Martín Cortés Contreras

Expediente 1020/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1020/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
05/01/2022

Partes del expediente

  • Martín Cortés Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia en el juicio de amparo 1020/2021, promovido por Martín Cortés Contreras contra actos de la Jueza Décimo Tercero Civil de Partido de León, Guanajuato y otras autoridades, que consideró violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. Admisión, trámite e integración. Ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, el uno de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 4907 y anexos el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, remitió el original (glosada al cuadernillo de amparo) y dos copias de la demanda de amparo promovida por Martín Cortés Contreras, un sobre con documentos y expediente C-704/2013 en dos tomos, por haberse declarado legalmente incompetente para conocer de la misma; por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal, quien aceptó la competencia declinada y admitiéndose a trámite la demanda de amparo por auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 38 a 40); en el mismo auto considerando que las autoridades responsables Jueza Décimo Tercero Civil de Partido y Directora de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común en Materia Civil, por sí y en sustitución del actuario, todas con sede en esta ciudad, ya habían rendido su informe con justificación, únicamente se les hizo de su conocimiento la admisión del presente asunto; asimismo, la parte tercera interesada Olivia Sierra Vega, ya había sido emplazada al juicio de amparo en que se actúa; fue necesario hacer de su conocimiento la presente determinación; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, en virtud de que el acto que se reclama tiene ejecución en esta ciudad de León, Guanajuato, territorio dentro del que ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se examina la demanda de amparo, los conceptos de violación y demás constancias de autos, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de lo que se obtiene que el peticionario del amparo reclama de la autoridad responsable Jueza Décimo Tercero Civil de Partido y directora de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común en Materia Civil, por sí y en sustitución del actuario, todas con sede en esta ciudad: "La resolución de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada por la Jueza Décimo Tercero Civil de Partido con sede en esta ciudad, en los autos del juicio ordinario civil número 704/2013-C." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Tocante a los actos reclamados a las autoridades señaladas como Directora de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común en Materia Civil, por sí y en sustitución del actuario, deben tenerse como inexistentes, a pesar que de su informe justificado (foja 27 de autos), se adhirió al rendido por la autoridad responsable Jueza Décimo Tercero Civil de Partido, pues al respecto dicho acto emitido por la Jueza responsable referente a la improcedencia de la resolución del incidente de nulidad de actuaciones, no tiene ejecución que deba ser atribuida a la directora de la oficina central de actuarios, por sí y en sustitución del actuario, y por su parte el quejoso no ofreció prueba alguna que evidenciara la ejecución que les imputa sobre la interlocutoria. Por tanto, es inexistente el acto reclamado; en consecuencia, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo respecto a dichas autoridades responsables. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Jueza Décimo Tercero Civil de Partido al rendir su informe justificado (foja 22 de autos), manifestó que es cierto el acto que se le atribuye, consistente en la resolución de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada en los autos del juicio ordinario civil número 704/2013-C. Lo que se corrobora con las actuaciones relativas al juicio ordinario civil número 704/2013-C, del índice del mencionado Juzgado responsable, que obran en dos tomos, los cuales anexó a su respectivo informe de ley la autoridad responsable; medios de convicción que adquieren pleno alcance probatorio, con fundamento en los artículos 129, 197, 202 y 217 todos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al ordinal 2° de este último ordenamiento. Así, atendiendo al informe afirmativo y a la plena eficacia de las documentales exhibidas por la responsable, está demostrada fehacientemente la existencia del acto combatidos consistente en la resolución del incidente de nulidad de actuaciones de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada por la Jueza Décimo Tercero Civil de Partido con sede en esta ciudad, en los autos del juicio ordinario civil número 704/2013-C; lo anterior encuentra sustento, según las Jurisprudencias doscientos setenta y ocho y doscientos veintiséis de rubros: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO" y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio oficioso de las causas de improcedencia del juicio constitucional, sea que lo aleguen las partes o no, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, se estima se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en razón a que la interlocutoria destacada como acto reclamado, a saber, la dictada el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en los autos del juicio ordinario civil número 704/2013-C, del índice del Juzgado Décimo Tercero Civil del Partido Judicial en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de León, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Para justificar lo anterior, debe tomarse el contenido del artículo 107 de la Ley de Amparo, que establece en su fracción IV, segundo párrafo, la procedencia del juicio de amparo indirecto y que se transcribe a continuación: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [.]". De la transcripción anterior se advierte que el artículo considera diversas hipótesis para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, a saber: a) Que se trate de actos dictados fuera de juicio, como serían aquellos previos al juicio o ajenos a contención alguna (medidas precautorias, provisionales o jurisdicciones voluntarias). b) Que se trate de actos dictados después de concluido el juicio, es decir, aquellos producidos después de emitida la sentencia definitiva. De los actos dictados después de concluido el juicio, debe destacarse que existen subcategorías a que hace referencia el artículo antes transcrito, a saber: Los que son, propiamente, dictados después de concluido el juicio, pero que constituyen actos autónomos, previos a la ejecución (como lo sería un incidente de liquidación de intereses). Los que son dictados en ejecución, o tendentes a ejecutar la sentencia definitiva, contra los cuales únicamente procede el amparo tratándose de la última resolución de dichos procesos, entendida ésta como la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o la imposibilidad para cumplirlo, o bien ordena el archivo definitivo del expediente (como es el caso de la orden de lanzamiento). No obstante, lo anterior también se han establecido algunas excepciones al criterio general antes aludido. Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el juicio de amparo indirecto es procedente excepcionalmente cuando: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el período de ejecución de sentencia. 2. Contra los actos de imposible reparación y ajenos a la cosa juzgada; entre los que destaca la interlocutoria firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia. Recapitulando, tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, el juicio de amparo indirecto será procedente: 1. Contra la última resolución dictada en el período de ejecución de sentencia, esto es, contra la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento u ordena el archivo definitivo del expediente. 2. Contra la última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, contra la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de los bienes rematados. 3. Contra actos que gocen de autonomía, porque no tienen como finalidad directa e inmediata la ejecución de la sentencia ejecutoria o bien, impedirla u obstaculizarla. 4. Contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada. Por tanto, en sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos dictados en ejecución de sentencia que no se ubiquen en esas hipótesis. Este requisito persigue, evitar abusos del juicio de garantías, cuando se pretende ejecutar un fallo definitivo que constituye cosa juzgada y cuya ejecución es de orden público. De los datos objetivos cuyo análisis de las constancias que remite la autoridad responsable, se destaca lo siguiente: 1. Martín Cortés Contreras, por escrito presentado el seis de agosto de dos mil trece, demandó en la vía ordinaria civil de Olivia Sierra Vega, la disolución del vínculo matrimonial y otras prestaciones asunto radicado en el Juzgado Décimo Tercero Civil de partido con sede en León, Guanajuato, con el número de expediente 704/2013- C. 2. Mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil trece, Olivia Sierra Vega dio contestación a la demanda entablada en su contra y reconvino de Martín Cortés Contreras, sobre divorcio necesario y otras prestaciones. 3. Seguido el juicio por sus etapas legales la jueza del conocimiento por resolución de tres de junio de dos mil catorce, tuvo a la parte actora por no acreditando su acción de divorcio por lo que absolvió a Olivia Sierra Vega de las prestaciones reclamadas; asimismo, qué la actora reconvencional sí acreditó su acción de divorcio, por lo que decretó la disolución del vínculo matrimonial que unía a Martín Cortés Contreras y Olivia Sierra Vega, ordenó girar oficio al oficial del Registro Civil para que realizará las anotaciones correspondientes; absolvió a Martín Cortés Contreras de las prestaciones de pago de alimentos y del pago de alimentos vencidos y no pagados, determinó el pago a la actora del veinte por ciento del valor de los bienes que adquirieron durante el matrimonio, lo cual sería motivo de ejecución de sentencia; y condenó a Martín Cortés Contreras al pago de gastos y costas. 