Mauricio Malverde Cisneros
Expediente 146/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 146/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 09/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Mauricio Malverde Cisneros
- Director del Centro Federal Número Trece En Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintitrés Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. I. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. III. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese por lista.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 146/2023, promovido por ***, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, aduce que: a) el once de noviembre de dos mil veintidós, fue segregado por parte de diversas autoridades penitenciarias del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca"; y b) sufre de malos tratos y tormentos psicológicos por parte de aquéllas. Por ello, estima que dichas autoridades violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 20, apartado A) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX y X, apartado B) fracciones I, IV, VI, VIII, IX, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, el trece de febrero de dos mil veintitrés. Dicho libelo constitucional se turnó ese día al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, donde quedó registrado con el progresivo 194/2023-II-C; sin embargo, mediante determinación emitida en la misma data, dicho órgano jurisdiccional -previo a decretar la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados por el impetrante de amparo- declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en turno, debido a que lo combatido en esta instancia, tiene ejecución en el Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca". Por lo que, en proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés, este tribunal: i) la registró con el número 146/2023 de la estadística propia; ii) se avocó al conocimiento del juicio constitucional de que se trata y la admitió a trámite; iii) solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; iv) otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; v) señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que [previo diferimiento en proveído dictado el pasado tres de mayo] tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y vi) requirió a la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública, a efecto que designara defensor público federal al quejoso, para que lo asesorara en este juicio biinstancial. En determinación emitida el veintiuno de febrero del año en curso, se tuvo a Rita Marisela Ramírez como defensora pública del impetrante de amparo Mauricio Malverde Cisneros. En proveído de dos de marzo del actual, se dio vista a la parte quejosa con la inexistencia de las autoridades que señaló en su escrito de demanda como comandante de Seguridad y Custodia y Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca". La defensora precisó que la autoridad que denominó su representado como comandante de Seguridad y Custodia, lo correcto es director de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca"; y solicitó que no se tuviera como responsable al diverso ente señalado como Consejo Técnico. Por lo cual, en acuerdo de ocho de marzo de los corrientes, se requirió el informe justificado al director de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca" y se dejó de tener como autoridad responsable al Consejo Técnico del citado centro penitenciario, debido a que la representación de ese cuerpo colegiado cuyo nombre correcto es Comité Técnico Interdisciplinario, recae sobre el director general de aquél, quien tiene rendido en autos el informe correspondiente a la suspensión de plano. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Director general del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca" Director de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca" El aislamiento realizado el once de noviembre de dos mil veintidós. Malos tratos. Tormentos psicológicos. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO El a) director general y el b) encargado de la Dirección de Seguridad, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca, rindieron su informe justificado negando los actos que se les atribuye, debido a que hacen las siguientes manifestaciones: En el citado centro penitenciario, no existe un área o zona de aislamiento. El quejoso se encuentra actualmente ubicado en el dormitorio Unidad de Ingreso, módulo 1, espacio que comparte con otras personas privadas de la libertad con quienes interactúa. Tiene garantizados los derechos contemplados en la Carta Magna, en los Tratados Internaciones en los que México es parte, en la Ley Nacional de Ejecución Penal y en demás disposiciones aplicables al caso, tales como participar en actividades propias de la reinserción social conforme a la programación establecida, enviar y recibir correspondencia, recibir atención psicológica y médica, así como llamadas telefónicas, las cuales efectúa en igualdad de condiciones que el resto de la población privada de la libertad. Conforme al informe psicológico de cuatro de marzo del año en curso, el impetrante recibió asistencia psicológica el tres de marzo de la misma anualidad, en la que adujo encontrarse anímicamente estable en su ubicación actual. El diez de marzo del actual, el quejoso recibió atención médica general, registrando diagnóstico de VIH en tratamiento y contractura muscular, para lo cual, se le indicó continuar con tratamientos anti retro viral y tratamiento farmacológico a base de icy-hot ungüento tópico, dexametasona tabletas y glicerina líquida tópico. Negativa que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe justificado el director general del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca" [clasificadas como reservada y confidencial] a las cuales, se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En las constancias de referencia, se puede constatar que el once de noviembre de dos mil veintidós [fecha que aduce el quejoso fue segregado] realizó llamada telefónica, al igual que en los días posteriores, a saber, quince y veintitrés de noviembre, uno, nueve, diecisiete, veinticinco [dos veces] de esa misma anualidad; dos, diez, dieciocho, veintidós y treinta de enero, así como el siete de febrero del año en curso, Además, se advierte la participación en diversas actividades como: culturales [biblioteca y préstamo de libros, teatro]; físicas [futbol, basket, voleibol]; recreativas [ludoteca y cine]; y religiosas [culto, iglesia Bautista]. De igual manera, aparece en la lista de asistencia -con su firma- en la participación de diversos servicios: artesanías y autoempleo [el cual ha sido diaria, incluyendo el día en que supuestamente fue segregado y los posteriores a su acontecimiento]. Asimismo, se le ha brindado atención médica, como se aprecia de la nota médica, el informe de la oficina de psicología de cuatro de marzo del actual y la asistencia psicológica [siendo la última el pasado tres de marzo]. De lo expuesto, resulta evidente que no existen los actos atribuidos a las autoridades responsables, ya que de las constancias previamente sintetizadas, se patentiza que no hay registro de que el quejoso haya sido segregado el once de noviembre de dos mil veintidós, ni que sea objeto de malos tratos o tormentos psicológicos; puesto que se advierte que ha participado de manera activa en las diversas actividades laborales, educativas y deportivas que desarrolla el centro de readaptación social en el que se encuentra recluido y ha sostenido comunicación con el exterior, como se detalló en párrafos que anteceden. Aunado, a que las referidas constancias no fueron controvertidas por la defensora pública del impetrante de amparo, con el propósito de obtener algún otro dato que resultara eficaz para justificar la existencia de los actos reclamados, con independencia de sus condiciones de internamiento. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Resulta pertinente reiterar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos anteriormente precisados, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Publicación de sentencia. Como las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en términos del apartado V de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de mayo de dos mil veintitrés. En atención al estado de autos, se advierte que en proveído de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado del encargado de la Dirección de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mismo que se notificó a las partes el diecinueve de abril pasado, de ahí que a la fecha en que se actúa, no ha transcurrido el plazo de ocho días con la vista de dicho informe como lo refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, no es posible celebrar la audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere para las doce horas con diez minutos del veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Finalmente, vistos los autos; en atención a que mediante oficio SEADS/1011/2023, de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, la Secretaria Ejecutiva de Adscripción hizo del conocimiento del titular de éste órgano jurisdiccional, que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, acordó la comisión temporal del Juez Rodrigo Courtois Yannini, a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en sustitución del Juez Ricardo Alfonso Morcillo Moguel con efectos a partir de la fecha en que se actúa (veintisiete de abril de dos mil veintitrés), y mientras subsistan las condiciones o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal así lo determine. Por tanto, para los trámites y efectos legales a que haya lugar, con fundamento en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, hágase lo anterior del conocimiento de las partes en este juicio de amparo. Notifíquese por lista.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del encargado de la Dirección de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual, niegan la existencia de los actos reclamados; con lo anterior, dése vista a las partes. Notifíquese por lista.
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