Mauricio Ricardo Ortega Vera

Expediente 1342/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1342/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
10/05/2022

Partes del expediente

  • Mauricio Ricardo Ortega Vera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec Oaxaca diez de mayo de dos mil veintidós Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que ya concluyó el plazo de diez días con el que contaba la parte quejosa para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra la sentencia dictada en este juicio, en la que se negó la protección de la Justicia Federal sin que a la fecha aparezca que hiciera valer dicho mecanismo de impugnación por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración Depuración Destrucción Digitalización Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte archívese el presente asunto como concluido Se estima que carece de relevancia documental en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado esto es no se encuentra comprendido entre otros en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación contra el derecho internacional contra la humanidad contra la administración de justicia contra el ambiente y la gestión ambiental tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes materia agraria relativos al patrimonio histórico arqueológico y artístico ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política social o económica o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito Ahora bien toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3 fracción XVIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración Depuración Destrucción Digitalización Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en este juicio de amparo por una parte se sobreseyó y por la otra se negó la protección de la justicia federal de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b del numeral 18 del referido Acuerdo General en consecuencia, se ordena su depuración por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE Finalmente toda vez que resulta innecesario que subsista el disco versátil digital que remitió la autoridad judicial responsable al rendir su informe justificado devuélvase dicha documental a su lugar de origen NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    MESA III-A. SENTENCIA RESUELVE ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a *******, en contra del acto reclamado al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, por los motivos expuestos en el apartado X de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA III-A. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierten los motivos por los cuales no fue posible notificar a la parte tercera interesada ********************, la sentencia dictada en este juicio de amparo, en el domicilio que señaló en autos para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, se ordena notificar a la citada tercera interesada la sentencia de mérito y los ulteriores autos de carácter personal, por lista de acuerdos, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale el domicilio correcto para oír y recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    ".S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1342/2021 III-A, promovido por Mauricio Ricardo Ortega Vera, en contra de actos del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si el quejoso logra desvirtuar las consideraciones del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, para emitir la resolución de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la cual se le vinculó a proceso, dentro de la carpeta judicial 1047/2021, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 241 del Código Penal para el Estado de Oaxaca. I. ANTECEDENTES De las documentales que se allegaron al expediente de amparo, se tiene acreditado que ante el Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, se tramita la causa penal 1047/2021, en contra de Mauricio Ricardo Ortega Vera, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 241 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en perjuicio de Elvia Jiménez Salinas. En audiencia de once de noviembre de dos mil veintiuno, ante el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, el Agente del Ministerio Público formuló imputación y solicitó se vinculara a proceso al aquí quejoso. La defensa del imputado se acogió al plazo constitucional ampliado. En audiencia de dieciséis de noviembre de la anualidad pasada, se determinó vincular a proceso a Mauricio Ricardo Ortega Vera, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 241 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en perjuicio de Elvia Jiménez Salinas. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mauricio Ricardo Ortega Vera, por propio derecho, presentó un escrito el tres de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y el acto que más adelante se precisarán. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 19 y 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de mérito se turnó a este Juzgado en la misma fecha de su presentación y en acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintiuno, se registró con el número 1342/2021 y se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; se ordenó emplazar a los terceros interesados; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se apersonó la tercero interesada Elvia Jiménez Salinas. El veintiuno de enero de dos mil veintidós, se emplazó al Agente del Ministerio Público tercero interesado. La audiencia constitucional tuvo verificativo el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad de la jurisdicción del propio juzgado. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, lo siguiente: La determinación emitida en audiencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la causa penal 1047/2021, mediante el cual lo vinculó proceso, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual, previsto en el artículo 241 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en perjuicio de Elvia Jiménez Salinas. V. