Marycarmen Quero Patrón

Expediente 2344/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2344/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Marycarmen Quero Patrón

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, el alegato ministerial signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para que sea relacionado al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Y como lo solicita el Fiscal Federal, entréguesele copia de la sentencia que se pronuncie en este juicio y cuando las labores de este juzgado lo permitan. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión 2344/2023, promovido por ********************, en representación del menor de edad de identidad reservada e iniciales ********************, contra actos del ********************, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. (...) QUINTO. Análisis de la procedencia de la suspensión definitiva. Al respecto, procede analizar los requisitos para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo, conforme a lo que establecen los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales son los siguientes: I. LA MEDIDA CAUTELAR SE SOLICITA A PETICIÓN DE PARTE. Este requisito se tiene por cumplido, pues de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados. II. EXISTENCIA DE LOS ACTOS CUYA SUSPENSIÓN SOLICITA. El requisito se encuentra colmado, atendiendo a lo establecido en el considerando cuarto de la presente resolución. III. NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, el concepto de disposiciones de orden público comprende aquellas normas previstas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo es el de tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. En el caso particular, el suscrito considera que de ser procedente la suspensión del acto reclamado, no contravendrían disposiciones de orden público ni se causaría una afectación en la colectividad, pues la sociedad está interesada en el respeto del derecho a la educación y del interés superior de la infancia, con apego a lo establecido constitucionalmente para ello. IV. ANÁLISIS PONDERADO DEL CASO CONCRETO ENTRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. Conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, esto con el propósito de determinar la procedencia de la suspensión, se debe ponderar la estimación que se obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. En ese sentido, la parte promovente ********************, señaló bajo protesta de decir verdad, que su hijo, es decir, la persona menor de edad de identidad reservada iniciales ********************., de ******************** años, se encuentra cursando el primer año de bachillerato en la institución educativa ********************, y que, por conducto de la directora de la referida institución educativa, derivado de reiteradas infracciones su reglamento, fue sancionado a su expulsión y, como consecuencia a la baja de dicho centro educativo. (.) Por su parte las autoridades responsables Directora y Apoderada de la Preparatoria de Educación Peninsular Asociación Civil, aportaron documentales relativas a notas de seguimiento académico, reporte conductual de la persona menor de edad de identidad reservada iniciales ********************., fotografías de una persona menor de edad con aparentes lesiones, impresiones de conversaciones de whatsapp y una memoria usb con un video en un salón de clases, en donde, se señala la existencia de conductas de agresión y violencia por parte del menor quejoso a una compañera de clase. (.) Ahora, previo a pronunciarse respecto a la concesión de la medida cautelar, resulta pertinente establecer que el directo quejoso es un adolescente que se encuentra estudiando el primer grado de bachillerato, y por ello, este órgano jurisdiccional debe tomar en cuenta el contenido del principio del interés superior de la infancia, así como el derecho a la educación inmerso en la problemática sometida en el juicio de amparo -acoso escolar- que dio origen a la baja y expulsión del quejoso, tal y como se mencionó en párrafos anteriores. El interés superior de la niñez, está previsto en el párrafo noveno, del artículo 4º constitucional, en los términos siguientes: (.) En ese orden, las decisiones que adopten las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior de la infancia y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate. Por otro lado, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", establece: "Artículo 19. Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado". Por lo anterior, toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho de una niña, niño y adolescente, debe tomar en cuenta el interés superior de la niñez y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia. Así, con base en las premisas jurídicas y precedentes referidos, se arriba a la conclusión de que el interés superior del menor implica que éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Resulta ilustrativa, la tesis de jurisprudencia P./J. 7/2016 (10a.), de contenido siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. (.)