Melanea Corras Solis

Expediente 364/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
364/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
08/08/2023

Partes del expediente

  • Melanea Corras Solis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por el Magistrado Presidente de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el veinte de junio del año en curso recibió el expediente ******************** de su estadística, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de conservación dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, consérvese el mismo y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establece el Acuerdo General antes mencionado. Finalmente, devuélvase al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, el tomo de pruebas que remitió junto con su informe justificado, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 364/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta con la documental, instrumental pública de actuaciones y presuncional en su doble aspecto que ofreció la parte quejosa, así como las constancias que la autoridad responsable anexó como soporte de su informe justificado. Al respecto el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la probanza antes descrita. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez provee: Dado que ninguna de las partes formuló alegatos se tiene precluido su derecho para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O. Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés (foja 6), mediante buzón judicial en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, ******************** por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de Sala Regional Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Recepción, trámite y turno del juicio de amparo. Por razón de turno, el conocimiento del asunto correspondió a este juzgado, quien lo registró con el número III-364/2023-A y mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, la admitió a trámite (foja 11), requirió el informe justificado a la autoridad responsable y otorgó al fiscal de la adscripción la intervención que le corresponde. Asimismo, en auto de dos de mayo de la anualidad que transcurre (foja 31), se reconoció el carácter de tercero interesado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, por figurar como autoridad demandada en el juicio de nulidad del que deriva el acto reclamado y se ordenó su emplazamiento mediante oficio. Finalmente, el veinticuatro de abril del año en curso (foja 21), se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, de la Ley de Amparo 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado es atribuido a autoridades con residencia en el territorio en que ejerce jurisdicción este juzgado. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado por la parte quejosa y la autoridad responsable, son los siguientes: Autoridad responsable: Sala Regional Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justiia Administrativa, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: La resolución de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja interpuesta por********************que promovió por defecto en el cumplimiento de la sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictada en el juicio de nulidad administrativo número ******************** Tercera. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Sala Regional Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues así lo manifestó el Presidente de dicha Sala al rendir su informe justificado (foja 29). Certeza que se corrobora con las pruebas documentales que acompañaron a su informe, consistentes en las constancias que integran el juicio contencioso administrativo ******************** Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Por su parte la representante social hizo valer la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61 fracción XII en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, pues refiere que la quejosa no demostró encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y que por tanto, no acreditaron una afectación en su interés jurídico o legítimo. Lo argumentado en torno a dicha causa de improcedencia es infundado, ya que de autos se advierte que la quejosa es parte dentro de la relación procesal generada con motivo del trámite del expediente de origen, lo que evidentemente afecta su interés jurídico, en relación con el acto reclamado que considera violatorio de sus derechos; además, no se advierte que en el presente juicio los actos reclamados consistan en una norma, como lo refiere el representante social adscrito. Por tanto, toda vez que las demás partes no hicieron valer diversa causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinta. