Mauricio Calderas Anguiano
Expediente 1090/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1090/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mauricio Calderas Anguiano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de quince de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo II-1090/2019, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste....Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto II-1090/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, remitido en esa fecha a este órgano jurisdiccional, por razón de turno, Mauricio Calderas Anguiano, por conducto de sus apoderados, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y los actos que precisó de la siguiente manera: ". actos reclamados: del primero el señalamiento de una fecha remota para la celebración de una audiencia inicial y de segundo la omisión de emplazar a los demandados, actos derivados del expediente ordinario número 422/2019." Actos que el quejoso consideró violatorios en su perjuicio de los derechos humanos reconocidos por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de tres de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda en cuestión; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48, en relación con el 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que los actos reclamados son: El señalamiento de fecha lejana para la celebración de la audiencia inicial. La omisión del Actuario responsable de emplazar a los demandados dentro del juicio laboral de origen 422/2019. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado el Presidente de la Junta Especial Número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, aceptó la existencia de los actos reclamados. Además, tal asentimiento se corrobora, con las copias certificadas de las constancias del expediente de origen, que la referida autoridad responsable remitió junto con su informe justificado y oficios mediante los cuales aclaró dicho informe; medio de convicción que tiene valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Examinada la certeza de los actos reclamados, se analizara la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo; esto quiere decir, que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido con los siguientes criterios: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretaria: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335". "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos". En ese contexto, tal como lo aduce la fiscal de la adscripción en su pedimento, se advierte que en cuanto a la omisión reclamada en este juicio constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". Así, de dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causal de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En ese sentido, para acreditar que se actualiza la causa de improcedencia en comento, es necesario tomar en cuenta que el aquí quejoso reclama la omisión de emplazar a la parte demandada dentro del juicio ordinario laboral 422/2019. En tal virtud, toda vez que el Presidente de la Junta Responsable, mediante su oficio presentado el siete de noviembre de dos mil diecinueve, remitió copia certificada de las constancias de emplazamiento de los demandados dentro del juicio laboral de origen, de las cuales referida responsable remitió la transcripción de las mismas, por no ser completamente legibles, sin embargo, efectivamente se advierte que cuatro y siete de octubre del año en curso, el Actuario adscrito a la Junta Responsable practicó las diligencias de emplazamiento de los demandados en el juicio laboral de origen 422/2019; por lo tanto, se determina que cesaron los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 193758 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Página 38 Jurisprudencia (Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González." Por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de la junta responsable de llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo Atento a lo anterior, dado el sentido de de lo precisado en los párrafos que anteceden, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea el peticionario de amparo respecto de dicho acto, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: "Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra." Luego, al no advertirse la actualización de alguna diversa causal de improcedencia, lo que se impone es emprender el estudio de fondo, únicamente respecto del diverso acto reclamado. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO RSPECTO DEL DIVERSO ACTO RECLAMADO. Es fundado el concepto de violación expresado por la parte quejosa, aunque para tales efectos deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación al señalamiento de una fecha remota para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En efecto, en el caso, la parte quejosa reclama la omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos legales, particularmente, el señalamiento de una fecha remota de la audiencia inicial, es decir, el quince de enero de dos mil veinte, en relación al juicio ordinario laboral 422/2019. En su concepto de violación, en esencia, la parte quejosa se duele que se violentan sus derechos fundamentales, relativos al debido proceso y a la administración de justicia pronta y expedita, en términos del numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la autoridad responsable en su informe justificado se limitó a manifestar que los actos reclamados se encuentran ajustados a las disposiciones emanadas de la Ley Federal del Trabajo. A efecto de expresar claramente las razones que llevan a este juzgador a sostener que asiste razón al quejoso, conviene precisar que el segundo párrafo, del artículo 17 de la Constitución Federal, dice lo