4. En contra de lo anterior, Olivia Sierra Vega interpuso recurso de apelación, el que fue radicado por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en la ciudad de Guanajuato, con el toca de apelación 436/2014 y dictó resolución el diecinueve de agosto de dos mil catorce, en la que confirmó la resolución recurrida. 5. Inconforme, Olivia Sierra Vega, promovió demanda de amparo directo, medio de impugnación que tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, quien lo registró con el número de amparo directo civil 889/2014-IV, resolviendo en sesión de treinta de enero de dos mil quince concederle el amparo y protección de la Justicia de la Unión. 6. En cumplimiento con lo anterior, la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en esta ciudad, dictó resolución el doce de febrero de dos mil quince, modificando la resolución apelada, para el efecto de condenar al demandado Martín Cortés Contreras, al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de Olivia Sierra Vega, equivalente a un salario mínimo general vigente en el Estado de Guanajuato; y al pago de las costas de la instancia. 7. Posteriormente, en etapa de ejecución, Olivia Sierra Vega, interpuso incidente de liquidación de sentencia, resuelto el seis de octubre de dos mil veinte, en la que el juez natural condenó al demandado al pago de $154,930.16 (ciento cincuenta y cuatro mil novecientos treinta pesos 16/100 moneda nacional), por concepto de liquidación de pensión alimenticia definitiva decretada en autos a favor de Olivia Sierra Vega, a razón de un salario mínimo general vigente en el estado de Guanajuato, correspondiente al período transcurrido desde el martes 17 diecisiete de febrero del año 2015 dos mil quince y hasta el día 25 veinticinco de agosto de 2020 dos mil veinte; dejando a salvo sus derechos de materializar el monto correspondiente al 20% de la compensación solicitada, para que los hiciera valer por diversa incidencia, una vez que obtuviera la información obtenida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de León, Guanajuato, a través de la cual cuantifique el monto total correspondiente del pago del crédito indicado por Martín Cortés Contreras y con base en el mismo, el veinte por ciento corresponde a su compensación, pero sólo en lo que respecta al valor del bien inmueble relativo, en la parte proporcional que del mismo se haya incrementado la esfera patrimonial de su adquirente; es decir, en la parte proporcional del pago cubierto del crédito hipotecario a través del cual adquirió la propiedad correspondiente. 8. Mediante escrito de veintinueve de octubre de dos mil veinte, de nueva cuenta Olivia Sierra Vega, interpuso incidente de liquidación de sentencia, resuelto el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en la que el juez natural dejó de nueva cuenta a salvo su derecho de materializar el monto correspondiente al veinte por ciento de la compensación solicitada en una diversa incidencia, para que justificara a través de la Delegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de León, Guanajuato, la cantidad que efectivamente haya sido cubierta por Martín Cortés Contreras, en relación al crédito que le fue concedido a éste para la adquisición de la vivienda ubicada en calle Bosques Reales número116, Segunda Sección, Segunda Etapa de León, Guanajuato, tanto en capital y demás anexidades pactadas, desde la fecha del otorgamiento del crédito y hasta el día que pretenda hacerse efectiva la cuantificación correspondiente a su derecho de compensación; no haciendo especial condena en costas. 9. Olivia Sierra Vega, interpuso incidente de liquidación de sentencia, resuelto el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en la que la jueza natural condenó a Martín Cortés Contreras a pagar a favor de Olivia Sierra Vega, la cantidad de $77,445.33 (Setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 33/100 moneda nacional), por concepto de compensación del veinte por ciento del valor del bien inmueble ubicado en la calle Bosques Reales número 116, Segunda Sección, Segunda Etapa de León, Guanajuato, que aquél adquirió durante la vigencia del matrimonio civil de las partes a través de crédito Infonavit; cuyo monto corresponde a la parte proporcional del pago del crédito hipotecario que la parte actora incidental reconoció fue cubierto por parte del acreditado hasta el momento de la presentación de la presente incidencia, no haciendo especial condena en costas. 10. La jueza del conocimiento, en proveído de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, tuvo a Olivia Sierra Vega, interponiendo incidente de liquidación de costas procesales resolviendo el veintidós de abril de dos mil veintiuno, aprobar la cantidad de $59,703.80 (Cincuenta y nueve mil setecientos tres pesos 80/100 moneda nacional), por concepto de costas procesales, que se obtiene de adicionar las partidas autorizadas. 11. Mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil veintiuno, Martín Cortés Contreras promovió incidente de nulidad de actuaciones, mismo que fue admitido el tres de agosto siguiente, resolviendo la jueza del conocimiento el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, declarar improcedente el incidente de nulidad de actuaciones judiciales promovido por Martín Cortés Contreras, no haciendo especial condena en costas (determinación anterior que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional). En esta condición, se destaca como acto reclamado la interlocutoria de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en los autos del juicio ordinario civil número de expediente 704/2013- C, del índice del Juzgado Décimo Tercero Civil de partido con sede en León, Guanajuato, que declaró como improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el ahora quejoso Martín Cortés Contreras, en ejecución de sentencia. Por ende, la interlocutoria de que se trata no cumple con las exigencias necesarias para ser considerada como la última resolución dictada en fase de ejecución de sentencia, habida cuenta que, por una parte, no declara que se tiene por cumplida la sentencia definitiva dictada en el contradictorio de origen; tampoco declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento a la misma; y menos aún ordena el archivo definitivo del expediente. En efecto, se reitera, atendiendo a que el juicio ordinario civil número de expediente 704/2013- C, del índice del Juzgado Décimo Tercero Civil de partido con sede en León, Guanajuato, de origen se encuentra en la fase de ejecución de sentencia, las actuaciones ahí dictadas persiguen como finalidad directa e inmediata ejecutar, en sus términos, la sentencia firme ahí dictada que, precisamente, por esa circunstancia ha adquirido la categoría de cosa juzgada; es decir, hacer efectivas las prestaciones a cuyo pago fue condenado el quejoso. Es decir, el acto reclamado tendrá como consecuencia que se continúe con la secuela procesal substanciada para que el actor haga efectivo el derecho que le fue reconocido en sentencia firme; ello, puesto que la finalidad implícita de un incidente de nulidad de actuaciones promovido en etapa de ejecución de la sentencia, es impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, por lo que se estima de modo que no guarda autonomía ni independencia respecto a los actos de ejecución, por el contrario, es encaminado a lograr dicho acatamiento. Sin que, en el caso, se advierta la existencia de una resolución que ordene la conclusión de la fase de ejecución de sentencia. Por tanto, la posibilidad de impugnar la eventual violación que la interlocutoria reclamada cause o llegue a causar en el derecho humano del peticionario, surgirá hasta el momento en que, en el contradictorio de origen, se emita la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia; de ahí que se estime actualiza la causal de improcedencia en cita y, en vía de consecuencia, se impone sobreseer el juicio de amparo En ese orden de ideas, la resolución reclamada de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en los autos del juicio ordinario civil número de expediente 704/2013- C, del índice del Juzgado Décimo Tercero Civil de partido con sede en León, Guanajuato, que declaró como improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el ahora quejoso Martín Cortés Contreras, en efecto, no es la última resolución dictada en la fase de ejecución de la sentencia emitida en el juicio de origen; dado que en forma alguna declara que se tiene cumplida la sentencia definitiva pronunciada en procedimiento de origen; no dispone la imposibilidad jurídica o material para acatar la misma; ni ordena el archivo definitivo del expediente; de ahí que, como la determinación reclamada no es la última resolución dictada en el procedimiento respectivo no resulta viable el juicio de amparo indirecto, sino que se debe esperar a que se pronuncie la correspondiente y que se ubique en cualquiera de las tres hipótesis precedentes para que resulte procedente la acción constitucional respectiva, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la ahora inconforme y trascendido al resultado de la resolución. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio respecto del acto reclamado por Martín Cortés Contreras, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley de la materia. Maxime que en el caso también se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en la medida que el quejoso no interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria reclamada, no obstante que en contra de ésta procede el aludido medio de impugnación previsto en el artículo 236 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Guanajuato; lo que robustece la improcedencia del juicio que se resuelve. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 63, 74, 75, 76, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Martín Cortés Contreras contra los actos reclamados a la Juez Décimo Tercero Civil de Partido y Directora de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común por sí y en sustitución del actuario de este Partido Judicial, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA OLIVIA SIERRA VEGA, EL PROVEÍDO DE 06 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "I. Se recibe oficio y se acepta competencia. Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, remite el original (glosada al cuadernillo de amparo) y dos copias de la demanda de amparo promovida por Martín Cortés Contreras, por haberse declarado legalmente incompetente para conocer de la misma, original del oficio 2021 y copia certificada del diverso 2065, signados por la jueza Décimo Tercero Civil de Partido de esta ciudad, oficio 1733 suscrito por la Directora de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común con sede en esta ciudad, cuadernillo de amparo que contiene, entre otros, constancia de emplazamiento de la parte tercera interesada, un sobre con documentos y expediente C-704/2013 en dos tomos, con estos últimos fórmense por separado dos tomos de pruebas. Acúsese recibo de estilo. Atento al contenido del oficio relacionado, este Juzgado de Distrito acepta la competencia declinada y, por ende se avoca al conocimiento de la demanda de amparo remitida por la superioridad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; así como en los numerales 1º, 37, 38, 45 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con los puntos de acuerdo primero, relativo al Décimo Sexto Circuito, y cuarto, párrafo segundo, del punto XVI, derivados del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad. II. Parte quejosa. Martín Cortés Contreras. III. Autoridad responsable. Juez Décimo Tercero Civil de Partido de esta ciudad, y otras autoridades. IV. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 1020/2021-V, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. V. Admisión de demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo de actual vigencia, se admite la demanda de amparo en sus términos. VI. Informe justificado. Toda vez que las autoridades responsables jueza Décimo Tercero Civil de Partido y directora de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común en Materia Civil, por sí y en sustitución del actuario, todas con sede en esta ciudad, ya rindieron su informe con justificación, únicamente hágaseles de su conocimiento la admisión del presente asunto. VII. Notificación a la parte tercera interesada. De igual forma, en virtud de que la tercera interesada Olivia Sierra Vega, ya fue emplazada al juicio de amparo en que se actúa; empero, debido a que es necesario hacer de su conocimiento la presente determinación y como de las constancias remitidas se desprende que éste fue realizado en el ubicado en calle Bosques Reales, número 116 del Fraccionamiento Bosques Reales de esta ciudad; en consecuencia, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, para que notifique personalmente el presente proveído a la referida tercera interesada en el domicilio señalado y le haga de su conocimiento la hora y fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional; asimismo, le deberá requerir para que dentro del término de tres días señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las que tuvieran que ser de carácter personal, se le practicarán por lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, sin necesidad de ulterior acuerdo, en términos de lo dispuesto por la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del mismo artículo. VIII. Vista al Ministerio Público. Dese vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos legales de su representación, en términos del artículo 5° fracción IV de la ley de la materia. IX. Fecha de audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de enero de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. X. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, por no haber sido solicitado. XI. Domicilio, autorizados y requerimiento. Luego, en virtud de que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del tribunal colegiado, sin embargo, tomando en consideración que de la misma demanda se desprende que señala como diverso domicilio el ubicado en calle Pedregal, número 130, colonia Jardines del Moral de esta ciudad, y que el presente proveído debe notificársele personalmente, en consecuencia, practíquesele por única ocasión la notificación del presente auto en dicho domicilio. Asimismo, requiérasele a la parte solicitante del amparo, para que en el momento de la diligencia, o dentro del término legal de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le realizarán por lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Por otra parte, téngasele como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Lorena Lucero Góngora García y Arcadio Parra Lara, por tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. XII. Se exhorta a las partes. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. XIII. Se informa a las partes modelo de atención presencial basado en citas. Hágase del conocimiento de las partes que conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la atención para consulta de expedientes o comparecencias para el desahogo de audiencias o diligencias se basará en citas, las cuales podrán agendar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Bajo ese contexto, indíquese a las partes que si están en algún supuesto legal por el cual requieran comparecer a la audiencia constitucional en el presente juicio, deberán gestionar su cita en la hora y fecha fijadas. XIV. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. XV. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. XVI. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo."

