Mauricio Alejandre Cacari

Expediente 543/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
543/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
05/07/2023

Partes del expediente

  • Mauricio Alejandre Cacari

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil veintitrés. Informa trámites Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a través del cual remite copia del auto emitido el treinta de julio de dos mil veintitrés dictado dentro del expediente 253/2021. Con lo anterior, se le tiene informando los trámites que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.oms

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución de ocho de junio de dos mil veintitrés, en la que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a Mauricio Alejandre Cacari. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO Se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 258 de la ley de la materia en vigor. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es la siguiente: ".Si a la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución, aún no se han desahogado en su totalidad las pruebas pendientes en autos, de inmediato, la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dicte todas las medidas necesarias a efecto de dar celeridad al procedimiento laboral, y provea lo que corresponda en torno para dar impulso al desahogo de las pruebas pendientes, a efecto de que todas se verifiquen dentro de los términos que la Ley Federal del Trabajo establece." RESPECTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO Tomando en consideración que las Juntas y Tribunales Laborales son organismos jurisdiccionales con competencia definida para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, y por ello las determinaciones de su titular gozan de plena autonomía e independencia; de modo que, en la especie no es factible requerir a una autoridad diversa en términos artículo 194 de la Ley de Amparo, pues dada su envestidura no tiene superior jerárquico que tenga poder o mando que pueda obligarla a actuar o dejar de actuar en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en este controvertido constitucional. Cobra aplicación sobre el particular, la jurisprudencia 36/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto que sigue. "Época: Décima Época Registro: 2000099 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 36/2011 (10a.) Página: 3515 JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. . De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.", Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo X-543/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderado Eduardo Blanco Cervantes contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en EL Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y remitido el cinco del mes y año citado por razón de turno, a este Juzgado Federal, ********************, por conducto de su apoderado Eduardo Blanco Cervantes, promovió demanda de amparo indirecto contra la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. El quejoso precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído once de mayo de dos mil veintitrés, previo cumplimiento de prevención se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que en esta instancia constitucional reclama: De la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. La omisión de insistir en el desahogo de las pruebas y tomar las medidas necesarias para que las autoridades exhortadas lleven a cabo lo requerido, es decir de remitir los documentos base del cotejo, y de darle seguimiento hasta lograr el desahogo de las pruebas ordenadas. También se reclama de la Junta responsable la omisión de tomar las medidas para desahogar todas y cada una de las pruebas del juicio laboral de origen en los plazos que señala la Ley Federal del Trabajo. Respecto de la Secretaria Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se reclama: La omisión de desahogar de los cotejos y/o compulsa, ordenados por la Junta Especial No. 30 de la Federal de Conciliación en el expediente laboral 253/2021. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, negó la existencia de los actos que se les reclama; sin embargo, dicha manifestación debe desvirtuarse en razón de que de las constancias remitidas se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -cuatro de mayo de dos mil veintitrés-, existía el acto reclamado, toda vez que, existen pruebas pendientes de desahogar (específicamente cotejos y compulsas de varias documentales), sin que se advierta de las constancias remitidas por dicha autoridad, que haya realizado gestiones actuales para que las pruebas pendientes se verifiquen. En esos términos lo procedente es considerar ciertos los datos asentados por la parte quejosa en su escrito de demanda, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que las omisiones existen. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Registro digital: 249047 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, página 15 Tipo: Aislada "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido". Además, dicha existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la autoridad responsable remitió junto con el informe de ley concerniente a la copia certificada del juicio laboral 253/2021. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancia emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de la que se desprende la existencia de la omisión reclamada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Secretaria Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en la audiencia constitucional, se le tuvo como omisa en rendir el informe solicitado. Por tanto, se presume cierta la omisión reclamada, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 750, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 831, Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal, Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Materia Común, Novena Época, registro 1002816, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías". SEXTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa que torne improcedente el juicio constitucional, bien porque se advierta de oficio o la haga valer parte legítima. Es aplicable al caso la siguiente jurisprudencia que establece lo siguiente: Época: Octava Época Registro: 222780 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Mayo de 1991 Materia(s): Común Tesis: II.1o. J/5 Página: 95 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora, sin que este órgano jurisdiccional advierta de manera oficiosa que se actualice alguna causal de improcedencia en el presente juicio de amparo, se procede al estudio del fondo de la cuestión planteada, dando respuesta a los conceptos de violación. SÉPTIMO. Conceptos de violación. La parte promovente del amparo expresó como concepto de violación el que se encuentra contenido en su escrito de demanda, mismo que se tiene por reproducido sin necesidad de transcribirlo pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 58/2010, la cual es del siguiente tenor: "Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 164618 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Página 830 Jurisprudencia (Común CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. " OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. El único concepto de violación aducido es esencialmente fundado. Ahora bien, previo al pronunciamiento que este órgano de control realice, es preciso señalar que el estudio del acto reclamado en la demanda de amparo debe realizarse de manera exhaustiva en todos los apartados que contenga la demanda de amparo, esto a fin de que el órgano de control constitucional esté en aptitud de impartir una justicia completa e integral atendiendo a las solicitudes del gobernado, debiendo analizar el que la actuación de la autoridad responsable siempre sea en apego al respeto de los derechos humanos de la persona, y en caso de que se advierta alguna inconformidad que pueda vulnerarlos realizar el pronunciamiento respectivo. Precisado lo anterior, se tiene que la parte quejosa reclama medularmente la violación en su perjuicio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que efectivamente ha acontecido. Ahora bien, resulta correcta la apreciación del ahora solicitante de la tutela constitucional, pues efectivamente la actitud omisa de las autoridades responsables, resulta violatoria de la garantía de pronta impartición de justicia tutelada por el artículo 17 de la Constitución Federal, por lo siguiente. De la exégesis del precepto constitucional, se desprende la obligación para los tribunales encargados de la impartición de justicia de dictar sus resoluciones en forma pronta y expedita, imponiéndosele a la autoridad jurisdiccional sujetarse para ello a los términos que se establezcan en la ley que rija el acto. A fin de corroborar lo anterior conviene señalar que los artículos 880 y 883, de la Ley Federal del Trabajo, relativo a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas en el procedimiento ordinario, establecen las normas en cómo se debe desarrollar ésa fase procedimental (etapa de pruebas); donde una de ellas menciona que, cuando por la naturaleza de los medios de convicción admitidos, la autoridad considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, deberá señalar los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofertadas, procurando recibir primero las del actor y después las del demandado. Audiencia de desahogo de pruebas que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, en el entendido de que dicho periodo no podrá exceder de los treinta días. En esas condiciones, es necesario precisar los medios de convicción que fueron admitidos por la junta responsable, es por ello, que se pone a la vista en copia certificada la promoción 930 que obra en el juicio de amparo 1018/2021 de este índice, de la cual se desprende el auto de diez de enero de dos mil veintidós, en el cual se advierte las pruebas admitidas dentro del juicio laboral 253/2021 del registro de la junta responsable, asimismo, de las constancias remitidas por la el Presidente de la Junta responsable, previamente valoradas, se advierte del diverso proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, la regularización de algunos medios probatorios, por lo que con base a dichos proveídos se puede advertir, que la admisión de las siguientes pruebas: No Medios de convicción Desahogada Pendiente por desahogar Pruebas de la parte actora 1 Confesional a cargo de quien acredite tener facultades para absolver posiciones a nombre de la demandada Comisión Federal de Electricidad. SI (visible a fojas 52 y 53 del tomo de pruebas) 2 Perfeccionamiento de documentales, por medio de cotejo y compulsa de diversos documentos precisados en los aparatados 6), 7), 8), 9), 11), 12), 15), 16) 17), 18) 19), 20) y 21) del escrito de pruebas, a efecto de perfeccionar las documentales ofrecidas de su parte y que estarán a cargo de la demandada s exhibición. SÍ (De las constancias que obran en autos se advierte que no obra desahogo del cotejo y compulsa que se trata). 