Martha Rosa Almeida Santos

Expediente 306/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
306/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
28/08/2023

Partes del expediente

  • Martha Rosa Almeida Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, contra el auto de uno de agosto de dos mil veintitrés, en el cual se declaró cumplido el fallo protector; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno electrónico, archívese el presente como asunto definitivamente concluido. Conforme a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se precisa que este asunto es susceptible de conservación, dado que en resolución constitucional de catorce de junio de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos. Original incidente de suspensión Por otra parte, en razón de que se concedió la suspensión provisional y en resolución interlocutoria se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el numeral 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el incidente de suspensión es susceptible de conservación; por ende, se ordena agregar al expediente.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que la autoridad responsable Director General del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en ésta ciudad, a través de su oficio recibido en éste juzgado el seis de julio del año en curso, comunico el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, éste Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, visto el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo conducente respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, por lo que, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, corresponde a este Juzgador Federal asumir la responsabilidad de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora. Lo anterior, porque el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio. El reclamo de la parte quejosa esencialmente lo hizo consistir en: ********************: "La omisión de asignarme cita y canalizarme al área de Salud en el Trabajo en el Hospital Regional No. 1 en la Ciudad de Culiacán, para que se lleve cabo la valoración de la recaída del accidente de trabajo que sufrí". ********************: "La omisión de otorgar la debida atención médica, al señalarse la cita médica para que se me realice el estudio de tomografía computada simple-Columna Lumbar en el Hospital general de Zona No. 49, hasta el 02 de julio de 2023". Por otra parte, visto el estado procesal de los autos se advierte en sentencia de catorce de junio de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "De no haber ocurrido a la fecha, de manera inmediata deberá canalizar a la quejosa ********************, al Área de Salud de Trabajo del Hospital Regional número 01, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para la valoración de la recaída del accidente de trabajo sufrido, Asimismo, si a la fecha no se ha realizado el estudio de Tomografía computada simple Columna Lumbar en el Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, se programe fecha más cercana para dicho estudio; además del suministro de medicamentos necesarios para el tratamiento de su salud, aportando los recursos humanos y materiales para ello." En auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia y se requirió por su cumplimiento a la autoridad responsable. Ahora, en relación a lo anterior, y del estado de autos se advierte que mediante oficio recibido en éste juzgado el seis de julio de dos mil veintitrés, el Director del Hospital General de Zona número 49 de Los Mochis, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copias de las notas médicas y prescripción realizadas a la quejosa. Con lo anterior se dio vista a la parte quejosa en acuerdo de siete de julio del año en curso, por el término de tres días, con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, este juzgado resolvería sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obren en el presente juicio y los datos aportados por las autoridades responsables. En consecuencia, si el amparo se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable, canalizara a la quejosa ********************, al Área de Salud de Trabajo del Hospital Regional número 01, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para la valoración de la recaída del accidente de trabajo sufrido, asimismo, si a la fecha no se hubiera realizado el estudio de Tomografía computada simple Columna Lumbar en el Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, se programe fecha más cercana para dicho estudio; además del suministro de medicamentos necesarios para el tratamiento de su salud; esto es, mediante oficio presentado en éste juzgado el seis de julio del presente año, la autoridad responsable, informó que se realizaron los estudios correspondientes a la quejosa, y conforme al historial médico, los padecimientos de los estudios realizaos a la quejosa indican si invalidez por lo que lo que se ordenó realizar el dictamen de di invalidez; por tanto, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, restituyéndose a la impetrante en el pleno goce de sus garantías violadas, en términos de lo que establecen los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, siete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales, el oficio de cuenta suscrito por el Director del Hospital General de Zona número 49 de Los Mochis, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite diversa documental. Finalmente, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista con el mismo a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte, que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido la sentencia dictada el catorce de junio de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Martha Rosa Almeida Santos; en consecuencia, con fundamento en los numerales 2o., 86 y 192 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. De conformidad con el numeral 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, mediante oficio requiérase a la autoridad responsable Director General del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en ésta ciudad, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que reciba el oficio en el que se les comunique el presente acuerdo, se sirvan informar a este Juzgado de Distrito el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos que haya realizado para ese efecto. En el entendido de que los efectos para los cuales se concedió el amparo son los siguientes: "De no haber ocurrido a la fecha, de manera inmediata deberá canalizar a la quejosa Martha Rosa Almeida Santos, al Área de Salud de Trabajo del Hospital Regional número 01, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para la valoración de la recaída del accidente de trabajo sufrido, Asimismo, si a la fecha no se ha realizado el estudio de Tomografía computada simple Columna Lumbar en el Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, se programe fecha más cercana para dicho estudio; además del suministro de medicamentos necesarios para el tratamiento de su salud, aportando los recursos humanos y materiales para ello. " Apercibida que de no hacerlo, dentro del término legal de tres días contado a partir del siguiente al en que se les notifique de este proveído, salvo impedimento legal o material que para ello tuviere, se les impondrá multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos de los numerales 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el ocho de mayo del año en curso, se dictó resolución interlocutoria definitiva en el incidente de suspensión el cual deriva del presente juicio de amparo y toda vez que en esta propia fecha ha causado ejecutoria el presente juicio de amparo; por tanto, ha quedado sin materia el referido incidente de suspensión; en esa virtud, se ordena glosar a los presentes autos el multicitado incidente.

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