Marvi Monserrat Dzib Pantoja
Expediente 121/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 121/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Marvi Monserrat Dzib Pantoja
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA INCONSTITUCIONAL En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas del diecinueve de enero de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, (.) Enseguida, el Secretario realiza la relación de las constancias que en autos entre las cuales se encuentran el escrito de demanda de amparo; el auto de admisión de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós; los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; y el resto de las actuaciones de trámite. Asimismo, se hace constar que el expediente electrónico coincide en su integridad, incluidas las constancias de notificación, y se da cuenta con la promoción con número de registro 501. El Secretario encargado del despacho acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, la cuales será analizada al dictar sentencia. Agréguese a los autos el pedimento suscrito por el representante social a través del cual realiza manifestaciones en vía de alegatos; con su contenido dese cuenta en la fase de la audiencia que corresponda. Ahora, en atención a su solicitud, expídasele copia certificada de la sentencia que se emita, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo. Luego, se abre el período probatorio en el cual se da cuenta al Secretario encargado del despacho con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en su demanda de amparo, consistentes en la documental y la presuncional legal y humana. El Secretario encargado del despacho acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas, las cuales se desahogan por su propia naturaleza. Se cierra el período probatorio y se abre el de alegatos, haciendo constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación, los formuló. El Secretario encargado del despacho acuerda: en atención a la relación secretarial, ténganse por formulados los alegatos ministeriales y, de ser necesario, analícense al momento de emitir la sentencia correspondiente. Finalmente, al no existir diligencias pendientes por desahogar, el Secretario encargado del despacho declara visto el expediente y se procede a dictar la resolución siguiente. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 121/2022-I, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************contra actos del Ayuntamiento del Municipio de Mérida y del Congreso del Estado de Yucatán, ambas con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El quince de noviembre de dos mil veintidós, a través del buzón judicial, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ********************contra actos del Ayuntamiento del Municipio de Mérida y del Congreso del Estado de Yucatán, ambas con sede en esta ciudad, por los actos que más adelante se precisarán. En la demanda de amparo la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio La demanda fue enviada por razón de turno al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán; en donde por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós se registró con el número de expediente 2688/2022-I-A, y se admitió a trámite. Asimismo, seguida la secuela procesal, se emplazó a la representante social, y se recibieron los informes con justificación rendidos por las responsables. Posteriormente, en cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, (.) Así, mediante acuerdo treinta de diciembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del juicio de amparo remitido por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, registrándolo con el número de expediente 121/2022-I. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O (.) QUINTO. Causas de improcedencia La improcedencia es un concepto que se relaciona con la falta de oportunidad, fundamento o derecho de un acto jurídico, o bien, con la falta de pertinencia, admisibilidad u oportunidad de un acto o pretensión. En el caso del juicio de amparo, en términos del artículo 62 de la ley de la materia, su estudio es de orden público y, por ende, se hace obligatorio aun de oficio, en cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Interés jurídico Ahora bien, en el caso en concreto el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, al rendir su informe manifestó que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dado que, a su juicio, la quejosa no acredita ser titular de un derecho subjetivo. Para responder a lo anterior, es menester acudir al contenido de dicho numeral, el cual establece que, entre otros supuestos, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses del quejoso, al no ubicarse en el supuesto de la norma que reclama. Los conceptos de interés legítimo y jurídico para efectos de la procedencia del juicio de amparo tienen su origen con el principio de instancia agraviada consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Ley Suprema. La norma constitucional establece que para la procedencia del juicio de amparo, quien o quienes comparezcan a solicitar la protección de la Justicia de la Unión, deberán ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (i) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en su esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (ii) en caso de que no se cuente con tal interés, ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. (.)Conforme a lo expuesto, la procedencia del amparo está supeditada a que el acto reclamado afecte la esfera jurídica del quejoso, en cualquiera de las siguientes dos vertientes. La primera, cuando exista alguna afectación al interés jurídico. Supone que el acto reclamado cause un agravio personal, directo y real a algún derecho subjetivo del particular, es decir, un derecho derivado de una norma objetiva que se individualice