siguiente: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." El precepto constitucional citado reconoce en favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, mediante la cual, el Estado se hace cargo de la función jurisdiccional, que demanda del individuo la renuncia a hacerse justicia por propia mano y a ejercer violencia para ejercer su derecho. Las calidades de dicha garantía, son la existencia de tribunales donde se imparta justicia expedita, es decir, sin obstáculos de ninguna naturaleza para acceder a la jurisdicción, "en los plazos y términos que fijen las leyes"; de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; además de asegurar que los tribunales que la impartan sean independientes. En atención a la pretensión planteada por el promovente del amparo, resulta necesario determinar el contenido de la calidad de la garantía individual de acceso a la jurisdicción, relativa a la impartición de justicia "en los plazos y términos que fijen las leyes", para lo cual debe precisarse el significado de dicha expresión, empleada en la redacción del artículo 17 constitucional. De las discusiones que las Cámaras del Congreso de la Unión han hecho a lo largo de la institución del artículo 17 y las reformas que ha sufrido, se desprende que el propósito del Constituyente Permanente, al incluir en el texto constitucional la expresión "en los plazos y términos que fijen las leyes", fue el de constreñir al legislador a crear leyes que establecieran los plazos y procedimientos, conforme a las cuales los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, garantía que se satisface desde el momento mismo en que las legislaturas ordinarias dan cumplimiento a ese imperativo, al crear, emitir o formular las leyes que prevén los procedimientos y términos con base en los cuales se desarrollarán los juicios sometidos a la jurisdicción del juzgador. La interpretación directa del artículo 17 constitucional, en relación con el tema a examen, tiene apoyo en la doctrina jurisprudencial, pues el Tribunal en Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su integración durante la Quinta Época, sostuvieron las tesis de rubro y texto siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 280219 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XXII Materia(s): Común Tesis: Página: 605 ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL. Este precepto manda que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, en los plazos y términos que fija la ley, y no se refiere a las violaciones que puedan cometer los tribunales, al administrar justicia. Amparo civil directo 1485/25. Lukín viuda de Schacht Catalina y coagraviados. 13 de marzo de 1928. Unanimidad de once votos. La publicación no menciona el nombre del ponente". "Época: Quinta Época Registro: 358559 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XLVIII Materia(s): Común Tesis: Página: 1014 ADMINISTRACION DE JUSTICIA, EXPEDICION DE LA. El artículo 17 de la Constitución Federal, al elevar a la categoría de garantía individual la expedita administración de justicia, limitó esa garantía a los términos y plazos que fijen las leyes correspondientes; lo que quiere decir que al expedirse las disposiciones reglamentarias de las funciones jurisdiccionales de los tribunales de la República, han de fijarse las normas que regulan las actividades de las partes y de los Jueces, para obtener la intervención de éstos, para que decidan sobre las cuestiones surgidas entre particulares; por lo que desde este punto de vista la mayor o menor amplitud de acción en el tiempo, concedida a los litigantes, no debe considerarse sino como una forma procesal más o menos técnica o jurídica, pero nunca contraria a la disposición constitucional citada. Amparo civil en revisión 2443/35. Arriaga Agapito, quiebra de. 18 de abril de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Luis Bazdresch. La publicación no menciona el nombre del ponente". En conclusión, el artículo 17 constitucional, tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas respectivas. Luego, a propósito del proceso contencioso laboral, conviene señalar el contenido del artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo, que establece: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor". Como se puede observar, una vez recibida la demanda por parte de la Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; asimismo, que dicha audiencia deberá señalarse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda correspondiente. Ello es así, pues evidentemente lo que el legislador buscó al establecer el plazo de quince días para que tenga verificativo la referida audiencia, fue lograr un equilibrio entre el principio de celeridad en la impartición de justicia y el diverso principio de seguridad jurídica de la parte demanda, al darle un plazo suficiente para preparar su defensa en el controvertido laboral. Ahora, trasladando estas premisas al caso que se resuelve, tenemos como antecedente al acto que ahora se analiza, que por acuerdo de cuatro de julio pasado, ante la falta de emplazamiento de la parte demandada, se difirió la celebración de la audiencia inicial, para las diez horas con treinta minutos del doce de septiembre de dos mil diecinueve. Lo anterior, evidencia que efectivamente la autoridad responsable ha pasado por alto los plazos que establece la ley en el trámite de las etapas procesales que rigen el controvertido laboral de origen, pues la temporalidad que media entre tal actuación y la fecha señalada para la audiencia inicial, excede por mucho el plazo de quince días que establece la Ley Federal del Trabajo para el desahogo de dichas audiencias, es decir, más de dos meses. En ese orden de ideas, es claro que la actuación de la responsable violenta los derechos fundamentales