Martha Martínez Parada
Expediente 475/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 475/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Martha Martínez Parada
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó de plano su demanda de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que dicha determinación ha causado estado para los efectos legales procedentes. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE No existiendo asunto pendiente de diligenciar y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del citado acuerdo; esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Asimismo, se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO Al tratarse de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el fracción IV del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, con fundamento en el citado artículo 20 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción siguiendo los lineamientos establecidos en el penúltimo párrafo del precepto citado. LEY DE TRANSPARENCIA Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.fe.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Visto el escrito de demanda promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del 1. Juez Primero de lo Familiar con sede en Salina Cruz, Oaxaca y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 133 Constitucionales; por tanto, fórmese expediente, anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 475/2023-IV-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe analizar ante todo el escrito inicial de demanda y que, en caso de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; además, el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, con independencia de que las hayan invocado las partes, o no, dada su naturaleza de orden público; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. El artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios [.]" Así, el citado artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. Para demostrar la actualización de los anteriores requisitos, es menester destacar que la presente demanda de amparo fue presentada a las catorce horas con catorce minutos del cuatro de septiembre de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, promovida por ********************, contra la autoridad responsable y actos siguientes: Autoridades responsables: 1. Juez de lo Familiar, con sede en Salina Cruz, Oaxaca. 2. Actuario adscrito al Juzgado de lo Familiar, con sede en Salina Cruz, Oaxaca. 3. Actuario adscrito al Juzgado de lo Familiar, con sede en Salina Cruz, Oaxaca. Actos reclamados: "IV.- ACTO RECLAMADO. - Los siguientes: A) De la autoridad Ordenadora le reclamo al Juez Primero de lo Familiar, se le reclama la sentencia emitida en audiencia preliminar de DIVORCIO INCAUSADO de fecha nueve de junio de Dos Mil Veintiuno, radicado en el expediente ********************, la cual deviene en ilegal, toda vez que no fui llamada a juicio, para oponerme al convenio presentado por mi demandante, quien además se condujo con falsedad al señalar domicilio falso de la hoy quejosa, con residencia en la ciudad de Salina Cruz, cuando lo cierto es que la hoy quejosa radica en la Ciudad de México. B) DEL ACTUARIO LLEVADOR DEL EXPEDIENTE ********************, Se reclama la ilegal notificación, consistente en el emplazamiento, en el domicilio señalado por el demandante en el juicio principal con cede (sic) en la ciudad de Salina Cruz, Oax." Establecido lo anterior, atento a la certificación de cuenta, constituye un hecho notorio para la suscrita, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo y la jurisprudencia 2a./J.103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE"; que el diverso juicio de amparo ********************, fue presentado a las doce horas con veinticuatro minutos del cuatro de septiembre de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, y promovido por ********************, contra de las mismas autoridades responsables y por los propios actos reclamados, tal como se aprecia de lo siguiente: Autoridades responsables: 1. Juez de lo Familiar, con sede en Salina Cruz, Oaxaca. 2. Actuario adscrito al Juzgado de lo Familiar, con sede en Salina Cruz, Oaxaca. 3. Actuario adscrito al Juzgado de lo Familiar, con sede en Salina Cruz, Oaxaca. Actos reclamados: "IV.- ACTO RECLAMADO. - Los siguientes: A) De la autoridad Ordenadora le reclamo al Juez Primero de lo Familiar, se le reclama la sentencia emitida en audiencia preliminar de DIVORCIO INCAUSADO de fecha nueve de junio de Dos Mil Veintiuno, radicado en el expediente ********************, la cual deviene en ilegal, toda vez que no fui llamada a juicio, para oponerme al convenio presentado por mi demandante, quien además se condujo con falsedad al señalar domicilio falso de la hoy quejosa, con residencia en la ciudad de Salina Cruz, cuando lo cierto es que la hoy quejosa radica en la Ciudad de México. B) DEL ACTUARIO LLEVADOR DEL EXPEDIENTE ********************, Se reclama la ilegal notificación, consistente en el emplazamiento, en el domicilio señalado por el demandante en el juicio principal con cede (sic) en la ciudad de Salina Cruz, Oax." Demanda de amparo que correspondió su conocimiento a este Juzgado de Distrito y la cual, en auto de esta misma fecha, se admitió a trámite. De lo anterior se desprende que existe litispendencia, toda vez que la parte quejosa ya había promovido una diversa demanda de protección de derechos fundamentales en la que reclamó de las autoridades que hoy señala como responsables, los mismos actos, y la cual, mediante auto de esta misma fecha, se proveyó respecto de su admisión. En vista de lo anterior, la suscrita estima que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que en el presente juicio de amparo se reclaman los mismos actos de las autoridades que se combaten en el diverso juicio de amparo ********************; el cual, por auto de esta misma data se admitió a trámite el mismo, y en la que transcurre el plazo para que las autoridades responsables rindan sus respectivos informes justificados y puedan hacer valer lo que en derecho les corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número VI.2o.121 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 655, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional." Así, como la diversa tesis VII.P.83 K sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página 260, Tomo XV, enero de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, que se lee: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." En esa tesitura, en el caso se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia preinvocada; por consiguiente, en términos del