Martin Suarez Ruiz
Expediente 214/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 26 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 214/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 22/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Martin Suarez Ruiz
- Ayuntamiento del Municipio de Ahome
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintiudós de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurara el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de once de mayo del año en curso, en relación con el oficio y documentales allegados por el Víctor Inés Báez Gil, delegado de la autoridad responsable Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Publica del H. Ayuntamiento de Ahome, con sede en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó por medio de vía electrónica el pasado diecisiete de mayo de presente año; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el veintinueve de julio de dos mil veintiuno, misma que causó ejecutoria el veinte de agosto de dos mil veintiuno, y se requiero a las autoridades responsables, por el cumplimiento de ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para lo siguiente: "Séptimo. Efectos de la concesión de amparo. El amparo y protección de la Justicia de la Unión, es para los siguientes efectos: Las autoridades responsables Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa y Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, en el ámbito de su competencia, una vez que se les notifique la ejecutoria que se dicte en este asunto, a la brevedad, provean lo conducente a fin de que la autoridad que corresponda acuerde de manera inmediata lo conducente respecto a la solicitud planteada por el quejoso Martín Suárez Ruiz y que se relaciona con este juicio de amparo; asimismo, se le notifique en los términos de la ley que regula el acto reclamado, el acuerdo que se dicte al respecto". Asimismo, de autos se advierte que mediante proveído de veinte de agosto del presente año, se requirió a las autoridades responsables por el cumplimiento de ejecutoria. Así las cosas, mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, se declaró cumplida la sentencia constitucional; el quejoso interpuso recurso de inconformidad contra dicha determinación. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, al resolver el recurso de inconformidad número 26/2021 de su índice, relativo al presente juicio de amparo, lo declaró fundado y estableció los siguientes lineamientos: "para que a la brevedad posible acrediten con las constancias certificadas respectivas que se otorgó respuesta por escrito fundado y motivado su proceder con relación a que el Ayuntamiento de Ahome o aquél órgano que resulte competente, la omisión de dar contestación a la petición formulada mediante escrito recibido por las responsables el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, donde pide se haga de su conocimiento la situación que guarda la solicitud hecha mediante diversos escritos de once de julio de dos mil catorce y diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, para que se le otorgara un ascenso al grado inmediato superior". En atención a la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, se dejó sin efectos el acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno, y se determinó requerir de nueva cuenta a las autoridades responsables H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome y Cuerpo de Regidores del H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome, con domicilio en esta ciudad, a efecto de que otorgara cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos indicados por el Órgano Colegiado en cita. Bajo ese contexto, el delegado de las autoridades responsables mediante oficio de nueve de mayo de dos mil veintidós, exhibió el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Ahome, once de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual con fundamento en lo dispuesto los artículos 1, 2, 3, 27, 27 Bis, 43, 44 y 47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, determinaron como Improcedente otorgar el Grado Inmediato Superior al aquí quejoso. Con lo anterior se otorgó vista personal a la parte quejosa en acuerdo de once de mayo del año en curso, quien no realizo manifestación alguna. Asimismo, se encuentra glosado a los autos el oficio suscrito por el delegado de las autoridades responsables, el cual contiene el cumplimento de la ejecutoria de amparo. Por tanto, si la concesión del amparo fue para el efecto de que las autoridades responsables para que a la brevedad posible acrediten con las constancias certificadas respectivas que se otorgó respuesta por escrito fundado y motivado su proceder con relación a que el Ayuntamiento de Ahome o aquél órgano que resulte competente, la omisión de dar contestación a la petición formulada mediante escrito recibido por las responsables el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, donde pide se haga de su conocimiento la situación que guarda la solicitud hecha mediante diversos escritos de once de julio de dos mil catorce y diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, para que se le otorgara un ascenso al grado inmediato superior, lo cual ya aconteció; es indudable que la sentencia constitucional ha