Martin Arango Hernandez

Expediente 372/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
372/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
28/09/2015

Partes del expediente

  • Martin Arango Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio de garantías el nueve de septiembre del año en curso, en la que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho acuerdo para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido y el original del incidente de suspensión glósese a este expediente, y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IIA

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, nueve de septiembre de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez de Garantía en Materia Penal, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, por el que informa que en audiencia de fecha diecisiete de agosto del año en curso, se decretó el sobreseimiento de la causa penal 231/2015, a favor del aquí quejoso Martín Aragón Hernández, y por ende su libertad personal por lo que a dicho proceso se refiere. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia constitucional, al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio es improcedente, contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica, como es en este caso el sobreseimiento de la causa penal 231/2015, a favor del aquí quejoso Martín Aragón Hernández, y por ende su libertad personal por lo que a dicho proceso se refiere. Ello es así, toda vez que al haberse decretado contra el quejoso sobreseimiento de la causa penal 231/2015, a favor del aquí quejoso Martín Aragón Hernández, y por ende su libertad personal por lo que a dicho procesado se refiere, es inconcuso que hubo un cambio de situación jurídica en relación al auto de vinculación a proceso que reclamó el peticionario de garantías, ya que esta se substituyó procesalmente con la resolución dictada por la autoridad judicial, de fecha diecisiete de agosto del año en curso, en el que se declaró el sobreseimiento de la causa penal 231/2015, a favor del aquí quejoso Martín Aragón Hernández, y por ende su libertad personal por lo que a dicho proceso se refiere, con motivo de la aprobación de la conciliación entre el imputado (quejoso) y la víctima, lo que agotó los efectos del acto reclamado, produjo la irreparabilidad jurídica de las violaciones aducidas e imposibilita a este órgano jurisdiccional decidir respecto de ella; considerar lo contrario, podría afectarse el estado jurídico de que ahora se encuentra sujeto el quejoso, actualizándose así la invocada causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por tales motivos, se sobresee en el juicio de garantías, al tenor de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Funda lo expuesto, la Jurisprudencia sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que aparece publicada en la página mil seiscientos, del tomo XX, correspondiente al mes de septiembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son como sigue: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." Sobreseimiento que se hace extensivo al acto que se atribuye a las autoridades señaladas como ejecutoras, en virtud de que su inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento y no se reclama por vicios propios. Por tal motivo, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. IIA

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de agosto del dos mil quince. Visto el estado de autos; advirtiéndose que el informe justificado rendido por el Juez de Garantía en Materia Penal, residente en Puerto Escondido, Oaxaca, no fue rendido con la anticipación que prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para su celebración. Notifíquese. IIA

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil quince. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surtan sus efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por el Juez de Garantía en Materia Penal, residente en Puerto Escondido, Oaxaca, con el mismo dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan uso de sus derechos, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Por lo que respecta al material de audio y video que el Juez responsable remite como parte de su informe justificado, su contenido será analizado por el Juez para resolver, pues tal forma de hacer constar el acto reclamado tiene su fundamento en el artículo 20 Constitucional reformado, que prevé el nuevo sistema de enjuiciamiento penal oral-adversarial. Con base en esa nueva forma de tramitación a que se sujetó el procedimiento del que deriva el acto reclamado, no es obligatorio celebrar oficiosamente una audiencia pública para la proyección del disco enviado, sin embargo, la parte quejosa se encuentra en aptitud de solicitar copia del audio y video que contiene el referido disco, con la finalidad de que se imponga de su contenido y, en su caso, haga valer lo que a su derecho convenga; en ese contexto, se haga uso o no de ese derecho, se considerará que a partir de la notificación de este auto las partes estuvieron en posibilidad de imponerse del aludido material, para los efectos legales que procedan. Notifíquese. IIA

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