Mauricio Calderas Anguiano

Expediente 1061/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1061/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Mauricio Calderas Anguiano

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Vista la certificación que antecede de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra auto de veintiséis de septiembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEIDO fuera de audiencia el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado. CESACIÓN DE EFECTOS Ahora bien, y toda vez que el acto reclamado en el presente juicio lo constituye la omisión de la responsable de acordar la solicitud planteada mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintidós a través del cual se le solicitó la ejecución del laudo dictado dentro del juicio laboral 422/2019 y sus consecuencias el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como la circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica, de tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció o por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del peticionario es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del criterio invocado se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías???????????? violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo generaba deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación o actúa ante la omisión que se le reclama, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo y restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura se reitera que, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos?????????? juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de la la omisión de la responsable de acordar la solicitud planteada mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintidós a través del cual se le solicitó la ejecución del laudo dictado dentro del juicio laboral 422/2019 y sus consecuencias. Ahora, de la constancia allegada por la autoridad responsable, la que adquieren valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se desprende que el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, la autoridad responsable se pronunció en relación a la solicitud planteada por la aquí quejosa, en el sentido de que no había lugar a proveer de conformidad solicitud, virtud a que en autos no se advertía que el laudo de catorce de febrero de dos mil veintidós hubiese sido notificado a la demandada en el juicio laboral, ordenando turnar los autos al Actuario de aquella adscripción para tal efecto. Por los antes expuesto, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos, ya que ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias con relación al supuesto de sobreseimiento que se actualiza, por lo tanto se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la referida audiencia. Apoya la determinación adoptada la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Sin que pase inadvertido para quien esto provee, que la respuesta dada por la Junta responsable recayó a diverso escrito presentado por la aquí quejosa el veintidós de agosto de dos mil veintidós, y no al diverso cuya omisión de dar respuesta constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional, pues ambos escritos tuvieron el mismo propósito, esto es, que la Junta despachara auto de ejecución de laudo, con sus correspondientes consecuencias. Notifíquese personalmente.??????????? Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo VIII-340/2020, promovido por Margarita Michel Gallegos Barriga, contra actos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el veintinueve de junio de dos mil veinte, por la Secretaria de guardia de este Juzgado de Distrito, Margarita Michel Gallegos Barriga compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en Ciudad de México. En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en su perjuicio los contenidos en los artículos 1º, 4º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. Previa aclaración del escrito inicial de demanda y ratificación del escrito aclaratorio, el veinte de agosto de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional de amparo admitió la demanda en cuestión registrándose con el número VIII-340/2020, solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Cabe destacar que en auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de garantías por lo que ve al acuerdo 74/2020, de veintinueve de mayo de dos mil veinte, sin que hubiera hecho uso de ese derecho, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se continuó con el trámite del presente juicio tomando en consideración únicamente el acto inicialmente señalado como reclamado en su libelo inicial. Finalmente, el treinta y uno de agosto en curso, tuvo lugar la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y los diversos 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto cuyos efectos se materializan respecto de una cuenta bancaria aperturada dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal tiene jurisdicción y competencia mixta. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito de ampliación y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: De la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en Ciudad de México. La emisión del oficio 110/F/B/3200/2020 con folio SIARA UIFB/2020/000348, de tres de junio de dos mil veinte, mediante el cual comunica al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la lista de personas bloqueadas. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Del contenido del informe con justificación rendido por la autoridad señalada como responsable, se advierte que aceptó su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". A cuyo efecto la autoridad señalada como responsable remitió copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado. Probanzas a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Examinada la certeza de los actos reclamados, se analizará la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De la porción normativa transcrita se advierte que no es necesario que alguna de las partes invoque la actualización de causales de improcedencia para que se agote su estudio; precisamente porque su análisis es de orden público. Ahora bien, quien resuelve estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Es así porque la parte quejosa reclama la emisión del oficio 110/F/B/3200/2020 con folio SIARA UIFB/2020/000348, de tres de junio de dos mil veinte, mediante el cual comunica al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la lista de personas bloqueadas contenida en el acuerdo 74/2020. Por ello se considera que la sola emisión del oficio anotado, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para demostrar este aserto conviene citar los referidos artículos de la ley de la materia: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. [.]. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]." De los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo será improcedente cuando la causa de inejercibilidad resulte de alguna disposición constitucional o de la propia Ley de Amparo, como puede ser en el supuesto de que se pretenda combatir un acto emitido por un ente que no tenga el carácter de autoridad responsable, entendida como aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria. En relación con el alcance del concepto anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para definir a la autoridad responsable, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control de constitucionalidad en vía de amparo, se ubica dentro de relaciones de supra a subordinación, la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Dicho criterio se estableció en la jurisprudencia de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.". Así, a partir de lo expuesto, este juzgador estima que la sola emisión del oficio 110/F/B/3200/2020, de tres de junio de dos mil veinte, no puede considerarse como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues se trata de una comunicación entre autoridades encaminada a lograr la ejecución de la suspensión decretada en términos de un diverso acto que no fue reclamado en el presente juicio de amparo, esto es, el Acuerdo 74/2020, dictado por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el que solo se da a conocer la lista de personas bloqueadas. Por tanto, se pone de manifiesto que si dicha actuación constituye una comunicación interna entre autoridades, no le puede revestir el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues por sí mismo, dicho acto no trasciende en forma directa e inmediata a la esfera jurídica de la justiciable. Ello ya que representa un simple trámite entre autoridades que no tiene efectos vinculantes a terceros, pues no implica una cuestión de fondo ni constituye resolución administrativa alguna que lleve implícita una coerción, sino que únicamente se trata de actos declarativos, sin otro efecto que la comunicación entre autoridades, por lo que dichas actuaciones no entrañan una orden o determinación de alguna autoridad responsable hacia la quejosa. Máxime si se tiene en consideración que lo que le pudiera generar una afectación a su interés lo es el acuerdo 74/2020, respecto del cual en su momento se le requirió para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda, sin que hubiera hecho uso de ese derecho. De manera que se ordenó seguir el trámite y, a la postre, dictar el presente fallo por el único acto originalmente reclamado. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto de dicho acto y autoridad responsable. Por lo expuesto y fundado, además, en los artículos 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Margarita Michel Gallegos Barriga, contra el acto que reclamó de la autoridad señalada como responsable, en términos del último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron.- Doy fe.

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