." Ahora, en relación al derecho a la educación, este está a cargo del Estado, previsto en el artículo 3º, párrafos primero, noveno y décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. (.) Por lo anterior, se puede concluir que el actuar las instituciones educativas como -la señalada como autoridad responsable-, están reguladas por una norma general, en donde se precia las acciones que deben realizar en casos de acoso escolar, a efecto de proteger la dignidad, integridad, educación, no discriminación y tomar medidas necesarias para prevenir y combatir casos de violencia escolar entre sus estudiantes observando el principio de interés superior de menor. Apoya lo anterior, lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 35/2014, en donde determinó: Por lo anterior, esta Primera Sala estima que cuando las instituciones privadas prestan servicios públicos educativos a menores -o desarrollan actividades relacionadas con los niños en general-, se encuentran vinculadas por el principio del interés superior del menor. En estas condiciones, el centro que preste el servicio educativo está obligado a proteger los derechos del niño a la dignidad, integridad, educación y no discriminación. Lo anterior no debe entenderse en el sentido de que el Estado resulta desplazado de su deber de velar por la protección de los derechos del menor cuando éste se encuentre bajo el cuidado de un centro educativo privado. Más bien, la exigibilidad de los deberes de protección tiene un carácter complejo, en tanto los derechos correlativos a dichos deberes son oponibles, por un lado, a todos los poderes públicos dentro del Estado - desde el legislador y la administración, escuelas públicas y profesores del Estado, hasta los tribunales -; pero por otro lado, también a los particulares, como lo son profesores, educadores, directivos o escuelas privadas en general. De acuerdo a esta idea, los tribunales deben atender a los valores que subyacen al interés superior del niño, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto. Por ende, y en virtud de la fuerza normativa de la Constitución, las escuelas privadas también deben regirse por las normas que garantizan la protección de los derechos del menor». Expuesto lo anterior, en el presente caso el suscrito considera que no se afectaría el interés social, pues por el contrario, de no concederse se afectaría directamente la esfera jurídica del directo quejoso adolescente de identidad reservada e iniciales ********************. pues con la baja o expulsión del centro de estudios que reclama de las instituciones educativas, se vulnera su derecho a la educación, en relación con el principio del interés superior de la infancia. Ahora bien, las autoridades responsables Directora y Apoderada de la Preparatoria de Educación Peninsular Asociación Civil, señalan que no debe concederse la suspensión definitiva, en razón de que se pondría en riesgo y se vulnerarían derechos fundamentales de menores edad que han sido víctimas de violencia, y que derivaron en la baja y expulsión del adolescente de identidad reservada e iniciales ********************.. Sin embargo, como se expuso en párrafos precedentes, las instituciones educativas, en términos de la Ley para la Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia en el Entorno Escolar del Estado de Yucatán, dispone que en los servicios educativos que se impartan en el Estado, será obligatorio que el personal docente, directivos escolares y personal administrativo cursen los programas de capacitación que la Secretaría de Educación diseñe para conocer, prevenir, combatir y erradicar la violencia en el entorno escolar. Lo anterior, pues se precisa que cuando se tenga conocimiento de casos de violencia en cualquiera de las manifestaciones definidas en la Ley o de la comisión de algún delito en agravio de los estudiantes, deben hacerlo del conocimiento inmediato y, en su caso, presentarán la denuncia correspondiente, ante la autoridad competente e informarán a los padres, madres de familia o tutores de los estudiantes involucrados. En ese sentido, dichas instituciones se encuentran obligadas a actuar en todo momento con debida diligencia y canalizar de manera inmediata a los estudiantes receptores y generadores de violencia en el entorno escolar, a las instituciones correspondientes, pues se pueden imponer infracciones a los centros escolares, que toleren o consientan la violencia en el entorno escolar; que no tomen las medidas necesarias para prevenir y combatir los casos violencia en el entorno escolar. Conforme a lo anterior, es que con los datos con los que se cuenta hasta este momento, puede advertirse que las actuaciones realizadas por la escuela responsable ha modificado la situación jurídica del menor quejoso en forma unilateral, pues derivado de su baja y expulsión se le afecta en su derecho a recibir educación en dicho centro escolar. Ello es así, porque la propia Ley para la Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia en el Entorno Escolar del Estado de Yucatán, en su artículo 39, establece que la Secretaría de Educación será la responsable de aplicar, previa investigación y sin afectar el derecho de audiencia del estudiante generador de violencia o de sus padres o tutores, la sanción correspondiente. No se desatiende que la autoridad responsable conforme a las documentales aportadas, precisa que de concederse la suspensión definitiva, se pondría en riesgo y se vulnerarían derechos fundamentales de menores edad que han sido víctimas de violencia, y