Melina Yunnuen Ramos Reyes

Expediente 735/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
735/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
25/09/2019

Partes del expediente

  • Melina Yunnuen Ramos Reyes
  • Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 735/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta con el pedimento registrado con el número 15265 y con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Se tiene por recibido el pedimento de la representación social adscrita a este Juzgado; con los cuales se ordena proveer lo conducente en la etapa procesal correspondiente. Con fundamento en los artículos 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa, así como por las autoridades responsables. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo se tiene por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales que remitieron las autoridades responsables, sin perjuicio de tomarlas en consideración al momento de resolver en definitiva. En el periodo de alegatos el secretario que únicamente los formuló la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal. El juez provee: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulados los alegatos de mérito y precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito presentado el veinticuatro de junio del año en curso, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Marlina Yunnuen Ramos Reyes solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: Autoridades responsables: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán. Ambos con sede en esta ciudad. Acto reclamado: -La omisión de la autoridad responsable de dar cumplimiento al laudo de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, dentro del juicio ordinario laboral 248/2013. Tercero. Por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional en relación con las siguientes C O N S I D E R A N D O: Primero. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues los actos provienen de autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a fijar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de garantías en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Causales de Improcedencia: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán. Ambos con sede en esta ciudad. Al momento de rendir sus informes justificados manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. Ahora bien no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, que de las constancias aportadas por las autoridades responsables a sus respectivos informes las cuales adquieren valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por constituir documentales públicas, se advierte lo siguiente: Dentro del Juicio laboral 248/2013, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dictó laudo el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, en el que se condenó a la Secretaria de Educación en el Estado, a pagar a la parte quejosa la cantidad de cuatrocientos treinta y cuatro mil novecientos noventa pesos 20/100, M.N; Sin embargo, la demandada en el juicio de origen Secretaría de Educación en el Estado, promovió juicio de amparo directo, del cual y por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, quien dentro de la ejecutoria de amparo directo laboral 390/2016, determinó dejar sin efectos el laudo de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis y dictar uno nuevo. A lo que el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dictó diverso laudo en el que absolvió a la Secretaria de Educación en el Estado de las prestaciones demandadas por la ahora quejosa. En ese sentido, es claro que si la parte quejosa reclama la omisión por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, y de la Secretaria de Educación en el Estado, ambos con sede en esta ciudad, de dar cumplimiento al laudo de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, tal acto es inexistente pues en realidad no tienen la obligación de dar cumplimiento a dicha determinación, pues ésta fue sustituida por la diversa de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se absolvió a la demandada de las prestaciones pretendidas por la ahora quejosa. De todo lo anterior se puede evidenciar la inexistencia del acto reclamado y por tanto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en la consideración tercera de la presente resolución se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Melina Yunnuen Ramos Reyes contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el cuerpo de la presente determinación. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que al día de hoy se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se imponga del contenido del informe justificado del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, toda vez que en proveído de dieciséis de julio actual se le dio vista con éste. En tal virtud, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las once horas con cuarenta minutos del cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/2557/2019 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Hágase nueva relación de dicho informe en la audiencia constitucional respectiva. Ahora bien, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la prueba ofrecida por la referida autoridad responsable. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 124 de la Ley de Amparo se tienen por formulados los alegatos de la referida autoridad responsable, mismos que se ordena tomar en consideración al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/2557/2019 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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