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO La existencia del acto reclamado al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, quedó legalmente acreditada a partir de su informe justificado, lo que se corrobora con el disco versátil digital relativo a la causa penal 1047/2021 que remitió en apoyo a su informe de ley, medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." VI. LEGITIMACIÓN Mauricio Ricardo Ortega Vera, por propio derecho, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, ya que la determinación adoptada en la audiencia que controvierte en esta instancia judicial, fue emitida en su contra, lo que a su decir es violatorios de derechos fundamentales. VII. OPORTUNIDAD La determinación emitida por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, en la que vinculó a proceso al aquí quejoso, dentro de la causa penal 1047/2021, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 241 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en perjuicio de Elvia Jiménez Salinas, se notificó en la propia audiencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Esa notificación surtió efectos al día siguiente, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, el diecisiete de noviembre de la anualidad pasada. De ahí que el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr el dieciocho de noviembre y feneció el ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Al plazo citado, se descuentan los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de noviembre, así como el cuatro y cinco de diciembre de dos mil veintiuno, por ser sábados y domingos e inhábiles por disposición del artículo 19 de la misma ley reglamentaria. Así, al presentarse la demanda el tres de diciembre de dos mil veintiuno-como se aprecia de la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca-, se considera que es oportuna. VIII. PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. IX. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa se tienen por reproducidos en este considerando en obvio de repeticiones innecesarias; por no ordenar su transcripción precepto legal alguno, y no disponerlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo, además de que con ello no se afectan las defensas de las partes. Apoya la reflexión anterior, la Jurisprudencia de la Novena Época, registro: 164618, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010, página: 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". X. ESTUDIO DEL ASUNTO La parte quejosa, en esencia, hace valer los siguientes conceptos de violación: Que la resolución reclamada vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues ésta carece de una debida fundamentación y motivación. Refiere que se aplicó erróneamente el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, ya que la Juez responsable se inclinó por la víctima por el simple hecho de ser mujer y formar parte de un grupo históricamente marginado. Que indebidamente, permitió que la Representación Social incorporara en la audiencia combatida la inspección ocular de seis de octubre de dos mil veintiuno, misma que olvidó incorporar en la audiencia inicial, vulnerando así el principio de igualdad entre las partes. Que los datos de prueba incorporados por el Ministerio Público no fueron valorados correctamente. Por lo que hace a la denuncia de la víctima Elvia Jiménez Salinas, refiere que no debió otorgársele valor probatorio porque en un primer momento, no precisó el modo, tiempo y lugar de los hechos denunciados; que resulta inverosímil que tiempo después haya acudido a precisar los hechos que narró en su primera comparecencia. Que se excedió con la valoración que le dio a la denuncia de la víctima, justificando que habían diversos datos de prueba que evidenciaban que el aquí quejoso había utilizado palabras obscenas para referirse a Elvia, lo que en todo caso sería acoso sexual, no abuso sexual. A la declaración de la testigo María Isabel Pérez Rodríguez, indica el quejoso que tampoco se le debió conceder valor probatorio, porque no hizo referencia a los hechos por los cuales se le dictó auto de vinculación a proceso; que debió haber declarado respecto de la reunión a la que asistió, donde supuestamente se realizó uno de los tocamientos. Que ningún valor probatorio debió de darse al dictamen psicológico, porque se realizó un año después de la primer comparecencia de la víctima ante la Representación Social y sólo se precisó que tenía un ánimo ansioso. Que la Juez responsable no realizó una valoración lógica y racional, aunado a que la víctima no demostró haber ido a la terapia que refirió. Refiere que la teoría del caso de su defensa fue creíble y que la Juez no mencionó el valor que le daba a los datos que incorporaron, sólo dijo que al ser varones los testigos de su parte, es que se inclinaron a su favor. Que lo declarado por sus testigos genera más convicción que lo dicho por la víctima, pues son contundentes en narrar momento a momento y en precisar que nunca vieron el tocamiento que refiere la víctima. Que es erróneo que la Juez indicara que se inclinaron a su favor, máxime que él precisó que no hizo los tocamientos en la reunión referida (hecho uno) y se encontraba en una reunión con productores de maguey (hecho dos). Que la Juez de la causa no desarrolló su actividad de acuerdo al mencionado Protocolo, porque si un elemento principal del abuso sexual es que se comenta sin testigos o en la clandestinidad, no es creíble que los hechos se hayan cometido en el Palacio Municipal de Santa María Ayoquezco de Aldama. No se estableció nexo causal entre la conducta y el resultado obtenido, debe robustecerse con pruebas científicas, sustentado en opiniones de peritos. Los motivos de disenso expuestos por el promovente del amparo son infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, como quedará evidenciado en párrafos siguientes. En principio, conviene destacar que los ordinales 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De la lectura de los dispositivos transcritos conduce a establecer que el auto de vinculación a proceso debe satisfacer ciertos requisitos formales y otros más de índole material, a saber: en cuanto a la forma, constitucionalmente se establece que en dicho fallo deben precisarse la conducta típica que se reprocha al imputado y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y, respecto al fondo, esa determinación debe apoyarse en datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. Cabe aclarar que para dictar vinculación a proceso basta que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y, en su conjunto, la probable intervención del inculpado en el hecho delictuoso imputado. Además, el auto de vinculación debe cumplir con los principios de legalidad y de seguridad jurídica previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera imperativa dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución de citar los preceptos legales en que se funde para ello y señalar las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que haya tenido en consideración para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 204, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, materia Común, Séptima Época, 1917-2000, página ciento setenta y seis, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo, la tesis XIII.P.A.30 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil once, Novena Época, página mil doscientos veintiocho, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías." El citado derecho constitucional de fundamentación y de motivación si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la determinación combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales de ésta, ya que los fundamentos y los motivos que el Juez de control plasme en su resolución constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el dispositivo 19 Constitucional, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su consumación. En ese sentido, atendiendo a la importancia que reviste el derecho fundamental de libertad que se ve afectado de manera indirecta con la resolución reclamada, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional el deber de circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el Juez de control y resolver respecto de la constitucionalidad o no de dicho acto, sin que ello implique que este órgano de control constitucional sustituya a la responsable en la apreciación de los elementos de convicción, ya que únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. Ahora bien, de la reproducción del disco versátil certificado que remitió la autoridad responsable, relativo a la causa penal 1047/2021, se advierte lo siguiente: Audiencia de once de noviembre de dos mil veintiuno En el minuto 00:10:13, la Juez de Control hizo la lectura de derechos al imputado. En el minuto 00:12:23, el Agente del Ministerio Público formuló imputación. En el minuto 00:05:57 (tercer video), el imputado solicitó la ampliación del término constitucional En el minuto 00:23:32, la Juez de la causa resolvió respecto de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. Audiencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno En el minuto 00:58:00, el imputado rindió su declaración. Una vez cerrado el debate, la Juez responsable procedió a resolver la situación jurídica del imputado, dictándole auto de vinculación a proceso al aquí quejoso, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 241 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en perjuicio de Elvia Jiménez Salinas. De los acontecimientos antes expuestos, se debe puntualizar que se respetó al aquí quejoso el principio constitucional de presunción de inocencia, debido a que se le trató como tal, se le otorgó oportunidad de defensa al estar asistido por un defensor particular, se le hizo saber su derecho a guardar silencio o no declarar y la trascendencia de éste, su derecho a ofrecer pruebas, a la información, el conocimiento del motivo por el que se llevó a cabo la audiencia y su derecho a una impartición de justicia pronta. También, debe señalarse que se cumplió con lo previsto por el ordinal 4° del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que las audiencias se desahogaron con apego a los principios de publicidad, al ser pública; de inmediatez, ya que la participación de las partes fue ininterrumpida, sin intermediarios; el de contradicción, debido a que las partes ejercieron libremente su derecho a controvertir los datos de convicción comunicados e incorporados verbalmente; de continuidad y concentración, en razón de que los actos desarrollados en las audiencias se realizaron en una sola, se llevaron a cabo con los recesos indispensables propios por la naturaleza de este tipo de procedimiento y todo, en forma oral. Sin que pase inadvertido que derivado de la situación que impera en el país, con motivo de la pandemia del virus COVID-19, las audiencias se lleven a cabo a través del método alternativo de videoconferencia, pues con ello no se infringen dichos principios. Igualmente, se considera que se atendieron las exigencias que requiere el contenido del artículo 19 Constitucional, así como lo dispuesto por los ordinales 311 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque según consta de la copia certificada del disco versátil digital de la audiencia celebrada en la causa penal de origen el once de noviembre de dos mil veintiuno, el Fiscal formuló imputación por el hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 241 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en perjuicio de Elvia Jiménez Salinas y se precisaron las circunstancias de lugar, tiempo y de ejecución. Posteriormente, se emitió auto de vinculación a proceso en su contra (en audiencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno), por su probable intervención de los hechos imputados, al estimarse que existieron datos que evidenciaron que se han cometido esos hechos y existe la probabilidad de que Mauricio Ricardo Ortega Vera, los perpetró. Los datos de prueba destacados en el auto de vinculación fueron los siguientes: De la Representación Social: Denuncia de Elvia Jiménez Salinas, de uno de junio de dos mil veinte, segunda comparecencia de cinco de agosto de dos mil veintiuno y tercera comparecencia de siete de octubre del año en cita. Declaración de la testigo María Isabel Pérez Rodríguez. Dictamen psicológico emitido a favor de la víctima, por la perito Reyna Paola Aguilar Torres, con cédula profesional 6709013. Certificado médico de lesiones, de veinte de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el perito Luciano Rolando Barrita Martínez. Documental pública consistente en la copia certificada emitida por el Secretario Municipal de Ayoquezco de Aldama, Mauricio Antonio Juárez Díaz, de la acreditación de Mauricio Ricardo Ortega Vera como regidor de agricultura, agua y panteones. Copia de la credencial del imputado, que lo acredita como regidor del mencionado ayuntamiento. Inspección ocular realizada por el Agente Estatal de Investigaciones Israel Juvenal Vásquez Gómez, con número de identificación 0308. De la defensa del imputado: Declaración de Florencio Alfredo Lázaro Silva, en su calidad de Síndico del Ayuntamiento de Ayoquezco de Aldama, Zimatlán de Álvarez, Oaxaca (nombramiento que lo acredita como tal). Declaración de Edgar Mendoza Lázaro, en su calidad de Regidor de Hacienda del Ayuntamiento de Ayoquezco de Aldama, Zimatlán de Álvarez, Oaxaca (nombramiento que lo acredita como tal). Declaración del imputado Mauricio Ricardo Vera Ortega. Documentales consistentes en una convocatoria de reunión para el diecisiete de julio de dos mil veinte y lista de asistencia de esa data. La Juez de Control estableció sustancialmente que los hechos que se acreditan con los datos de prueba previamente enlistados, son los siguientes: "1.- El día 13 de marzo del año 2020, aproximadamente a las 18:00 horas, cuando Elvia Jiménez Salinas, se encontraba en el interior del palacio municipal, ubicado entre las calles de Aldama y Centenario, en la población de Ayoquezco de Aldama, Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, al lado derecho se encontraba Mauricio Ricardo Ortega Vera, quien con la mano izquierda le tocó la pierna de Elvira Jiménez Salinas y comenzó a subirla hasta llegar a la entrepierna de la víctima. 2.