que derivaron en la baja y expulsión del adolescente de identidad reservada e iniciales ********************., sin embargo, como se expuesto en párrafos precedentes, dicho centro educativo se encuentra obligada a tomar las medidas necesarias para prevenir y combatir los casos violencia en el entorno escolar, aunado a que como se precisó en el párrafo que antecede, es la Secretaría de Educación la responsable de aplicar, en su caso, la sanción correspondiente. Consecuentemente, al tenerse por acreditada los requisitos establecidos por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, LO QUE PROCEDE ES OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA para el efecto del adolescente quejoso ********************. continúe ejerciendo los derechos que son inherentes a su calidad de estudiante en el centro educativo al cual se encontraba inscrito, bajo las condiciones que regían hasta antes de la emisión del multicitado oficio de baja o expulsión y de igual forma, se tomen las medidas necesarias por parte del centro educativo para prevenir y combatir los casos violencia en el entorno escolar; ello hasta en tanto se notifique que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en el cuaderno principal. Ello, pues en el fondo del juicio de amparo se analizará si fue constitucional y conforme a derecho la baja o expulsión de la menor quejosa, por lo que, de no conceder la suspensión se causaría un daño irreparable a la pretensión del adolescente quejoso, pues se estaría causando daños de imposible reparación al privarle de su derecho humano a la educación, y dichos efectos no podrían repararse, ni siquiera en el caso de que el quejoso obtuviera fallo favorable, de tal forma que, no podría tutelarse el interés superior de la infancia en toda su extensión. Seguidamente, es importante invocar para aplicación del caso en concreto la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA UN EFECTO DIVERSO AL SOLICITADO POR EL QUEJOSO". Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, en su parte conducente, la tesis I.15o.A.40. A, registro 176801, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en materia del Administrativa del Primer circuito, consultable en la página 2510, Tomo XXII, octubre de 2005, Novena Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 176801, que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN. PROCEDE CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE EXPULSA A UN ALUMNO DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA." (.) Cuya aplicación en términos del artículo sexto transitorio del decreto de dos de abril de dos mil trece, es aceptable a pesar de que fue emitida con anterioridad a la legislación de la materia vigente, toda vez que su contenido no se contrapone con ésta. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se establece el siguiente punto resolutivo y este Juez, R E S U E L V E: PRIMERO. Se NIEGA la suspensión definitiva a ********************, en representación del menor de edad de identidad reservada e iniciales ********************, la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. SE CONCEDE a ********************, en representación del menor de edad de identidad reservada e iniciales ********************, la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables en el considerando cuarto, por los motivos expuestos en el último considerando de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida físicamente por ******************** en representación del menor de edad de identidad reservada e iniciales ********************, contra actos del Colegio Peninsular Rogers Hall y otras autoridades, con residencia en esta ciudad, al respecto se provee: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 2344/2023. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que la promovente reclama del Colegio Peninsular Rogers Hall y otras autoridades, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La baja (expulsión) del menor de edad de identidad reservada e iniciales ********************, como alumno de la institución educativa. HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. Conforme a la precisión del acto reclamado, la hipótesis de procedencia se ubica en la fracción II del artículo 107 de la Ley de Amparo, al tratarse de actos que provienen de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. ADMISIÓN. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 33, fracción IV, 37, 108, 112, 115, 116, 117 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; se admite la demanda. SOLICITUD DE INFORME CON JUSTIFICACIÓN. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, la responsable, deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe. APERCIBIMIENTO. De no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en la fracción ll, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por la cantidad de $3,112.2 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), que equivale a treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con artículo 251 de la ley de la materia. