MARTÍN ALEJANDRO MATA RODRÍGUEZ y Otros.
Expediente 640/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 640/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- MARTÍN ALEJANDRO MATA RODRÍGUEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en la sesión de trece de junio del año en curso, al resolver el conflicto competencial 5/2019 de su índice, suscitado entre el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria y este órgano judicial, en la cual se determinó que el citado Juzgado Decimoprimero es el competente para conocer del juicio de amparo 640/2018-4A de la estadística de este órgano; agréguese a los autos para conocimiento de las partes y para que surta sus efectos legales correspondientes. De acuerdo a lo anterior, acúsese recibo mediante oficio en el que se transcriba el presente proveído. Con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto total y definitivamente concluido. Bajo ese contexto y en términos de la certificación secretarial de cuenta, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción conforme a la fracción I, del ordinal Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, dado que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al resolver el conflicto competencial 5/2019 de su índice, suscitado entre el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria y este órgano judicial, determinó que el citado Juzgado Decimoprimero es el competente para conocer del juicio de amparo 640/2018-4A de la estadística de este órgano. En consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto 1/2009. Por otra parte, del análisis del presente asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, que no se trata de un cuaderno de antecedentes con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este juzgado federal el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido de que una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente cuaderno de antecedentes, con apoyo en los dispositivos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar donde se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el Titular de este juzgado.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual informa que admite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, con sede en esa ciudad y este Juzgado Federal, para conocer de la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Cervantes Morales, Martín Alejandro Mata Rodríguez y Juvenal Hernández Reyes, formándose el conflicto competencial número 5/2019-I de su índice; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y para conocimiento de las partes.
- Principal
Visto el oficio de cuenta 35930/2018 signado por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, mediante el cual envía los autos originales del juicio de amparo 2097/2018 de su índice, promovido por Martín Alejandro Mata Rodríguez, Juvenal Hernández Reyes y Miguel Ángel Cervantes Morales contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con sede en Ciudad Victoria y otra autoridad; fórmese expediente tanto impreso como electrónico y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 640/2018-4A. Pues bien, del oficio de cuenta se desprende que el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria declinó la competencia para conocer del juicio de amparo 2097/2018 de su índice, al considerar que el acto reclamado consistente en la privación de la libertad de los quejosos -al no ser resuelta su situación jurídica- se está ejecutando en el lugar donde están recluidos, es decir, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-poniente", residente en Guasave, Sinaloa y, por tanto, concluyó que resulta competente para conocer del referido asunto el Juez en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario en mención, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Ahora bien, una vez analizada la demanda de cuenta, y los argumentos vertidos por la autoridad declinante, se precisa que no existen elementos que permitan aceptar la competencia planteada conforme se detalla; por tanto, este Juzgador no acepta la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida por los quejosos Martín Alejandro Mata Rodríguez, Juvenal Hernández Reyes y Miguel Ángel Cervantes Morales, en atención a que el acto reclamado no encuadra en la hipótesis invocada por el órgano declinante prevista en el párrafo primero del numeral 37 de la Ley de Amparo, dado que no se está ejecutando en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-poniente", residente en Guasave, Sinaloa. En efecto, el citado precepto legal establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito no ha comenzado o ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". En ese sentido, respecto a la interpretación del precepto legal transcrito y retomando por similitud el artículo 36 de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció tres reglas para fijar la competencia, a saber: a) La establecida en el último párrafo consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido la resolución, en este supuesto, basta que quede debidamente acreditado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. b) La segunda regla contenida en el primer párrafo se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro considerado para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que requieren de ejecución. c) La tercera regla constituye un matiz de la segunda, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, se establece que en caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el competente será ante quien se presente la demanda. Como se aprecia, las reglas de competencia por razón de territorio contenidas en el trascrito artículo 37 tienen como eje rector la ejecución material del acto reclamado, empero, tratándose de aquellos actos que no la tienen, lo que se considera para determinar la competencia del Juez de Distrito, es el lugar donde resida la autoridad que emitió el acto. Cierto, la palabra ejecutar significa, literalmente, "poner por obra algo" (conforme al Diccionario de la Lengua Española); la palabra ejecución es tanto su acción como su efecto. Por tanto, ejecutar, tiene el sentido ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. El artículo 37 de la Ley de Amparo, al emplear la voz ejecución, reafirma ese entendimiento, al calificar la palabra ejecución con la característica de "material", esto es, opuesto a lo que sólo tiene impacto en el mundo formal, la ejecución material implica un cambio en la situación jurídica del quejoso, ya sea que le impone una carga o le priva o limita algún derecho. Así, para determinar si el acto reclamado tiene o no ejecución atendiendo a su naturaleza intrínseca y no a su forma de expresión, se considera conveniente distinguir la naturaleza positiva y negativa de los actos, de conformidad con lo señalado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J.152/2009. ".En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer. A su vez, estos actos se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) actos de ejecución continuada o inacabada; y, c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Por su parte, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Estos actos negativos se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos. Es importante poner de relieve que aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso. Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido. Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado. Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenando o prohibiendo, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico.". En la especie, los impetrantes reclaman de las responsables Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con sede en Ciudad Victoria y Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-poniente", residente en Guasave, Sinaloa, la privación ilegal de la libertad, en razón de que desde el tres de octubre de dos mil dieciocho, se ejecutó una orden de aprehensión -por reclusión-, en su contra, la cual fue emitida en la causa penal de origen 50/2017 del índice del juzgado responsable y hasta la fecha no se ha resuelto acerca de su situación jurídica; de ahí que, acorde a las precisiones reaIizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación atinentes a la naturaleza intrínseca de los actos de autoridad, el suscrito juzgador estima que el acto reclamado por los quejosos en este juicio de amparo, aun cuando es de naturaleza negativa por conducta omisiva del juez responsable -al no resolver sobre la situación jurídica de los quejosos dentro del proceso penal 50/2017 de su estadística-, lleva implícita una ejecución al tener efectos positivos dentro del propio procedimiento, esto es, implica una conducta de hacer por parte de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con sede en Ciudad Victoria que surtirá efectos en la citada causa de origen. Ello, con independencia de que los quejosos se encuentren privados de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-poniente", residente en Guasave, Sinaloa y en ese centro penitenciario se haya ejecutado la orden de aprehensión librada en su contra, pues la privación ilegal de la libertad combatida atiende a la omisión del juez responsable de resolver sobre la situación jurídica de los impetrantes, la cual conlleva una ejecución dentro de la causa penal de origen. Así, el acto reclamado en el juicio de amparo en análisis consistente en la privación ilegal de la libertad con motivo de la omisión de resolver la situación jurídica de los quejosos tendrá efectos dentro del proceso penal de origen al implicar una conducta de hacer de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con sede en Ciudad Victoria; por ende, el suscrito Juzgador estima que quien debe conocer del presente juicio de amparo, es un Juzgado residente en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el caso, el Juzgado que previno, esto es, el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria. En ese sentido, si bien puede considerarse que el acto reclamado implica per se, una ejecución material relativa a la propia ejecución de la orden de aprehensión en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-poniente", residente en Guasave, Sinaloa, lo cierto es que conforme a lo manifestado por los quejosos en la demanda de amparo, se desprende que la privación ilegal de la libertad es con motivo de la omisión del juez responsable de resolver la situación jurídica de los quejosos dentro del plazo contemplado en la Carta Magna, no obstante que desde el tres de octubre de dos mil dieciocho, se ejecutó el mandato judicial ordenado en su contra dentro del proceso penal de origen -por reclusión en el multicitado centro penitenciario-, por lo que, se reitera, dicho acto omisivo conlleva una ejecución con efectos positivos dentro del proceso de origen. Ciertamente, la premisa tendente a que el acto reclamado conlleva una ejecución dentro del proceso penal de origen es correcta porque en el caso se trata de definir la competencia del Juez de Distrito y no debe confundirse la naturaleza del acto con el perjuicio, dado que la naturaleza del acto se determina conforme a éste, es decir, si introduce o no un cambio a la realidad (positivo); si no afecta la realidad existente (negativo); si implica un no hacer de la autoridad o la inacción de la autoridad (omisivo); sin embargo, no puede determinarse que el acto reclamado por los quejosos en esta instancia tenga ejecución en este circuito, dado que la certeza radica en que los quejosos se encuentran sujetos al proceso penal 50/2017 seguido en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con sede en Ciudad Victoria y, por ende, en caso de existir el acto reclamado, la primera ejecución tendría precisamente efectos en el proceso penal de origen. En consecuencia, considerando que el acto reclamado en esta instancia constitucional es de naturaleza negativa por conducta omisiva del juez responsable en resolver la situación jurídica de los quejosos, como lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J.35/2008, el acto reclamado tiene efectos positivos, los cuales se materializarán en el proceso penal 50/2017 seguido ante el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con sede en Ciudad Victoria; por tal razón, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, pero no por las razones indicadas por el órgano declinante, sino en virtud de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva con efectos positivos dentro del proceso penal de origen. Lo anterior es así dado que, una eventual concesión del juicio de amparo provocaría que el acto reclamado tenga ejecución en el proceso penal 50/2017 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con sede en Ciudad Victoria. En esa tesitura, es incuestionable que la competencia para conocer de la presente demanda de amparo, por razón de territorio, corresponde al Juzgado que previno, es decir, el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria; por tanto, el suscrito juzgador no acepta la competencia planteada, ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo y devolver el juicio de amparo 2097/2018 al Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, a quien se estima competente para conocer del mismo, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. En diverso orden de ideas, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo y considerando que los amparistas se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-poniente", residente en Guasave, Sinaloa, se comisiona a la Actuaria Judicial de la adscripción a fin de que notifique el presente acuerdo a los quejosos Martín Alejandro Mata Rodríguez, Juvenal Hernández Reyes y Miguel Ángel Cervantes Morales, lo cual deberá realizar en cuanto a sus labores lo permitan, en el entendido de que deberá identificarlos plenamente, y en caso de que carezcan de la documentación idónea, deberán requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario donde se encuentran internos los impetrante, para proceder a su plena identificación; por lo cual, acorde al artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal. Por último, de conformidad con el precepto 282, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.
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