su derecho a la reparación del daño conforme al o los procedimientos de las leyes aplicables. La referida petición se encuentra contenida en el escrito presentado a la responsable el diez de junio de dos mil veintiuno, en el que solicitó se gravara la propiedad con número de registro 22 veintidós del tomo 15797 quince mil setecientos noventa y siete, de quince de junio de dos mil veinte, del distrito de Morelia, a fin de salvaguardar sus derechos como víctima y en atención a que Jaime Eduardo Mexicano Mejía se encuentra prófugo de la justicia y no va responder por los daños causados así como evitar que se haga algún traslado de dominio de dicho inmueble. Acto que se fija de esa manera porque si bien la quejosa señaló como tal "la negativa de ejecutar la reparación del año, en favor de la víctima, dentro de la carpeta de ejecución POSI-363/2018", también lo es que en el hecho "CUARTO" de su demanda manifestó que presentó diversos ocursos para ejecutar la reparación del daño, siento el primero de ellos acordado el catorce de junio del año en curso; asimismo, en sus motivos de disenso manifestó que se viola en su perjuicio del artículo 20 constitucional inciso c, fracción IV, toda vez que existe el temor fundado que la propiedad del sentenciado sea enajenada; y, tanto en el capítulo de conceptos de violación como al pedir la suspensión solicitó se inscribiera el gravamen en el Registro Público de la Propiedad a fin de que dicho bien inmueble que gravado. En ese contexto, lo plasmado en los antecedentes de la demanda, en sus conceptos de violación así como la solicitud de suspensión, está vinculado con el proveído de catorce de junio de dos mil veintiuno. Aunado a lo anterior, adujo tuvo conocimiento del acto reclamado el quince de junio del año en curso; y, mediante escrito presentado el veintinueve de julio del mismo año, exhibió copia simple del proveído de catorce de junio del dos mil veintiuno. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez de Ejecución Penal Región Morelia, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó a dicho informe, consistente en copia certificada del procedimiento POSI-363/2018 [un tomo]. Probanza que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, ya que entre las constancias que lo integran se encuentra el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintiuno, de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro digital 394182, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Este juzgador advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de ese mismo ordenamiento legal. Para evidenciar la actualización de dicha causal, se estima necesario traer a glosa el contenido de las referidas porciones normativas, que en su orden disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del contenido del artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término que se señala en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo establece como regla que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; asimismo señala las excepciones a la misma, que son: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días. II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Y, en el precepto 18 de la Ley de la Materia, el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo previsto en diverso 17 del mismo ordenamiento, las cuales son: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame. A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de su acto de ejecución. A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Una vez precisado lo anterior, este juzgador considera que es aplicable el segundo supuesto del artículo 18 de la Ley de Amparo. Ello es así, porque el quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el quince de junio del año en curso, lo que es coincidente con el correo electrónico que le remitiera el personal del juzgado ese mismo día donde se le acompañó la determinación reclamada. Data [quince de junio del dos mil veintiuno] que se toma en consideración para computar el término establecido por la Ley de Amparo para la presentación de la demanda y no la diversa de dieciséis de junio del mismo año, que fue cuando se le notificó el acto reclamado por medio de cédula fijada en la puerta, pues así lo ha determinado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.115/2010, al haber establecido que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. También decretó que, en congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Criterio que se encuentra contenido en la referida jurisprudencia P./J. 115/2010, se encuentra publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, Materia Común, registro digital 163172, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En esas condiciones, se puede establecer con certeza que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, del proveído de catorce de junio de dos mil veintiuno, cuando menos desde el quince del citado mes y año. Por tanto, es dable concluir que el juicio de amparo no fue promovido dentro del término de quince días que establece la ley de la materia, pues como ya se estableció la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado cuando menos desde el quince de junio del año en curso, por lo que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (ocho de julio del año en curso), habían transcurrido en exceso los quince días que contempla el artículo 17 de la Ley de Amparo. Esto es así, tomando en cuenta que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece que los términos previstos