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DOCE HORAS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS; ello, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo. Sin que haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de suspensión solicitado, para lo cual, dese nueva cuenta con la demanda de amparo que se recibe. VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO. Dese la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. TERCERO INTERESADO. De una lectura integral de la demanda no se desprende que se actualice alguno de los supuestos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo cual se determina que a la fecha no existe tercero interesado, sin perjuicio de que con posterioridad se puede reconocer ese carácter a alguna persona, una vez que obren datos que comprueben esa situación. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia se tiene por ofrecida las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa para ser relacionadas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda de amparo, y como su autorizado en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en su demanda de Amparo, en virtud de que no acreditaron el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Del mismo modo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa y a sus autorizados el uso de aparatos como cámaras, grabadoras o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. Asimismo, se tiene por señalado los números de teléfono y correos electrónicos, únicamente para entablar comunicaciones no procesales. JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo 2344/2023, del que deriva este incidente de suspensión, promovido ******************** en representación del menor de edad de identidad reservada e iniciales ********************, contra actos del ******************** y otras autoridades, todas con residencia en esta ciudad; con fundamento en los artículos 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se tramita por cuerda separada el incidente de suspensión solicitado. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO. Con apoyo en el numeral 138 de la citada ley, entréguese copia simple de la demanda de amparo a las autoridades responsables y requiérasele su correspondiente informe previo, el que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído, apercibidas que de no hacerlo dentro del término fijado, se les impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. AUDIENCIA INCIDENTAL. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTICUTRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la ley en comento. Sin que haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles en lo futuro el señalamiento de una nueva hora y fecha para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por tanto, si la audiencia incidental se difiere, la data acordada para ese efecto se podrá consultar en la página https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que la promovente reclama del ******************** y otras autoridades, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La baja (expulsión) del menor de edad de identidad reservada e iniciales ********************, como alumno de la institución educativa. ESTUDIO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Al respecto, procede analizar los requisitos para conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo, conforme a lo que establecen los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales son los siguientes: I. LA MEDIDA CAUTELAR SE SOLICITA A PETICIÓN DE PARTE. Este requisito se tiene por cumplido, pues de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados. II. EXISTENCIA DE LOS ACTOS CUYA SUSPENSIÓN SOLICITA. El requisito se encuentra colmado, ya que para decidir sobre la suspensión provisional debe atenderse a las manifestaciones contenidas en la demanda de amparo, por lo que el Juez debe partir del supuesto de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. III. NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, el concepto de disposiciones de orden público comprende aquellas normas previstas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo es el de tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. En el caso particular, el suscrito considera que de ser procedente la suspensión del acto reclamado, no contravendrían disposiciones de orden público ni se causaría una afectación en la colectividad, pues la sociedad está interesada en el respeto del derecho a la educación y del interés superior de la infancia, con apego a lo establecido constitucionalmente para ello. IV. ANÁLISIS PONDERADO DEL CASO CONCRETO ENTRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. Conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, esto con el propósito de determinar la procedencia de la suspensión, se debe ponderar la estimación que se obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. (...) La indicadas documentales, son valoradas conforme lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, mediante los cuales se acredita de manera indiciaria, en relación a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que la promovente es madre de la persona menor de edad de identidad reservada iniciales ********************, quien cuenta con ******************** años de edad, y que se encuentra cursando el primer año de bachillerato en la institución educativa ******************** y que, derivado de reiteradas infracciones su reglamento, fue sancionado a su expulsión y, como consecuencia a la