Martin Córtes Contreras

Expediente 1018/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1018/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2021

Partes del expediente

  • Martin Córtes Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado. De la certificación que antecede y como de ella se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo y no se recurrió el proveído de seis de diciembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo por la que se formó este expediente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ese acuerdo ha causado estado. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Se previene al quejoso para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibido que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 20/2021, respecto al periodo de su vigencia, indíquesele a la aludida parte que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Toda vez que es innecesario permanecer con las constancias remitidas por la Juez Decimotercero Civil de Partido de esta ciudad, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 06 DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "." León, Guanajuato, seis de diciembre de dos mil veintiuno. I. Se recibe oficio y se acepta competencia. Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, remite copia certificada del oficio 2580 y original 2496 suscritos por la Juez Décimo Tercero Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado, original del escrito de demanda de amparo promovida por Martín Cortes Contreras, constancias de emplazamiento y copias certificadas del expediente C704/2013. Acúsese recibo. Atento al contenido del oficio relacionado, este Juzgado de Distrito acepta la competencia declinada y, por ende se avoca al conocimiento de la demanda de amparo remitida por la superioridad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; así como en los numerales 1º, 37, 38, 45 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con los puntos de acuerdo primero, relativo al Décimo Sexto Circuito, y cuarto, párrafo segundo, del punto XVI, derivados del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad. II. Quejoso. Martín Cortés Contreras. III. Autoridades responsables. Juez Décimo Tercero Civil de Partido de esta ciudad, y otra autoridad. IV. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 1018/2021-III, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. V. Desechamiento. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". La porción normativa transcrita regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades judiciales, administrativas o del trabajo. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, y que exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia con datos de identificación, rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Ahora bien, del estudio integral de la demanda se advierte que el acto reclamado, se hace consistir en la determinación de treinta de septiembre del año en curso, emitida por la Juez Décimo Tercero Civil de Partido de esta ciudad, dentro del juicio C704/2013, en la que desechó de plano el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por el aquí quejoso. De lo anterior, resulta pertinente destacar que los numerales 232 y 245 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, establecen: "Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. "Artículo 245. Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere la sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos." De los numerales transcritos, se tiene, en lo que interesa, que procede recurso de revocación en contra de los autos que no fueran apelables en términos del numeral 245 en cita y los decretos. En el caso, el acto reclamado se hace consistir en el proveído por el que se desechó de plano el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por el quejoso. Atento a lo anterior, tomando en cuenta el sentido de esa determinación, se considera que resulta ser un acuerdo de mero trámite que no es susceptible de apelación, en tanto que no corresponde a una resolución que decida un incidente para que en su contra proceda dicho medio de impugnación, ni el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, prevé la procedibilidad del recurso de apelación para controvertirla. De ahí que, resulta jurídicamente válido afirmar que el acto reclamado es recurrible, como se dijo, en términos del artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, a través del recurso de revocación por virtud del cual puede ser revocado o modificado, puesto dicho numeral no excluye de su procedencia a las determinaciones que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación; aunado a que el quejoso es parte en el juicio de origen, por lo que estuvo en condiciones de acudir a defender sus derechos a través del medio de impugnación de referencia. Tiene sustento a lo anterior por identidad de razón, la jurisprudencia que se considera aplicable por analogía, de rubro y texto siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS."). Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación." Sin que en el particular, se advierta alguna de las causas de excepción establecidas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que eximan al solicitante del amparo de cumplir ese principio, por las siguientes consideraciones: 1. La determinación reclamada, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Asimismo, no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de las quejosas, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. El quejoso no tiene la calidad de tercero extraño, ni mucho menos por equiparación, ya que es parte en el juicio civil de origen; y, 4. No se trata de un auto de vinculación a proceso. Como corolario, es importante precisar que las nuevas disposiciones en materia de derechos humanos no significan que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Apoya lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2003109, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Así, como se vio, no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, con lo que se concluye que el impetrante debió promover el recurso de revocación previsto en la legislación civil que rige el juicio natural previo a acudir a esta instancia constitucional. Por tanto, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta, respecto del acto en estudio. VI. Domicilio, autorizados y requerimiento. Luego, el quejoso señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en los estrados del Tribunal Colegiado que se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto, sin embargo, tomando en consideración que de la misma demanda se advierte que señala como diverso domicilio el ubicado en calle Pedregal, número 130, colonia Jardines del Moral de esta ciudad, y que el presente proveído debe notificársele personalmente, en consecuencia, practíquesele por única ocasión la notificación del presente auto en dicho domicilio. Asimismo, requiérasele al solicitante del amparo, para que en el momento de la diligencia, o dentro del término legal de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le realizarán por lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Por otra parte, téngasele como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Lucero Lorena Góngora García y Arcadio Parra Lara, por tener sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VII. Se exhorta a las partes. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VIII. Se informa a las partes modelo de atención presencial basado en citas. Hágase del conocimiento de las partes que conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la atención para consulta de expedientes o comparecencias para el desahogo de audiencias o diligencias se basará en citas, las cuales podrán agendar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Bajo ese contexto, indíquese a las partes que si están en algún supuesto legal por el cual requieran comparecer a la audiencia constitucional en el presente juicio, deberán gestionar su cita en la hora y fecha fijadas. IX. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. X. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. XI. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al Secretario Judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Es menester precisar que, si bien es cierto, el oficio al que fue adjuntada la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el dos de diciembre de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada María Quiroz García, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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