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, en su primer concepto de violación, la parte quejosa aduce esencialmente que la resolución que reclama es ilegal, en atención a que al determinar la responsable como inoperante el agravio 1 del recurso de queja, bajo el argumento de que no fue parte de la sentencia, y por ello es una cuestión ajena, y de las pruebas las partes no se encuentra el oficio número 2.11.15-5/4455/2016 2016; viola en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como las de certeza y veracidad e impartición efectiva de justicia que le otorga la Constitución Federal, en relación con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues dichos argumentos que son infundados, dado que ella ofreció como prueba la constancia que integran los expedientes con número 399/13-21-01-1 0T y ********************ambos tramitados ante la Sala Regional Pacifico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, incluso dando cuenta de ellos en la página 9 y 10 de la sentencia definitiva de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós. Por lo anterior, la Sala Responsable al conminar a la demandada a aplicar los incrementos a partir del año dos mil dieciséis, se encontraba constreñida a partir de su cumplimiento de las cuotas previamente determinadas en los juicios de nulidad con números ********************, y que fueron ofrecidos por esa parte; por ello, partiendo de que en segundo de los juicios diversos, se emitió el oficio número 2.11.15-5/4455/1016, de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, del cual se consideró en el año dos mil dieciséis, una cuota diaria de $********************es indiscutible parte de la misma. Es por lo que la demandada se encontraba constreñir a considerar la cuota del año dos mil dieciséis a razón de$********************y aplicar entonces los porcentajes correspondientes al año dos mil diecisiete en delante, de acuerdo al porcentaje de mayor beneficio entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor y los otorgados al personal en activo; por lo que al no realizarlo de dicha manera, es que incumple con lo ordenado por esa Sala. Que es ilegal e infundado que la Sala Responsable inobserve que la demandada administrativa para dar de cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, debía partir de la cuota diaria de pensión para el año dos mil dieciséis al ser cosa juzgada, al constar de los autos del juicio de nulidad diversos que se tramitó ante la propia Sala bajo el número de expediente ********************y en el que la demandada en cumplimiento de sentencia de fecha dieciséis de abril de dos mil dieciséis, constancias que al haber sido ofrecidas por la ahora quejosa y de las que dio cuenta la sala responsable, no podía desconocer ni inobservar en los términos que lo realiza, máxime que en la página diez de la sentencia definitiva de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, la Sala responsable reconoce la existencia del oficio. Aspecto vinculante que forma parte del cumplimiento ahora de la definitiva de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós; por ello, es que no obstaba para arribar la inoperancia el hecho de que no se precisara en la sentencia, cuando de las constancias ofrecidas como prueba en el juicio contencioso había pronunciamiento firma y que constituye cosa juzgada. En su segundo concepto de violación, señala que la responsable al declarar infundado el agravio vertido respecto de la demanda administrativa, no consideró los dos aumentos que se verificaron para los trabajadores en activo en el año de dos mil diecisiete, bajo el argumento de que en constancia de evolución no se obtuvo dos aumentos, lo que es completamente ilegal e infundado, ya que de la constancia de evolución se observa que el primer aumento viene del uno de mayo de dos mil dieciséis hasta el treinta de abril de dos mil diecisiete que es del 3.10% tres punto diez por ciento, y el segundo del uno al treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, que es del 3.02% tres punto dos por ciento; y la demandada en el oficio recurrido en el año de dos mil dieciséis, aplica un 3.38% tres punto treinta y ocho por ciento, pero el correspondiente porcentaje al periodo del uno de mayo al dos mil dieciséis hasta el treinta de abril de dos mil diecisiete, que es del 3.10% tres punto diez por ciento no lo aplica, es decir, omite y en el año de dos mil diecisiete solo aplica el 3.02% tres punto cero dos por ciento; es decir, el porcentaje del 3.10% tres punto diez por ciento es suprimido, nulificado, inobservado por la demandada y sal responsable. Situación que no es percatada por la responsable, y que estudia de manera ilegal e infundada, pasando por alto que ello le perjudica a la quejosa; ya que no existe atribución alguna ni para la demandada ni responsable en omitir o inobservar porcentajes que fueron otorgados al personal en activo, cuando los efectos de la sentencia fueron de que se aplicaran los incrementos otorgados conforme al INPC o conforma al personal en activo, según sean de mayor beneficio a la actora, con lo que se acredita la violación cometida. Conceptos de violación que en su totalidad se califican de inoperantes, como a continuación se demostrará. Para hacerlo, por principio, conviene realizar una breve exposición de los antecedentes del caso que consisten en: Por escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, ******************** por su propio derecho, la negativa ficta por falta de respuesta al escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, ante el Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, Subdelegación de prestaciones, adscrita a la Delegación Estatal Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, en el que solicitó el incremento a su cuota diaria de pensión. Mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil diecinueve, el magistrado instructor de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, admitió a trámite la demanda (foja 13 del tomo de pruebas) -en la vía ordinaria- y la registró con el número de expediente ******************** Seguido el juicio por su cauce legal, el veinticinco de abril de dos mil veintidós (foja 108 del tomo de pruebas) la sala del conocimiento dictó sentencia definitiva, en la que se declaró la nulidad de la resolución reclamada, para el efecto de que la demandada: ". . .1.Indique la forma en que realizó el incremento de la cuota diaria de pensión en cantidad ********************, desde el día 01 de enero de 2016, conforme al artículo 8º del Reglamento para el Otorgamiento de la Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, esto es, debe indicar cuáles fueron los incrementos porcentuales anuales que ha tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor y, en caso de que el incremento del INPC resulta inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo se aumentará en la misma porción que éstos últimos; por último, se hace la precisión que los incrementos anuales subsecuentes deberán aplicarse siguiendo la misma pauta. 2. Hecho lo anterior, si a raíz de los cálculos efectuados, resultaren diferencias pendientes por pagar a las que ha venido haciendo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberá cuantificarlas en beneficio del pensionado, incluyendo la gratificación anual (aguinaldo), y pagarlas por los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud presentada, conforme al artículo 186 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en observancia a la Jurisprudencia 2a.lJ. 8/2017 (10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación el vienes 24 de febrero de 2017, la cual indica al rubro: "PENSIONES JUBILACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE PAGO DE LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS NO EFECTUADOS A LAS CUOTRAS RELATIVAS, OPERA RESPECTO DE LAS QUE CORRESPONDEN A PERIODOS ANTERIORES A 5 AÑOS A LA FECHA EN QUE SE SOLICITÓ LA RECTIFICACIÓN. 3. Adicionalmente y en estricto acatamiento al artículo 8º del Reglamento para el Otorgamiento de las Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del Artículo Decimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; se hace notar a la autoridad demandada que el incremento anual del 2016 y subsecuentes deberán ser siguiendo la misma mecánica de los incrementos porcentuales anuales que ha tenido el Indicie Nacional de Precios al Consumidor y, en caso de que el incremento del INPC resulta inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, se aumentará en la misma proporción que éstos últimos, por ser el régimen pensionario que en derecho corresponde; en el entendido de que la autoridad deberá allegarse de toda la información necesaria para explicar y detallar, la forma en que se ha incrementado la cuota diaria de pensión de la parte actora. 4. Si el incremento de la pensión excediera el tope máximo establecido en el artículo 17 de la vigente Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en relación con el diverso numeral 7º del Reglamento para el Otorgamiento de las Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberá estarse a lo dispuesto por esos numerales. 5. Las diferencias que resulten por pagar con motivo de los incrementos ordenados a la cuota diaria de pensión, deberán ser entregadas por el Instituto debidamente actualizadas, conforme al procedimiento que establece el artículo 6, fracción ll, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como lo precisa la Jurisprudencia 2aJJ.135/2019, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 18 de octubre de 2019, de rubro: "PENSIONES OTORGADAS POR EL ISSSTE. LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS OMITIDOS POR EL INSTITUTO DEBEN ENTREGARSE ACTUALIZADAS". 6. La autoridad demanda deberá cumplir lo ordenado en esta sentencia, es decir, deberá emitir y notificar su nueva resolución, dentro del plazo de cuatro meses, conforme el artículo 52, segundo y tercer párrafos, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, una vez a que se declare la firmeza de la presente sentencia en términos de los diverso 53 y 57 de la citada legislación. . . ." Por auto de quince de junio de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad demandada, el cumplimiento de la sentencia, tomando en consideración que la sentencia definitiva de veinticinco de abril de dos mil veintidós quedó firme el ocho de junio de dos mil veintidós. El veintidós de agosto de dos mil veintidós (foja 137 del tomo de pruebas), el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitió el oficio número ********************a través del cual dio cumplimiento a la sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictada en el juicio de nulidad ********************, en el que, una