Mauricio Cruz Ramos
Expediente 1086/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1086/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 20/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Mauricio Cruz Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el disidente haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los ordinales 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo en términos de lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 1086/2022 promovido por Mauricio Cruz Ramos en contra del acto reclamado al Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Región Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. I. ANTECEDENTES De lo expuesto en la demanda de amparo se advierte que el inconforme Mauricio Cruz Ramos aduce que el Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Región Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, ha incurrido en dilación en la instrumentación del cuaderno de ejecución 988/2021 que se tramita con motivo de la ejecución de la sentencia condenatoria dictada en su contra. En consideración del titular de la acción de amparo el acto combatido vulnera sus derechos fundamentales y ocasiona perjuicios en su esfera jurídica. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Mauricio Cruz Ramos promovió juicio de amparo en contra del acto reclamado y la autoridad responsable que posteriormente se precisarán. La parte quejosa señaló como derecho fundamental violado el consagrado por el ordinal 17 de la Constitución General de la República; narró los antecedentes de la actuación combatida y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Por acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del presente asunto lo registró con el progresivo 1086/2022; admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto que se atribuye a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama el acto siguiente: Del Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Región Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, combate: La dilación en la instrumentación del cuaderno de ejecución 988/2021 que se tramita con motivo de la ejecución de la sentencia condenatoria dictada en su contra. V. INEXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO No es cierto el acto atribuido al Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Región Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, consistente en la dilación en la instrumentación del cuaderno de ejecución 988/2021 que se tramita con motivo de la ejecución de la sentencia condenatoria dictada en contra del quejoso, a pesar de que en su informe justificado aceptó su existencia; empero, de las actuaciones de este juicio constitucional se advierte que esa afirmación se desvirtúa. Para evidenciar la inexistencia de la actuación reclamada es necesario señalar que de la interpretación sistemática de los arábigos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo se desprende que lo expuesto por las entidades responsables en sus informes justificados por sí no es determinante en todos los juicios de amparo de la certeza de los actos combatidos -máxime si son de naturaleza omisiva, como en la especie sucede-, sino que esa circunstancia dependerá, en su caso, de lo que las partes demuestren en la secuela procesal a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, o bien, de la apreciación que el Tribunal de amparo pueda llevar a cabo de las constancias del expediente en el que se instrumenta el juicio constitucional. En ese sentido, es indispensable precisar el concepto de "omisión" porque no todo "no hacer" por parte de una autoridad constituye un acto omisivo, esto es, para que exista una conducta calificada jurídicamente como "omisión" no basta con hacer referencia al curso de una actuación humana (un no hacer o una abstención), sino que se requiere de un elemento normativo previo que haga previsible el actuar que no se llevó a cabo, ya que sin duda sólo se omite algo en el contexto en que es relevante una actuación determinada, dado que existe una obligación que así lo indica; en suma, omitir no es un mero "no actuar", sino un no actuar conforme la ley obliga. Desde esa perspectiva, para que exista una omisión (como conducta, aunque negativa, cualificada por el derecho) se deben reunir dos elementos, a saber: 14.1. Un elemento deóntico, el cual consiste en una obligación de hacer a cargo del sujeto de derecho a quien se imputa el acto omisivo impuesta por una norma jurídica, ya sea por una ley (regla de conducta general, abstracta e impersonal) o por una resolución judicial o administrativa (regla de conducta particular, concreta y personal); y, 14.2. Un elemento óntico o fáctico, relativo a una conducta pasiva ante esa obligación, esto es, un no hacer. Con base en la diferencia entre omisión y no hacer debe destacarse que para verificar la certeza del acto omisivo combatido es necesario examinar si las autoridades a las cuales se atribuyen esas conductas se encontraban constreñidas a actuar en el sentido indicado por la parte quejosa, ya sea por la existencia de alguna norma que así lo disponga, o bien, por una resolución judicial o administrativa que así lo ordene. Las consideraciones anteriores tienen respaldo en la tesis aislada 1a. XXIV/98 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Enseguida, es necesario examinar si el ente responsable Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Región Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, conforme alguna norma jurídica se encontraba obligado a actuar en el sentido indicado por el solicitante de la protección constitucional de oficio, es decir, si acorde con las facultades y las obligaciones que ineludiblemente está constreñido a realizar tenía el deber de instrumentar de manera oficiosa el cuaderno de ejecución 988/2021 que se tramita con motivo de la ejecución de la sentencia condenatoria dictada en contra del agraviado. Para determinar lo anterior en principio debe señalarse que de los ordinales 116, fracción IV y 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se obtienen, en lo que interesa, las premisas siguientes: 18.1. Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con la duración, la modificación y la extinción de la pena y de sus efectos. 18.2. La persona sentenciada, su defensor o el Ministerio Público podrán acudir ante el Juez de Ejecución para obtener una resolución judicial cuando surja alguna controversia respecto de alguna de las cuestiones siguientes: 18.2.1. El informe anual sobre el tiempo transcurrido en el centro penitenciario o el reporte anual sobre el buen comportamiento presentados por la autoridad penitenciaria. 