Martin René Manrique Sanguino

Expediente 1103/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1103/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Martin René Manrique Sanguino
  • Oficina Estatal del Centro Federal de Conciliación Y Registro Laboral Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    En Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Ulises Flores Luna, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. Enseguida, se hace la relación de las constancias del juicio, en entre las cuales se encuentra la demanda de amparo, el auto de admisión, emplazamiento del agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado los informes con justificación de las autoridades responsables, y el resto de las actuaciones de trámite. De igual manera, se da cuenta que en el auto de admisión de la demanda se determinó que no se advirtió la existencia de algún tercero interesado y que de las constancias remitidas por las responsables se inadvierte que en el expediente de origen se haya emplazado a alguna contraparte del aquí quejoso. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede, la cual será analizada al dictar sentencia. Por otra parte, debido a que en el trámite del expediente de origen no se realizó emplazamiento de alguna contraparte del aquí quejoso, debe considerarse que hasta el momento no existe alguna persona con calidad de tercero interesado. Apoya lo anterior, por sus razones esenciales, la jurisprudencia con registro 167160, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: «TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003)». Luego, se abre el período probatorio en el cual se da cuenta al Juez con las documentales ofrecidas por la parte quejosa que se anexaron a su demanda presentada vía electrónica, consistentes en: 1) Acuse de solicitud de conciliación, de siete de marzo de dos mil veintitrés, relativa al expediente con folio***; 2) Constancia de incompetencia de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, relativa al expediente con número de identificación único *****; y, 3) Contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Servicio Postal Mexicano y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, así como las pruebas de presunciones y la instrumental de actuaciones. Por otra parte, con las documentales ofrecidas por las autoridades responsables, que fueron remitidas al rendir sus informes justificados, consistentes en la totalidad de las constancias que integran el expediente con número de identificación único ******. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas, las cuales se desahogan por su propia naturaleza. Se cierra el período probatorio y se abre el de alegatos, haciendo constar que las partes no los formularon, y que el Agente del Ministerio Público de la Federación no presentó pedimento. El Juez acuerda: atención a la relación secretarial, no habiendo cuestión pendiente de dilucidar, se cierra la etapa de alegatos. Finalmente, no habiendo cuestión pendiente de dilucidar, se declara cerrada la audiencia constitucional, turnándose los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 1103/2023, promovido por ****, por conducto de su apoderada ******, contra actos de la Oficina Estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral Yucatán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El diez de abril de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, a través del Portal de Servicios en Línea, recibió demanda de amparo (fojas 2 a 11 del juicio de amparo) presentada por *******, contra actos de la Oficina Estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral Yucatán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales que precisó. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El once de abril siguiente, por razón de turno, se recibió la demanda en este juzgado; por lo cual, en auto de doce posterior, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 1103/2023; y, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se desechó. Ello, al estimar que para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que declinan la competencia de un asunto, es necesario esperar a que la resolución sea definitiva. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual le correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el que se radicó con el número 149/2023 y en sesión de siete de septiembre de dos mil veintitrés, declaró fundado el recurso. Ello, bajo la razón principal de que no resultó aplicable la jurisprudencia 17/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)», dado que dicho criterio sólo es aplicable a los órganos jurisdiccionales y, por ende, determinó que el acto reclamado, a la luz de la normatividad aplicable es definitivo en sus efectos, de conformidad con la fracción II, del artículo 107, de la Ley de Amparo, por lo que procede el juicio de amparo indirecto. Derivado de ello, el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirió el informe con justificación; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En la secuela procesal, se emplazó al representante social quien no formuló pedimento; se recibieron los informes con justificación de la autoridad