vez realizados los ajustes correspondientes, concluyó lo siguiente: ". . .Por tanto, se determina que el monto que debió pagar el Instituto, es de $******************** y una cuota diaria pensionada de $********************. . . . . .Por tanto, se determina que el monto total que ha pagado el Instituto, es de $********************y una cuota diaria pensionaria de $********************diarios. . . " Finalmente, por escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintidós (foja 147 del tomo de pruebas), ante la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal De Justicia Administrativa, ********************, promovió el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia, el cual mediante resolución de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés (foja 157 del tomo de pruebas), se declaró procedente pero inoperantes por una parte, infundados por otra y fundados en otra más. Bajo ese contexto, a juicio de quien resuelve, los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso son inoperantes, en la medida que la comparación entre los agravios que hizo valer el aquí quejoso ante los magistrados responsables y los conceptos de violación que vertió en su demanda constitucional, se advierte que no ataca la cuestión medular de la sentencia. Y solo se concreta a reiterar cuestiones que hizo valer en el recurso de queja y sin atacar la cuestión toral del argumento por el que declara inoperante el agravio. Esto es, la autoridad demandada, señaló que era inoperante el agravio por lo siguiente: -El agravio formulado por la quejosa en el sentido de que el Instituto demandado debió considerar en el año dos mil dieciséis, la cuota diaria de pensión de $********************la cual alude fue determinada en el diverso 2.11.15.5/4455/2016 de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, toda vez que de los lineamientos trazados en la sentencia definitiva de veinticinco de abril de dos mil veintidós, esa juzgadora no se pronunció respecto a dicha cuestión; por lo que el traerlo a la queja es una cuestión ajena a la materia de estudio de la sentencia definitiva. -De las pruebas documentales allegadas por ambas partes en el presente juicio, no se encuentra el oficio 2.11.15.5/4455/2016 de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, de ahí que no fue materia de estudio en la sentencia definitiva. -La sentencia que nos ocupa, tiene por objeto exclusivamente, estudiar y resolver el cumplimiento o no, de la sentencia definitiva dictada en el juicio, excluyendo las declaraciones de la existencia o inexistencia de derechos subjetivos que no fueron materia de la misma. -La queja no es la vía para aclarar una sentencia definitiva. -Si la parte actora consideraba que en la sentencia no se satisfizo totalmente su pretensión, debió promover juicio de amparo directo, sin que lo hubiera hecho, por lo que dicha sentencia tiene el carácter de cosa juzgada. -Máxime que de la sentencia definitiva de dieciséis de abril de dos mil quince, y su interlocutoria de queja de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, ambas dictadas en el juicio nulidad 1381/14-21-01-1, en momento alguno la sala reconoció como legal la cuota diaria de pensión de ********************para el año dos mil dieciséis, la cual alude fue determinada en el oficio 2.11.15.5/4455/2016, a fin de que dicha determinación constituyera cosa juzgada. -Que no es obstáculo, la reproducción que hace la quejosa en la página uno de su escrito de queja, relativa a una tabla comparativa de incrementos, la cual alude fue determinada por la autoridad en el oficio 2.11.15.5/4455/2016 de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, sin embargo, dicha inserción no contiene ningún dato que permita identificar que pertenece al oficio en cuestión, como pretende hacerlo valer. Y la parte quejosa, aduce que la interlocutoria es ilegal, en atención a que al determinar la responsable como inoperante el agravio 1 del recurso de queja, bajo el argumento de que no fue parte de la sentencia, y por ello es una cuestión ajena, y de las pruebas las partes no se encuentra el oficio número 2.11.15-5/4455/2016 2016; viola en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como las de certeza y veracidad e impartición efectiva de justicia que le otorga la Constitución Federal, en relación con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues dichos argumentos que son infundados, dado que ella ofreció como prueba la constancia que integran los expedientes con número 399/13-21-01-1 0T y ********************ambos tramitados ante la Sala Regional Pacifico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, incluso dando cuenta de ellos en la página 9 y 10 de la sentencia definitiva de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós. Por lo anterior, la Sala Responsable al conminar a la demandada a aplicar los incrementos a partir del año dos mil dieciséis, se encontraba constreñida a partir de su cumplimiento de las cuotas previamente determinadas en los juicios de nulidad con números ********************, y que fueron ofrecidos por esa parte; por ello, partiendo de que en segundo de los juicios diversos, se