Martín Alejandro Martínez López
Expediente 903/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 903/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 22/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Martín Alejandro Martínez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Fenece término para promover inconformidad. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes recurrieran el proveído de trece de marzo de dos mil diecinueve (fojas 124-126), en el que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; sin que dicho auto se hubiera impugnado. con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, se ordena depurar el presente cuaderno. No obran documentos originales. archívese y remítase al lugar de su guarda. Devolución de constancias que fueron remitidos por la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de documentos a la parte quejosa, en el entendido de que en caso de no comparecer para tales efectos, el medio electrónico podrá ser destruido junto con el expediente en que se actúa.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ: Fenece término para promover inconformidad. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes recurrieran el proveído de trece de marzo de dos mil diecinueve (fojas 124-126), en el que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; sin que dicho auto se hubiera impugnado. con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, se ordena depurar el presente cuaderno. No obran documentos originales. archívese y remítase al lugar de su guarda. Devolución de constancias que fueron remitidos por la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de documentos a la parte quejosa, en el entendido de que en caso de no comparecer para tales efectos, el medio electrónico podrá ser destruido junto con el expediente en que se actúa.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA CADENA COMERCIAL OXXO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA LEGALMENTE POR ANA MIRELA ISABEL ANDRADE DE LA TORRE, EL PROVEÍDO DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. I. Se tiene por cumplida sentencia de amparo. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante resolución de quince de enero de dos mil diecinueve (fojas 79 a 97), por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo, y por la otra se concedió la protección de la Justicia Federal al quejoso, para los siguientes efectos: "(.) 1. Deje sin efectos parcialmente la audiencia inicial celebrada el cinco de octubre de dos mil dieciocho, en la causa penal 1P2018-1938 de su índice, a partir de lo resuelto a las trece horas con cuarenta y tres minutos, solicitud del imputado de la ampliación del término constitucional (de acuerdo con la grabación respectiva), y reponga la audiencia, a fin de que: a) Fije nueva fecha y hora para continuar con la celebración de la audiencia de vinculación a proceso, proveyendo al efecto lo que sea procedente. b) Siguiendo los lineamientos planteados en esta ejecutoria, deje insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado y la imposición de la medida cautelar. 2. En el momento oportuno, con libertad de jurisdicción, resuelva la situación jurídica del ahora impetrante con base en la imputación formulada por el agente del Ministerio Público de la Federación y de acuerdo con los datos de pruebas expuestos por las partes, previa audiencia de éstas. En el entendido que no deberá agravar la situación jurídica del imputado, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 316, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.8o.P.13 P (10a.) emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo criterio se comparte y que aparece publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página web del Máximo Tribunal del país, Décima Época, Materia Común, con registro 2014666, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE ADVIERTE ALGUNA VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES QUE DEBA SER REPARADA POR EL JUEZ DE CONTROL, PROCEDE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, A FIN DE QUE SE DEJE PARCIALMENTE SIN EFECTOS LA AUDIENCIA INICIAL. De los artículos 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, 307, párrafo primero, 334, 348 y 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el sistema procesal penal acusatorio y oral se diseñó bajo una metodología de audiencias, las cuales tienen como finalidad solventar las cuestiones relativas a las etapas procesales que comprende el procedimiento penal; de manera que las audiencias inicial, intermedia y de debate, al estar directamente relacionadas con las etapas de investigación, intermedia o de preparación a juicio y de juicio, respectivamente, comparten su principal característica, consistente en que el orden que guardan no es casual, sino que coordina una serie de actos que se relacionan o entrelazan entre sí, necesarios para alcanzar los fines del procedimiento. Lo anterior, también permea en los temas que se resuelven en cada una de dichas audiencias, en razón de que pertenecen a la misma dinámica procesal; de ahí que el orden en que el numeral 307 invocado establece los temas que en la audiencia inicial se abordarán, es decir, la información al indiciado sobre sus derechos, el control de la detención, la formulación de la imputación, la oportunidad de declarar del imputado, la vinculación a proceso, las medidas cautelares y el plazo para el cierre de la investigación, tampoco es accidental, pues obedece al desarrollo lógico jurídico de aquéllos, en el que guardan una relación de interdependencia