18.2.2. La determinación sobre la reducción acumulada de la pena. 18.2.3. La sustitución de la pena por los motivos previstos por la citada ley, cuando no se haya resuelto respecto del sustitutivo penal; la suspensión condicional de la ejecución de la pena en la sentencia o porque devenga una causa superveniente. 18.2.4. El incumplimiento de las condiciones impuestas para la sustitución de la pena. 18.2.5. La adecuación de la pena por su aplicación retroactiva en beneficio de la persona sentenciada. 18.2.6. La prelación, la acumulación y el cumplimiento simultáneo de las penas. 18.2.7. El cómputo del tiempo de prisión preventiva para efecto del cumplimiento de la pena. 18.2.8. Las autorizaciones de los traslados internacionales de conformidad con el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. 18.3. Cualquiera que sea el promovente se emplazará a las demás partes procesales y el Ministerio Público no podrá fungir como representante de la autoridad penitenciaria. 18.4. La víctima o su asesor jurídico sólo podrán participar en los procedimientos ante el Juez de Ejecución cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. Precisado lo anterior, enseguida es necesario indicar que las actuaciones del cuaderno de ejecución 988/2021 que el órgano jurisdiccional responsable remitió en apoyo de su informe justificado se advierte que el inconforme en su calidad de sentenciado y sus defensores no han planteado alguna controversia judicial relacionada con la duración, la modificación y la extinción de la pena de prisión impuesta al primero y de sus efectos de modo que el Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Región Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, esté obligado a substanciar el procedimiento respectivo y pueda dictar una resolución asociada con esos tópicos. A las actuaciones del referido expediente se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su arábigo 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Luego, si en el cuaderno de ejecución 988/2021 el agraviado en su calidad de sentenciado y sus defensores no han promovido alguna controversia judicial relacionada con la duración, la modificación y la extinción de la pena de prisión impuesta al primero y de sus efectos conforme a lo establecido por los arábigos 116, fracción IV y 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal es inconcuso que el Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Región Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, está imposibilitado jurídicamente para sustanciar un procedimiento de oficio y para dictar una resolución asociada con esos temas, porque para obtener un pronunciamiento sobre la duración, la modificación y la extinción de la pena de prisión impuesta al justiciable y de sus efectos es necesaria la instancia respectiva mediante la promoción de una controversia judicial prevista legalmente, sin que esta última situación haya quedado demostrada; de ahí que el acto reclamado es inexistente, dado que no se colman los elementos deóntico y óntico indicados con anterioridad para que se actualice una omisión como conducta cualificada por el derecho. En razón de lo anterior, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia del acto atribuido a la autoridad responsable. VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto al acto reclamado al Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Región Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, consistente en la dilación en la instrumentación del cuaderno de ejecución 988/2021 que se tramita con motivo de la ejecución de la sentencia condenatoria dictada en contra del quejoso, dada su inexistencia. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Mauricio Cruz Ramos en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que transcurre el plazo de ocho días previsto por el arábigo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo para que el justiciable se imponga del contenido del informe justificado que la autoridad responsable Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, rindió y de las constancias que remitió en apoyo de ese informe, por lo que dicha circunstancia impide la celebración de la audiencia constitucional. En razón de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración, a las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otro lado, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que resulta innecesario notificar la presente determinación mediante oficio en los términos que dispone el ordinal 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, porque su contenido no es de trascendencia que impida a ese ente público su derecho de defensa y tampoco queda en estado de indefensión, dado que se comunicará procesalmente por medio de lista que se publicará en el portal de Internet por este Juzgado Federal en términos de lo señalado por el arábigo 29 de la ley de materia; en este punto, se tiene en cuenta que es obligación de las partes que integran la relación jurídico procesal en este medio extraordinario de defensa estar pendientes de la tramitación del presente asunto, lo que implica que tienen el deber de estar pendientes de las notificaciones de los acuerdos y las resoluciones que se realicen mediante las formas previstas legalmente para que puedan ejercer sus derechos. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que con fundamento en lo previsto por los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo en el presente asunto únicamente les serán notificadas, por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su trascendencia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser de carácter personal (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento) y las restantes se le notificarán por medio de lista que se publicará en el portal de internet por este órgano jurisdiccional conforme a lo estatuido por el arábigo 29 de la ley de materia. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense las documentales señaladas en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que ********************, en su carácter de defensor público del inconforme ******************** comunica la visita carcelaria que practicó a su patrocinado el nueve de noviembre del año en curso, por lo que anexa el acta de visita carcelaria para demostrar su aserto. Al respecto, se toma conocimiento de la visita carcelaria que ********************, en su carácter de defensor público del disidente ******************** practicó, por lo que se tiene por atendida la prevención de siete de octubre pasado. Notifíquese.
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