emitió el oficio número 2.11.15-5/4455/1016, de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, del cual se consideró en el año dos mil dieciséis, una cuota diaria de $********************es indiscutible parte de la misma. Es por lo que la demandada se encontraba constreñir a considerar la cuota del año dos mil dieciséis a razón de$********************y aplicar entonces los porcentajes correspondientes al año dos mil diecisiete en delante, de acuerdo al porcentaje de mayor beneficio entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor y los otorgados al personal en activo; por lo que al no realizarlo de dicha manera, es que incumple con lo ordenado por esa Sala. Que es ilegal e infundado que la Sala Responsable inobserve que la demandada administrativa para dar de cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, debía partir de la cuota diaria de pensión para el año dos mil dieciséis, al ser cosa juzgada, al constar de los autos del juicio de nulidad diversos que se tramitó ante la propia Sala bajo el número de expediente ********************y en el que la demandada en cumplimiento de sentencia de fecha dieciséis de abril de dos mil dieciséis, constancias que al haber sido ofrecidas por la ahora quejosa y de las que dio cuenta la sala responsable, no podía desconocer ni inobservar en los términos que lo realiza, máxime que en la página diez de la sentencia definitiva de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, la Sala responsable reconoce la existencia del oficio. Sin embargo, omite atacar lo referente que en la sentencia que no ocupa tiene por objeto exclusivamente, estudiar y resolver el cumplimiento o no, de la sentencia definitiva dictada en el juicio, excluyendo las declaraciones de la existencia o inexistencia de derechos subjetivos que no fueron materia de la misma, por lo que la queja no es la vía para aclarar una sentencia definitiva; y si en su caso, la sentencia no satisfizo totalmente su pretensión, debió promover juicio de amparo directo, sin que lo hubiera hecho; máxime que de la sentencia definitiva de dieciséis de abril de dos mil quince, y su interlocutoria de queja de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, ambas dictadas en el juicio nulidad 1381/14-21-01-1, en momento alguno la sala reconoció como legal la cuota diaria de pensión de ********************para el año dos mil dieciséis, la cual alude fue determinada en el oficio 2.11.15.5/4455/2016. Como se puede observar, la parte quejosa no ataca una de las consideraciones torales de la sentencia. Lo mismo sucede con el agravio segundo de la demanda de amparo, pues la parte quejosa se limita a señalar que la responsable al declarar infundado el agravio vertido respecto de la demanda administrativa, no consideró los dos aumentos que se verificaron para los trabajadores en activo en el año de dos mil diecisiete, bajo el argumento de que en constancia de evolución no se obtuvo dos aumentos, lo que es completamente ilegal e infundado, ya que de la constancia de evolución se observa que el primer aumento viene del uno de mayo de dos mil dieciséis hasta el treinta de abril de dos mil diecisiete que es del 3.10% tres punto diez por ciento, y el segundo del uno al treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, que es del 3.02% tres punto dos por ciento; y la demandada en el oficio recurrido en el año de dos mil dieciséis, aplica un 3.38% tres punto treinta y ocho por ciento, pero el correspondiente porcentaje al periodo del uno de mayo al dos mil dieciséis hasta el treinta de abril de dos mil diecisiete, que es del 3.10% tres punto diez por ciento no lo aplica, es decir, omite y en el año de dos mil diecisiete solo aplica el 3.02% tres punto cero dos por ciento; es decir, el porcentaje del 3.10% tres punto diez por ciento es suprimido, nulificado, inobservado por la demandada y sal responsable. Situación que no es percatada por la responsable, y que estudia de manera ilegal e infundada, pasando por alto que ello le perjudica a la quejosa; ya que no existe atribución alguna ni para la demandada ni responsable en omitir o inobservar porcentajes que fueron otorgados al personal en activo, cuando los efectos de la sentencia fueron de que se aplicaran los incrementos otorgados conforme al INPC o conforma al personal en activo, según sean de mayor beneficio a la actora, con lo que se acredita la violación cometida. Sin embargo, la autoridad responsable basó su argumento en que era infundado dicho agravio, pues de modo alguno de la constancia de evolución salarias donde se aprecia que, para los años de 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, el porcentaje para los trabajadores en activo fueron de 3.02% tres punto dos por ciento; 3.38% tres punto treinta y ocho por ciento; 3.35% tres punto treinta y cinco por ciento; 3.40% tres punto cuarenta por ciento y 3.40% tres punto cuarenta por ciento; y que la evolución salarias expedida por la dependencia donde laboró la actora, se desprende que los aumentos porcentuales aplicados a la plaza que ocupó la actora, fueron tomando en consideración el inició de cada periodo a partir del uno de mayo de cada año. de