responsable. Finalmente, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclaman actos de autoridades administrativas en materia laboral ejecutables dentro del ámbito de competencia territorial asignada a este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, para determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado a la demanda de amparo y demás constancias, se hace consistir en: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADO (....) CUARTO. Oportunidad para ejercer la acción constitucional. En el caso, la parte quejosa manifestó que se enteró de los actos el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, sin que exista prueba en contrario. Por tanto, sin tomar en consideración los sábados y domingos, el veinte y veintiuno de marzo, así como del cinco al siete de abril, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, en relación con el 74 de la Ley Federal del Trabajo y la circular 12/2023, de ocho de marzo de dos mil veintitrés, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el plazo para presentar la demanda de amparo trascurrió del veinte de marzo al catorce de abril de dos mil veintitrés. En ese contexto, la demanda de amparo se presentó el diez de abril de dos mil veintitrés, por lo que se ejerció oportunamente. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. El juicio de amparo contra el acto atribuido a la Oficina Estatal en Yucatán del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, su Directora y el Funcionario Conciliador, consistente en la resolución en la que se declinó competencia para conocer de una conciliación prejudicial en favor de un Centro Local de Conciliación en Yucatán, es procedente en términos del artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo. Ello, en seguimiento a lo determinado por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al resolver el recurso de queja número 149/2023, en sesión de siete de septiembre de dos mil veintitrés, en donde determinó que el acto reclamado en este asunto, a la luz de la normatividad aplicable es un acto definitivo en sus efectos, por lo que procede el juicio de amparo indirecto. En el entendido que se considera que el juicio es procedente dado que mientras no se analice la constitucionalidad del acto reclamado, la parte quejosa no podrá cumplir con el requisito de agotar la conciliación prejudicial que establece el título TRECE BIS de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, no podrá acceder a la instancia laboral, lo que se traduce en un perjuicio al derecho de acceso a la jurisdicción. Orienta lo anterior, las razones esenciales contenidas en la jurisprudencia con registro 2026021, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: «PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, PLURALIDAD DE DEMANDADOS. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL LABORAL A TRAVÉS DE LA CUAL ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE AL CENTRO DE CONCILIACIÓN PARA AGOTAR DICHA FASE Y EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL ASUNTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes discreparon respecto de si procede el juicio de amparo indirecto contra la decisión judicial de devolver el expediente al Centro de Conciliación para agotar dicha fase o si es reclamable en amparo directo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que ante la falta de constancia que acredite que se agotó el procedimiento de conciliación prejudicial con la totalidad de los demandados, el Juez laboral es el funcionario facultado para emitir el acuerdo a través del que se ordene la remisión del expediente al Centro de Conciliación, federal o local, con el objeto de agotar esa fase del procedimiento laboral, así como el archivo definitivo del asunto y esa determinación puede controvertirse en el juicio de amparo directo. Justificación: Con motivo de la reforma constitucional y legal en materia de justicia laboral, la etapa de conciliación se elevó a rango constitucional como se desprende del artículo 123, apartado A, fracción XX, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, cuando existe pluralidad de demandados, la parte actora está obligada constitucionalmente a exhibir la constancia que acredite que se agotó dicha fase con cada uno de ellos, y la inobservancia de dicho imperativo, previo apercibimiento, dará lugar a que el Juez laboral emita un acuerdo en el que, sin pronunciarse sobre la competencia, ordenará la remisión del expediente al Centro de Conciliación para que inicie el procedimiento de conciliación prejudicial establecido en el Título Trece Bis de la Ley Federal del Trabajo, así como el archivo definitivo del asunto. Por tanto, conforme a los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, esa decisión puede ser controvertida a través del juicio de amparo directo por tratarse de una resolución que pone fin al juicio, ya que sin decidir el conflicto en el fondo lo da por concluido». En ese sentido, de un estudio integral de las constancias, no se advierte se actualice causa de improcedencia alguna; por tanto, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, el suscrito no tiene obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de improcedencia del juicio de derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior, al no oponerse al texto de la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia con registro 205800, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO». SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. (....) SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Ahora, la parte quejosa señala en su primer concepto de violación que en la resolución reclamada no se fundó ni motivó porque aunque se citaron diversos dispositivos, ninguno otorga la facultad para no admitir la conciliación ni mucho menos para declinar la competencia. Dicho concepto se considera sustancialmente fundado, por lo siguiente. En efecto los preceptos que se invocaron en el acto reclamado consistieron en los artículos 123, fracción XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 527, 684-E, fracción V de la Ley Federal del Trabajo y 5 y 9, fracción I y VIII de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; sin embargo, de tales preceptos no se desprende que la responsable tenga facultades para declinar la competencia de una conciliación prejudicial. Lo anterior, en seguimiento a lo determinado por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al resolver el recurso de queja número 149/2023, en sesión de siete de septiembre de dos mil veintitrés, en donde, respecto del acto aquí reclamado, se determinó: «En ese sentido, se considera que los centros de conciliación actúan como autoridad mediadora entre las partes en conflicto como son las personas trabajadoras y patronales, cuya existencia deriva de una relación laboral, a efecto de tratar de que se solucione a través de la mediación, conciliación, negociación, amigable composición y diversos mecanismos alternativos de solución de controversias; lo que es previo a la promoción del juicio laboral, en su caso, ante el órgano jurisdiccional correspondiente; siendo que su actuación se limita a mediar entre las partes que contienden, previo al inicio del proceso laboral. Ahora, dentro de los ordenamientos legales que regulan el actuar de los centros de conciliación no se advierte que estén facultados en términos procesales para formular una inhibitoria sobre el conocimiento de una controversia ni declararse incompetentes, menos para recibir alguna declinatoria; pues resulta que ello está reservado sólo a los tribunales judiciales en distintos supuestos dentro de la etapa judicial que, en materia de trabajo, dicha incompetencia sólo puede ser por declinatoria, tal como lo previenen expresamente los artículos 700, 701, 703 y 704, de la Ley Federal del Trabajo». (Lo resaltado es propio) Aunque con lo anterior sería suficiente para conceder el amparo para que la autoridad responsable emita un nuevo acto en el que cumpla con su obligación de fundar y motivar en los términos que establece el artículo 16 constitucional, en atención al principio de mayor beneficio es necesario analizar el diverso argumento que se hace valer contra los motivos por los que no se admitió a trámite la conciliación prejudicial y se declinó la competencia. En esencia, la responsable consideró que: 1) El Servicio Postal Mexicano fue creado como un órgano descentralizado que de conformidad con la Ley Federal de Entidades Paraestatales, en particular, en su artículo 14 establece lo siguiente: Son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo objeto sea: la realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias; la prestación de un servicio público social o la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. 2) En ese mismo sentido estimó que se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis con registro 2024102, "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL CON BASE EN LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL ÓRGANO DE CREACIÓN, SU RÉGIMEN LABORAL PUEDE REGIRSE POR EL APARTADO A O POR EL B.". 3) Así consideró que en su en decreto de creación del veinte de agosto de mil novecientos ochenta y seis en su artículo 16 establece su régimen jurídico cuya competencia se rige por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Al respecto, luego de exponer los argumentos y fundamentos por los que consideró que la competencia se surte en favor de la responsable, la parte quejosa aseveró que para pronunciarse sobre la competencia, estaba obligada a analizar el contrato colectivo que rige las relaciones laborales entre el Servicio Postal Mexicano y sus trabajadores. Dicho argumento es fundado. Al resolver el amparo en revisión 88/2023, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó el alcance de las consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia P./J. 10/2021 (11a.), a fin de dilucidar cuál es el régimen laboral que debe regir en un organismo descentralizado (apartado A o B del artículo 123 Constitucional); esto es, si el establecido en el decreto de creación, o bien el pactado en el contrato colectivo de trabajo al ser éstos desiguales, así como la legislación adjetiva aplicable. La Segunda Sala indicó que del párrafo 57 de la sentencia de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 2/2020, se desprende que la publicación y la vigencia de esa jurisprudencia no tendría el efecto de modificar situaciones de hecho ni generar