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 06 DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, a seis de diciembre de dos mil veintiuno. I. Se recibe oficio y se acepta competencia. Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, remite el original (glosada al cuadernillo de amparo) y dos copias de la demanda de amparo promovida por Martín Cortés Contreras, por haberse declarado legalmente incompetente para conocer de la misma, original del oficio 2021 y copia certificada del diverso 2065, signados por la jueza Décimo Tercero Civil de Partido de esta ciudad, oficio 1733 suscrito por la Directora de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común con sede en esta ciudad, cuadernillo de amparo que contiene, entre otros, constancia de emplazamiento de la parte tercera interesada, un sobre con documentos y expediente C-704/2013 en dos tomos, con estos últimos fórmense por separado dos tomos de pruebas. Acúsese recibo de estilo. Atento al contenido del oficio relacionado, este Juzgado de Distrito acepta la competencia declinada y, por ende se avoca al conocimiento de la demanda de amparo remitida por la superioridad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; así como en los numerales 1º, 37, 38, 45 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con los puntos de acuerdo primero, relativo al Décimo Sexto Circuito, y cuarto, párrafo segundo, del punto XVI, derivados del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad. II. Parte quejosa. Martín Cortés Contreras. III. Autoridad responsable. Juez Décimo Tercero Civil de Partido de esta ciudad, y otras autoridades. IV. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 1020/2021-V, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. V. Admisión de demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo de actual vigencia, se admite la demanda de amparo en sus términos. VI. Informe justificado. Toda vez que las autoridades responsables jueza Décimo Tercero Civil de Partido y directora de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común en Materia Civil, por sí y en sustitución del actuario, todas con sede en esta ciudad, ya rindieron su informe con justificación, únicamente hágaseles de su conocimiento la admisión del presente asunto. VII. Notificación a la parte tercera interesada. De igual forma, en virtud de que la tercera interesada Olivia Sierra Vega, ya fue emplazada al juicio de amparo en que se actúa; empero, debido a que es necesario hacer de su conocimiento la presente determinación y como de las constancias remitidas se desprende que éste fue realizado en el ubicado en calle Bosques Reales, número 116 del Fraccionamiento Bosques Reales de esta ciudad; en consecuencia, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, para que notifique personalmente el presente proveído a la referida tercera interesada en el domicilio señalado y le haga de su conocimiento la hora y fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional; asimismo, le deberá requerir para que dentro del término de tres días señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las que tuvieran que ser de carácter personal, se le practicarán por lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, sin necesidad de ulterior acuerdo, en términos de lo dispuesto por la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del mismo artículo. VIII. Vista al Ministerio Público. Dese vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos legales de su representación, en términos del artículo 5° fracción IV de la ley de la materia. IX. Fecha de audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de enero de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. X. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, por no haber sido solicitado. XI. Domicilio, autorizados y requerimiento. Luego, en virtud de que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del tribunal colegiado, sin embargo, tomando en consideración que de la misma demanda se desprende que señala como diverso domicilio el ubicado en calle Pedregal, número 130, colonia Jardines del Moral de esta ciudad, y que el presente proveído debe notificársele personalmente, en consecuencia, practíquesele por única ocasión la notificación del presente auto en dicho domicilio. Asimismo, requiérasele a la parte solicitante del amparo, para que en el momento de la diligencia, o dentro del término legal de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le realizarán por lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Por otra parte, téngasele como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Lorena Lucero Góngora García y Arcadio Parra Lara, por tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. XII. Se exhorta a las partes. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. XIII. Se informa a las partes modelo de atención presencial basado en citas. Hágase del conocimiento de las partes que conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la atención para consulta de expedientes o comparecencias para el desahogo de audiencias o diligencias se basará en citas, las cuales podrán agendar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Bajo ese contexto, indíquese a las partes que si están en algún supuesto legal por el cual requieran comparecer a la audiencia constitucional en el presente juicio, deberán gestionar su cita en la hora y fecha fijadas. XIV. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. XV. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. XVI. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Luego, resulta un hecho notorio que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que los propios artículos 26, fracción II, inciso a) y b), 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado el acuse de recibo. Por otra parte, conforme a la fracción III del numeral 26 y 29 de la Ley de Amparo, se comunica a las partes, en especial a las autoridades responsables, que la fecha de todo tipo de audiencias (constitucional e incidental) se notificará a través de lista, cuya consulta es fácil por medios electrónicos. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el dos de diciembre de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada Norma Rojas López, secretaria que autoriza y da fe.

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