progresiva, dado que el sentido de la determinación adoptada en relación con cada uno de esos temas, constituye el sustento del siguiente y, por ende, una vez superado el anterior, queda consumada la actuación practicada en éste; de lo que se sigue que la actuación posterior puede modificarse sin afectar a la anterior, pero no a la inversa. En ese sentido, si en el juicio de amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso, se advierte alguna violación a derechos fundamentales que deba ser reparada por el Juez de control y, aun en suplencia de la queja, no se aprecia otra transgresión en los diversos temas que previamente se dilucidaron, procede que, para restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos, se ordene la reposición del procedimiento a fin de que se deje parcialmente sin efectos la audiencia inicial, a partir del dictado de dicha resolución, pues las actuaciones practicadas con anterioridad no se afectan, si se dejan insubsistentes las posteriores." En el entendido de que de conformidad con el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido o el Asesor jurídico soliciten una medida cautelar, el debate sobre medidas cautelares sucederá previo a la suspensión de la audiencia. (.)" Ahora, mediante oficio 1222/2019, de seis de febrero pasado, dirigido a la autoridad responsable juez de Control de la Sede León, del Juzgado de Oralidad Penal de la Región IV, del Estado de Guanajuato, residente en esta ciudad, se le comunicó la ejecutoria dictada en el presente juicio y por tal motivo se le requirió su cumplimiento (foja 106 y 108). En esa tesitura, por autos de catorce y veinte de febrero de dos mil diecinueve (fojas 114 y 119), la encargada de sala de la sede León del Juzgado Penal de Oralidad de la Cuarta Región en el Estado de Guanajuato, informó sobre el cumplimiento que se dio a la ejecutoria de amparo, y para lo cual remitió las constancias respectivas; razón por la cual se ordenó dar vista al quejoso con las mismas para que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que a la fecha hubiera realizado argumento alguno. En ese tenor, de las constancias antes reseñadas, se evidencia que la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio biinstancial está cumplida. A efecto de evidenciar lo anterior, es preciso realizar una comparación entre las consideraciones que sustentan el fallo protector, y lo actuado por la autoridad responsable, a fin de dar cumplimiento a la concesión del amparo. En primer término, tenemos que en la sentencia dictada el quince de enero de dos mil diecinueve (fojas 79 a 97), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al inconforme, a fin de que se dejará sin efectos la audiencia inicial de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 1P2018-1938, a partir de lo resuelto a las trece horas con cuarenta y tres minutos, esto es, sobre la solicitud del imputado sobre la ampliación del término constitucional, y se repusiera el procedimiento para efecto de fijar nueva fecha y hora para continuar con la celebración de dicha audiencia y, en el momento oportuno, con libertad de jurisdicción, resolver la situación jurídica del aquí impetrante; en razón a que se consideró que la autoridad responsable violento la garantía de defensa consagrada en la constitución, al haber negado al quejoso el plazo constitucional solicitado bajo el argumento de que para concederlo, éste debía ofrecer en la audiencia inicial los datos de prueba que estimará oportunos y justificar la pertinencia de su desahogo; sin embargo, dicho razonamiento resulta trasgresor de los derechos del quejoso, pues para su concesión la ley no exige más requisitos que simple petición del inculpado, pues es éste quien decide sobre el momento en el cual deberá resolverse su situación jurídica. Bajo ese panorama, la autoridad responsable por oficio JOLEO/2019/2193, recibido el trece de febrero del año en curso (foja 112), informó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se celebró audiencia el doce de febrero de dos mil diecinueve, donde la juez responsable dejó parcialmente insubsistente la audiencia inicial de cinco de octubre de dos mil dieciocho, a partir de lo resuelto a las trece horas con cuarenta y tres minutos; así como el auto de vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva; además de fijar para la continuación de dicha audiencia las quince horas del diecisiete de febrero del año en curso. Lo anterior, en razón a que se concedió al inculpado el término de ciento cuarenta y cuatro horas para resolver sobre su situación jurídica en duplicidad de plazo constitucional. Luego, por oficio JOLEO/2019/2469, recibido el diecinueve de febrero de la presente anualidad (foja 117), la autoridad responsable remitió un disco compacto digital con el que acredita que en audiencia de diecisiete de febrero de dos mil diecinueve, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso Martín Alejandro Martínez López, por el delito de robo calificado, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. De lo anteriormente puntualizado, se obtiene que comparando las medidas tomadas por la autoridad responsable con los lineamientos que fueron precisados en la ejecutoria dictada en autos, ésta se cumplió a cabalidad, pues en audiencia celebrada el doce de febrero de dos mil diecinueve dentro de la causa penal 1P2018-1938, se dejó sin efectos la audiencia inicial de cinco de octubre de dos mil dieciocho, a partir de lo resuelto a las trece horas con cuarenta y tres minutos, dejándose insubsistente el auto de vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar, con