Martha Palomares Mariscal

Expediente 615/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 17 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
615/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
03/03/2021

Partes del expediente

  • Martha Palomares Mariscal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra pendiente de glosar al juicio de amparo principal, el incidente de suspensión derivado de mismo; por tanto, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra concluido con sentencia ejecutoriada, además que por auto del quince de enero del presente año se ordenó su archivo; en consecuencia, glósese el original del incidente de suspensión. Asimismo, de conformidad con el inciso c) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto de todos los actos reclamados, se precisa que el original y duplicado del cuaderno de suspensión, son susceptibles de destrucción. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 21, 22, 23 y 24 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el nueve de enero de dos mil veinte, se concedió a la quejosa el amparo y la protección de la justicia de la unión el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada en el presente juicio; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 1º, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, se comunica a las partes que conforme a la Circular SECNO/1/20221 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el ocho de enero de dos mil veintiuno, mediante la cual hizo del conocimiento la decisión adoptada por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en el sentido de aprobar el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", por lo cual, en atención a la fracción II, punto 2 se hace del conocimiento que del 12 al 18 de enero de 2021, resulta aplicable el acuerdo general 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, se levanta la suspensión de plazos y términos prevista en la Circular CAP/3/2020 y, por ende, se reanudan los plazos y términos en la totalidad de los juicios y procesos; de igual manera se precisa lo siguiente: 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021, los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal de los presentes autos y con el oficio número RPPY/AHOME/954/2020, suscrito por el Oficial Registrador del Registro de Propiedad y el Comercio del Municipio de Ahome, del que se desprende que está cumplida la ejecutoria de amparo. Se dio vista a la parte quejosa con el citado documento para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes; sin que al efecto adujera algo. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia del nueve de enero de dos mil diecinueve, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado, para los siguientes efectos: ". Séptimo. Efectos de la concesión del amparo. Por tanto, acorde a las consideraciones vertidas, lo conducente es otorgar el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Municipio de Ahome, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que se le notifique la ejecutoria que cause este fallo, dé respuesta completa a la petición de la quejosa Martha Palomares Mariscal contenida en el escrito de trece de agosto de dos mil dieciocho y que fue recibido en esa misma fecha; lo cual, deberá justificar, con las constancias relativas. ." Inconforme con la anterior determinación judicial, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, que conoció y resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, el trece de febrero de dos mil veinte, en el sentido de confirmar la recurrida y conceder el amparo solicitado. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad registral envió el oficio RPPYC/AHOME/954/2020, del diez de septiembre de dos mil veinte, suscrito por el Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Municipio de Ahome, en el que adujo lo siguiente: ". En virtud que el fondo de este juicio de amparo, era la solicitud de la parte quejosa en el sentido que le proveyéramos el recurso de reconsideración, por la negativa de esta oficialía a la inscripción de la sentencia de fecha dos de febrero del año dos mil dieciocho, ejecutoria de fecha veintitrés de marzo del dos mil dieciocho, contenida en el oficio 680/2018, del protocolo a cargo del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome. En ese sentido le informo que el día 11 de agosto del año en curso, fue inscrita la sentencia mencionada con anterioridad, la cual quedó registrada bajo inscripción 160, libro 1145, sección primera, acto que se le hizo saber a la parte quejosa de este juicio mediante su procurador