Martin Vega Ruiz

Expediente 137/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
137/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
01/04/2019

Partes del expediente

  • Martin Vega Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veinte de marzo de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de garantías promovida por Reyna Guadalupe Arce Gaxiola y J. Natividad Jacinto Robles en su carácter de procuradores judiciales de Martín Vega Ruiz, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de la materia, en términos de su artículo 2º., se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, fracción I, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de destrucción, dado que, por auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de garantías en el presente expediente; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obran documentos originales, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, el siete de marzo de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL PARTE QUEJOSA

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, MARTIN VEGA RUIZ, POR CONDUCTO DE SUS PROCURADORES JUDICIALES REYNA GUADALUPE ARCE GAXIOLA Y J. NATIVIDAD JACINTO ROBLES, EL AUTO DE DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Visto el escrito firmado por Reyna Guadalupe Arce Gaxiola y J. Natividad Jacinto Robles, quienes se ostentan como procuradores judiciales del quejoso Martín Vega Ruiz, por el que solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la Juez Segunda de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 137/2019-4B. Asimismo, agréguese para que surta sus efectos legales el escrito suscrito por J. Natividad Jacinto Robles mediante el cual exhibe copia certificada del auto donde se les tuvo cómo procuradores judiciales a dicho promovente y a Reyna Guadalupe Arce Gaxiola del quejoso Martín Vega Ruiz; en atención a lo anterior, téngase a los mismos con el carácter que se ostentan al presente juicio de amparo. Ahora bien, a fin de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, 110, 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo en vigor, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio para distribuirlas entre las partes, bajo protesta de decir verdad y atendiendo los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, cumpla con la prevención siguiente: 1. Que precise en que consistió la petición que realizó ante la autoridad responsable en el escrito número 14090, que dio origen al auto de ocho de enero de dos mil diecinueve; 2. Que puntualice que derecho sustantivo se le afecta con el auto de ocho de enero de dos mil diecinueve; 3. Aclare si contra la notificación del auto de ocho de enero de dos mil diecinueve interpuso algún medio de impugnación ordinario; 4. Que puntualice cual es el acto que reclama en esta instancia constitucional si la resolución interlocutoria o la notificación del auto de ocho de enero de dos mil diecinueve, pues se advierte que el concepto de violación es dirigido a la notificación. Apoya jurídicamente lo que precede la tesis número XX.57 K, visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, sustentada por el tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." También es aplicable la diversa tesis de jurisprudencia número 495, publicada en la página 433, Tomo VI, Materia Común del Apéndice 2000, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA.- De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un Juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo. En el entendido de que el artículo 261 de la Ley de Amparo, prevé la consecuencia de que las partes con el fin de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda de amparo afirme hechos falsos u omita los que le constan en relación con el acto reclamado. "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y.". En la inteligencia de que, de no cumplir con la prevención que nos ocupa en el plazo y términos precisados o de no exhibir las copias necesarias para correr traslado a las partes, de conformidad con los artículos 110 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Finalmente, con apoyo en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Garza Romero, número 2255, Sur, Fraccionamiento Villas Monterrey, Código Postal 81270, de esta ciudad.

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