motivo de la concesión al inculpado del término de ciento cuarenta y cuatro horas para resolver sobre su situación jurídica en duplicidad de plazo constitucional; y fijándose fecha y hora para continuar con su verificativo. Audiencia que se reanudo en la data señalada, esto es, al haberse cumplido con el plazo del término constitucional, por lo que, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso Martín Alejandro Martínez López, por el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En tales condiciones, se considera que la responsable atendió en sus términos los lineamientos dados en la ejecutoria de mérito, de ahí que conforme lo establecen los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se tiene por cumplida en su totalidad la sentencia de amparo, para los efectos legales correspondientes. Dígase a las autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberán presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido, y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. I. Se tiene por cumplida sentencia de amparo. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante resolución de quince de enero de dos mil diecinueve (fojas 79 a 97), por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo, y por la otra se concedió la protección de la Justicia Federal al quejoso, para los siguientes efectos: "(.) 1. Deje sin efectos parcialmente la audiencia inicial celebrada el cinco de octubre de dos mil dieciocho, en la causa penal 1P2018-1938 de su índice, a partir de lo resuelto a las trece horas con cuarenta y tres minutos, solicitud del imputado de la ampliación del término constitucional (de acuerdo con la grabación respectiva), y reponga la audiencia, a fin de que: a) Fije nueva fecha y hora para continuar con la celebración de la audiencia de vinculación a proceso, proveyendo al efecto lo que sea procedente. b) Siguiendo los lineamientos planteados en esta ejecutoria, deje insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado y la imposición de la medida cautelar. 2. En el momento oportuno, con libertad de jurisdicción, resuelva la situación jurídica del ahora impetrante con base en la imputación formulada por el agente del Ministerio Público de la Federación y de acuerdo con los datos de pruebas expuestos por las partes, previa audiencia de éstas. En el entendido que no deberá agravar la situación jurídica del imputado, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 316, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.8o.P.13 P (10a.) emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo criterio se comparte y que aparece publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página web del Máximo Tribunal del país, Décima Época, Materia Común, con registro 2014666, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE ADVIERTE ALGUNA VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES QUE DEBA SER REPARADA POR EL JUEZ DE CONTROL, PROCEDE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, A FIN DE QUE SE DEJE PARCIALMENTE SIN EFECTOS LA AUDIENCIA INICIAL. De los artículos 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, 307, párrafo primero, 334, 348 y 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el sistema procesal penal acusatorio y oral se diseñó bajo una metodología de audiencias, las cuales tienen como finalidad solventar las cuestiones relativas a las etapas procesales que comprende el procedimiento penal; de manera que las audiencias inicial, intermedia y de debate, al estar directamente relacionadas con las etapas de investigación, intermedia o de preparación a juicio y de juicio, respectivamente, comparten su principal característica, consistente en que el orden que guardan no es casual, sino que coordina una serie de actos que se relacionan o entrelazan entre sí, necesarios para alcanzar los fines del procedimiento. Lo anterior, también permea en los temas que se resuelven en cada una de dichas audiencias, en razón de que pertenecen a la misma dinámica procesal; de ahí que el orden en que el numeral 307 invocado establece los temas que en la audiencia inicial se abordarán, es decir, la información al indiciado sobre sus derechos, el control de la detención, la formulación de la imputación, la oportunidad de declarar del imputado, la vinculación a proceso, las medidas cautelares y el plazo para el cierre de la investigación, tampoco es accidental, pues obedece al desarrollo lógico jurídico de aquéllos, en el que guardan una relación de interdependencia progresiva, dado que el sentido de la determinación adoptada en relación con cada uno de esos temas, constituye el sustento del siguiente y, por ende, una vez superado el anterior, queda consumada la actuación practicada en éste; de lo que se sigue que la actuación posterior puede modificarse sin afectar a la anterior, pero no a la inversa. En ese sentido, si en el juicio de amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso, se advierte alguna violación a derechos fundamentales que deba ser reparada por el Juez de control y, aun en suplencia de la queja, no se aprecia otra transgresión en los diversos temas que previamente se dilucidaron, procede que, para restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos, se ordene la reposición del procedimiento a fin de que se deje parcialmente sin efectos la audiencia inicial, a partir del dictado de dicha resolución, pues las actuaciones practicadas con anterioridad no se afectan, si se dejan insubsistentes las posteriores." En el entendido de que de conformidad con el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido o el Asesor jurídico soliciten una medida cautelar, el debate sobre medidas cautelares sucederá previo a la suspensión de la audiencia. (.)" Ahora, mediante oficio 1222/2019, de seis de febrero pasado, dirigido a la autoridad responsable juez de Control de la Sede León, del Juzgado de Oralidad Penal de la Región IV, del Estado de Guanajuato, residente en esta ciudad, se le comunicó la ejecutoria dictada en el presente juicio y por tal motivo se le requirió su cumplimiento (foja 106 y 108). En esa tesitura, por autos de catorce y veinte de febrero de dos mil diecinueve (fojas 114 y 119), la encargada de sala de la sede León del Juzgado Penal de Oralidad de la Cuarta Región en el Estado de Guanajuato, informó sobre el cumplimiento que se dio a la ejecutoria de amparo, y para lo cual remitió las constancias respectivas; razón por la cual se ordenó dar vista al quejoso con las mismas para que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que a la fecha hubiera realizado argumento alguno. En ese tenor, de las constancias antes reseñadas, se evidencia que la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio biinstancial está cumplida. A efecto de evidenciar lo anterior, es preciso realizar una comparación entre las consideraciones que sustentan el fallo protector, y lo actuado por la autoridad responsable, a fin de dar cumplimiento a la concesión del amparo. En primer término, tenemos que en la sentencia dictada el quince de enero de dos mil diecinueve (fojas 79 a 97), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al inconforme, a fin de que se dejará sin efectos la audiencia inicial de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 1P2018-1938, a partir de lo resuelto a las trece horas con cuarenta y tres minutos, esto es, sobre la solicitud del imputado sobre la ampliación del término constitucional, y se repusiera el procedimiento para efecto de fijar nueva fecha y hora para continuar con la celebración de dicha audiencia y, en el momento oportuno, con libertad de jurisdicción, resolver la situación jurídica del aquí impetrante; en razón a que se consideró que la autoridad responsable violento la garantía de defensa consagrada en la constitución, al haber negado al quejoso el plazo constitucional solicitado bajo el argumento de que para concederlo, éste debía ofrecer en la audiencia inicial los datos de prueba que estimará oportunos y justificar la pertinencia de su desahogo; sin embargo, dicho razonamiento resulta trasgresor de los derechos del quejoso, pues para su concesión la ley no exige más requisitos que simple petición del inculpado, pues es éste quien decide sobre el momento en el cual deberá resolverse su situación jurídica. Bajo ese panorama, la autoridad responsable por oficio JOLEO/2019/2193, recibido el trece de febrero del año en curso (foja 112), informó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se celebró audiencia el doce de febrero de dos mil diecinueve, donde la juez responsable dejó parcialmente insubsistente la audiencia inicial de cinco de octubre de dos mil dieciocho, a partir de lo resuelto a las trece horas con cuarenta y tres minutos; así como el auto de vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva; además de fijar para la continuación de dicha audiencia las quince horas del diecisiete de febrero del año en curso. Lo anterior, en razón a que se concedió al inculpado el término de ciento cuarenta y cuatro horas para resolver sobre su situación jurídica en duplicidad de plazo constitucional. Luego, por oficio JOLEO/2019/2469, recibido el diecinueve de febrero de la presente anualidad (foja 117), la autoridad responsable remitió un disco compacto digital con el que acredita que en audiencia de diecisiete de febrero de dos mil diecinueve, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso Martín Alejandro Martínez López, por el delito de robo calificado, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. De lo anteriormente puntualizado, se obtiene que comparando las medidas tomadas por la autoridad responsable con los lineamientos que fueron precisados en la ejecutoria dictada en autos, ésta se cumplió a cabalidad, pues en audiencia celebrada el doce de febrero de dos mil diecinueve dentro de la causa penal 1P2018-1938, se dejó sin efectos la audiencia inicial de cinco de octubre de dos mil dieciocho, a partir de lo resuelto a las trece horas con cuarenta y tres minutos, dejándose insubsistente el auto de vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar, con motivo de la concesión al inculpado del término de ciento cuarenta y cuatro horas para resolver sobre su situación jurídica en duplicidad de plazo constitucional; y fijándose fecha y hora para continuar con su verificativo. Audiencia que se reanudo en la data señalada, esto es, al haberse cumplido con el plazo del término constitucional, por lo que, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso Martín Alejandro Martínez López, por el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En tales condiciones, se considera que la responsable atendió en sus términos los lineamientos dados en la ejecutoria de mérito, de ahí que conforme lo establecen los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se tiene por cumplida en su totalidad la sentencia de amparo, para los efectos legales correspondientes. Dígase a las autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberán presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido, y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto.
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