inseguridad jurídica, por lo que se respetarán los derechos que se obtuvieron a través de negociaciones individuales o colectivas con el organismo descentralizado, debido a que ni la jurisprudencia sustituida ni la que se sustituyó tienen el efecto de modificar las relaciones jurídicas durante el tiempo que duró la relación laboral. A partir de esa consideración, reflexionó que en la jurisprudencia P./J. 10/2021 (11a.), se instauró que para fijar el régimen laboral del vínculo jurídico suscitado entre los organismos descentralizados y sus trabajadores debe atenderse al Decreto de creación; sin embargo, DICHO CRITERIO NO ES APLICABLE CUANDO CON ANTERIORIDAD A SU VIGENCIA EXISTE UN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN LABORAL DISTINTO AL FIJADO EN EL DECRETO DE CREACIÓN DEL ENTE DESCENTRALIZADO. Ello, porque la jurisprudencia no tiene el efecto de modificar situaciones de hecho ni generar inseguridad jurídica en los trabajadores, por lo que deben respetarse los derechos que se obtuvieron a través de negociaciones individuales o colectivas con el organismo descentralizado, sin alterar las relaciones jurídicas durante el tiempo que duró la relación laboral. Así, acorde a la armonización de la jurisprudencia P./J. 10/2021 (11a.), se determinó que si las partes celebraron un contrato colectivo de trabajo, en el que establecieron que las relaciones de trabajo se regirán de conformidad con el apartado A del artículo 123 constitucional, la norma procesal que debe regir el vínculo jurídico es la Ley Federal del Trabajo -con parte sustantiva y adjetiva-, aun cuando el Decreto de creación se refiera al apartado B. En ese sentido, la autoridad jurisdiccional competente para conocer de esos conflictos laborales tiene que ser aquella que reconozca la ley procesal aplicable; pues, son las normas procesales las que deben fijar la competencia para resolver las controversias que se susciten entre los organismos descentralizados federales y sus trabajadores, previo a la vigencia de la multicitada jurisprudencia P./J. 10/2021 (11a.). Las razones anteriores dieron origen a los precedentes 2a./J. 54/2023 (11a.) y 2a./J. 55/2023 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. EL RÉGIMEN LABORAL PACTADO A TRAVÉS DE NEGOCIACIONES INDIVIDUALES O COLECTIVAS, CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE CONSIDERA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA LA JURISPRUDENCIA P./J. 10/2021 (11a.), DEBE REGIR LAS RELACIONES CON SUS PERSONAS TRABAJADORAS. Hechos: Un sindicato presentó pliego de peticiones con emplazamiento a huelga contra un organismo descentralizado federal ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México. La Jueza de Distrito consideró que carecía de competencia para conocer del asunto, en virtud de que el decreto de creación del organismo descentralizado establece que el régimen laboral corresponde al del apartado B del artículo 123 constitucional, y con base en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 10/2021 (11a.), existe libertad de configuración para establecer en la ley o en los decretos de creación respectivos el régimen laboral de los organismos descentralizados federales; determinación que tomó a pesar de encontrarse vigente un contrato colectivo de trabajo que prevé un régimen laboral diverso. Contra esa resolución, el sindicato promovió amparo indirecto en el que sostuvo que la autoridad responsable era competente para conocer del procedimiento de huelga, porque en el contrato colectivo de trabajo se había pactado que el régimen laboral aplicable era el previsto en el apartado A del artículo 123 constitucional. El Juzgado de Distrito estimó fundados los conceptos de violación y concedió el amparo para el efecto de que la Jueza responsable dejara insubsistente el acuerdo por el que se declaró incompetente y dictara otro en el que acepte la competencia para conocer del expediente de huelga. Contra dicha resolución el organismo tercero interesado interpuso recurso de revisión y el sindicato revisión adhesiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ejercer la facultad de atracción. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las negociaciones individuales o colectivas pactadas con anterioridad a la fecha en que se considera de aplicación obligatoria la jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal P./J. 10/2021 (11a.), deben seguir rigiendo las relaciones laborales de los organismos descentralizados federales con sus personas trabajadoras, toda vez que la publicación y vigencia de dicha jurisprudencia no tienen el efecto de modificar situaciones de hecho ni generar inseguridad jurídica entre las partes. Justificación: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 10/2021 (11a.), de rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. CON BASE EN LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL ÓRGANO DE CREACIÓN, SU RÉGIMEN LABORAL PUEDE REGIRSE POR EL APARTADO A O POR EL B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN; POR LO QUE NO RESULTA INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.", estableció que el régimen laboral de un organismo descentralizado debe ceñirse a la libertad de configuración del órgano de creación, por lo