- El día 17 de julio del año 2020, siendo aproximadamente las 19:30 horas, cuando Elvia Jiménez Salinas se encontraba caminando en la segunda planta del interior del palacio municipal ubicado entre las calles de Aldama y Centenario, en la población de Ayoquezco de Aldama, Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, momento en que Mauricio Ricardo Ortega Vera, con las manos la jaló del brazo derecho hacia el interior de su oficina, cerró la puerta y la empujó hacia la pared en donde comenzó a tocarla con las manos los senos, sus glúteos, piernas y espalda de Elvia Jiménez Salinas, quien comenzó a forcejear pero Mauricio Ricardo Ortega Vera, le decía "espérate un ratito nada más", posteriormente colocó su cabeza en el cuello de la víctima y le pasó la lengua, en ese momento Elvia Jiménez Salinas logró escapar y se fue corriendo a su oficina." La Juez responsable continuó verificando si los hechos antes relatados se subsumen a lo que la norma penal dispone en el artículo 241 del Código Penal en el Estado de Oaxaca, que prevé el delito de abuso sexual, tomando en consideración los datos de prueba vertidos por las partes. El invocado precepto a la letra dispone: "Artículo 241. Comete el delito de abuso sexual, quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la haga ejecutar un acto sexual, que no sea la cópula, o la obligue a observar cualquier acto sexual aun a través de medios electrónicos. Al responsable de tal hecho, se le impondrá de tres a seis años de prisión y multa de cien a doscientas veces el valor de la unidad de medida y actualización." Para tener por comprobado que los hechos encuadran en la norma penal, la responsable tomó en consideración los datos de prueba ofrecidos por la Representación Social y la defensa del imputado, los cuales fueron valorados de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 259, 263, 265 y 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, el suscrito considera que fueron correctamente ponderados los datos de prueba incorporados por las partes, como a continuación se expondrá. En relación con la denuncia de Elvia Jiménez Salinas, de uno de junio de dos mil veinte, concatenada con la segunda comparecencia de cinco de agosto de dos mil veintiuno y una tercera de siete del mes y año en cita, la Juez de Control responsable indicó que les concedía valor probatorio. Lo anterior, en razón que en la primera comparecencia, se estableció que la víctima es trabajadora del Ayuntamiento de Ayoquezco de Aldama, como Regidora de Salud y que acudió a denunciar a Mauricio Ortega Vera, quien era Regidor de Agricultura, Agua y Panteones del citado Ayuntamiento; precisó que entre ambos existió una buena relación de amistad, con motivo de la relación laboral que sostuvieron, pero que el imputado la comenzó a cortejar y cuando la víctima se negó, comenzó a recibir una actitud negativa por parte de él. En la citada denuncia, Elvia Jiménez Salinas estableció que el imputado le hacía bromas hirientes, que le mandaba besos frente a compañeros de trabajo, que le hacía tocamientos indebidos en eventos públicos y que la arrinconaba y la besaba a la fuerza, en su oficina o en la del imputado. Refirió la víctima que promovió una demanda ante el Tribunal Estatal Electoral, expediente en el que se ordenó que el aquí quejoso le ofreciera una disculpa pública; entonces, la Juzgadora de origen estableció que de la primera comparecencia se obtuvo que la tercero interesada hizo del conocimiento de la Representación Social los tocamientos indebidos, las palabras ofensivas y las burlas que recibió de Mauricio Ricardo Ortega Vera, sin precisar circunstancias de modo, tiempo y lugar. En relación a la segunda comparecencia, de cinco de agosto de dos mil veintiuno, la Juez responsable indicó que merecía valor probatorio en razón de que sí se precisaron de manera pormenorizada los hechos que con anterioridad había referido de manera genérica en su primera declaración; indicó que el trece de marzo de dos mil veinte, aproximadamente a las dieciocho horas, dentro del Palacio Municipal de Ayoquezco de Aldama, cuando se llevaba a cabo una reunión con el Comité de una presa, el imputado le tocó con la mano izquierda una pierna y comenzó a subir la mano hasta su entrepierna y que el diecisiete de julio de dos mil veinte, aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos, estaba caminando en la planta alta del mencionado Palacio Municipal, cuando el imputado la jaló con las manos de su brazo derecho hacía el interior de su oficina, cerró la puerta, la empujó a la pared y comenzó a tocarle con sus manos los senos, los glúteos, las piernas y en la espalda, comenzaron a forcejear, el imputado le dijo "espérate un ratito nada más", colocó su cabeza en el cuello de la víctima y le pasó la lengua, logrando salir de ese lugar. De la tercera comparecencia, se obtuvo que nuevamente la víctima acudió ante la Representación Social a reiterar las conductas del imputado que denunció, pues refirió que continuaba intimidándola, mandándole besos frente a sus compañeros de trabajo, que se tocaba el pene, reiterando el temor que le ocasionaba. Derivado de lo expuesto por la defensa, la Juez indicó que si bien en la primera declaración la víctima no precisó el modo, tiempo y lugar de los hechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, indica los parámetros que deben tomarse para ponderar y verificar la declaración de una víctima que denuncia violencia sexual, ya que ese tipo de delitos, son un tipo de agresión que, generalmente, se producen en ausencia de testigos. Sin embargo, la víctima refirió que el primer hecho denunciado se llevó a cabo en un espacio no privado, como lo fue la reunión de trece de marzo de dos mil veinte; misma que de las declaraciones de los testigos de la defensa del imputado se evidenció que sí existió, pero que manifestaron es imposible que haya hecho ese tocamiento Mauricio Ricardo Ortega Vera, porque derivado de la contingencia sanitaria, existía un metro y medio de distancia entre persona y persona, aunado a que de haber visto eso, hubieran intervenido para evitarlo. Al respecto, la autoridad responsable indicó que los dichos de los testigos resultan pertinentes y por eso se permitió su desahogo, y que si bien contradicen lo expuesto por la víctima en su denuncia, no resulta un hecho contundente para desvirtuar lo manifestado por ella, atendiendo a que los eventos de índole sexual se verifican en ausencia de testigos, que Elvia Jiménez Salinas pertenece a un grupo vulnerable, por ser una mujer denunciando una situación de violencia cometida en su agravio, de forma reiterada y que tomando en cuenta el contexto social en el que se desenvuelve, se reitera que no se tratan de hechos aislados, sino que la víctima hace un recuento constante y sistemático. Además, se precisó que derivado del hecho denunciado (abuso sexual), es comprensible que en su primera declaración la víctima no haya referido datos específicos en cuanto las fechas y hora de las molestias, y ello no