antes expuestos, específicamente, el derecho humano de celeridad en la impartición de justicia contenido en el artículo 17 del pacto federal, el cual entre otros aspectos, conlleva la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales, a ministrar justicia en los plazos establecidos en la ley según se expuso previamente. Circunstancia que no aconteció en el caso a estudio, por las razones anteriormente expuestas. Consecuentemente, considerando la etapa procesal en que se encuentra el controvertido de origen, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Mauricio Calderas Anguiano, para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Para el caso de que a la fecha de que cauce ejecutoria la presente resolución aun no haya tenido verificativo la audiencia inicial dentro del juicio ordinario laboral 422/2019, emita un auto en el que deje sin efectos el proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, por el que se difirió la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, únicamente en lo concerniente a la fecha para que tenga verificativo la citada audiencia inicial, y emita un nuevo auto en el que señale fecha próxima para su desahogo ajustándose a los plazos que para ello señale la ley que rige el juicio laboral. 2. Teniendo en consideración la proximidad del periodo vacacional de la autoridad responsable y el término en que podría causar ejecutoria la presente resolución, se estima necesario acotar a la responsable que de resultar más benéfico para el quejoso y la prosecución del juicio laboral de origen, que se deje subsistente la fecha ya señalada, una vez que se le informe sobre la ejecutoria de la sentencia, analice tal situación y dicte un acuerdo donde exponga esas circunstancias y así lo informe a este órgano jurisdiccional federal, ya que la tutela constitucional se dirige a restituir la violación del artículo 17 Constitucional, y no a generar un mayor perjuicio al quejoso con el señalamiento de una fecha que pudiera ser más remota a la ya establecida. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de contenido literal siguiente: "Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2005150 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Página 732 Tesis Aislada (Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Recurso de inconformidad 282/2013. Tomasa Hernández Díaz. 18 de septiembre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado". Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de garantías promovido por Mauricio Calderas Anguiano, en contra del acto que reclamo del Presidente y Actuario adscritos a la Junta Especial Número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos del considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Mauricio Calderas Anguiano, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, con base en las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6310/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. CUMPLE REQUERIMIENTO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento realizado mediante auto de quince de este mes y año, por el cual remite la transcripción de las constancias de emplazamiento de cuatro y siete de octubre del año en curso; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil diecinueve. AUTORIDAD REMITE DOCUMENTALES. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por medio del cual pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de ocho de los actuales, remite copia certificada de las constancias que afirma son las relativas al emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS Atento a lo anterior, se observa que las constancias remitidas con las cuales pretende acreditar el debido emplazamiento al juicio laboral de origen de la parte demandada, no son legibles en su contenido. En tal virtud, requiérasele nuevamente para que dentro del término de tres días contados legalmente una vez que surta efectos la notificación del presente auto, remita en copia certificada legible las documentales descritas con anterioridad, o en su caso una transcripción de cada una de ellas; lo anterior para estar en aptitud de acordar lo conducente. En el entendido que subsiste} el apercibimiento decretado en el presente juicio de amparo. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy Fe
- Principal
Morelia, Michoacán, a ocho de noviembre de dos mil diecinueve. SE RECIBEN INFORMES JUSTIFICADOS Con vista a las partes, agréguese a los presentes autos los oficios remitidos por el Presidente de la Junta Especial Número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual aclara que rinde el informe justificado en representación por ausencia del Actuario adscrito a dicha junta, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS Atento a lo anterior, se observa que las constancias remitidas en apoyo a su informe justificado, con las cuales pretende acreditar el debido emplazamiento al juicio laboral de origen de la parte demandada, no son legibles en su contenido. En tal virtud, requiérasele para que dentro del término de tres días contados legalmente una vez que surta efectos la notificación del presente auto, remita en copia certificada legible las documentales descritas con anterioridad; lo anterior para estar en aptitud de acordar lo conducente. APERCIBIMIENTO Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Mauricio Alejandre Cacari1018/2021
- Mauricio Alejandre Cacari460/2022
- Mauricio Alejandre Cacari543/2023
- Mauricio Alejandre Cacari737/2022
- Mauricio Calderas Anguiano408/2023
- Mauricio Calderas Anguiano1285/2023
- Mauricio Calderas Anguiano970/2021
- Mauricio Calderas Anguiano1061/2022
- Mauricio Christian Coria Bravo332/2019
- Mauricio Cruz Alvarado293/2020
- Mauricio Dolores Ponciano385/2023
- Mauricio Dolores Ponciano262/2023