Mattew Tafari Peterson
Expediente 272/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 272/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/04/2023
Partes del expediente
- Mattew Tafari Peterson
- MATTEW TAFARI PETERSON y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, once de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte quejosa recurso de queja en contra del proveído de quince de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal, a pesar de haberse desechado la demanda de amparo, es catalogado como depurable, en un plazo de tres años, ello conforme al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales de resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ello toda vez que se decretó la suspensión de plano respecto de los actos reclamados. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "no relevancia documental" y "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio remitido por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el informe con relación al acatamiento a la suspensión de plano decretada en este asunto; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, pues como se advierte del estado que guardan los presentes autos, mediante proveído de quince de marzo de dos mil dieciséis, se desechó la demanda de amparo promovida en favor de ********************, y se dejaron sin efectos las providencias decretadas. No obstante, con fundamento en los artículos 9º y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante autorizando para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, y señalando domicilio para los mismos efectos el que indica. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida del licenciado Gerardo Castillo Riedel, Secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. MBV/GCR/ansn
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, Y 29 DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE TERCERO INTERESADA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Y HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO F/262757, LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DICTADA EL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tijuana, Baja California, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios suscritos respectivamente por las autoridades responsables, mediante los cuales informan el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, para lo cual el Juez responsable transcribe el auto de catorce del mes y año en curso, dentro del expediente 634/2008, de su índice, con la cual acredita su dicho. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Con lo anterior, de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el contenido de los oficios de cuenta, dese vista a la parte quejosa, terceros interesados, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, manifiesten lo que a su derecho convenga. En el entendido, que una vez transcurrido dicho término, con o sin manifestación alguna, se proveerá lo que en derecho corresponda sobre el cumplimiento del presente fallo protector. Asimismo, atendiendo a la petición de la autoridad responsable; requiérase a la parte quejosa a efecto de que en el plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, señale domicilio para que la autoridad responsable le notifique la fecha de entrega y posesión material y jurídica del inmueble hipotecado de que se trata. En otro contexto, téngase a la autoridad responsable informando que atento al ACUERDO GENERAL 7/2022, emitido por el consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, se modifica la especialidad por material del Juzgado Noveno de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, así como su denominación y se convierte en el Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar, del Partido Judicial de Tijuana; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por tanto, realícese la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a los quejosos.
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo de cuenta, fórmense los expedientes físico y electrónico respectivos, y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 272/2023-B. Suspensión de plano. Ahora, toda vez que en el escrito inicial se señalan como actos reclamados destacados los siguientes: La detención, incomunicación y privación de la libertad; Orden de deportación o expulsión del aquí quejoso. Así como la orden o ejecución del traslado del directo quejoso a cualquier otra ciudad. La sujeción a un procedimiento administrativo para determinar su situación migratoria en confinamiento. La indebida retención de los documentos oficiales presentados por el quejoso para acreditar su nacionalidad jamaiquina. La falta de fundamentación y motivación de la excesiva e inconstitucional garantía por el monto de $150,000.00 pesos (ciento cincuenta mil pesos 00/100 monda nacional), Se provee en los siguientes términos: I.- SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LA INCOMUNICACIÓN, INMINENTE DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN O CUALQUIER OTRO ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO O 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Por cuanto hace a los actos reclamados por la parte promovente consistentes en la incomunicación, o cualquier otro acto prohibido por el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que dice ser objeto el directo quejoso Mattew Tafari Peterson, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que cesen de inmediato tales actos, en caso de que se estén ejecutando o, en su caso, no se lleven a cabo, si es que se ordenaron. Ahora, con relación a los actos consistentes en la retención del directo agraviado con fines de deportación, expulsión o repatriación, así como su ejecución; y, considerando que hasta el momento no se tiene certeza de cuál es la situación migratoria del directo accionante, a fin de velar por una protección más