que la ley o el decreto establecerá el régimen laboral aplicable de cada organismo descentralizado; sin embargo, de una interpretación de la sentencia relativa a la solicitud de sustitución de jurisprudencia de la que derivó dicho criterio, se puede advertir que la publicación y la vigencia de aquélla no tendrá el efecto de modificar situaciones de hecho ni generar inseguridad jurídica entre las partes, por lo que debe respetarse lo pactado a través de negociaciones individuales o colectivas con el organismo descentralizado." "CONFLICTOS LABORALES ENTRE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL Y SUS PERSONAS TRABAJADORAS. LA LEGISLACIÓN PROCESAL PARA RESOLVERLOS SERÁ LA QUE RIJA EL RÉGIMEN DE SUS RELACIONES LABORALES. Hechos: Un sindicato presentó pliego de peticiones con emplazamiento a huelga contra un organismo descentralizado federal ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México. La Jueza de Distrito consideró que carecía de competencia para conocer del asunto, en virtud de que el decreto de creación del organismo descentralizado establece que el régimen laboral corresponde al del apartado B del artículo 123 constitucional, y con base en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 10/2021 (11a.), existe libertad de configuración para establecer en la ley o en los decretos de creación respectivos el régimen laboral de los organismos descentralizados federales; determinación que tomó a pesar de encontrarse vigente un contrato colectivo de trabajo que prevé un régimen laboral diverso. Contra esa resolución, el sindicato promovió amparo indirecto en el que sostuvo que la autoridad responsable era competente para conocer del procedimiento de huelga, porque en el contrato colectivo de trabajo se había pactado que el régimen laboral aplicable era el previsto en el apartado A del artículo 123 constitucional. El Juzgado de Distrito estimó fundados los conceptos de violación y concedió el amparo para el efecto de que la Jueza responsable dejara insubsistente el acuerdo por el que se declaró incompetente y dictara otro en el que acepte la competencia para conocer del expediente de huelga. Contra dicha resolución el organismo tercero interesado interpuso recurso de revisión y el sindicato revisión adhesiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ejercer la facultad de atracción. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la ley procesal aplicable para la resolución de los conflictos laborales debe ser la que rija el régimen laboral de los organismos descentralizados y sus personas trabajadoras, ya sea que éste se encuentre previsto en la ley o en el decreto de creación de ese organismo descentralizado, o bien, en las negociaciones colectivas o individuales realizadas previamente a la fecha en que se considera de aplicación obligatoria la jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal P./J. 10/2021 (11a.), salvo en aquellos casos en que las partes pacten expresamente en esa negociación alguna normativa procesal diversa a la que rige su relación laboral. Justificación: Todos los organismos descentralizados federales y sus personas trabajadoras que tienen su régimen laboral acorde con un apartado del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben ventilar sus conflictos con observancia en la ley procesal que rige su relación laboral, ya que no existe sustento ni justificación para considerar que deba aplicarse una normativa diversa. Por lo que, estimar lo contrario, sería ir en contra de la libertad configurativa, tanto del Congreso de la Unión como del Poder Ejecutivo, así como de la voluntad de negociación a la que llegaron las partes de la relación laboral. Ello es así, porque en la sentencia de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 2/2020, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 10/2021 (11a.) citada, se sostuvo que la vigencia del nuevo criterio no modificaría las negociaciones individuales o colectivas de los organismos descentralizados con sus trabajadores, y por tanto, éstas deben seguirse desarrollando, conforme al apartado del artículo 123 de la Constitución Federal que se había pactado." Ahora, en el caso que se analiza, el Servicio Postal Mexicano es una empresa paraestatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se encuentra comprendida dentro de las entidades paraestatales de la administración pública federal, vinculado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se creó mediante DECRETO publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1986, cuyo artículo 16 establece que las relaciones laborales se rigen por el apartado "B" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, de la demanda de amparo se advierte que el trabajador pretende conciliar sobre diversas prestaciones con base en el contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones laborales entre el organismo descentralizado y sus trabajadores, sin que en la resolución reclamada se hubiere tomado en consideración el contrato colectivo. Máxime que se considera un aspecto de suma relevancia en virtud que en este juicio de amparo se ofreció como prueba documental el contrato colectivo de trabajo para trabajadores del Servicio Postal Mexicano de fecha