demerita que con posterioridad lo hiciere. Apoya lo expuesto la tesis CLXXXIV/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 460, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015634, que a la letra dice: "VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado debe establecer procedimientos legales, justos y eficaces para que las mujeres puedan acceder efectivamente a la justicia, pues las mujeres víctimas de violencia, en especial la de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho. Por lo tanto, con el objeto de remover esas barreras, los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer, deben ser valorados con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas. Esas reglas de valoración fueron sostenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú y por el Pleno de esta Suprema Corte en la tesis P. XXIII/2015 de rubro: "TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", las cuales deben ser observadas por las personas impartidoras de justicia en este tipo de casos, que incluyen, al menos, los siguientes elementos: a) se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente; b) se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo; c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; d) se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y e) las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos." Ahora bien, concatenado con las comparecencias de la víctima, se le concedió valor probatorio a la declaración de María Isabel Pérez Rodríguez, quien también labora en el Ayuntamiento de Ayoquezco de Aldama como Regidora de Educación y Cultura. En dicha declaración, la nombrada expuso algunas circunstancias que le constan, como lo es que conoce a la víctima y al imputado porque son sus compañeros de trabajo en el Ayuntamiento; asimismo, que en una ocasión fueron a recoger una camioneta y que presenció una agresión a base de insultos por parte de Mauricio Ricardo Ortega Vera hacia Elvia Jiménez Salinas, donde le dijo "no te enojes, mami". También, que pudo observar en un evento deportivo realizado en las canchas del municipio, donde estuvieron integrantes de la comunidad, que el imputado tomó el micrófono y le envió besos a la víctima mientras se agarraba el pene. Respecto de dicha declaración, la Juez responsable correctamente indicó que si bien María Isabel Pérez Rodríguez no se pronuncia de los hechos denunciados, sí sirve para establecer un contexto en el cual el imputado ha realizado actos humillantes hacia la víctima, lo que coincide con lo expuesto en la primera, segunda y tercera comparecencia de Elvia Jiménez Salinas. Del dictamen psicológico emitido a favor de la víctima, por Reyna Paola Aguilar Torres, con cédula profesional 6709013, se obtuvo que Elvia Jiménez Salinas se encontraba preocupada, intranquila y tensa, que no presentaba alteraciones del tipo ilusorio o alucinatorio, que no presentó trastorno psicótico, locura, retraso mental o daño orgánico, que tenía un adecuado contacto con la realidad; indicándosele sesiones terapéuticas para atender su estado de ánimo ansioso. Al mencionado dato de prueba, se le consideró pertinente porque guarda relación con los hechos, al establecer una secuela emocional en la víctima derivado de éstos; idóneo por ser emitido por una experta en la materia y obtenido de manera lícita. Atinente al argumento de los defensores del imputado, en el sentido que un año después de los hechos se llevó a cabo el mencionado peritaje y que la conclusión de la perito no es concluyente, la Juzgadora responsable manifestó que al presentar su denuncia, la víctima hizo del conocimiento de la Representación Social que presentaba una alteración en su estado emocional, que tuvo que tomar antidepresivos y que se le ha indicado terapia para superar los hechos ocurridos. Incluso, se destacó que la testigo María Isabel expuso que le constan los actos obscenos que el imputado ha realizado a la víctima. A las declaraciones de los dos testigos, ofrecidas por la defensa del imputado, acertadamente la Juez responsable indicó que no resultaban suficientes para desvirtuar lo expuesto por la víctima. Lo anterior, en razón de que los testigos son dos hombres que ejercen una función de autoridad dentro del Ayuntamiento de Ayoquezco de Aldama, quienes negaron contundentemente que los hechos denunciados hayan ocurrido, porque nunca vieron que el imputado desplegara esas acciones. Del segundo hecho de diecisiete de julio de dos mil veinte, los testigos indicaron que en esa data se llevó a cabo una reunión con productores de maguey y que no es cierto lo que dijo la víctima; aunado a que el imputado es un hombre fuerte y robusto que trabaja en el campo, por lo que si en realidad la hubiera obligado a entrar a su oficina como lo refirió la víctima, no hubiera podido librarse y que su denuncia se originó para perjudicarlo, derivado de una cuestión política. Al respecto, la Juez precisó que no se puede perder de vista el contexto de la sociedad oaxaqueña, en la cual existen estereotipos; así como el machismo, que defiende la superioridad del hombre sobre la mujer. Asimismo, que existe el testimonio de una mujer, que si bien expuso una situación distinta a los hechos denunciados, sí expuso la violencia a la cual se ha enfrentado la víctima; motivo por el cual, generó suspicacia a la autoridad responsable cuando los testigos refirieron de manera contundente que el imputado no realizó la conducta reprochada. Al certificado médico de lesiones, de veinte de octubre de dos mil veintiuno, emitido por Luciano Rolando Barrita Martínez, a la víctima, también se le concedió valor probatorio y se estimó idóneo y pertinente. Ello porque dicha experticia fue útil para establecer que la víctima no presentó lesiones en su integridad corporal; así también, se incorporó un informe de zonas erógenas, estableciéndose las zonas sensibles con estimulación sexual, dato de prueba que guarda relación con los hechos porque se definen las zonas del cuerpo que su estimulación provoca una respuesta de índole sexual. Con la copia certificada emitida por el Secretario Municipal de Ayoquezco de Aldama, del documento que acredita a Mauricio Ricardo Ortega Vera como Regidor de Agricultura, Agua y Panteones del mencionado Ayuntamiento y la credencial del nombrado, sirvieron para establecer que el imputado es integrante de éste. En relación a la inspección ocular, la autoridad responsable indicó que resultó idónea para establecer que sí existe el Palacio Municipal de Ayoquezco de Aldama, Oaxaca, lugar donde pudieron haberse llevado a cabo los hechos que motivaron la denuncia de la víctima; aunado a que fue realizada por una persona competente para ello, en el ejercicio del deber y que obtuvo placas fotográficas para evidenciar lo que observó. Por tanto, el Juez responsable le concedió valor probatorio, al referir que