Mercedes Nava Monroy

Expediente 599/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
599/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Mercedes Nava Monroy

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguense a los autos sin mayor pronunciamiento los informes justificados que rinden las autoridades responsables Juez de Control en la Región Morelia y Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención a Delitos de Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, con sede en esta ciudad; lo anterior, toda vez que en proveído de veinticuatro de los actuales, se tuvo a Carlos Escobedo Suárez, en cuanto representante legal de Mercedes Nava Monroy, ésta por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales A.D.P.N., manifestando que es voluntad de la parte peticionaria de amparo desistir de la demanda que originó el presente juicio de amparo, por lo que se sobreseyó en el juicio. Por lo anterior, se ordena devolver las constancias allegaron las responsables en cita, con su informe justificado. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado de manera electrónica por Carlos Escobedo Suárez, en cuanto representante legal de Mercedes Nava Monroy, ésta por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales A.D.P.N., mediante el cual manifiesta que es voluntad de la parte peticionaria de amparo desistir de la demanda que originó el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, toda vez que el escrito firmado electrónicamente produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 33/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, registro 192108, de rubro siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA." Lo anterior, sin que resulte necesario requerir la ratificación del escrito de cuenta, pues como se dijo antes al estar firmado de manera electrónica obra la certeza de que la intención de la parte promovente de amparo es precisamente la de desistir del trámite del juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 31/2021 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro: 2023937, de rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente por la parte interesada con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es igual o no al signado ante la autoridad judicial. Uno concluyó que si la firma autógrafa es insuficiente para generar certidumbre sobre el desistimiento y debe ser ratificada ante la presencia judicial, entonces, por identidad de razón, debe requerirse de la misma ratificación tratándose de una firma electrónica, pues esta última produce los mismos efectos que la primera; mientras que otros tribunales concluyeron que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, es igual al signado ante la presencia judicial. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial. Justificación: Conforme al artículo 63, fracción I, en relación con el 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, es necesaria la ratificación del escrito de desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos para que éste opere, lo cual tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su intención de dar por concluido el juicio que inició o el recurso que intentó. En este sentido, si lo pretendido con la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. Por tanto, la firma electrónica contenida en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual el órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las doce horas con cincuenta minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciada Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 599/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta con el informe previo rendido por el Juez de Control en la Región Morelia, registrado con el número de promoción 10299 y hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 140 y 144 de la ley de amparo, se tiene por recibido el informe previo que rinde Juez de Control en la Región Morelia. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. El juez acuerda: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se tiene por precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados lo siguiente: 1. Al Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, con sede en esta ciudad, le reclama lo siguiente: - La omisión y/o negativa "implícita" de proporcionar de manera inmediata a las víctimas directas las medidas de protección previstas en las fracciones I, II, III, V y VI del artículo 137 Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la carpeta de investigación NUC 1003-2022-19839 y número de expediente MOR/053/28802/2022. - La omisión de dictar una orden de protección de emergencia en favor de las víctimas directas, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo. 2. Al Juez de Control de la Región Morelia del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, le reclama: - La resolución dictada en audiencia de ocho de junio de dos mil veintidós, dentro del cuaderno de antecedentes 1046/2022 de su índice, en donde la autoridad responsable ordenó al Agente del Ministerio Público para que en el término de veinticuatro horas recabara la entrevista del menor de identidad reservada e iniciales A.D.P.N. y en el término de cuarenta y ocho horas posterior a ello se pronunciara respecto de las medidas de protección solicitadas por la parte quejosa. Segunda. Las autoridades responsables referidas en los párrafos precedentes al momento de rendir su informe previo manifestaron que son ciertos los actos reclamados. Por lo anterior, de acuerdo a la teoría de la apariencia del buen derecho, es factible que el juzgador de amparo realice la comprobación de la existencia del derecho humano que debe ser protegido, lo que constituye la base y el sustento para decretar una medida cautelar, cuyo objeto es mantener las cosas en el estado en que se encuentran y, cuando así lo amerite el caso, hacer una restitución provisional con el fin de mantener viva la materia del juicio en lo principal; evitando con ello que los actos reclamados se consumen de tal forma que sea imposible o improbable la restitución a la parte quejosa en el goce pleno del derecho humano que se dice violado, volviendo con ello inocuo el juicio constitucional. Así, atendiendo al contenido de la demanda se puede concluir que en este momento procesal no se puede tener por acreditada la apariencia del buen derecho, pues no se cuenta con los elementos necesarios para ello, pues los argumentos que como conceptos de violación plantea la parte quejosa derivan de cuestiones fácticas que se estará en condiciones de verificar si ocurrieron o no, cuando se cuente con el informe justificado y sus pruebas, esto es, en audiencia constitucional, incluso en la actualidad ni siquiera el acto reclamado está preciso, pues puede ser uno u otro al momento de formular su fijación. Por lo que en uso de dicha atribución, a simple vista o en un asomo provisional, no se advierte que los actos reclamados resulten inconstitucionales ni en relación con sus consecuencias jurídicas, toda vez que de los datos aportados en la demanda de amparo no resultan suficientes para tener por demostrada la apariencia del buen derecho, entendiéndose como la posible inconstitucionalidad de los actos motivo de reclamo, pues no se cuenta con elementos que conduzcan a llegar a una conclusión objetiva sobre la estimación de que la pretensión deducida por la parte quejosa probablemente sea fundada, es decir, lo más adecuado posible al contexto factico y normativo en el que se origina el acto reclamado. Sin que se estime con lo anterior que se va en contra de la jurisprudencia de rubro "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA", pues lo que se sostiene es que de momento no se cuenta con los elementos suficientes para tener por acreditada la apariencia del buen derecho y por ende la posible inconstitucionalidad del acto reclamado. Por lo anterior, respecto del acto que se le reclama al Juez de Control se advierte que éste al resolver y declarar fundado el recurso innominado interpuesto por la parte quejosa, previo a proveer sobre las medidas de protección solicitadas consideró que era necesario allegarse de los elementos que le pudieran permitir pronunciarse sobre la medida protección solicitada por la parte quejosa cuidando la proporcionalidad de la medida, lo cual es su obligación en términos del artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, con fundamento en los artículos 128, 129, 132, 136, 138 y 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada, ello en virtud de que no se encuentra acreditada la apariencia del buen derecho como se estableció con antelación y no se advierte la existencia algún derecho humano que deba ser protegido o restituido de manera provisional, con la finalidad de mantener viva la materia del juicio de amparo, ni que los actos se puedan consumar de manera que sea imposible o improbable la restitución a la parte peticionaria de amparo en el goce pleno del derecho humano que se dice violado, por lo que se reitera, se niega la medida cautelar solicitada. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por lo expuesto en la resolución, se niega a Mercedes Nava Monroy, ésta por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales A.D.P.N., la suspensión definitiva solicitada en términos de la consideración segunda de la presente interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe previo que rinde la Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención a Delitos de Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, con sede en esta ciudad. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia incidental respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.ERR

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