veintiocho de junio de dos mil doce, el cual surtió efectos a partir del uno de julio siguiente, y de sus cláusulas 2 y 6 se advierte que las relaciones laborales del servicio postal mexicano y sus trabajadores se rigen por el apartado "A" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo. Bajo tal contexto, se considera para emitir un acto debidamente fundado y motivado las responsables debieron tomar en consideración la existencia del contrato colectivo y a la luz de su contenido, verificar si se surte el supuesto de excepción contenido en el párrafo 57 de la solicitud de modificación de jurisprudencia 2/2020. Esto es, debió verificar si el contrato colectivo de trabajo es anterior a la vigencia de la jurisprudencia P./J. 10/2021 (11a.), de rubro: «ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. CON BASE EN LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL ÓRGANO DE CREACIÓN, SU RÉGIMEN LABORAL PUEDE REGIRSE POR EL APARTADO A O POR EL B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN; POR LO QUE NO RESULTA INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO», la cual se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 31 de enero de 2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021. Por lo anterior, no se considera viable pronunciarse sobre los demás argumentos, puesto que para pronunciarse sobre el alcance del contrato colectivo, en principio debe existir una decisión que, de forma congruente analice su contenido para que con posterioridad se pueda verificar la constitucionalidad de su determinación. Ello, esencialmente porque a este órgano constitucional le está vedado sustituirse en la responsable para analizar directamente ese aspecto. Así, ante lo esencialmente fundados de los conceptos de violación, procede conceder el amparo. OCTAVO. Efectos de la protección constitucional. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos correspondientes. En ese tenor, la concesión de amparo será para el efecto de que la Directora de la Oficina Estatal en Yucatán del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, realice lo siguiente: A. Deje sin efectos la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el expediente *****; y, B. En cumplimiento a su obligación de fundar y motivar en términos de lo que exige el artículo 16 constitucional, deberá emitir una nueva resolución en la que en principio cite el fundamento que le permita en forma expresa declinar su competencia legal, en el entendido que de no existir, deberá admitir a trámite la conciliación prejudicial. C. En el caso que exista un precepto que confiera a la autoridad responsable expresamente esa potestad, al analizar la competencia, deberá tomar en consideración la existencia del contrato colectivo y atendiendo a su fecha de celebración, deberá verificar si se surte el supuesto de excepción contenido en el párrafo 57 de la solicitud de modificación de jurisprudencia 2/2020, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de las razones contenidas en la presente sentencia. Por lo expuesto fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ***, contra el acto reclamado a la Oficina Estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral Yucatán, con residencia en esta ciudad; Directora; y, Funcionario Conciliador, ambos de la citada Oficina, consistente en la resolución de incompetencia por declinatoria emitida el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés en el expediente ******, en la que se ordenó remitir copia certificada de la constancia de dicha resolución al Centro Local de Conciliación de Yucatán, para que lleve a cabo el desahogo de la conciliación correspondiente, por las razones expuestas en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el octavo considerando de esta sentencia. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que mediante Avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco de octubre pasado, suscritos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se declararon inhábiles los días diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de este año, por lo que se suspendieron las labores. Ante ello, toda vez que la fecha de audiencia constitucional se encontraba señalada para las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, es evidente que no pudo llevarse a cabo. Por tanto, con el fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria Sofía Stael Chan Nahuat, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos los informes justificados rendidos por la Directora de la Oficina Estatal en Yucatán del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (en su correcta de denominación), que rinde por sí y en representación de dicha Oficina, así como el rendido por el Funcionario Conciliador Adscrito a la Oficina en comento, junto con el anexo que acompaña la primera de las autoridades citadas; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicha documentación y hágase relación de la misma al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en los informes de cuenta. Por otra parte, como solicita la citada Directora y vista la certificación de cuenta, se advierte que el usuario ********************, se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea. Hágase lo anterior del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito a este Juzgado, para que proceda a efectuar las gestiones pertinentes para el permiso y acceso a la consulta en comento. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las documentales que se exhiben en el primer informe de cuenta, para ser relacionadas al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la razón de veintiséis de septiembre del año en curso levantada por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, se advierte que asentó los motivos por los que no le fue posible llevar a cabo la notificación personal ordenada en auto de veinticinco de septiembre del año en curso, en el cual se agregó la resolución emitida por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, que declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto que desechó la demanda de amparo; y en acatamiento a ejecutoria se acordó su admisión. Por tanto, a fin de que la parte quejosa tenga pleno conocimiento dicho acuerdo, toda vez que en la demanda la quejosa señaló el usuario ******************** para consultar el expediente electrónico, así como para oír y recibir notificaciones, sin que en auto de doce de abril del año en curso, se hubiere proveído al respecto. Por tanto, vista la certificación secretarial que antecede, y toda vez que el usuario ******************** se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea y recibir notificaciones electrónicas. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que proceda a efectuar las gestiones pertinentes para el permiso y acceso a la consulta y notificaciones en comento. En consecuencia comisiónese a la persona actuaria adscrita a este Juzgado, para que notifique a través del citado usuario "********************", la presente determinación y el proveído de veinticinco de septiembre del año en curso, el cual se transcribe a continuación: Mérida, Yucatán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. AGREGA TESTIMONIO DE EJECUTORIA. Agréguese a estos autos el oficio 632/2023 signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña el testimonio de la resolución de siete de septiembre del año en curso, dictada en el toca de queja ********************; ejecutoria de la que se advierte que la citada superioridad declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en el presente asunto en contra del acuerdo de doce de abril de dos mil veintitrés en el que se desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo. PERSONALIDAD. Sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que en acuerdo de doce de abril de dos mil veintitrés, se reconoció la personalidad de la promovente.********************PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En mérito de lo anterior, en estricto acatamiento a lo ordenado por la Superioridad, vista nuevamente la demanda de amparo de cuenta promovida por ********************apoderada legal de********************, contra actos de la Oficina Estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral Yucatán, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, consistente en: La resolución de incompetencia por declinatoria emitida el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés en el expediente ******************** en la que se ordenó remitir copia certificada de la constancia de dicha resolución al Centro Local de Conciliación de Yucatán, para que lleve a cabo el desahogo de la conciliación correspondiente. HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. Conforme a la precisión del acto reclamado, así como lo resuelto por el Tribunal de Alzada, la hipótesis de procedencia se ubica en la fracción II del artículo 107 de la Ley de Amparo, al tratarse de actos que provienen de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. ADMISIÓN. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 33, fracción IV, 37, 108, 112, 115, 116, 117 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; se admite la demanda. SOLICITUD DE INFORME CON JUSTIFICACIÓN. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a las autoridades responsables, el que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, las responsables, deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe. APERCIBIMIENTO. De no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se les impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en la fracción ll, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa por la cantidad de $3,112.2 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), que equivale a treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con artículo 251 de la ley de la materia. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS; ello, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo. Sin que haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio.(...) VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO. Dese la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda.(...) NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. ********************Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Sofía Stael Chan Nahuat, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA A LA QUEJOSA.

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