es un acto de investigación en el que se describió lo que se percibió a través de los sentidos. Consecuentemente, se estima correcto que la responsable tomara en consideración dicha inspección, pues se trata de un acto de investigación a cargo de una persona facultada para ello, la cual describe datos objetivos que se pueden perciben a través de los sentidos de la vista, el tacto y el oído. Máxime, que para la práctica de dicha inspección no se necesitan conocimientos especializados, basta utilizar el sentido de la vista para detallar las características de ese lugar. En sustento a lo anterior, se cita la tesis sustentada por la Sala Auxiliar, visible en la página 36, Volumen 56, Séptima Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES DEL, PARA ALLEGARSE PRUEBAS. INSPECCION. La Ley Orgánica del Ministerio Público Federal, en su artículo 1o., fracción I, reglamenta las facultades que sobre el particular le concede la Constitución para allegarse medios que acrediten la responsabilidad de los infractores. El valerse de medios para buscar prueba es una facultad de origen y eminentemente privativa del Ministerio Público, porque de no ser así se encontraría imposibilitado para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal; consecuentemente, a dicha institución le está permitido practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar el cuerpo del delito de un ilícito y la responsabilidad del inculpado. Dentro de tal potestad se halla la prueba de inspección, la cual es de las más convincentes, porque satisface el conocimiento para llegar a la certidumbre de la existencia del objeto o hecho que debe apreciarse. La que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio Público en las diligencias previas al ejercicio de la acción penal, dando la Ley adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos. La función primordial del Ministerio Público es la de investigar, y, semánticamente, este vocablo significa practicar diligencias para descubrir alguna cosa, así como efectuar diligencias, esto es, averiguaciones que se hacen de un delito o reo. Tal es la esencia misma de la función del Ministerio Público, por lo que desconocer ésta es desnaturalizar su actividad. El Ministerio Público tiene la obligación impostergable de allegar al órgano jurisdiccional todos los medios probatorios para acreditar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado, pues de lo contrario incapacitaría a la autoridad judicial para resolver sobre la acción penal ejercitada, la cual no prosperaría y traería consigo zozobra social al no castigarse las conductas delictivas. Al Ministerio Público como órgano investigador le está permitido allegarse los elementos probatorios necesarios, ya que si su función fuera limitada daría como resultado una infructuosa investigación penal." Con base en lo anterior, el suscrito coincide con la resolutora de origen en cuanto a que con los datos de prueba aportados por la Representación Social, se puede establecer que se acreditan los hechos anteriormente relatados, como se expondrá a continuación. La autoridad responsable precisó que los requisitos para que se configure el delito de abuso sexual son los siguientes: Una acción consistente en ejecutar un acto sexual distinto a la cópula. Que ese acto sexual se realice sin el consentimiento de la víctima. Por lo que respecta al primer inciso, la Juez responsable lo estimó actualizado porque Mauricio Ricardo Ortega Vera realizó conductas como tocar la pierna de la víctima el trece de marzo de dos mil veinte, aproximadamente a las dieciocho horas, en el interior del Palacio Municipal de Ayoquezco de Aldama, subiendo hasta su entrepierna y el diecisiete de julio de dos mil veinte, aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos, la jaló del brazo derecho y la metió a su oficina, donde comenzó a tocarle los senos, los glúteos, la espalda, forcejearon y el nombrado colocó su cabeza en el cuello de Elvia Jiménez Salinas y pasó su lengua. Entonces, las acciones desplegadas por el imputado tienen un fin lascivo, porque del certificado médico de lesiones se obtuvo que el cuello, los glúteos, las piernas, los senos, la cadera y la región genital, son zonas erógenas del cuerpo humano; por lo que al hacer esos tocamientos, se advierte que la finalidad era estimular sexualmente a la víctima. Por lo que no asistió la razón a la defensa de los imputados cuando refirieron que los tocamientos de mérito no tienen fin lascivo o ánimo libidinoso, porque como se estableció en el dictamen médico, las zonas del cuerpo de la víctima donde ocurrieron, son zonas erógenas. De ahí que dichas acciones, no tuvieron el propósito de copular con la aquí tercero interesada, entendiéndose como la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima, por la vía vaginal, anal u oral, de conformidad con el artículo 246, párrafo segundo, del Código Penal en el Estado de Oaxaca. Aunado a que derivado de los tocamientos, Elvia Jiménez Salinas presentó un estado de ánimo ansioso y acudió en tres ocasiones a denunciar la conducta del imputado. En cuanto al segundo inciso, atinente a la falta de consentimiento, se tuvo por satisfecho en razón de que así lo manifestó la propia víctima en su denuncia; en el primer hecho (trece de marzo de dos mil veinte, aproximadamente a las dieciocho horas), se encontraba en un ámbito laboral, específicamente en una reunión y en el segundo (diecisiete de julio de dos mil veinte, aproximadamente a las diecinueve treinta horas), se encontraba haciendo sus labores dentro del Palacio Municipal, cuando el imputado sin su autorización realizó actos de índole sexual, jalándola del brazo, dónde hubo incluso un forcejeo, por lo que es claro que Elvia Jiménez Salinas no estaba de acuerdo con las acciones desplegadas por Mauricio Ricardo Ortega Vera. Se dice lo anterior, porque la víctima en tres ocasiones acudió ante la Representación Social a exponer las acciones del imputado (burlas y señas obscenas) y el malestar que éstas le ocasionaban (afectación psicoemocional); existiendo incluso el uso de la violencia física, cuando la jaló del brazo para meterla a su oficina y probablemente hacer los tocamientos que se han relatado. Ahora bien, también se acreditó los hechos que se imputan a Mauricio Ricardo Ortega Vera, fueron cometidos en su calidad de servidor público, esto es, como Regidor de Agricultura, Agua y Panteones del Ayuntamiento de Ayoquezco de Aldama, Oaxaca, pues así se obtuvo de los documentos públicos que se incorporaron como dato de prueba. La conducta reprochada es de carácter dolosa, porque el nombrado quejoso sabía que está prohibido realizar actos de índole sexual en contra de la voluntad de una persona, es decir, sin su consentimiento (artículo 8, fracción I, del Código Penal para el Estado de Oaxaca); es antijurídica, porque no hay información que