en el gobernado y le otorgue una facultad y el cual se ve afectado por el acto de autoridad. En ese orden, se afirma que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: (i) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y del cual invariablemente deberá ser titular la persona; y, (ii) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente, pues no basta contar el derecho subjetivo, sino que se requiere que el acto de autoridad cause una afectación directa y real. Apoya lo considerado la jurisprudencia de esta Primera Sala, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS". Y la segunda vertiente, es la afectación al interés legítimo, el cual, en una primera aproximación ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), del contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). En principio, conviene recordar que las leyes en sentido amplio son normas jurídicas de carácter legislativo y positivo que emanan de un órgano del Estado con facultades de decisión que producen una afectación en situaciones generales, impersonales, abstractas y permanentes que tiene como características el ser imperativa, unilateral y coercitiva. En el sistema jurídico mexicano, la Constitución es el fundamento de validez para el resto del ordenamiento jurídico, de lo cual se desprende la posibilidad de llevar a cabo un control de regularidad normativa respecto de aquellas disposiciones que la contraríen. (.) Las reglas constitucionales son recogidas por el artículo 1º de la Ley de Amparo, sumando a ellas las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto contra leyes. En efecto, en la fracción I del artículo 107 de la ley de la materia, se establece que el juicio de amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra normas generales que por su sola entrada en vigor (autoaplicativas) o con motivo del primer acto de su aplicación, causen perjuicio al quejoso (heteroaplicativas). Como se observa, el modelo de procedencia del juicio de amparo contra normas generales, realiza una distinción apoyada en el momento en que éstas trascienden en la esfera jurídica del gobernado; diferencia entre aquellas normas generales que únicamente con su existencia causan un perjuicio, y las que necesitan se materialicen sus efectos por un acto diverso; las primeras son conocidas como autoaplicativas, las segundas como heteroaplicativas. Respecto a esa diferencia, en la jurisprudencia P./J. 55/97 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización condicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. Así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. Las consecuencias de la norma general autoaplicativa tienen las características siguientes: 1. Su aplicación es forzosa desde que entra en vigor. 2. Vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia creando, transformando o extinguiendo situaciones concretas de derecho. 3. Las consecuencias nacen con ella misma; y, por ende, no se requiere de la actualización de alguna condición. Por otra parte, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Dicho en otras palabras, en las normas de individualización condicionada, los deberes impuestos por el legislador necesitan la ejecución de un acto para situar a la persona en la hipótesis legal, que bien puede provenir de la autoridad o del mismo particular, ya que no surgen de manera automática con su sola entrada en vigor. Expuestas las premisas anteriores, en el presente asunto la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad de los artículos 56 y 60 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, para el ejercicio fiscal de 2022, preceptos que establecen las bases para el cálculo y pago del impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles para el municipio de Mérida. Ahora, la parte quejosa reclama las normas con motivo de su primer acto de aplicación, en específico el cobro del impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles, que derivó de la celebración de un contrato de compraventa; sin embargo, no ofreció prueba eficaz para demostrar la afectación que aduce. En efecto, a la demanda de amparo la quejosa anexó la copia certificada de la escritura ********************, de ********************, pasada ante la fe del notario público número ********************de esta ciudad de Mérida, Yucatán, en la que se advierte que ******************** adquirió un inmueble de "********************" y "********************", ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable; documental que no acredita que se ubica en el supuesto norma, pues si bien con la misma se acredita que realizó la adquisición de un inmueble, sin embargo, resulta insuficiente para acreditar que la parte quejosa pagó el impuesto que reclama, lo que era necesario para que reclamara los preceptos mencionados. Lo anterior, en virtud que para acreditar el acto de aplicación de las normas impugnadas necesariamente la parte quejosa debe probar de manera fehaciente, no presuntiva, que realizó una operación de adquisición de inmuebles, sino además que realizó el pago de las respectivas contribuciones, ya sea directamente o por conducto de un notario público, y para ello debió haber exhibido los originales o copias certificadas de los documentos en los que ha realizado el pago. Entendida en sentido contrario, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 141/2012 (10a.) de rubro y texto: "IMPUESTO PREDIAL. EL RECIBO O CERTIFICADO DE PAGO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS LEYES QUE LO ESTABLECEN(.)" Se robustece lo anterior, con la contradicción de criterios (antes contradicción de tesis) 179/2005-SS, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que estableció que podría estimarse como el primer acto de aplicación de las normas reclamadas, en el que el notario público retiene el impuesto sobre adquisición de inmuebles, siempre