Martin Vega Oscar Manzanarez
Expediente 162/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 162/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Martin Vega Oscar Manzanarez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho en que se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por Martin Vega Oscar manzanarez; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de la materia se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción I del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de garantías; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Del análisis del presente asunto, se advierte, no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este Juzgado Federal el veinte de marzo de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, que a la letra dice: Vista la demanda promovida por Martín Vega Oscar Manzanarez, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 162/2018-2. Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación.". Del contenido integral del escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso reclama el proveído de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio especial hipotecario número 271/2016-1, donde se determinó que no ha lugar a acordar de conformidad el señalamiento para embargo en grado de intervenció0n a la caja de la demandada incidentista Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México. Del capítulo de antecedentes del acto reclamado, y que se formula bajo protesta de decir verdad, se advierte que en los autos del juicio de origen, la ahora quejosa resulta ser la parte demandada, y que el expediente de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, pues se promovió incidente de pago de gastos y costas a que fue condenado la parte actora hoy demandada incidentista. En tal virtud, se estima que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". Lo anterior es así, en virtud de que el acto reclamado lo constituye el proveído de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio especial hipotecario número 271/2016-1, donde se determinó que no ha lugar a acordar de conformidad el señalamiento para embargo en grado de intervención a la caja de la demandada incidentista Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México; asimismo, como se precisó, en el expediente de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, pues se promovió incidente de pago de gastos y de costas a que fue condenado la parte actora hoy demandada incidentista; por tanto, es inconcuso que el amparo intentado es improcedente, porque dichos actos no constituyen la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia en el expediente 271/2016-1, toda vez que no son actuaciones en las que se haya tenido por cumplida ésta, o bien, que determine la imposibilidad para su cumplimiento, lo que en su caso, sí constituiría la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución; de tal manera que es evidente que en el procedimiento de origen aún no se ha dictado la última resolución relativa a la ejecución de la sentencia. Ciertamente, dicha afirmación se sustenta porque que no puede considerarse si o no cumplida la sentencia, pues esto se verificará hasta en tanto el juez responsable haga la declaratoria expresa respecto al cumplimiento total de ésta o de la imposibilidad jurídica o material para ello. En ese tenor, el suscrito estima que los actos que en esta vía se impugnan son dictados en ejecución de sentencia a efecto de lograr su total cumplimiento; de ahí que el juicio de garantías promovido por Martín Vega Oscar Manzanarez, no sea procedente, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues es evidente que los actos que se reclaman no es la última resolución dictada en esa etapa del litigio. Robustece lo anterior, por las razones que la informan la jurisprudencia número P.J.32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". Asimismo es aplicable al presente caso, la tesis de jurisprudencia número 2°. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 230 y 231, del Tomo VII, Febrero 1998, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución.". En consecuencia, al quedar establecido que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia dictada en el expediente de origen, es que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías por notoriamente improcedente. Se tiene como domicilio del impetrante de garantías para oír y recibir notificaciones en Calle Articulo 123, casa marcada con el número 2374, del Fraccionamiento Residencial Platino, en esta ciudad y como su autorizado para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, al licenciado Martin Vea Sepulveda.
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