demuestre que el imputado haya actuado bajo causa de justificación, de las que prevé el artículo 14 del invocado Código, como lo es que haya actuado bajo legítima defensa, en cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho; es un delito consumado en forma instantánea, de conformidad con el numeral 9, fracción I, del ordenamiento legal en cita, porque se consumó al momento en que se lesionó el bien jurídico tutelado por la norma penal (libertad y seguridad sexual); es imputable, porque Mauricio Ricardo Ortega Vera es una persona mayor de edad, cumplimiento el requisito de capacidad física y como no existe dato que desprenda padece algún trastorno mental, cumple con el requisito de capacidad psíquica, de acuerdo con el precepto 2° del multicitado código penal. En lo que atañe a la probabilidad de que Mauricio Ricardo Ortega Vera, cometió el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual, se encuentra demostrada hasta este momento con los mismos datos de prueba incorporados por el Fiscal Federal, los cuales ya fueron reseñados en párrafos anteriores, por lo que a fin de evitar repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos en este apartado, ya que si bien es cierto que los elementos del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo perpetuó son conceptos diferentes, también lo es que puede suceder que un medio de prueba sirva para comprobar ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado, puede revelar la actualización del primero y, por otro, acreditar la existencia de aquélla probabilidad; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia violación de derechos fundamentales. En efecto, tal como lo precisó la responsable, dicha probabilidad se evidencia con el señalamiento directo y categórico realizado por la víctima Elvia Jiménez Salinas, quien fue clara al referir que Mauricio Ricardo Ortega Vera fue quien el trece de marzo y diecisiete de julio de dos mil veinte, le realizó actos sexuales distintos a la cópula sin su consentimiento; reiterando que la nombrada acudió en diversas ocasiones a exponer las conductas el imputado, es decir, no se trata de hechos aislados, sino de violencia insistente y sistemática. Lo anterior, lo adminiculó la declaración de la testigo María Isabel Pérez Rodríguez, el dictamen psicológico, la inspección ocular y las documentales públicas relativas a indicar la calidad de servidor público del imputado. De la declaración de la nombrada testigo, la juzgadora responsable reiteró que si bien no se pronuncia de los hechos imputados, sí puso de manifiesto diversas agresiones que presenció Mauricio realizó a Elvia, como lo es que una ocasión cuando él hablaba en público, con el micrófono le mandó besos a la víctima, mientras se agarraba el pene; lo que pudo observar porque se desempeña como Regidora de Educación y Cultura de Ayoquezco de Aldama, Oaxaca, es decir, es compañera de trabajo de la víctima y del imputado. También, se precisó que no existe dato de prueba del que se desprenda que la víctima haya declarado con la intención de perjudicar al imputado, por alguna venganza o situación de animadversión hacia él. De ahí que acertadamente se le concediera credibilidad a lo expuesto por Elvia Jiménez Salinas, porque se justificó la existencia de Palacio Municipal de Ayoquezco de Aldama, con la inspección ocular y se acreditó la calidad de Regidor de Agricultura, Agua y Panteones de Mauricio Ricardo Ortega Vera, con las documentales públicas incorporadas. Por lo que hace a la forma de intervención, la Juez responsable indicó que el imputado actuó como autor material, en términos del artículo 11, fracción II, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, porque realizó la conducta por sí mismo. Así, los datos de prueba aportados por la Representación Social son suficientes, congruentes, pertinentes e idóneos, no solo para tener la cobertura de establecer los hechos, la subsunción de éstos en la norma penal, acreditar los elementos del tipo penal, sino también la probable participación del imputado en su comisión. Bajo ese contexto se considera que en oposición a lo aseverado por la parte quejosa, la Juez de Control responsable ponderó tanto los argumentos expuestos en la audiencia como los datos de prueba aportados por el Fiscal y por su defensa y precisamente con apoyo en éstos fue que válidamente concluyó que hasta este momento se encuentra demostrado que Mauricio Ricardo Ortega Vera probablemente participó en la comisión del hecho delictivo multicitado. Máxime que para el dictado del auto de vinculación la Juez de Control no requiere la existencia de pruebas con valor probatorio pleno, sino sólo es necesario analizar si se aportaron datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Esto es, basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 360, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Igualmente, resulta aplicable la tesis XV.3o.6 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, localizable en la página 2167, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." En ese tenor, el suscrito concluye que la Juez de Control al emitir el auto de vinculación a proceso, cumplió con las exigencias establecidas por el artículo 16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir la determinación en estudio se encuentra fundada y motivada, ya que de las videograbaciones de la audiencia de vinculación a proceso se aprecia que precisó los fundamentos legales aplicables al caso concreto, así como los motivos por los cuales consideró que los hechos sometidos a su conocimiento se adecuaban a la hipótesis del antisocial de que se trata y que existían datos de prueba que denotan, hasta ese momento, que existe la probabilidad de que el imputado -aquí quejoso- participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 241 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en perjuicio de Elvia Jiménez Salinas. De ahí que no pueda estimarse que existió vulneración en su perjuicio de los derechos fundamentales de presunción de inocencia y de debido proceso tutelados por la Carta Magna. Se cita por ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), consultable en la página 125, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel." En razón de lo apuntado, es que devienen infundados los conceptos de violación encaminados a evidenciar que el auto de vinculación a proceso reclamado carece de fundamentación y motivación, pues como se explicó en las líneas que anteceden, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, sí se colmaron las exigencias previstas por los artículos 16 y 19 Constitucionales, así como la establecida en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el dictado del auto de vinculación reclamado. Ello, porque contrario a lo que refiere el quejoso, la Juez responsable sí precisó los motivos y fundamentos por