Martha Patricia de León Morales
Expediente 321/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 321/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Martha Patricia de León Morales
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Vistos los autos y la certificación que antecede, se provee; tomando en consideración que ha transcurrido con exceso el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de garantías; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; por tanto, atento a lo previsto en el artículo 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Se hace del conocimiento de las partes que este juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, toda vez que este expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo del artículo vigésimo primero, en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción; así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. IA
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil dieciséis. Vista la demanda de garantías promovida por Martha Patricia de León Morales, contra actos del Juez de Garantía del Distrito Judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, que hace consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De la autoridad responsable ordenadora le reclamo la resolución de fecha veintiuno de julio de 2016, en el cual dicta el Auto de Apertura a Juicio, sin apegarse a lo establecido en el código procesal penal vigente en nuestra región en el momento de los eventos en la causa penal 323/2015, por los delitos de HOMICIDIO LESIONES Y DAÑOS CULPOSOS, cometidos el primero en agravio de la persona que en vida se llamó GRACIELA DE JESÚS CÓRDOVA GORDILLO, el segundo y tercero de los delitos cometido en perjuicio patrimonial de JUAN ABENAMAR LEÓN MARTÍNEZ." Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 321/2016. Ahora bien, en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso dispositivo legal 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados se trata de actos emitidos dentro de juicio (procedimiento penal) que no son de imposible reparación, en términos del artículo 105, fracción V, de la Ley de Amparo. Dichos dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ." Como se puede observar, de la lectura del precepto legal antes transcrito, se advierte como requisito para la procedencia del amparo indirecto en contra de aquellos actos emitidos dentro de un juicio, conforme al artículo, fracción e inciso plasmado, que tales actos deben ser de imposible reparación. Pues bien, sobre dicho tema (actos de imposible reparación) nuestro Más Alto Tribunal ha tenido diversas interpretaciones a lo largo de la historia, en muchas veces contradictorias, mismas que ha plasmado en criterios jurisprudenciales de observancia obligatoria para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior ocurría así, en virtud de que el legislador no se ocupaba de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto, que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Sobre dicho tópico, el Pleno del Máximo Tribunal del País fijó un parámetro en la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, Página 39, del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En dicha ejecutoria, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación especificó que para ser calificados como actos de imposible reparación o irreparables, éstos necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior implica que una violación procesal o adjetiva, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos que no puedan ser reparables. Ahora, la parte quejosa reclama substancialmente, el auto de apertura a juicio de veintiuno de julio de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 323/2015; esto es, un acto meramente intraprocesal, cuyas consecuencias, en su caso, se encuentran sub-judice al dictado de la sentencia de la causa penal. En efecto, el acto reclamado no es de imposible reparación atendiendo a que será hasta el dictado de la sentencia en que se advierta si las cuestiones relacionadas con la incorporación de las pruebas al juicio, que alega la quejosa, en sus conceptos de violación, fue o no desfavorable a ésta. Además, si la sentencia que se llegue a dictar en la causa penal fuera desfavorable a la aquí quejosa, puede reclamarla en el juicio de amparo directo, (previo agotamiento del recurso ordinario) donde podrá hacer valer las violaciones procesales que sostiene. Bajo estas condiciones, es inconcuso que el acto reclamado no es de imposible reparación, por lo que, al resultar actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda y como autorizados en términos del artículo 12 de Ley de Amparo a Oscar Fuentes Osogobio y Zurisadai Cisneros Santos. Asimismo, téngase únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones a Argenis de León Avendaño, en virtud de que en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no aparece registrada cédula profesional alguna a su favor, que lo faculte legalmente a ejercer la profesión de licenciado en derecho, sin perjuicio de que una vez que acredite tal carácter con la documental idónea, se le tenga por autorizado en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la promovente. I-A
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