ahí que el periodo relativo al año dos mil diecisiete, comprende del uno de mayo al dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, el cual fue de 3.02% tres punto cero dos por ciento. De modo que, si la parte quejosa, en lugar de controvertir o superar las consideraciones expuestas por la autoridad responsable se limita a sostener lo ya señalado; entonces, es evidente que este juzgador se encuentra imposibilitado para emprender el estudio de sus planteamientos, al no otorgarse las bases necesarias para calificar lo fundado o infundado de lo resuelto en la alzada, pues para ello era necesario, atacar las consideraciones antes expuestas. También pudo indicar, por ejemplo, cuál numeral autoriza a las responsables a considerar para la liquidación, porcentajes diversos a los anotados en la sentencia definitiva y por qué la comparación que realizó la autoridad demandada, fue incorrecta. De forma que, si el quejoso no atacó todas las consideraciones que los magistrados responsables sostuvieron para decretar lo inoperante de los agravios que hizo valer a ese respecto, y en cambio, reitera e insiste en que la liquidación presentada por la autoridad demandada es incorrecta, es evidente que no se otorgan al suscrito los parámetros para que esté en condiciones de emprender el estudio del acto reclamado. Así es, porque en esta instancia de amparo el quejoso estaba obligado a manifestar que contrario a lo señalado por la responsable, los agravios que en ese sentido expuso no eran inoperantes, exponiendo las razones lógico-jurídicas para llegar a tal conclusión, y no únicamente reiterar los agravios expresados ante la responsable pero ahora bajo el título de "conceptos de violación"; por lo que al no haberlo hecho así, es evidente que no atacó la declaración de inoperantes realizada por parte de la autoridad responsable. No obsta para ello, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para estudiar un planteamiento como concepto de violación basta expresar la causa de pedir; pues también aclaró que la aplicación de dicha figura no tiene el alcance de que se analicen aspectos genéricos si no hay argumentos que rebatan los fundamentos del acto reclamado, como en el caso acontece, ya que el quejoso se limitó a transcribir los agravios que hizo valer en apelación. Fundamenta a lo precedente, las razones que informa la Jurisprudencia 1a. /J. 81/2002, publicada en la página 61, del Tomo XVI, Diciembre de 2002, relativa a la Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN "FUNDAMENTO.- El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.". Asimismo, lo expuesto en la jurisprudencia (V Región) 2o. J/1 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, Pag. 1683, Décima Época, registro 2010038, que dice: "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada." Es aplicable -conforme al contenido del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente- la jurisprudencia V.2º. J/62, visible en la página 53, del tomo 63, marzo de 1993, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CONTRA DECLARACIÓN DE INOPERANCIA DE AGRAVIOS, SON TAMBIÉN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ÉSTOS, EL ATAQUE QUE EN AQUÉLLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA APELADA. El quejoso se concreta a mencionar lo afirmado por la responsable y a manifestar simplemente que, tal afirmación riñe con el contenido de los agravios que expresó su abogado, en los cuales dice, si se expusieron los argumentos correspondientes en contra de las consideraciones habidas en la resolución que se impugnó, pero no se ocupa de mostrar, cuáles fueron, en la expresión de tales agravios, sus contra argumentos para combatir las referidas consideraciones del Juez de primera instancia, y no ataca, de ninguna otra manera, los razonamientos que la responsable tuvo en cuenta para concluir la inoperancia de los referidos puntos de agravios, por todo lo cual el concepto de violación que se contesta resulta también inoperante." Aunado a que no se advierte nada que suplir en favor de la quejosa, siendo innecesario hacer estudio oficioso del acto reclamado, pues ello debe hacerse sólo cuando deriva un beneficio, lo que no ocurre en la especie. En las condiciones apuntadas, ante lo inoperante de los conceptos de violación propuestos y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse a favor de ******************** en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** respecto del acto que atribuyó a la autoridad responsable Sala Regional Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por las razones contenidas en la consideración quinta de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el último considerando. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio que suscribe el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Pacífico-Centro, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa la fecha en que rindió su informe justificado, lo anterior, debido a que el dos de mayo actual se recibió el informe y las constancias que refiere en su oficio de cuenta. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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