Mauricio Cruz Ramos
Expediente 327/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 327/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Mauricio Cruz Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 327/2023 III-A, promovido por ****, por conducto de sus defensores particulares *** y *****, contra el acto que reclama del Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Serra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. I. ANTECEDENTES La parte quejosa refiere que a través del escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dentro del cuaderno de ejecución ****, solicitó el auxilio judicial para recabar diversos informes de la autoridad penitenciaria. Sin embargo, manifiesta que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (treinta de marzo de dos mil veintitrés), el Juez responsable ha omitido pronunciarse respecto a su solicitud. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ****, por conducto de sus defensores particulares *** y *****, presentó demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el treinta de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisarán. La parte quejosa señala como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1, 8 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó el mismo día de su presentación a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, el que mediante acuerdo de treinta y uno de marzo pasado, se admitió a trámite, se requirió de la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Previo diferimiento, la audiencia constitucional tuvo verificativo el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en materia penal y el acto reclamado se atribuye a una autoridad que tiene residencia donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la quejosa reclama del Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lo siguiente: La omisión de proveer la solicitud realizada mediante escrito de veintisiete de enero de dos mil veintidós, en el que pidió el auxilio judicial para recabar diversos informes de la autoridad penitenciaria, en el cuaderno de ejecución ****. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." El Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó parcialmente la existencia del acto reclamado. Al respecto, manifestó que por acuerdo de tres de abril de la anualidad en curso, proveyó de conformidad lo solicitado por la parte quejosa. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas que remitió en apoyo a su informe de ley, derivadas del cuaderno de ejecución ****; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, por tratarse de omisiones que crean una situación permanente en la esfera jurídica de la parte quejosa, que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable, por analogía, el siguiente criterio: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En tal sentido, del estudio de las actuaciones que componen el presente juicio de amparo, de oficio se advierte que contra el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se restituyera al quejoso en el goce de los derechos fundamentales que alega le fueron violados. El supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto sea negativo o implique una omisión. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página treinta y ocho, aplicada por identidad jurídica sustancial, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, la demanda se presentó el treinta de marzo de dos mil veintitrés y el Juez responsable se pronunció respecto de la solicitud del quejoso el tres de abril posterior, acordando favorable que se le proporcione el auxilio judicial peticionado. De ahí que si el quejoso acudió al juicio de amparo a controvertir la omisión de acordar el escrito presentado ante la autoridad responsable el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, en el cuaderno de ejecución *****, y en auto de tres de abril posterior, se pronunció al respecto, es inconcuso que cesaron los efectos de la omisión reclamada. Lo anterior, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de causar perjuicio, restituyendo a la parte quejosa en el goce de su derecho fundamental violado. VIII. DECISIÓN En esas condiciones, es patente que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, procede sobreseer en el juicio de amparo, ello de conformidad con la fracción V del diverso 63 de esa legislación, por lo que respecta a la omisión atribuida al Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. En tal virtud, no resulta jurídicamente posible ocuparse de los argumentos expresados por la parte quejosa en sus conceptos de violación, para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues ello constituye el fondo de la litis constitucional, cuyo análisis no es permitido por el sentido (sobreseimiento) del presente estudio. Así, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado, en atención a la existencia de una causa que hace improcedente el juicio de amparo, acorde con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 88, Tomo 187-192, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro en el IUS 232302 que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, por conducto de sus defensores particulares **** y ****, respecto del acto reclamado al Juez e Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por los argumentos expuestos en el apartado VII de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito señalado en la cuenta, por medio del cual ******, defensor particular del directo quejoso *****, solicita el alta del usuario ****-****, con la finalidad de tener el acceso al expediente digital de este juicio de amparo indirecto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 que rige del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico; por lo que, se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el alta correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Vistos los autos, se advierte que se encuentra señalada para esta fecha la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, tomando en consideración que mediante oficio SEADS/1011/2023, de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, la Secretaria Ejecutiva de Adscripción hizo del conocimiento de éste órgano jurisdiccional, que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, acordó la comisión temporal del Juez Rodrigo Courtois Yannini, a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en sustitución del Juez Ricardo Alfonso Morcillo Moguel con efectos a partir del veintisiete de abril de dos mil veintitrés, y mientras subsistan las condiciones o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal así lo determine. Por tanto, para los trámites y efectos legales a que haya lugar, con fundamento en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, hágase lo anterior del conocimiento de las partes en este juicio de amparo. Para dar oportunidad a lo expuesto, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración, las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.
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