los cuales determinó que los hechos expuestos por la Representación Social encuadran a lo que la norma penal dispone en el numeral 241 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, relativo al delito de abuso sexual, como se indicó en las líneas que anteceden. Entonces, sí existen datos de prueba con los que se advierte la existencia de un hecho que la ley señala como delito (abuso sexual) y la probabilidad de que Mauricio Ricardo Ortega Vera participó en su comisión, pues incluso la autoridad responsable estimó de manera libre y lógica los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, como lo prevé el artículo 265 del invocado código e indicó qué era lo que se obtenía de cada uno y los hechos que corroboraban. Es por lo anterior, que también resultan infundados los conceptos de violación en los que la parte quejosa indica que fue incorrecta la valoración que realizó la Juez responsable al valorar los datos de prueba incorporados, porque a su decir, no resultan suficientes para señalar en grado de probabilidad que cometió los hechos señalados. Como se expuso con anterioridad, fue correcto que la autoridad responsable concediera valor probatorio a la denuncia y posteriores comparecencias de la víctima, porque en ellas dio a conocer a la Representación Social de los actos humillantes, insultos y tocamientos indebidos que sufrió por parte del imputado, es decir, hizo un señalamiento directo y categórico de que Mauricio Ricardo Ortega Vera la tocó sin su consentimiento; lo que se concatenó con otros datos de prueba. Ahora, no asiste la razón al quejoso cuando refiere que no se debió conceder valor probatorio a la primer denuncia de la víctima, porque en ella no expuso el modo, tiempo y lugar de los hechos, ni a las diversas comparecencias porque se realizaron mucho tiempo después de los supuestos hechos; sin embargo, la juez responsable puntualmente explicó que esa denuncia se valoró en conjunto con sus otras dos comparecencias ante el Ministerio Público, que concatenadas entre sí, ponen de manifiesto que Elvia Jiménez Salinas ha hecho del conocimiento que de manera reiterada ha sufrido humillaciones del nombrado quejoso. Ello en razón de que, como bien le señaló la Juzgadora de origen, el Más Alto Tribunal del País ha establecido que cuando se trata de delitos sexuales, se debe considerar que son un tipo de agresión que, en general se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor, por lo que no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales, por lo que la declaración de la víctima constituye una prueba fundamenta sobre el hecho. Asimismo, que atendiendo a la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual, se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo. Empero, la Juez de Control responsable enfatizó que la declaración de la víctima fue idónea y pertinente para establecer que Mauricio Ricardo Vera Ortega, compañero de trabajo de Elvia Jiménez Salinas, el trece de marzo y diecisiete de julio de dos mil veinte, le realizó tocamientos sin su consentimiento, en el interior del Palacio Municipal de Ayoquezco de Aldama, Oaxaca. De ahí que, tampoco le asita la razón cuando refiere que aplicó erróneamente el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, porque se inclinó a favor de la víctima y que se debe proteger a la mujer por el hecho de ser mujer y ser históricamente marginada; porque la Juez indicó los motivos por los cuales, atendiendo al delito que se imputa (abuso sexual), era necesario abordar los parámetros establecidos en el mencionado Protocolo, sin que basara su decisión en que la víctima fuese mujer, sino que sentó las bases del contexto en el que se desenvolvieron los hechos denunciados. Por lo que respecta a la valoración de los datos de prueba consistentes en la declaración de la testigo María Isabel y el dictamen en materia de psicología, también deviene infundada la aseveración del quejoso cuando refiere que se vulneró el principio de presunción de inocencia y se inclinó la Juez de la causa hacia la víctima. Lo anterior porque por sí solos no sirvieron para vincularlo a proceso, sino que se valoraron en conjunto con los diversos aportados por el Ministerio Público, valorándose de manera libre y lógica tal como lo establece el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También es infundado el motivo de disenso en el que expone el quejoso que la teoría de su defensa era creíble y que la Juez responsable no mencionó el valor que le daba a las declaraciones de los dos testigos que presentaron, ya que se limitó a decir que por ser hombres se inclinaron hacia el imputado; que incluso su testimonio generó más convicción que lo expuesto por la víctima. Contrario a lo expuesto por el quejoso, al valorar los datos de prueba incorporados por la defensa del imputado, conforme a lo establecido en el citado artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad responsable indicó que los testimonios de Edgar Mendoza Lázaro y Florencio Alfredo Lázaro Silva le generaban suspicacia, porque fueron contundentes en señalar que no eran ciertos los hechos que se denunciaron y lo que motivó ésta, son los conflictos que existen en el Ayuntamiento. Sin embargo, no se aportó dato de prueba alguno que apoyara esa aseveración, ya que los defensores del imputado se limitaron a establecer su teoría del caso basándose únicamente en lo dicho por los testigos; mismo que como se adelantó, no resultó suficiente para desacreditar la denuncia y comparecencias de la víctima, porque se valoraron en su conjunto los datos de prueba incorporados por el Ministerio Público y se estableció el contexto social en el cual se desenvolvieron. Finalmente, el concepto de violación en el cual el quejoso indica que al permitirse la incorporación del dato de prueba consistente en la inspección ocular, ofrecido por el Fiscal, se violó en su perjuicio el principio de igualdad entre las partes., también deviene infundado. Ello porque al pronunciarse respecto de ese tópico, la juez responsable precisó que aún no había concluido la audiencia inicial y que el Ministerio Público se encontraba emitiendo su argumentación técnico jurídica, por lo que sí permitía su incorporación, ya que si bien sí debe llevarse un orden en la audiencia, el Código Nacional de Procedimientos Penales no es tajante en exponer que el momento exacto en el que se deben incorporar los datos de prueba y emitir la argumentación correspondiente. XI. DECISIÓN Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Mauricio Ricardo Ortega Vera. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Mauricio Ricardo Ortega Vera, en contra del acto reclamado al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, por los motivos expuestos en el apartado X de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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