Mauricio Espinosa Llanes
Expediente 1923/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1923/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Mauricio Espinosa Llanes
- MAURICIO ESPINOSA LLANES y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y atendiendo que ha transcurrido el término al que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, con relación a los numerales 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Ahora, el fallo protector se emitió con los siguientes efectos: (.) En tal virtud, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia de amparo. Se apercibe a la responsable, que en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado se le impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace saber a la autoridad responsable del cumplimiento de la sentencia, que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se le conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V I S T O S los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo 1923/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, y; (...) CUARTO. Causas de improcedencia y sobreseimiento En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Al respecto, si bien podría decirse que se actualiza el motivo de improcedencia señalado en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, pues con fecha seis de octubre de dos mil veintitrés se otorgó a las partes el término de dos días para que formulen sus alegatos en el procedimiento de origen. Sin embargo, lo cierto es que la propia parte quejosa señaló en su demanda de amparo que desde el cinco de enero de dos mil veintidós presentó escrito en el que se desistió de la última prueba pendiente de desahogarse, sin que dicho desistimiento hubiera sido proveído, antes de la presentación de la demanda. Además, de autos, se advierte que la responsable no había ordenado actuación alguna con el fin de no paralizar el procedimiento, pues antes de la emisión del auto en el que se concedió a las partes el término de dos días a fin de que presenten por escrito sus alegatos, no había gestionado acto alguno tendiente a integrar el juicio laboral de origen y, en su momento, dictar el laudo correspondiente. Por ende, al advertirse una abierta dilación, el análisis para determinar si los motivos de disenso son fundados, infundados, ineficaces o inoperantes involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del asunto; por tanto, no se actualiza dicha causa de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 135/2001 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002, visible a página 5, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Al no advertirse de oficio alguna otra de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ni que las partes las hicieran valer, se continúa con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis ahí descritas. Por tanto, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. QUINTO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado En el estudio del presente asunto, serán examinados los argumentos contenidos en la demanda de amparo, razón por la que es innecesaria su transcripción. Además, en el particular, el accionante del amparo es la parte trabajadora en el juicio laboral de origen, por lo que el estudio de los motivos de disenso podrán ser suplidos en su deficiencia, acorde a lo que establece la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo. La parte quejosa de amparo arguye que la Junta responsable vulnera el derecho de pronta impartición de justicia, ya que ha paralizado el procedimiento natural, debido a que desde el cinco de enero de dos mil veintidós presentó escrito en el que se desistió de la última prueba pendiente de desahogarse, sin que dicho desistimiento hubiera sido proveído, antes de la presentación de la demanda, y por consiguiente, sin que se haya dictado el laudo respectivo. Es fundado el concepto de violación. En efecto, el derecho humano de acceso a la jurisdicción se encuentra reconocido en el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales competentes para ello, quienes además deberán impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones bajo los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora, en el asunto que nos ocupa, de los citados principios de acceso a la justicia, sirve invocar el de justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia, así como la conclusión de la conflicto, incluida la etapa de ejecución de las sentencias. Ilustra lo antes dicho, en lo conducente, del criterio 1a./J. 103/2017 (10a.) que ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN." Ahora, en materia laboral, el en el capítulo XVII de la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 885 al 890 (en su texto posterior la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce), establecen que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo; con el que se dará una copia a cada uno de los miembros de la Junta, para que en el plazo de cinco días, de estimarlo necesario, soliciten que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. Hecho lo anterior, la Junta tendrá un plazo diez días a partir de que haya trascurrido el diverso de cinco días referidos, para que se lleve a cabo la discusión y votación del proyecto de resolución en forma de laudo. En el caso que se analiza, de las constancias que adjuntó la Junta responsable a su primer informe justificado de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se advierte que hasta ese momento no había proveído lo relativo al escrito en el que la parte actora se desistió de la última prueba pendiente por desahogar, pues manifestó que dentro del juicio laboral ******************** aún se encontraba pendiente de desahogarse la prueba pericial ofrecida por la parte actora, y señalando que no era el momento procesal oportuno para dictar la resolución que ponga fin a dicho juicio (foja 15). Previo requerimiento de aclaración, la Presidenta de la Junta responsable informó que el seis de octubre de dos mil veintitrés se dictó un acuerdo en el que se concedió a las partes en el juicio laboral de origen, el término de dos días para que presenten por escrito sus alegatos, a fin de que posterior a ello, se realice la certificación correspondiente relativa a que no quedan pruebas pendientes por desahogar y el dictado del cierre de instrucción. De lo anterior, se aprecia que antes del dictado de ese acuerdo, transcurrieron al menos un año y nueve meses sin que la responsable hubiere gestionado acto alguno con el fin de integrar el juicio laboral de origen (es decir, que hubiera acordado lo relativo al desistimiento de la parte actora de la última prueba pendiente por desahogar y por ende integrar el expediente para el dictado del laudo correspondiente), lo que resulta inadmisible atendiendo a la naturaleza del procedimiento laboral y a lo dispuesto por el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo. De esa forma, del análisis de la demanda de amparo y las constancias allegadas, se concluye que la responsable ha vulnerado, en perjuicio de la parte quejosa, el derecho fundamental que consagra el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, y que la misma sea pronta y expedita. Por identidad, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 8/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO." En esa tesitura, ante la violación al derecho humano de pronta impartición de justicia, es que debe concederse el amparo solicitado, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. No pasa inadvertido para este juzgado que en acuerdo de diez de octubre de dos mil veintitrés se agregó a los presentes autos el informe justificado aclaratorio de la responsable; sin embargo, dado que se acreditó la vulneración al ordinal constitucional en mención al existir una abierta dilación. Por ende, a ningún fin práctico conllevaría esperar que transcurra el plazo de ocho días correspondientes a la vista a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo con ese informe si, al final, el resultado sería el mismo. SEXTO. Efectos de la protección constitucional En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese tenor, la concesión de amparo será para el efecto siguiente: A. La Junta responsable dicte el laudo correspondiente en el juicio laboral ********************, de su índice. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 74 y 77 y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra la omisión de la responsable Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo, para los efectos señalados en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio rendido por la Presidenta de la Junta Especial número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, aclara su correspondiente informe justificado; en consecuencia, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y anexos que acompaña, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicha documentación y hágase relación de la misma al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, del contenido del informe de cuenta se advierte que la autoridad informe que dentro del juicio laboral ******************** aún queda pendiente por desahogarse la prueba pericial ofrecida por la parte actora, por lo que aún no es el momento procesal oportuno para dictar la resolución que ponga fin al juicio. Sin embargo, de las manifestaciones que realizó la parte quejosa en su demanda de amparo, se aprecia que respecto la última prueba pendiente por desahogarse, se desistió a través de memorial de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, el cual fue presentado el cinco de enero de dos mil veintidós, por lo que a su consideración, desde esa fecha no quedan más pruebas pendientes por desahogarse, y a la fecha, refiere que la responsable ha sido omisa en dictar el laudo correspondiente (acto aquí reclamado). En virtud de lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones y no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del término de tres días, computado a partir de su notificación, aclaren su informe justificado respecto a lo antes asentado. En el entendido que deberá hacer manifestación expresa respecto a la omisión dictar el laudo en autos del juicio laboral ********************, que reclama la aquí quejosa, así como el desistimiento de la prueba a que hace referencia en su demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía en su razonamiento, la tesis I.7o.P.101 P (10a.) del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo IV, visible a página 2217, del rubro y texto siguientes: (.) Apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se les impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en la fracción ll, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.
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