MARTIN CABRERA IBARRA y Otros.

Expediente 426/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
426/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
12/06/2023

Partes del expediente

  • MARTIN CABRERA IBARRA y Otros.
  • PABLO SAUL CABRERA CAMARILLO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Recepción de testimonio del recurso de queja penal 71/2023. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que la presente pieza de actuaciones es destruible, hágase anotación de archivo y remítase al lugar de guarda.

  2. Principal

    Superioridad admite recurso. Agréguese el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual comunica que se admite el recurso de queja interpuesto en el presente asunto, mismo que quedó registrado bajo el número ********************; lo anterior, para los efectos legales conducente.

  3. Principal

    Interposición y trámite de recurso de queja. Glósese a los autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, anexo al cual remite el escrito signado por los impetrantes ******* y *******, y, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, téngaseles interponiendo recurso de queja contra el auto de veintiuno de abril del año en curso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ríndase informe con justificación respecto a la materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto impugnado, toda vez que en proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo por los motivos expuestos en el mismo. En virtud de lo anterior, remítase el original del escrito de agravios y el informe con justificación acompañado de las constancias relativas al auto impugnado, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en turno, con residencia en Guanajuato, capital.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE FECHA VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO DENTRO DE LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 426/2023-I DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO, EN EL QUE SE ACORDÓ: Parte quejosa cumple prevención. Desechamiento. Acotado lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo y del escrito de cuenta se advierte que la parte quejosa reclama el auto de radicación a juicio oral de catorce de marzo de dos mil veintitrés, emitido por el juez de Control adscrito al Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Región I, del Estado de Guanajuato, dentro de la causa penal 1P3021-62, mediante el cual cita a las partes a la audiencia de debate para el veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés; de lo que se advierte que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En la especie, se estima que se surte de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al ser parte en el contradictorio de origen. El precepto legal invocado en primer término dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." La causal de improcedencia contenida en la fracción transcrita se encuentra motivada por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, que es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que solo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora bien, por lo que hace al acto reclamado en la presente instancia constitucional, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia referida, para lo cual es necesario destacar que de conformidad con el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser la legislación aplicable en el procedimiento de origen, el acuerdo recamado es factible de combatirse a través del recurso de revocación, como se verá a continuación. La disposición normativa referida en líneas que anteceden literalmente dispone: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." De la interpretación literal del numeral transcrito se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un mecanismo de defensa, a través del cual puede conseguir modificar la determinación de la que se duele en esta instancia constitucional, toda vez que el legislador dispuso que contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, procederá el recurso de revocación, el cual será resuelto por el mismo órgano jurisdiccional que emitió la determinación impugnada. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama el auto de radicación a juicio oral de catorce de marzo de dos mil veintitrés, emitido por el juez de Control adscrito al Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Región I, del Estado de Guanajuato, dentro de la causa penal 1P3021-62, en el que se cita a las partes a la audiencia de debate para el veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés, es incuestionable que previo acudir al presente juicio de amparo debió promover el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con el principio de definitividad rector del juicio de amparo, contenido en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé el recurso de revocación, no se sujeta a interpretación adicional, ni deja a la parte quejosa en libertad de interponer el recurso o acudir al juicio de amparo, pues es claro en establecer que procede ese medio de impugnación en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial, en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Por tanto, como la parte solicitante del amparo no controvirtió el acto que cuestiona a través del medio de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. A lo que se suma que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, III. A la parte quejosa no le reviste el carácter de tercera extraña al procedimiento en sentido estricto, ni por equiparación, puesto que es parte dentro del expediente natural. Por ello, se afirma que la parte quejosa previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -recurso de revocación-, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Además, cobra relevancia destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), estableció el criterio de que el hecho de que un acto tenga la característica de irreparable no exime al gobernado de agotar los recursos o medios ordinarios en su contra, puesto que tal hipótesis no está contemplada como excepción al principio de definitividad en la Constitución Federal, ni en la Ley de Amparo. En esa tesitura, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo. Se ordena generación de versión pública de sentencia o resolución que pone fin al juicio. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.

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