judicial y al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, mediante oficio No. RPPYC/AHOME/954/2020. ." Para robustecer lo anterior, la autoridad registral allegó a su oficio RPPYC/AHOME/954/2020, el diverso RPPYC/AHOME/953/2020, del once de agosto de dos mil veinte, suscrito por la misma autoridad, Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Municipio de Ahome, dirigido al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, y del que se desprende lo siguiente: ". Atendiendo a su ordenamiento, le informo que se procedió a ejecutar lo ordenado por el tribunal a su cargo, respecto a la inscripción de la prescripción positiva, quedando registrado bajo Inscripción 160, Libro 1145, Sección Primera, en el entendido que la sentencia contenida en el oficio citado con anterioridad, servirá como título de propiedad a la C. Martha Palomares Mariscal. ." De igual forma, la autoridad registral remitió al oficio señalado en primer término (con el que informa el cumplimiento al fallo de amparo), los siguientes documentos: Copia de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil reivindicatorio 206/2017, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil en Ahome, Sinaloa; en donde se resolvió: ". QUINTO. Se declara que MARTHA PALOMARES MARISCAL, ha adquirido el pleno dominio del bien inmueble consistente en una fracción de terreno de la finca urbana ubicada en avenida Cumichi, número 2129, de la Colonia Alejandro Peña de esta ciudad, con una superficie de 115.50 metros cuadrados, y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE .; debiendo en consecuencia ordenarse la cancelación parcial de la inscripción número 23, del libro 948, de la sección primera, la cual aparece a nombre de MARÍA DE LOS ÁNGELES PAREDES LIZÁRRAGA, ÉDGAR ARMANDO ZATARAIN PAREDES y CHRISTIAN ALÁN ZATARAIN PAREDES, la cancelación parcial que se ordena es a fin de que en su lugar se inscriba la presente sentencia, una vez que cause ejecutoria la misma, lo que servirá como título de propiedad a la parte actora reconvencional. SEXTO. Atento a lo anterior, y una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, remítase copia certificada de la misma al C. Oficial del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, a fin de que la inscriba y sirva como título de propiedad a la parte actora, cancelando parcialmente la inscripción mencionada en el punto resolutivo que antecede. ." Copia de la sentencia dictada en el recurso de apelación 142/2018, del índice de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, que confirma la dictada y señalada en el anterior punto; destacando que esta autoridad expuso en el resolutivo Sexto de su fallo, lo siguiente: ". SEXTO. Se declara que MARTHA PALOMARES MARISCAL, ha adquirido el pleno dominio del bien inmueble consistente en una fracción de terreno de la finca urbana ubicada en avenida Cumichi, número 2129, de la colonia Alejandro Peña de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, con una superficie de 115.50 metros cuadrados, y las siguientes medidas .; debiendo en consecuencia, ordenarse la cancelación parcial de la inscripción número 23, del libro 948, de la sección primera, la cual aparece a nombre de MARÍA DE LOS ÁNGELES PAREDES LIZÁRRAGA, ÉDGAR ARMANDO ZATARAÍN PAREDES y CHRISTIAN ALÁN ZATARAÍN PAREDES, la cancelación parcial que se ordena, es a fin de que en su lugar se inscriba la sentencia apelada, lo que servirá como título de propiedad a la parte actora reconvencional. ." Copia certificada del oficio RPPYC/AHOME/1143/2018, del que se advierte al final, un sello con la siguiente leyenda: ". PRESENTADO para su inscripción con documento hoy a las 10:00 horas conste. QUEDÓ registrado este documento bajo la inscripción núm. 160 del Libro Núm. 1145 de la sección primera consta. Los Mochis, Sin, 11 de agosto de 2020. El oficio Registrador del Registro Público de la Propiedad del Municipio de Ahome. Lic. Víctor Manuel Gandarilla García. FIRMA ILEGIBLE. ." Del examen de las citadas documentales, las que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable cumplió con el fallo de amparo. La sentencia de amparo le ordenó a la autoridad registral resolviera el recurso de reconsideración interpuesto por la aquí quejosa; ahora, en ese medio de impugnación se controvirtió el diverso oficio del uno de julio de dos mil dieciocho, a través del cual la autoridad rechazó el trámite registral de la sentencia dictada el dos de febrero de dos mil dieciocho, en el juicio ordinario civil reivindicatorio 206/2017, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa. Sin embargo, aun cuando la autoridad registral no resolvió el citado recurso de reconsideración (a pesar de que así se le ordenó en la sentencia de amparo), lo objetivamente cierto es que resolvió en sentido afirmativo lo solicitado en el medio de impugnación que omitió resolver la responsable (motivo del presente juicio constitucional), esto es, se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Municipio de Ahoma, la sentencia dictada por el Juzgado de Primera instancia señalado en el párrafo anterior, documento que le servirá a la quejosa como título de propiedad, del diverso bien inmueble materia de controversia en el juicio ordinario civil reivindicatorio 260/2017. Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía seguridad jurídica por cuya infracción se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se debe declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento del quejoso este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO EDGAR ARMANDO ZATARAIN PAREDES, EL ACUERDO DE DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE A LA LETRA DICE:Visto el estado procesal de los presentes autos y con el oficio número RPPY/AHOME/954/2020, suscrito por el Oficial Registrador del Registro de Propiedad y el Comercio del Municipio de Ahome, del que se desprende que está cumplida la ejecutoria de amparo. Se dio vista a la parte quejosa con el citado documento para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes; sin que al efecto adujera algo. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que ?????????????? tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia del nueve de enero de dos mil diecinueve, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado, para los siguientes efectos: ". Séptimo. Efectos de la concesión del amparo. Por tanto, acorde a las consideraciones vertidas, lo conducente es otorgar el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Municipio de Ahome, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que se le notifique la ejecutoria que cause este fallo, dé respuesta completa a la petición de la quejosa Martha Palomares Mariscal contenida en el escrito de trece de agosto de dos mil dieciocho y que fue recibido en esa misma fecha; lo cual, deberá justificar, con las constancias relativas. ." Inconforme con la anterior determinación judicial, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, que conoció y resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, el trece de febrero de dos mil veinte, en el sentido de confirmar la recurrida y conceder el amparo solicitado. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad registral envió el oficio RPPYC/AHOME/954/2020, del diez de septiembre de dos mil veinte, suscrito por el Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Municipio de Ahome, en el que adujo lo siguiente: ". En virtud que el fondo de este juicio de amparo, era la solicitud de la parte quejosa en el sentido que le proveyéramos el recurso de reconsideración, por la negativa de esta oficialía a la inscripción de la sentencia de fecha dos de febrero del año dos mil dieciocho, ejecutoria de fecha veintitrés de marzo del dos mil dieciocho, contenida en el oficio 680/2018, del protocolo a ??????????????? cargo del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome. En ese sentido le informo que el día 11 de agosto del año en curso, fue inscrita la sentencia mencionada con anterioridad, la cual quedó registrada bajo inscripción 160, libro 1145, sección primera, acto que se le hizo saber a la parte quejosa de este juicio mediante su procurador judicial y al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, mediante oficio No. RPPYC/AHOME/954/2020. ." Para robustecer lo anterior, la autoridad registral allegó a su oficio RPPYC/AHOME/954/2020, el diverso RPPYC/AHOME/953/2020, del once de agosto de dos mil veinte, suscrito por la misma autoridad, Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Municipio de Ahome, dirigido al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, y del que se desprende lo siguiente: ". Atendiendo a su ordenamiento, le informo que se procedió a ejecutar lo ordenado por el tribunal a su cargo, respecto a la inscripción de la prescripción positiva, quedando registrado bajo Inscripción 160, Libro 1145, Sección Primera, en el entendido que la sentencia contenida en el oficio citado con anterioridad, servirá como título de propiedad a la C. Martha Palomares Mariscal. ." De igual forma, la autoridad registral remitió al oficio señalado en primer término (con el que informa el cumplimiento al fallo de amparo), los siguientes documentos: a) Copia de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil reivindicatorio 206/2017, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil en Ahome, Sinaloa; en donde se resolvió: ". QUINTO. Se declara que MARTHA PALOMARES MARISCAL, ha adquirido el pleno dominio del bien inmueble consistente en una fracción de terreno de la finca urbana ubicada en avenida Cumichi, número 2129, de la Colonia Alejandro Peña de esta ciudad, con una superficie de 115.50 metros cuadrados, y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE .; debiendo en consecuencia ordenarse la cancelación parcial de la inscripción número 23, del libro 948, de la sección primera, la cual aparece a nombre de MARÍA DE LOS ÁNGELES PAREDES LIZÁRRAGA, ÉDGAR ARMANDO ZATARAIN PAREDES y CHRISTIAN ALÁN ZATARAIN PAREDES, la cancelación ??????????????? parcial que se ordena es a fin de que en su lugar se inscriba la presente sentencia, una vez que cause ejecutoria la misma, lo que servirá como título de propiedad a la parte actora reconvencional . SEXTO. Atento a lo anterior, y una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, remítase copia certificada de la misma al C. Oficial del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, a fin de que la inscriba y sirva como título de propiedad a la parte actora, cancelando parcialmente la inscripción mencionada en el punto resolutivo que antecede. ." b) Copia de la sentencia dictada en el recurso de apelación 142/2018, del índice de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, que confirma la dictada y señalada en el anterior punto; destacando que esta autoridad expuso en el resolutivo Sexto de su fallo, lo siguiente: ". SEXTO. Se declara que MARTHA PALOMARES MARISCAL, ha adquirido el pleno dominio del bien inmueble consistente en una fracción de terreno de la finca urbana ubicada en avenida Cumichi, número 2129, de la colonia Alejandro Peña de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, con una superficie de 115.50 metros cuadrados, y las siguientes medidas .; debiendo en consecuencia, ordenarse la cancelación parcial de la inscripción número 23, del libro 948, de la sección primera, la cual aparece a nombre de MARÍA DE LOS ÁNGELES PAREDES LIZÁRRAGA, ÉDGAR ARMANDO ZATARAÍN PAREDES y CHRISTIAN ALÁN ZATARAÍN PAREDES, la cancelación parcial que se ordena, es a fin de que en su lugar se inscriba la sentencia apelada, lo que servirá como título de propiedad a la parte actora reconvencional. ." c) Copia certificada del oficio RPPYC/AHOME/1143/2018, del que se advierte al final, un sello con la siguiente leyenda: ". PRESENTADO para su inscripción con documento hoy a las 10:00 horas conste. QUEDÓ registrado este documento bajo la inscripción núm. 160 del Libro Núm. 1145 de la sección primera consta. Los Mochis, Sin, 11 de agosto de 2020. ??????????????? El oficio Registrador del Registro Público de la Propiedad del Municipio de Ahome. Lic. Víctor Manuel Gandarilla García. FIRMA ILEGIBLE. ." Del examen de las citadas documentales, las que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable cumplió con el fallo de amparo. La sentencia de amparo le ordenó a la autoridad registral resolviera el recurso de reconsideración interpuesto por la aquí quejosa; ahora, en ese medio de impugnación se controvirtió el diverso oficio del uno de julio de dos mil dieciocho, a través del cual la autoridad rechazó el trámite registral de la sentencia dictada el dos de febrero de dos mil dieciocho, en el juicio ordinario civil reivindicatorio 206/2017, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa. Sin embargo, aun cuando la autoridad registral no resolvió el citado recurso de reconsideración (a pesar de que así se le ordenó en la sentencia de amparo), lo objetivamente cierto es que resolvió en sentido afirmativo lo solicitado en el medio de impugnación que omitió resolver la responsable (motivo del presente juicio constitucional), esto es, se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Municipio de Ahoma, la sentencia dictada por el Juzgado de Primera instancia señalado en el párrafo anterior, documento que le servirá a la quejosa como título de propiedad, del diverso bien inmueble materia de controversia en el juicio ordinario civil reivindicatorio 260/2017. Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía seguridad jurídica por cuya infracción se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se debe declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento del quejoso este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

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