amplia, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los ordinales 1, 15 y 126 de la Ley de Amparo, se concede a Mattew Tafari Peterson, la suspensión de plano, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: 1. Se insiste, que al desconocerse en este momento la situación migratoria de la persona agraviada, se concede para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo. 2. No se ejecute ningún acto que traiga como consecuencia la deportación del directo agraviado Mattew Tafari Peterson, y quede a disposición de este Juzgado de Distrito, sólo en lo que atañe a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables únicamente para los efectos de la determinación de su situación migratoria, en el sitio en que estime la misma de acuerdo a sus facultades administrativas, y bajo su más estricta responsabilidad deberán observar en todo momento las obligaciones que le impone la Ley de Migración y evitar tratos discriminatorios o violación de derechos, para lo cual están obligadas a respetar la dignidad inherente al ser humano. 3. En el entendido que los efectos de esta suspensión de plano no impiden a las autoridades responsables resolver lo conducente respecto de su situación migratoria. Es decir, la suspensión de plano concedida, únicamente es para el efecto de que no se ejecuten los actos de deportación del quejoso. 4. De igual manera, en caso de que el referido agraviado se encuentre en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad, no deberá ser trasladado a diversa Estación Migratoria del país; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo, en términos de los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo. Empero, si al resolver la situación migratoria de éste (sobre lo cual no se concede la medida suspensiva), las autoridades responsables, determinan que no procede la deportación, sino una figura diversa que califique el estatus en que se ubica el extranjero quejoso; e inclusive, a consecuencia de ello, resulte procedente ordenar su libertad, podrán realizarlo, al no abarcar la suspensión concedida tal aspecto, siempre y cuando derive de un proceso migratorio. 5. Así las cosas, si la detención del directo agraviado Mattew Tafari Peterson, no tiene relación con la comisión de un delito ni con un procedimiento migratorio deberá ser puesto en libertad de inmediato, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. II. SUSPENSIÓN DE PLANO EN CASO DE QUE LA PARTE QUEJOSA ESTÉ SUJETA A UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO. 6. Se deberá dejar al directo quejoso en inmediata libertad, pero sólo en el caso de que ya hayan transcurrido más de las veinticuatro horas a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración, sin que existiera constancia de que se haya emitido el acuerdo de presentación al momento de la interposición de la demanda, así como las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 del referido ordenamiento, como término máximo para ello; lo cual, es acorde con el artículo 21, párrafo cuarto, Constitucional. Tal criterio derivó de la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en la ciudad de Mexicali, dentro del recurso de queja administrativa 193/2022, de su índice, interpuesto dentro del juicio de amparo 559/2022, de la estadística de este órgano jurisdiccional y se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, indicándole a las autoridades responsables que la seguridad y custodia del directo agraviado queda bajo su más estricta responsabilidad, debiendo además tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. 7. Por otra parte, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad del directo agraviado dentro de un procedimiento migratorio, debe destacarse que de una lectura integral al escrito de demanda, el promovente indicó que el quejoso se encuentra en las oficinas de Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Tijuana, Baja California, y que es de nacionalidad jamaiquina. Así también, refiere que el directo quejoso -al parecer- fue detenido en esta ciudad, sin haber cometido delito en flagrancia. Por tanto, tomando en consideración que del ocurso de demanda -de manera indiciaria- se aprecia que el directo agraviado, hasta esta data en que se resuelve sobre la suspensión de plano solicitada, se encuentra sujeto a un procedimiento administrativo ante las autoridades del Instituto Nacional de Migración, o uno diverso. En este sentido, tomando en cuenta que el juzgador puede adoptar medidas cautelares en los términos de la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el dispositivo 1 y la Ley de Migración; por tanto, con fundamento en los artículos 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión a Mattew Tafari Peterson, del acto consistente en la retención dentro de un procedimiento administrativo, para el efecto de que cese el alojamiento de que es sujeto en la Estación Migratoria en esta ciudad y sea puesto en libertad, siempre y cuando cumpla con lo siguiente: Que el quejoso establezca un domicilio o lugar en esta ciudad, en el que permanecerá. Se comprometa a presentarse ante las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración cuantas veces le sea exigido, debiendo permanecer en éste, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio correspondiente, pues de no hacerlo así, la presente medida cautelar quedará sin efectos, ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 167 de la Ley de Amparo, que faculta al órgano jurisdiccional a revocar la libertad otorgada por la medida suspensional cuando el quejoso incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas para su otorgamiento. Que se presente en favor del directo quejoso la solicitud con responsiva firmada por un garante (ya sea ciudadano u organización social mexicana) y sea ratificado por éste. Todos los anteriores requisitos deberán ser acreditados ante la autoridad Migratoria. Garantía. De igual