3 Requerimiento para que en vía de Informe el IMSS remita la información precisada mediante oficio 1085/2022 (visible a foja 67 del tomo de pruebas) SÍ (El IMSS dio contestación a fojas 76 a 81 del tomo de pruebas) 4 Requerimiento para que en vía de Informe el INFONAVIT remita la información precisada mediante oficio 1086/2022 (visible a foja 68 a 69 del tomo de pruebas) SÍ (El INFONAVIT dio contestación a foja 70 del tomo de pruebas) 5 Instrumental pública de actuaciones Sí (Desahogada por su propia y especial naturaleza en auto de 10/enero/2022) 6 Presuncional legal y humana Sí (Desahogada por su propia y especial naturaleza en auto de 10/enero/2022) Pruebas de la parte demandada 7 Confesional a cargo de la parte actora SI (visible a fojas 52 y 53 del tomo de pruebas) 8 Prueba testimonial a cargo de Jair Romero Polanco y María del Rosario Vázquez de León SI (visible a fojas 1 a 3 del tomo de pruebas) 9 Documentales públicas concernientes a los convenios fuera de juicio y que hace suyos la parte actora Sí (Desahogada por su propia y especial naturaleza en auto de 10/enero/2022) 10 Instrumental pública de actuaciones Sí (Desahogada por su propia y especial naturaleza en auto de 10/enero/2022) 11 Presuncional legal y humana Sí (Desahogada por su propia y especial naturaleza en auto de 10/enero/2022) 12 Cotejo y compulsa de los documentos precisados en los apartados 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13 del escrito de pruebas de la parte demandada, siendo en concreto los siguientes: (5) Acta de ratificación ante la Junta 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y diversas cláusulas del contrato colectivo ordinario de trabajo bienio 2018-2020. (6) Tabulador de salarios de trabajadores de confianza o permanentes de la CFE. (7) Tabulador de salarios de trabajadores sindicalizados o de base de la CFE. (8) Tabulador de salarios para el personal eventual sindicalizado que presta servicios en las obras de construcción de la Subdirección de Construcción de la CFE. (9) Copia del convenio CFE-SUTERM número CC 01/2015 de fecha 06/mayo/2015. (10) Circular 06/2018 de data dos de mayo de dos mil dieciocho (11) Copia del oficio N° CPTT.7C.817/09 de data siete de octubre de dos mil nueve. (13) Copia de 6 contratos colectivos de trabajo por obra determinada, considerando que se encuentran formando parte del contrato colectivo de trabajo único CFE-SUTERM vigente para el período 2018-2020. SÍ (Mediante proveído de 16/marzo/2022 la junta responsable ordenó girar exhorto a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, para que en auxilio de la junta responsable, comisione al actuario de su adscripción a efecto de que realice el cotejo y compulsa de diversos documentos que se encuentran físicamente en diferentes lugares en la Ciudad de México, los cuales se precisan en el referido auto visible a foja 10 del tomo de pruebas. Para dicha encomienda, se giró el oficio 1084/2022 visible a fojas 33 a 34 del tomo de pruebas. Ahora bien de lo anteriormente asentado se advierte que no están desahogadas las pruebas identificadas con los incisos 2) y 12); pues, de las constancias que obran en el juicio en que se actúa así como del tomo de pruebas, no hay constancias de las que se pueda desprender que se encuentran desahogadas; de ahí que se deduzca que se encuentran pendientes de desahogarse; y, dada la evidente dilación procesal en que han incurrido las autoridades responsables, por no ajustarse a los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo para el desahogo de las pruebas admitidas en el juicio de origen, por lo que es inconcuso la vulneración del artículo 17 constitucional. En tales condiciones, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para efecto que las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias: - Si a la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución, aún no se han desahogado en su totalidad las pruebas pendientes en autos, de inmediato, la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dicte todas las medidas necesarias a efecto de dar celeridad al procedimiento laboral, y provea lo que corresponda en torno para dar impulso al desahogo de las pruebas pendientes, a efecto de que todas se verifiquen dentro de los términos que la Ley Federal del Trabajo establece. La anterior concesión del amparo se delimita en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en que se sitúa el mismo. Cobra aplicación la tesis aprobada por la Segunda Sala en la Sesión del 20 de Noviembre de 2013 2ª. CV/2013 (10ª.), del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCION CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACION DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITUA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª/J.45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. TOMO DE PRUEBA. Con las constancias allegadas con el informe de cuenta, fórmese cuaderno de pruebas por separado y una vez que sea innecesaria su retención en este juzgado, devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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