quedado debidamente cumplida, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, once de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, remitido por Víctor Inés Báez Gil, delegado de la autoridad responsable Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Publica del H. Ayuntamiento de Ahome, mediante el cual exhibe el dictamen emitido por las autoridades antes mencionadas mediante el cual determina como improcedente otorgar el Grado Inmediato Superior al quejoso, documentación correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria del presente amparo y exhibe copia de las constancias para acreditar su informe; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso con la documental referida para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad responsable.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dos de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el escrito signado por el autorizado legal del quejoso Martin Suarez Ruiz, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en cuanto a las gestiones realizadas por las autoridades responsables, para dar cumplimiento a la presente ejecutoria de amparo. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que en auto de veinticinco de abril del presente año, el delegado de las autoridades responsables informó que estaba pendiente de elaboración el dictamen correspondiente a la propuesta del otorgamiento o no del grado inmediato superior al aquí quejoso y para acreditar lo anterior remitió copia de la minuta de reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Publica y Transito del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, por medio del se analiza dicha propuesta. Atento lo anterior, requiérase de nueva cuenta a las responsables H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome y Cuerpo de Regidores del H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, siguientes al en que reciba el oficio en el que se les comunique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos de la resolución de alzada es decir para que a la brevedad posible acrediten con las constancias certificadas respectivas que se otorgó respuesta por escrito fundado y motivado su proceder con relación a que el Ayuntamiento de Ahome o aquél órgano que resulte competente, la omisión de dar contestación a la petición formulada mediante escrito recibido por las responsables el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, donde pide se haga de su conocimiento la situación que guarda la solicitud hecha mediante diversos escritos de once de julio de dos mil catorce y diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, para que se le otorgara un ascenso al arado inmediato superior. Por último, se apercibe a la citadas autoridades responsables, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria en el plazo indicado, se le impondrá a la omisa una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, se invoca al respecto la Jurisprudencia 54/2014, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Ahora bien, es importante destacar, que en el caso se trata de ejecutar una sentencia de amparo dictada por un órgano de control constitucional, la que indudablemente debe cumplirse. En razón de lo anterior, se le informa a las autoridades responsables, que el artículo 192, de la Ley de Amparo, que se refiere a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías no prevén ninguna excepción; por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables y aún las no señaladas como autoridades responsables, pero que están vinculadas con su cumplimiento, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios o situaciones diversas; que estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas. En otras palabras, la verdad legal establecida en los fallos de amparo, ineludiblemente impone que no puede alterarse en forma alguna porque tiene el carácter del incontrovertible, ni limitarse en sus efectos por otras cuestiones ajenas; por tanto, su cumplimiento debe ser acatado sin excusa alguna; es decir, la ejecución de una sentencia de amparo no puede retardarse, entorpecerse, aplazarse o suspenderse, bajo ningún concepto, y por ello, no sólo las autoridades que aparecen como responsables en los juicios de garantías están obligadas a cumplir con lo resuelto en el amparo. Es indudable que el proceder de las citadas autoridades responsables, va en contra de lo ordenado por el artículo 17 Constitucional, que establece que la justicia debe ser pronta, completa e imparcial; además, la sentencia ejecutoria de amparo, fue dictada por una autoridad facultada constitucionalmente para ello, y como consecuencia, su acatamiento debe ser obligatorio e inmediato, en la especie, lo más grave y que denota un claro desacato a la sentencia ejecutoria dictada en este juicio.
Quedan 22 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes
- Martin Nevarez Bailon164/2018
- Martin Ramos Huerta27/2018
- Martin Salazar Felix296/2018
- Martin Sanchez Alarcon117/2018
- Martin Sanchez Cerda595/2021
- Martin Sepulveda Lugo80/2023
- Martin Valencia Aguirres690/2023
- Martin Vega Oscar Manzanarez162/2018
- Martin Vega Ruiz137/2019
- Martin Verduzco Villanueva179/2020
- Martina Bernal Villegas411/2019
- Martina Bringas Ruiz529/2023