baja de dicho centro educativo. Ahora, previo a pronunciarse respecto a la concesión de la medida cautelar, resulta pertinente establecer que el directo quejoso es un adolescente que se encuentra estudiando el primer grado de bachillerato, y por ello, este órgano jurisdiccional debe tomar en cuenta el contenido del principio del interés superior de la infancia, así como el derecho a la educación inmerso en la problemática sometida en el juicio de amparo que dio origen a los actos impugnados, tal y como se mencionó en párrafos anteriores. El interés superior de la niñez, está previsto en el párrafo noveno, del artículo 4º constitucional, en los términos siguientes: "Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis 1a. CCCLXXIX/2015 (10a.), de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO", donde sostuvo que el interés superior de la infancia puede proyectarse en tres diferentes dimensiones: Como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés del infante sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida. Como principio interpretativo fundamental, en sentido de que, si una norma jurídica acepta más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva los derechos y libertades de los infantes. Como norma de procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más infantes deberá incluirse en el proceso de decisión una estimación de las posibles repercusiones en ellos. Asimismo, la propia Primera Sala del Máximo Tribunal, en la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO", determinó que la expresión del interés superior de la infancia, implica que el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, y el pleno ejercicio de sus derechos, deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, el interés superior de la niñez, como principio jurídico protector, se constituye en una obligación para todas las autoridades estatales a propósito de asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de las personas infantes, es decir, implica una prescripción de carácter imperativo, cuyo contenido es la satisfacción de todos sus derechos para potencializar el paradigma de la protección integral. A su vez, la Primera Sala del Alto Tribunal, en la tesis 1a. CXXII/2012 (10a.), de título: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PRINCIPIO JURÍDICOPROTECTOR", estableció que el interés superior de la niñez -enfocado en el deber estatal- se actualiza cuando en la normativa jurídica se reconocen expresamente el cúmulo de derechos y se dispone el mandato de efectivizarlos en su contenido y protección, que permite su eficacia jurídica. Esta dimensión del interés superior conlleva el reconocimiento de un núcleo de derechos que no admiten restricción alguna y que, por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza a las autoridades (núcleo duro de protección reforzada); y, dentro de éstos se ubican: el derecho a la vida, la nacionalidad y la identidad, la libertad de pensamiento y de conciencia, salud, educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar actividades propias de la edad; y, además, implica la obligación de priorizar las políticas destinadas a garantizar el núcleo duro de derechos. Por otra parte, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, en la jurisprudencia 2a./J. 113/2019 (10a.), de rubro: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE", señaló que dicho principio debe considerarse como primordial en todas las decisiones, actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. En ese orden, las decisiones que adopten las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior de la infancia y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate. Por otro lado, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", establece: "Artículo 19. Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado". Por lo anterior, toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho de una niña, niño y adolescente, debe tomar en cuenta el interés superior de la niñez y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia. Así, con base en las premisas jurídicas y precedentes referidos, se arriba a la conclusión de que el interés superior del menor implica que éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Resulta ilustrativa, la tesis de jurisprudencia P./J. 7/2016 (10a.), de contenido siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. (...)" Ahora, en relación al derecho a la educación, este está a cargo del Estado, previsto en el artículo 3º, párrafos primero, noveno y décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República; para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales..." El precepto constitucional trascrito, protege el derecho fundamental a la educación de toda persona y, en correlación con el artículo 4º, de la misma norma fundamental, prioriza el interés superior del infante en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Por tanto, en el presente caso el suscrito considera que no se afectaría el interés social, pues por el contrario, de no concederse se afectaría directamente la esfera jurídica del directo quejoso (adolescente de identidad reservada e iniciales ******************** pues se encuentra inmerso su derecho a la educación, en relación con el principio del interés