Martha Urias Sandoval
Expediente 462/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 30 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 462/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 14/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Martha Urias Sandoval
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en el testimonio de resolución dictado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, el veintinueve de mayo de dos mil veinte, en el amparo en revisión 598/2019, de su índice, emitió sentencia el veintinueve de mayo de dos mil veinte, dictada por el aludido Tribunal Auxiliar en el amparo en revisión 239/2020, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil, del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se concedió la suspensión, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por último, al advertirse del cuaderno de suspensión, que la quejosa Martha Urías Sandoval, exhibió el billete de depósito número N 850673, expedido por Banco del Ahorro y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), para garantizar la suspensión definitiva que le fuera concedida, y al no existir motivo alguno para ordenar hacer efectivo dicho importe, hágasele devolución del mencionado billete de depósito, haciendo de su conocimiento que tiene un plazo de dos años a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo para recoger dicho documento, para lo cual deberán comparecer ante este juzgado debidamente identificada con credencial oficial vigente, únicamente los días miércoles de cada semana, en horario de nueve a doce horas, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, la suma que ampara el citado documento se hará efectiva a favor del Erario Federal, atento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en el testimonio de resolución dictado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, el veintinueve de mayo de dos mil veinte, en el amparo en revisión 598/2019, de su índice, emitió sentencia el veintinueve de mayo de dos mil veinte, dictada por el aludido Tribunal Auxiliar en el amparo en revisión 239/2020, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil, del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se concedió la suspensión, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por último, al advertirse del cuaderno de suspensión, que la quejosa Martha Urías Sandoval, exhibió el billete de depósito número N 850673, expedido por Banco del Ahorro y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), para garantizar la suspensión definitiva que le fuera concedida, y al no existir motivo alguno para ordenar hacer efectivo dicho importe, hágasele devolución del mencionado billete de depósito, haciendo de su conocimiento que tiene un plazo de dos años a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo para recoger dicho documento, para lo cual deberán comparecer ante este juzgado debidamente identificada con credencial oficial vigente, únicamente los días miércoles de cada semana, en horario de nueve a doce horas, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, la suma que ampara el citado documento se hará efectiva a favor del Erario Federal, atento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte, del oficio suscrito por la Jueza Cuarto del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que por oficio 4762/2020, remitido por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, y recibido en este juzgado el día uno de octubre de dos mil veinte, mediante el cual, anexa copia del testimonio de la resolución del amparo en revisión 239/2019, de veintinueve de mayo de dos mil veinte, en la cual revocan la sentencia recurrida, y se concede el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Martha Urías Sandoval, en consecuencia, mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se requirió a las autoridades responsables Jueza Cuarto del Ramo Civil, y a su actuario adscrito, y al Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos con sede en esta ciudad, por el cumplimiento de ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el veintinueve de mayo de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: 1. La Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Ahorne, deje sin efecto el embargo trabado en la diligencia de tres de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente ejecutivo mercantil 223/2019, sobre el bien mueble: ''automóvil marca Chrysler Town & Country LX, carrocería minivan 5 puertas, modelo 2007, símbolo RSYH53, motor hecho en U.S.A., serie número 7R108928, número de identificación vehicular 2A4GP44L47R108928, color blanco, transmisión automática, 4 velocidades, con número de placas VSN 7256, del Estado de Sinaloa'' y demás consecuencias que derivaron de ese embargo. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintidós de octubre de dos mil veinte, la Jueza Cuarto del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, remitió el oficio, en donde, ordena dejar sin efecto el embargo trabado en las diligencias de tres de mayo de dos mil diecinueve, sobre el bien inmueble marca Chrysler Town & Country LX, carrocería minivan 5 puertas, modelo 2007, símbolo RSYH53, motor hecho en U.S.A., serie número 7R108928, número de identificación vehicular 2A4GP44L47R108928, color blanco, transmisión automática, 4 velocidades, con número de placas VSN 7256, del Estado de Sinaloa, e igual deja sin efecto lo ordenado en auto de trece de mayo y siete de agosto, ambos de dos mil diecinueve. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que ".La Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Ahorne, deje sin efecto el embargo trabado en la diligencia de tres de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente ejecutivo mercantil 223/2019, sobre el bien mueble: ''automóvil marca Chrysler Town & Country LX, carrocería minivan 5 puertas, modelo 2007, símbolo RSYH53, motor hecho en U.S.A., serie número 7R108928, número de identificación vehicular 2A4GP44L47R108928, color blanco, transmisión automática, 4 velocidades, con número de placas VSN 7256, del Estado de Sinaloa'' y demás consecuencias que derivaron de ese embargo.". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA: MARTHA URIAS SANDOVAL, EL ACUERDO DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte, del oficio suscrito por la Jueza Cuarto del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que por oficio 4762/2020, remitido por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, y recibido en este juzgado el día uno de?? octubre de dos mil veinte, mediante el cual, anexa copia del testimonio de la resolución del amparo en revisión 239/2019, de veintinueve de mayo de dos mil veinte, en la cual revocan la sentencia recurrida, y se concede el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Martha Urías Sandoval, en consecuencia, mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se requirió a las autoridades responsables Jueza Cuarto del Ramo Civil, y a su actuario adscrito, y al Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos con sede en esta ciudad, por el cumplimiento de ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el veintinueve de mayo de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: 1. La Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Ahorne, deje sin efecto el embargo trabado en la diligencia de tres de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente ejecutivo mercantil 223/2019, sobre el bien mueble: ''automóvil marca Chrysler Town & Country LX, carrocería minivan 5 puertas, modelo 2007, símbolo RSYH53, motor hecho en U.S.A., serie número 7R108928, número de identificación vehicular 2A4GP44L47R108928, color blanco, transmisión automática, 4 velocidades, con número de placas VSN 7256, del Estado de Sinaloa'' y demás consecuencias que derivaron de ese embargo. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los?? Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintidós de octubre de dos mil veinte, la Jueza Cuarto del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, remitió el oficio, en donde, ordena dejar sin efecto el embargo trabado en las diligencias de tres de mayo de dos mil diecinueve, sobre el bien inmueble marca Chrysler Town & Country LX, carrocería minivan 5 puertas, modelo 2007, símbolo RSYH53, motor hecho en U.S.A., serie número 7R108928, número de identificación vehicular 2A4GP44L47R108928, color blanco, transmisión automática, 4 velocidades, con número de placas VSN 7256, del Estado de Sinaloa, e igual deja sin efecto lo ordenado en auto de trece de mayo y siete de agosto, ambos de dos mil diecinueve. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que ".La Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Ahorne, deje sin efecto el embargo trabado en la diligencia de tres de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente ejecutivo mercantil 223/2019, sobre el bien mueble: ''automóvil marca Chrysler Town & Country LX, carrocería minivan 5 puertas, modelo 2007, símbolo RSYH53, motor hecho en U.S.A., serie número 7R108928, número de identificación vehicular 2A4GP44L47R108928, color blanco, transmisión automática, 4 velocidades, con número de placas VSN 7256, del Estado de Sinaloa'' y demás consecuencias que derivaron de ese embargo.". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
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