en el artículo 17 de la misma disposición, se computarán a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de su acto de ejecución. Por ende es evidente que el término con el que contaba la parte quejosa para combatir el acto reclamado, transcurrió en exceso, toda vez que los quince días para promover el amparo iniciaron el dieciséis de junio de dos mil veintiuno y concluyeron el siete de julio del citado año, habiéndose descontado el diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de junio así como el tres y cuatro de julio por haber sido sábado y domingo; así como el lunes veintiuno de junio del mismo año, por así haberse determinado en la circular 11/2021, emitida el veintiséis de mayo del año que transcurre; y, la demanda de amparo fue presentada el ocho de julio de dos mil veintiuno, por lo que se entiende que consintió el acto de autoridad reclamado en la vía constitucional. Ello es así, porque cuando una persona sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse mediante juicio de amparo y deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, tal conducta se tiene como manifestación de conformidad con la mencionada actuación lesiva de sus derechos. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Junio de mil novecientos noventa y tres, página doscientos treinta y cinco, que expresa: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Aunado a lo anterior, la quejosa no se encuentra en algunos de los casos de excepción contenidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, esto es, no reclama una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; no reclama la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; tampoco promovió el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; ni el acto reclamado implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Así las cosas, al operar la causa de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No pasa inadvertido por este juzgador que el quejoso solicitó la suplencia de la queja; sin embargo, no existe nada sobre lo que haya que suplir. En efecto, la suplencia de la queja deficiente consiste esencialmente en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, o mejorar aquellos planteados de manera incompleta. Por otra parte, la procedencia del juicio de amparo es un requisito procesal de estudio preferente, oficioso y de orden público, según lo ordena el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior permite deducir que procederá la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, única y exclusivamente si el juicio de amparo es procedente, por lo que no puede llegarse al extremo, alegando dicho beneficio, de hacer procedentes los juicios de amparo en los que se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que ello traería consigo el total quebrantamiento de las reglas que rigen tal instancia de control constitucional. Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Melissa Kassandra Contreras Nava, en contra del acto y autoridad precisadas en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el diverso cuarto. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo y/o resolución de 09 de noviembre de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito firmado por el apoderado jurídico de la parte quejosa, mediante el cual refiere que ya tuvo su verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, del cual deriva el cuaderno en que se actúa; por tanto, solicita se dicte el fallo constitucional. Ahora bien, en atención a las manifestaciones que realiza dicho promovente, se informa que en respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal ha emitido diversos Acuerdos Generales mediante los cuales ha adoptado medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, así como acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, todo ello atendiendo a las distintas etapas de la pandemia y procurando que los órganos a su cargo continúen prestando el servicio público de impartición de justicia sin interrupciones En virtud de lo anterior, para garantizar plenamente el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución General y, en general, llevar a cabo las atribuciones que constitucional y legalmente corresponden al Consejo de la Judicatura Federal, resulta indispensable aumentar gradualmente las actividades presenciales de los órganos jurisdiccionales, sin menoscabo de continuar ejecutando las acciones necesarias en materia de promoción de la salud y prevención de contagios Por lo tanto, resulta que este órgano jurisdiccional se encuentra laborando con menor porcentaje de servidores públicos al habitual para un efectivo distanciamiento social, pese a los contagios que se han generado entre los trabajadores, circunstancia que no ha permitido laborar con normalidad, ya que los asuntos se desarrollan bajo el esquema de los acuerdos referidos en líneas precedentes. Lo anterior, no obstante que se desarrollan actividades de forma presencial y vía remota con la finalidad de que la justicia no quede inaudita, logrando así la integración de asuntos para garantizar plenamente el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución General. Por todo lo expuesto, una vez que las labores de este órgano jurisdiccional lo permitan, se emitirá la sentencia respectiva. Finalmente, hágase saber lo anterior a la secretaria proyectista adscrita a este juzgado, para qué tome nota de la presente determinación. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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