artículo 113 de la propia Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. AUTORIZADOS Téngase como autorizados en términos del numeral 12 de la normativa de la materia, al licenciado ********************, aun cuando las cédulas profesionales del citadas no están registradas ante los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación, en la demanda de cuenta, sin embargo, se advierte que tiene emitida a su favor la cédula profesional ********************, expedida por la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública. En consecuencia, si la parte quejosa otorga la autorización en términos amplios del citado numeral, además de precisar el número de cédula profesional que tiene a su favor el profesionista en cita; ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este órgano de control constitucional. Como fundamento a lo anterior, se cita la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, Materia(s): Común, página 4456, con registro digital 2021840, de rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Ahora, como el domicilio de la parte quejosa se encuentra fuera de la residencia de este juzgado y tomando en consideración que el usuario "********************", se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Líneas del Poder Judicial de la Federación, y vinculado a un correo electrónico, en términos de lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en términos del 26, fracción IV de esa legislación, en relación con el diverso 55 del Acuerdo General citado, se ordena se practiquen de manera electrónica únicamente aquellas determinaciones que deban ser personales al usuario antes mencionado. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en el Estado, Undécima Época, Registro: 2026122 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar casos en donde los quejosos y los terceros interesados solicitaron ser notificados por la vía electrónica, sostuvieron criterios discrepantes, pues mientras un órgano jurisdiccional estimó que dicha solicitud sustituye a las que se realizan por lista, el diverso órgano determinó que únicamente es aplicable para las de carácter personal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que cuando las partes quejosa o tercera interesada (particular) en un juicio de amparo soliciten ser notificadas por vía electrónica, esto implica que el órgano jurisdiccional deberá sustituir, con esa forma de notificación, únicamente aquellas que son de carácter personal. Justificación: Las notificaciones judiciales, como actos jurídicos a través de los cuales se comunica legalmente a una persona sobre una determinación adoptada por el órgano jurisdiccional con motivo del juicio o recurso sustanciado ante éste, tienen cuatro vías previstas en el artículo 26 de la Ley de Amparo: personal, por oficio, por lista y a través de la vía electrónica. Por su parte, el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, distingue el acceso al expediente electrónico, como aquel que solicitan las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, para sí o para un tercero, a fin de poder descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Dicha normativa es específica al señalar que el acceso otorgado a las partes o a sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, salvo cuando se solicita expresamente autorización para esa finalidad y la misma se haya acordado favorablemente. Asimismo, en relación con las notificaciones electrónicas, el Acuerdo General establece que las partes, sus representantes o los autorizados que cuenten con facultades expresas, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y particularmente distingue que la solicitud para ser notificado electrónicamente lleva implícita la obligación de consultar el expediente electrónico respectivo. Por tanto, las partes cuya solicitud para recibir notificaciones electrónicas se haya acordado favorablemente, tendrán derecho a consultar por esta vía todos los proveídos que se dicten en lo subsecuente. Atento a ello, de la interpretación realizada a los preceptos citados de la Ley de Amparo y del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, esta Segunda Sala determina que si la finalidad de establecer la notificación vía electrónica resulta en la implementación de una modalidad alterna a las que tradicionalmente se han utilizado, entonces la vía electrónica debe verse como herramienta optativa para agilizar la comunicación entre el órgano jurisdiccional y el justiciable. En tal sentido, es dable sostener que la elección de esta modalidad por el quejoso o el tercero interesado debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario, sin que su alcance pueda sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenan fijar en una lista que se publica en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso." USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir las actuaciones que obren en el expediente físico pues, como se precisó en párrafos que anteceden, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos se integran únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, de modo que ya no obran los acuerdos en autos, en razón de que los mismos se firman electrónicamente, por tanto, los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Debido a que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 22 del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se les exhorta (invita) continúen dicha tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista, la cual podrá consultarse en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, deberán asistir a este órgano jurisdiccional en el horario ordinario de labores. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. ASPECTOS CONCERNIENTES A LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE Con la precisión que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del. Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Bajo esa condición, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integrarán únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, como así lo establece el artículo sexto transitorio del mencionado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, sin que se obstaculice la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. INSTRUCCIÓN AL SECRETARIO ENCARGADO DEL EXPEDIENTE Y AL OFICIAL JUDICIAL "A" Se instruye al secretario de juzgado adscrito, que lleva el trámite este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga las acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Al efecto, se puntualiza que la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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