Martín Jiménez García

Expediente 668/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
668/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
06/01/2022

Partes del expediente

  • Martín Jiménez García

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, seis de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa M********** mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su numeral 2, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado, ni existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto que se desechó de plano la demanda de amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso b), del citado acuerdo, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por*******contra actos del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, que hace consistir literalmente en: ******** DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.*************En ese orden de ideas, un análisis integral de la demanda de amparo permite determinar que el acto reclamado consiste en las sentencias de treinta de enero de dos mil veinte y veintiséis de marzo del año en curso, así como los acuerdos de veintidós de junio y uno de julio de dos mil veintiuno, dictados por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en tanto que la Actuaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional, la notificación de las mismas en el domicilio particular del quejoso, a pesar de haber señalado domicilio diverso para oír y recibir notificaciones dentro del juicio ejecutivo mercantil 22/2018. Ahora bien, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso; Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De la trascripción que antecede se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas De aquí deriva el reconocimiento del principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene la parte quejosa de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. El agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. Además, a la justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación o revocación del mismo. La fracción en cita, establece además tres excepciones al principio de definitividad ahí consagrado, las cuales son las siguientes: i) Cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ii) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y iii) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Estableciéndose en la parte final de la fracción en estudio que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. ***********En relación con el tema, al resolver la contradicción de tesis 287/2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la fracción V del artículo 1345 del Código de Comercio prevé que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, numeral del que se puede inferir que la legislación procesal mercantil reconoce la existencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el cual se puede impugnar tanto los defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente. No obstante lo anterior, reconoció que dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se prevea de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación. Con base en dichas apreciaciones expuso que toda vez que no existe fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, era menester efectuar una interpretación jurídica, a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Sobre el particular puntualizó que el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales por los que se hace formalmente del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento. Es decir, se busca verificar que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. De conformidad con ello, consideró que el medio de impugnación idóneo es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas. Agregó que de acuerdo con lo previsto por los artículos 1068 del Código de Comercio y 309 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los juicios de carácter mercantil las notificaciones podrán ser personales, por boletín judicial, por estrados, por edictos, por correo certificado o por telégrafo certificado. Partiendo de dicha premisa, expuso que la forma en cómo se realiza una notificación se encuentra sujeta a determinadas reglas y su incumplimiento acarrea su nulidad; por tanto, sostuvo que contra la forma en la que se practica cualquier notificación procede el incidente de nulidad de notificaciones, ya que éste constituye el mecanismo idóneo para revisar su validez, pues las reglas previstas en la codificación mercantil y, supletoriamente, en el Código Federal de Procedimientos Civiles se refieren, entre otras cosas, a la forma en la que deben realizarse. Establecido lo anterior, se aprecia que la demanda de amparo que se provee, resulta improcedente de manera notoria y manifiesta si se toma en consideración que el quejoso reclama precisamente las notificaciones de las sentencia de treinta de enero de dos mil veinte y de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, así como los acuerdos de veintidós de junio y uno de julio del presente año, ya que contra los mismos procede interponer incidente de nulidad de actuaciones a que se refieren los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, que establecen que cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en la ley, la parte agraviada podrá hacer valer dicha incidencia para impugnarla, conforme al criterio sostenido por nuestro más alto Tribunal del País. **************Aunado a lo anterior, debe mencionarse que el objetivo del incidente de nulidad, es que el órgano jurisdiccional de origen, confirme, revoque o modifique la actuación que por esta vía constitucional reclama la parte quejosa. Máxime, que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa tiene conocimiento de las resoluciones que se han venido mencionando, el número de expediente y el tipo de juicio instaurado en su contra, y que aquél se encuentra en ejecución de sentencia; de ahí que, está en aptitud de hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley que se estimen pertinentes. ******** Sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad previstos en el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, puesto que no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco el acto reclamado consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, tampoco es promovida por persona extraña al procedimiento. ******* Así, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, se hace notar que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, por lo que con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, esta y las subsecuentes aún las de carácter personal hágansele por lista que se fijen en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale uno. En el entendido que dicha lista hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones a ********, en virtud de que no acreditan su calidad de licenciados en derecho, sin perjuicio de que una vez que demuestre lo anterior con prueba idónea, se les tenga autorizados en términos del artículo 12 de la ley de la materia. ****En otro aspecto, no se provee de conformidad la solicitud del promovente para tener los números telefónicos que proporciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, no es como tal para realizarla a través de dicho medio. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se les llegaran a formular HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el precepto 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza al Secretario del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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