Martín Alberto Vivar Ramirez

Expediente 1794/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1794/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Martín Alberto Vivar Ramirez
  • MARTÍN ALBERTO VIVAR RAMIREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se sobreseyó en el presente juicio; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción I. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Es destruible conforme el artículo 20, fracción III, toda vez que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, lo que podrá hacerse una vez transcurridos tres años. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. DEVOLUCIÓN DE LEGAJO. Y en relación al legajo que la autoridad responsable Jueza Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, remitió junto con su informe; en consecuencia, devuélvase a la referida autoridad sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibió dicho legajo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En Mérida, Yucatán, siendo las once horas con quince minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Luis Abraham Aquiahuatl Vázquez, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. (...) VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1794/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********, por sí y en representación de su hija menor de edad ******, contra el acto reclamado a la Jueza Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. RESULTANDO (...) SEXTO. Causas de improcedencia actualizada En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En cumplimiento a lo estatuido en la ley, este Órgano de Control Constitucional, en el caso se actualiza la causa de improcedencia surge de la interpretación del artículo 61 fracción XXIII, e relación al artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Ciertamente, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio es improcedente: "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, dispone que tratándose de actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente. Así, de la interpretación del segundo de los preceptos citados, se advierte que el sistema de procedencia del juicio de amparo contra actos emitidos por autoridad jurisdiccional después de concluido el juicio respectivo, establece una distinción entre los actos que no se pronuncian dentro del procedimiento de ejecución, y los que desde luego se emiten en ejecución de la sentencia relativa. En relación con los actos de ejecución de sentencia, importa acotar que la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo, en la cual se pueden controvertir las violaciones cometidas en el procedimiento relativo. La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de amparo sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad. En tal virtud, la procedencia del juicio de amparo contra actos dictados en ejecución de fallos definitivos, la acción constitucional sólo procede contra la última resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución relativo, ya sea que se apruebe o reconozca, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total del fallo, o bien, que se declare la imposibilidad, material o jurídica, para darle cumplimiento, incluso en los casos en que se impugne una disposición legal de carácter general, salvo que se trate de actos que no tienen como fin tal ejecución, sino que tienden a prepararla; actos con autonomía propia, como se ha dicho. Al respecto, se cita la jurisprudencia sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estipula: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Sin embargo, debe decirse que esta regla no es absoluta o irrestricta, ya que admite una excepción que se actualiza cuando el acto dictado en ejecución de un fallo definitivo afecta de forma directa derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado, siempre y cuando no sean consecuencia directa y necesaria del fallo que se pretende ejecutar, desde luego, con la condición lógica de que no se pueda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto definitivamente en la sentencia respectiva. Sobre el particular, importa invocar la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 1002674, visible en la página 674, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Novena Época, cuyo rubro dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Por tanto, dentro de la etapa de ejecución de sentencia sólo procede el juicio de amparo contra la última resolución de la propia fase, cabe excepcionalmente la procedencia de la vía constitucional en los casos en que esos actos afecten de forma directa los derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado, siempre y cuando no sean consecuencia directa y necesaria del fallo que se pretende ejecutar, desde luego, con la condición lógica de que no se pueda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto definitivamente en la sentencia correspondiente. Ahora, en el caso que se resuelve, el auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés dictado dentro del juicio ordinario civil plenario de posesión 703/2019, a través del cual se ordenó el desalojo con auxilio de la fuerza pública del predio número trescientos cincuenta y nueve (359), de la calle doce letra "A" (12-A), del fraccionamiento Pedregales de Tanlum, de esta ciudad de Mérida, Yucatán; de modo que, aunque fue pronunciada en la fase de ejecución de esa contienda civil, no se trata de una resolución definitiva dentro de esa fase ejecutiva, precisamente, porque