manera, se conmina a las autoridades responsables migratorias para efecto de que la garantía que en su caso se fije al directo quejoso, no exceda de $15,000.00 pesos (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), ello a fin de que pueda ser asequible para el promovente del amparo y no convertir el alojamiento en la regla general en demerito de la libertad del quejoso. Lo anterior sin perjuicio de que, por un lado, el impetrante pueda acreditar su insolvencia económica ante la autoridad, en cuyo caso ésta deberá resolver sobre la reducción de la garantía, o bien, eximirlo de presentarla; o si la autoridad recaba información que revele una capacidad económica mayor del quejoso y advierte otras circunstancias que hagan objetivo el aumento del riesgo de evasión, pueda, fundando y motivando, incrementar esa suma: lo cual deberá hacer saber de inmediato a este tribunal. En caso de que tras la liberación del quejoso -por haber cumplido los requisitos señalados-, él o su garante moral incumplan o se sepa que incumplen alguno de tales requisitos, la presente medida cautelar quedará sin efectos, ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 167 de la Ley de Amparo, que faculta al órgano jurisdiccional a revocar la libertad otorgada por la medida suspensional cuando incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas para su otorgamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.20o.A.20 A (10a.), visible en la página 3550, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tom IV, emitida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 2016410 que señala: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada." Además, la suspensión se concede para que en el caso de que la parte quejosa ejerza algún recurso en su defensa, la detención no supere los sesenta días. Lo anterior es así, ya que el artículo 111 de la citada ley dispone que el Instituto deberá resolver la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación, sin que el alojamiento en las estaciones migratorias pueda exceder de ese plazo, salvo en los casos en que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su condición migratoria en territorio nacional, supuesto en el que el alojamiento se torna indefinido, hasta en tanto no se resuelva el medio de defensa. Sin embargo, en los demás casos el alojamiento no puede exceder de sesenta días hábiles y, una vez transcurrido, deberá otorgarse la condición de visitante con permiso para recibir remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se otorgó dicha condición de estancia. 7.1 Luego, en el supuesto de que el directo quejoso se encuentre en la hipótesis contemplada por el artículo 102 de la Ley de Migración, se solicita a las autoridades responsables a fin de que de manera inmediata informen a este órgano jurisdiccional si en términos del artículo 102 del citado ordenamiento legal han decretado alguna medida de aseguramiento al quejoso, a efecto de estar en aptitud de pronunciarse al respecto, toda vez que la parte promovente refiere en la demanda, que el directo agraviado al momento de su detención, se encontraban en territorio nacional. La suspensión se concede en el entendido de que el directo agraviado Mattew Tafari Peterson, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. 7.2 En el entendido de que si el quejoso cumple con los requisitos solicitados a los extranjeros para internarse en el País establecidos en el artículo 37 de la Ley de Migración o si en su caso en su calidad de refugiado cuenta con algún documento que le permita provisionalmente su legal estancia en el país, una vez que la autoridad migratoria se cerciore que efectivamente el directo quejoso cumple con los requisitos establecidos en el citado dispositivo legal, deberá ser puesto en libertad. Por tanto, hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán informar, además de lo destacado: 1. Qué calidad migratoria tiene Mattew Tafari Peterson. 2. Cuál es el procedimiento específico al que -en su caso- se encuentra sujeto y su fundamento legal. 3. Desde cuándo y cuánto tiempo lleva retenido el directo agraviado. 4. Si en su caso se ubica o no en alguno de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 111 de la Ley de Migración, así como si ya se cumplió con los quince o sesenta días previstos en ese numeral. 5. Si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, le informó al directo quejoso los derechos con los que cuenta desde su ingreso a la estación migratoria. Asimismo, hágasele saber a las responsables, que dentro del horario que al respecto se encuentre establecido en la normativa aplicable del procedimiento que en su caso se encuentre instaurado en contra del aquí quejoso, deberá permitir a quien comparezca en su carácter de autorizado de éste, la comunicación que sea necesaria para su defensa. En el entendido de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado que se analiza es diverso o deriva de hechos distintos a la situación migratoria narrada por la parte promovente en la demanda de amparo, como podría ser la comisión de un delito o, proviene de autoridades diversas a las señaladas como responsables. De igual manera, la medida cautelar aquí decretada no surtirá efectos si con anterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto en un diverso juicio de amparo existe pronunciamiento de dichos actos reclamados. Además, hágasele saber que la suspensión surtirá sus efectos, siempre y cuando el aquí quejoso no se encuentre sujeto a un procedimiento de extradición o procedimiento judicial, que amerite su deportación o expulsión del país. Tampoco tendrá por efecto paralizar o suspender algún acto que se haya decretado en un procedimiento diverso al presente. Informes de suspensión de plano. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; debiendo informar dentro de dicho plazo sobre el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto de los actos reclamados o bien informen la imposibilidad jurídica que tenga para ello, apercibidas de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se les hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas." Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentren ubicadas las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. De igual manera, se requiere a las autoridades responsables migratorias, realicen las gestiones necesarias a efecto de que brinden apoyo a los Actuarios de la adscripción para que éstos puedan realizar las siguientes encomiendas: - Acceder a la Estación Migratoria de esta ciudad, al área de alojamiento, con el propósito de que puedan vocear al directamente agraviado Mattew Tafari Peterson, a efecto de que tales fedatarios puedan verificar que a la fecha aquél se encuentra o no alojado en dicha estancia. - Tener a la vista el documento o en su caso el archivo que en sistema obre del cual se pueda advertir el motivo de ingreso y/o egreso del amparista mencionado, así como en su caso la toma de fotografías. En consecuencia, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios de la adscripción a efecto de que se traslade a la Estación Migratoria de esta ciudad, a más tardar el día dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, a las doce horas, y con copia del acuse de recibo del oficio mediante el cual se notifica a las autoridades responsables el presente proveído, solicite el apoyo solicitado del personal que en su caso se haya comisionado para tal efecto. Asimismo, se encomienda al actuario respectivo que en el caso que con motivo de la carga laboral de las autoridades responsables no pueda dar cumplimiento a lo anterior en su primera búsqueda, entonces se coordine con dicho personal, a efecto de que a la brevedad se pueda realizar lo antes precisado o bien informen el impedimento legal que se tenga para ello, a efecto de que este Órgano Jurisdiccional pueda proveer lo conducente. Apercibidas las autoridades responsables, que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo, se harán acreedores, en lo particular, a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. El Actuario de la adscripción deberá elaborar acta circunstanciada de las gestiones realizadas a fin de lograr la encomienda planteada. Ratificación de la demanda. Por otra parte, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase al directamente agraviado Mattew Tafari Peterson, para que manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su favor, lo que podrá realizar en el acto de la notificación de este proveído, o bien, dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, en el entendido que para tal efecto se le deberá correr traslado con copia del presente acuerdo; bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona al actuario de este juzgado, a efecto de que proceda a la localización del quejoso en el lugar en que se encuentre detenido. Solicitud de traductor. Ahora, toda vez que del escrito de demanda el promovente refirió que el directo quejoso -al parecer- es de nacionalidad jamaiquina, por tanto se comisiona al actuario de la adscripción para que en el caso de que el directo quejoso no hable ni entienda el idioma español, solicite al personal de la Estancia Migratoria en el que se encuentra alojado el directo agraviado para que por conducto del traductor que designe la autoridad migratoria para tal efecto se realice la encomienda planteada en el presente proveído, o bien, informe por conducto de qué persona le informó sus derechos al directo quejoso al momento de la detención en la Estación Migratoria. Se autoriza a las autoridades responsables para que remitan los informes vía correo electrónico institucional a la dirección 15jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que se constituya en las instalaciones de las autoridades señaladas como responsables, así como en los separos de las mismas a efecto de que verifique que en el caso de que se apliquen o continúe aplicándose en perjuicio de Mattew Tafari Peterson, algún acto señalado por el numeral 22 constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables cumplan en sus términos la suspensión de plano concedida en este proveído y cesen de inmediato los mismos; además, para que asiente las condiciones físicas y de apariencia de salud en que se encuentra dicho agraviado. Obligatoriedad de recibir oficios. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está obligada a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar en que se encuentre; y que la notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entreguen los oficios respectivos, ya sea a las autoridades responsables o al encargado de recibir la correspondencia en sus oficinas; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Acceso y notificaciones vía electrónica. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 35, 36, 37, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico, así como las notificaciones por este mismo medio, las cuales están sujetas a lo que se indica en el artículo 30, fracción II, de la ley de la materia, por lo que el usuario a quien se autoriza está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "HTG2563" únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. Correos electrónicos y números telefónicos. Se tienen como medios de comunicación no procesal los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que de conformidad con el artículo 14 del acuerdo general del 12/2020, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional. Comunicaciones no procesales. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como del artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena priorizar la tramitación electrónica y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. De igual manera, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Notifíquese.
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