Mauricio Cruz Alvarado

Expediente 293/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
293/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
28/06/2021

Partes del expediente

  • Mauricio Cruz Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a) y c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo y cuaderno original incidental, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo y negado la suspensión provisional y definitiva solicitadas, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. DUPLICADO DE INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy Fe./*arga*/*

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de abril de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de dieciocho de diciembre pasado, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de enero de dos mil veintiuno. QUEJOSO SOLICITA SE DICTE SENTENCIA. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Mauricio Cruz Alvarado; atento a su contenido, dígase al ocursante que mediante data de dieciocho de diciembre pasado, se llevó a cabo la audiencia relativa al juicio en que se actúa; asimismo, en esa misma fecha se dictó la sentencia correspondiente al mismo. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.*lsm.

  4. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 293/2020 promovido por Mauricio Cruz Alvarado, por su propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Por otro lado, en este acto se da cuenta con la promoción registrada con el número 10334, signada por el aquí quejoso, a través de la cual hace diversas manifestaciones en torno al juicio en que se actúa, las cuales se proveerán en el momento procesal oportuno de la presente audiencia. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en ausencia temporal del Jefe de la misma, con sede en la ciudad de México. Capitán de Navío del Servicio de Justicia Naval, Jefa Occidental de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina. Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación de la misma. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente obran en autos, los que la parte quejosa adjuntó a su escrito recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el dieciséis de octubre del año en curso, pruebas que se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir más pruebas que tener por desahogadas, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obran en autos los formulados por la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, a través del pedimento 347/2020, presentado ante la oficialía de partes el dieciséis de octubre pasado, así como los formulados por la parte quejosa en esa misma fecha y en el escrito que se provee en la presente audiencia constitucional. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 293/2020, promovido por MAURICIO CRUZ ALVARADO, por su propio derecho, contra actos del Presidente de la República Mexicana y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo del dos mil veinte, ante el secretario de guardia de este Juzgado de Distrito en el Estado, MAURICIO CRUZ ALVARADO, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Presidente de la República Mexicana y otras autoridades. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 6, 7, 8, 9, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de dieciocho de mayo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose la misma con el número de expediente 293/2020; se solicitó de las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se impugna una norma general expedida y aplicable dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados, los cuales, una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo, así como las constancias que integran el presente juicio de derechos fundamentales, se concluye que reclama lo siguiente: El acuerdo publicado el once de mayo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. De los informes justificados rendidos por el Secretario de la Defensa Nacional y Secretario de Marina, se advierte que negaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Las referidas negativas se corroboran, pues de la norma impugnada no se observa que dichas autoridades hayan tenido intervención en la creación de la misma, ni en su aplicación. En mérito de lo anterior, lo que se impone es SOBRESEER en el juicio, respecto de los actos atribuidos a dichas autoridades, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO.- Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como los atribuidos al Secretario de Seguridad, y Protección Ciudadana, en sus respectivas esferas de competencia, consistentes en el proceso legislativo que culminó con el acuerdo tildado de inconstitucional. Además, se determina la anterior certeza en el actuar de las autoridades responsables, pues se encuentra probada con el hecho de que sus actos forman parte de un procedimiento legislativo, el cual, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no está sujeto a prueba, al tratarse de hechos públicos y notorios. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: Época: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Contradicción de tesis 23/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López. Tesis de jurisprudencia 65/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciséis de junio del año dos mil.". QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuando se advierta la actualización de alguna causa de improcedencia, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de pronunciarse de oficio, o bien, cuando así lo argumente alguna de las partes, puesto que para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. En ese sentido, este juzgador advierte que respecto del acuerdo reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 y la fracción I del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, pues como se demostrará a continuación, la parte quejosa no demostró que se hubiere aplicado el mismo en su perjuicio. Para una mejor comprensión de la causal de mérito, se transcriben los numerales antes citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." De dichos preceptos legales se obtiene que las disposiciones de carácter general pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir, si por su sola entrada en vigor irroga un perjuicio al gobernado (autoaplicativas); o bien, si requiere un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete sus efectos jurídicos (heteroaplicativas). La autoaplicación de las leyes, se actualiza cuando las obligaciones que de ella deriven nacen desde la entrada en vigor de ésta, independientemente de que no se actualice condición alguna y, en tal virtud, el juicio podrá ser promovido desde ese instante, pues se trata de disposiciones que, acorde al imperativo que contienen, vinculan al gobernado a su cumplimiento inmediato, en razón de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. En cambio, cuando la aplicación jurídica o material de una norma está sometida a la realización de un hecho futuro incierto, ésta tendrá el carácter de heteroaplicativa, ya que las obligaciones de hacer o no hacer, no surgen de manera inmediata por la entrada en vigor de tal disposición, sino que requieren un acto diverso de aplicación que la condicione, por lo que será hasta ese momento en que la esfera jurídica del quejoso se vea afectada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 55/97, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En estrecha relación con lo anterior, cabe señalar que en diversos criterios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para impugnar una ley en virtud de un acto concreto de aplicación, es menester que se cumpla (por regla general) con las condiciones siguientes: 1. La existencia del acto concreto de aplicación de la ley controvertida. 2. Que el acto concreto de aplicación cause perjuicio directo y actual a la esfera jurídica del gobernado. 3. Que ese acto de aplicación sea el primero, no ulteriores. 4. Que dicho acto de aplicación de la norma sea anterior a la presentación de la demanda de amparo. Congruente con ello, si no existe el acto de aplicación, el quejoso estará imposibilitado para combatir la ley con ese motivo, por ser requisito indispensable que demuestre la existencia de la aplicación de la norma en su perjuicio, ya que ese acto es lo que le otorga la posibilidad para combatirla en el juicio. Bajo ese contexto, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Aérea Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte. Sin embargo, de las constancias de autos, no se advierte que se haya aplicado el acuerdo que la parte quejosa reclama de inconstitucional, ni del contenido integral de su libelo constitucional se observa que haya manifestado a través de qué acto se aplicó dicha norma, ni en qué consistió la afectación que con ello se hubiere ocasionado a la esfera jurídica del peticionario del amparo. En ese orden, al no desprenderse claramente la aplicación material de la norma en cita, se concluye que la parte quejosa no está legitimada para combatir la misma, pues para ello, contrario a lo que refiere en sus escritos de alegados, era necesario que se demostrara, fehacientemente, la aplicación de los artículos contenidos en dicho acuerdo en su perjuicio, lo cual no puede derivar de presunciones o afirmaciones contenidas en la demanda, sino del contenido del supuesto acto de aplicación. Asimismo, se estima aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 196641 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Marzo de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 12/98 Página: 323 LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia. Amparo en revisión 2412/96. José María Samper y Porta y otro. 24 de enero de 1997. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Juan José Franco Luna. Amparo en revisión 291/96. Estela Aguilar Peña. 4 de abril de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: José Ángel Máttar Oliva. Amparo en revisión 481/97. Eréndira López López. 9 de abril de 1997. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Juan José Franco Luna. Amparo en revisión 853/97. Ricardo Margain Berlanga. 10 de octubre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: José Ángel Máttar Oliva. Amparo en revisión 3059/97. Francisco Cañedo Zavaleta. 30 de enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar. Tesis de jurisprudencia 12/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinte de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano.". Entonces, de todo lo expuesto con anterioridad, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por MAURICIO CRUZ ALVARADO, por su propio derecho, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa conEsperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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