no reconoció o aprobó el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco declaró la imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento u ordenó el archivo definitivo del expediente. Se considera lo anterior, ya que el derecho definido en la sentencia del juicio natural fue la posesión del predio que será objeto de la ejecución de la sentencia; determinándose que corresponde a la parte actora, aquí tercera interesada detentarla, por ende, se condenó al aquí quejoso y a su codemandado, para que lo entregasen. Así, el acto reclamado por esta vía constitucional no contraviene en forma directa algún derecho sustantivo del quejoso ajeno a la cosa juzgada en el procedimiento de origen, por lo que tampoco se está en el caso de excepción de procedencia del juicio de amparo, pues la posesión y entrega del inmueble es la materia del procedimiento judicial de origen que adquirió el carácter de cosa juzgada. Además, el aquí quejoso no tiene el carácter de tercera extraña, ya que compareció al procedimiento, e incluso, como se destacó en los antecedentes, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. En ese panorama, de conformidad con la regla contenida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el presente juicio de amparo indirecto es improcedente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. No es óbice a lo anterior, que *****, haya ejercido la acción constitucional en representación de su hija menor de edad de iniciales *****, ya que carece de interés jurídico. En efecto, el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; asimismo, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el párrafo séptimo del artículo 4o. constitucional dispone que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. En este contexto, si en el juicio de amparo el representante legal de un menor invoca el principio del interés superior de la niñez y afirma, subjetivamente, que el acto reclamado le generará daños a su bienestar, desarrollo y al derecho de contar con una vivienda, sin demostrar que el infante es titular de un derecho legítimamente tutelado, ello es insuficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, ya que la aplicación de dicho principio no implica inobservar los requisitos para la procedencia del juicio, ni constituir derechos a favor del menor. Así, en el caso, como se ha expuesto, existe un pronunciamiento con categoría de cosa juzgada sobre quien tiene mejor derecho para poseer el bien inmueble número trescientos cincuenta y nueve (359), de la calle ******, del fraccionamiento ******, de esta ciudad de Mérida; de ahí que respecto al menor de edad se actualice la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I -aplicado en sentido contrario-, ambos de la Ley de Amparo. Máxime que el acta de nacimiento de *****, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Yucatán; dos avisos-recibos originales de consumo de energía eléctrica expedidos por la Comisión Federal de Electricidad, a nombre de M******z; dos recibos originales del servicio de agua emitidos por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, a favor de ******, son ineficaces para demostrar la existencia algún derecho constituido en favor del menor de edad quejoso, pues sólo prueba la filiación y el consumo de los servicios de energía eléctrica y agua. Es aplicable, por las razones que la integran el precedente jurisprudencial 1a./J. 21/2021 (11a.) emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE ALIMENTOS (HABITACIÓN) DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD. ES DISTINTO DEL DERECHO DE USO QUE SUS PROGENITORES DEFIENDEN EN UN JUICIO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO RESPECTO DEL INMUEBLE DONDE HABITAN, POR LO QUE EN DICHO JUICIO NO PROCEDE ANALIZAR EL ASUNTO A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA. (...) En esa tesitura, lo conducente es, conforme al numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en el juicio de amparo promovido por *******, por sí y en representación de su hija menor de edad de iniciales ***** El sobreseimiento se hace extensivo respecto de los actos de reclamados a las autoridades responsables ejecutoras, toda vez que no se atribuyen vicios propios, sino que son reclamados como resultado del emplazamiento al juicio natural, y la participación de las ejecutoras se hace depender de los actos atribuidos a la ordenadora. Sustenta lo anterior la tesis, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 y de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********, por sí y en representación de su hija menor de edad de iniciales ******, contra el acto que reclama a la Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, por las razones expresadas en el considerando sexto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, once de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el término previsto en el artículo 117, de la Ley de Amparo, en relación con la vista dada a las partes en proveído de treinta de agosto de dos mil veintitrés, con el informe justificado rendido por la Jueza Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija para su desahogo las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, y Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ambos con residencia en esta ciudad; en consecuencia, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con dichos informes y hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

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