Martin Sanchez Alarcon

Expediente 117/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
117/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
06/04/2018

Partes del expediente

  • Martin Sanchez Alarcon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de catorce de marzo de dos mil dieciocho en que se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por Martin Sánchez Alarcón; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de la materia se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción I del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de catorce de marzo de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de garantías; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Del análisis del presente asunto, se advierte, no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este Juzgado Federal el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    ES NOTIFICACIÓN PERSONAL.

  3. Principal

    Se notifica al promovente Martín Sánchez Alarcón, el acuerdo de catorce de marzo de dos mil dieciocho, dictado por este Juzgado que a la letra dice: Por consiguiente, al ser notorio, indudable y manifiesto, al no haberse acreditado acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa, ni su interés legítimo para impugnar la ley de que se trata, se actualiza la causal de improcedencia analizada a lo largo de este proveído, dado que el acto reclamado no es susceptible de ser impugnado en la vía constitucional por el promovente, dados los motivos expuestos en esta resolución, conforme con lo establecido por el artículo 61, fracción XIII y XXIII, relacionado con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano, con fundamento en el numeral 113 de la propia legislación. Además, robustece lo anterior el hecho de que el orden jurídico nacional cuenta con un medio de control dirigido específicamente a plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Carta Magna, consistente en la acción de inconstitucionalidad, contemplada en la fracción II del artículo 105 constitucional, la cual en términos del artículo 71 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por efectos que al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá declarar la invalidez de la norma impugnada. Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". Finalmente, resulta necesario precisar que al quejoso de mérito no le asiste ningún interés jurídico para combatir el decreto que refiere, en razón de que no tiene ningún derecho sustantivo reconocido, pues los juicios laborales que indica son meras expectativas de derechos; aunado, el Decreto que contiene la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Occidente, va dirigida a sus órganos, personal académico, administrativo y comunidad universitaria; por tanto, si al momento de la presentación de la demanda el quejoso de mérito no se encuentra adscrito a la Universidad en cualquiera de esos puestos, no existe un agravio personal y directo en su contra que le origine un interés jurídico para combatir la ley.

  4. Principal

    SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA

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