superior de la infancia. En el caso particular, de los autos que integran el presente cuaderno incidental se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente la baja o expulsión del centro de estudios del adolescente de identidad reservada e iniciales ******************** Y solicita la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y cesen los actos reclamados. En consecuencia, con los datos con los que se cuentan hasta este momento y de forma preliminar, se estima que la actuación de las autoridades responsables pudiera resultar arbitraria y, por ende, transgresora de los derechos de la parte quejosa. En consecuencia, al tenerse por acreditados los requisitos establecidos por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, LO QUE PROCEDE ES OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA para el efecto del adolescente quejoso ******************** continúe ejerciendo los derechos que son inherentes a su calidad de estudiante en el centro educativo al cual se encontraba inscrito, bajo las condiciones que regían hasta antes de la emisión del multicitado oficio de baja/expulsión; ello hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Ello, pues en el fondo del juicio de amparo se analizará si fue constitucional y conforme a derecho la baja o expulsión de la menor quejosa, por lo que, de no conceder la suspensión se causaría un daño irreparable a la pretensión del adolescente quejoso, pues se estaría causando daños de imposible reparación al privarle de su derecho humano a la educación, y dichos efectos no podrían repararse, ni siquiera en el caso de que el quejoso obtuviera fallo favorable, de tal forma que, no podría tutelarse el interés superior de la infancia en toda su extensión. Seguidamente, es importante invocar para aplicación del caso en concreto la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA UN EFECTO DIVERSO AL SOLICITADO POR EL QUEJOSO". Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, en su parte conducente, la tesis I.15o.A.40. A, registro 176801, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en materia del Administrativa del Primer circuito, consultable en la página 2510, Tomo XXII, octubre de 2005, Novena Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 176801, que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN. PROCEDE CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE EXPULSA A UN ALUMNO DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado procede cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese sentido, estando además satisfechos los otros requisitos previstos en las diversas fracciones del citado artículo 124, procede otorgar esa medida cautelar contra los efectos de las resoluciones que determinan la expulsión de un alumno, pues su concesión tendrá como único efecto permitir al quejoso continuar ejerciendo los derechos que son inherentes a su calidad de estudiante, en tanto se determina la constitucionalidad del procedimiento que cuestiona, sin que esto ponga en riesgo el interés social ni el orden público, dado que el objeto de la legislación universitaria es salvaguardar los intereses de los miembros exclusivos de esa comunidad y, en consecuencia, los preceptos que la conforman no pueden estimarse en su totalidad de orden público e interés social, por mucho que la sociedad se encuentre interesada en el cumplimiento de esas disposiciones para la salvaguarda de las instituciones educativas. En esos términos, si lo reclamado en el juicio de amparo es la expulsión de un alumno determinado en un procedimiento seguido por conductas graves sancionadas por la legislación universitaria, procede conceder la suspensión, pues de no otorgarse, sobre la base de que el quejoso es peligroso para la comunidad universitaria según lo actuado en el procedimiento y lo determinado por las autoridades universitarias, implica prejuzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, cuando su análisis es materia del fondo del asunto; además de que de no concederla se causaría un daño de difícil reparación al alumno quejoso, al no ser posible restituirlo en el goce de los derechos que en determinado tiempo debió ejercitar, tales como asistir a clases, presentar exámenes e, incluso, inscribirse en el siguiente curso, con la correspondiente pérdida de tiempo y oportunidades, así como el consecuente descrédito personal, y la demora para realizar los trámites correspondientes oportunamente. Cuya aplicación en términos del artículo sexto transitorio del decreto de dos de abril de dos mil trece, es aceptable a pesar de que fue emitida con anterioridad a la legislación de la materia vigente, toda vez que su contenido no se contrapone con ésta. GARANTÍA. No es el caso fijar garantía en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo, porque este tribunal no reconoció el carácter de tercero interesado a alguna persona que pudiera sufrir daños o perjuicios con el otorgamiento de la medida cautelar. SOLICITUD DE COPIA CERTIFICADA. Finalmente, como lo solicita la parte quejosa, expídasele copia autorizada de la medida suspensional, previa constancia que por su recibo obre en autos, por conducto de la persona autorizada que para tal efecto indicó en su escrito inicial de demanda. NOTIFÍQUESE.

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