y cuando en el documento respectivo, se precise el concepto de la retención y el sustento legal de dicha actuación, cuestión tal que necesariamente debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse a base de presunciones. Lo que, en el caso no aconteció pues en la escritura que adjuntó se advierte de las cláusulas, lo siguiente: "(.) Sexta. - Los gastos, impuestos y honorarios que se cause por razón y con motivo de esta escritura son a cargo de la "LA PARTE COMPRADORA", excepción del Impuesto Sobre la Renta por enajenación de bienes, que en caso de causarse, será a cargo de la "LA VENDEDORA". (.)" "(.) F) Los gastos, impuestos, derechos y honorarios que cause esta escritura y de sus modificaciones futuras si las hubiere, expedición de testimonios, registros y cancelaciones, serán por cuenta de "EL ACREDITADO". "EL ACREDITADO" tiene pleno conocimiento que las cantidades que se Ilegaren a generar en virtud de los conceptos señalados en el presente numeral, no son cobradas directamente por "LA ACREDITANTE" en virtud del crédito otorgado; sino que corresponden a servicios otorgados por terceros. "EL ACREDITADO" autoriza a "LA ACREDITANTE" a pagar por cuenta de "EL ACREDITADO " y con cargo al importe del crédito concedido, los gastos; y honorarios notariales y de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y cualesquiera otros gastos generados por este contrato o derivados de él. (.)" De lo anterior, se desprende que la documental que anexó la parte quejosa a fin de acreditar el primera acto de aplicación, no es suficiente, pues no precisó el concepto de la retención, o en su caso, el sustento legal, cuestión tal que necesariamente debe acreditarse fehacientemente, como lo pudo ser con los recibos de pagos del citado impuesto; máxime que, la autoridad responsable Ayuntamiento de Mérida, negó que la parte quejosa haya realizado el pago respectivo, ni respecto al predio en cuestión. Entonces, si la parte quejosa no acreditó su interés jurídico, es decir, no demostró encontrarse en el supuesto de la normal general reclamada, este resolutor considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, visible a página 1238, del rubro y texto siguientes: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN. De los artículos 27, 28, 49, 50 y 182 del Código Fiscal; 12 y 57 del Reglamento de la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal y 1o., 2o., 31, fracción VII y 73 de la Ley del Notariado, todos del Estado de Morelos, se desprende que los notarios públicos son auxiliares de la administración pública en la recaudación de los derechos por el Registro Público de la Propiedad, toda vez que pueden retenerlos, hecho lo cual deben enterarlos ante la Secretaría de Hacienda u oficinas autorizadas. En ese sentido, la retención que lleva a cabo el notario público de los derechos previstos en el artículo 77 de la Ley General de Hacienda de la entidad, constituye el primer acto de aplicación de esta disposición para efectos de la procedencia del juicio de amparo; sin embargo, para que dicha retención sirva de base para computar el plazo de 15 días establecido por el artículo 21 de la Ley de Amparo cuando se impugne el citado precepto, es necesario acreditar que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto de aplicación de la norma, es decir, que se pueda deducir sin lugar a dudas cuál fue el concepto de la retención y su fundamento legal." Sin que sea el caso estudiar las diversas causas de improcedencia que invocaron las autoridades responsables respecto de los preceptos reclamados estudiados en los párrafos que anteceden, ya que el examen de estos resulta innecesario y a nada práctico conduciría, pues no cambiaría el sentido de la resolución. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 54/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, Registro digital: 195744, página 414, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Sin que sea necesario analizar los alegatos que la parte tercera interesada y la representación social formularon, pues no forman parte de la litis, de acuerdo con la jurisprudencia con registro 205449, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: «ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.» Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 76, 77, 78 de la Ley de Amparo; S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************contra actos del Ayuntamiento del Municipio de Mérida y del Congreso del Estado de Yucatán, ambas con sede en esta ciudad; por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
I. Mérida, Yucatán; treinta de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Se tiene por recibido el expediente de amparo 2688/2022-I-A del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 121/2022-I; acúsese recibo. [.]Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos putos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. Consecuentemente, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, se avoca al conocimiento del juicio de amparo. Audiencia constitucional. De las constancias del expediente electrónico de origen se advierte que se señalaron las once horas con once minutos del nueve de enero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, fecha que se deja sin efectos y en su lugar, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan como nueva fecha y hora las DIEZ HORAS DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES, para la celebración de la misma. [.] Vista al Ministerio Público. Dese la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. [.] Incidente de suspensión. Sin que sea el caso ordenar formar el incidente de suspensión relativo, porque la parte quejosa no solicitó la suspensión del acto reclamado.[.] NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE [.]
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