MARTHA MARIA RIVERA CHAIREZ y Otros.
Expediente 297/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 297/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- MARTHA MARIA RIVERA CHAIREZ y Otros.
- Martha Maria Rivera Chairez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de cuatro de junio de dos mil dieciocho en que se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por Martha Maria Rivera Chairez; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de la materia se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción I del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de cuatro de junio de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de garantías; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Del análisis del presente asunto, se advierte, no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este Juzgado Federal el uno de junio de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de cuatro de junio de dos mil dieciocho, que a la letra dice: Vista la demanda promovida por Martha María Rivera Chairez, por su propio derecho y en el ejercicio de la patria potestad de sus menores hijos Eduardo Alfonso y Julio Eduardo de apellidos Bustamante Rivera, contra actos del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 297/2018-7. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito relativo a la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. Robustece lo anterior, por las razones que le rigen la Jurisprudencia P./J. 128/2001, sustentada por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, visible en la página ochocientos tres, registro 188643, cuyo rubro expresamente impone: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, en su carácter de terceros extraños, reclaman todo lo actuado a partir del emplazamiento en el expediente número 1754/2013, relativo al juicio ordinario de reconocimiento de paternidad promovido por Norma Antonia Fierro Quintero en contra de Jesús Eduardo Bustamante de la Paz, donde se condenó al demandado al reconocimiento de paternidad de la menor Yissel Amairani Fierro Quintero, asimismo, al pago de una pensión alimenticia y al pago de las pensiones retroactivas en favor de dicha menor; ello, sin dar el derecho de defensa a los quejosos. De los antecedentes del acto reclamado se advierte que los quejosos de mérito, resultan ser esposa e hijos, respectivamente, del demandado vencido en el juicio de origen. Establecido lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII y XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por lo cual la demanda se debe desechar de plano por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que debe ser examinada de oficio, en observancia a lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de amparo. Ciertamente, el precepto legal referido en primer término, en las fracciones invocadas, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". (.) Por su parte, los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5º, fracción I, párrafo cuarto, y 6°, párrafo primero, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)". De los artículos antes trascritos se advierte, en lo conducente, que es parte en el juicio de amparo los quejosos, teniendo tal carácter quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Persona quien estará legitimada para instar la acción constitucional. De la interpretación sistemática de los preceptos arriba citados se tiene que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. Por perjuicio se entiende para efectos del amparo la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, o bien, de un interés legítimo individual o colectivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Tal afectación debe ser real y actual en la esfera jurídica del gobernado, ya sea de manera directa (a un derecho subjetivo), o bien, en virtud de la especial situación que tiene frente al orden jurídico (a un interés legítimo). Aunado a lo anterior, en términos de los artículos 107, fracción I Constitucional y 107, fracción I, inciso b) de la Ley de la materia, el acceso al juicio de amparo, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (ya jurídico, ya legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica del quejoso. El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio, constituye un tema que, de ordinario se identifica con la pretensión misma, y por ende, debe ser realizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. Sin embargo, en el caso, para la procedencia del juicio de amparo, de acuerdo al planteamiento en la demanda de amparo, se puede concluir que los peticionarios acuden en base a un interés legítimo. Así, este órgano jurisdiccional conforme a la intensión de la parte demandante de solicitar la protección federal, procede a determinar la existencia e idoneidad de dicho interés para promover el juicio de amparo, dado que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dispuesto que la falta de este presupuesto procesal puede evidenciar la actualización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conduciría a desechar la demanda. Con este objetivo, autorizó que los juzgadores de amparo, mediante una aproximación inicial al caso, realicen una evaluación preliminar, así como un ejercicio hipotético de subsunción, mediante el cual determinen si el planteamiento de la parte quejosa, en su formulación conceptual y con los elementos probatorios disponibles, es una posibilidad potencial de actualización de su interés legítimo o que existe una duda razonable y sólo desechar cuando estimen que no existe tal posibilidad lógica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 57/2017 (10a.) aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1078, libro 43, Tomo II, Materia Común, Décima Época, registro 2014433, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de dos mil diecisiete, de contenido: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". No obstante, el Máximo Tribunal del País, ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución, del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. Por su relación, se cita la tesis 1a. CXXIII/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, localizable en la foja 559, libro XXII, Tomo 1, Décima Época, registro 2004008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de julio de dos mil trece, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional.". Tratándose del interés legítimo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que su existencia requiere, como mínimo, aunque no exclusivamente, la demostración de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En efecto, el interés legítimo para instar la acción constitucional consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero que tampoco se identifica con el interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple, es decir, que se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que está en aptitud de expresar un agravio diferenciado de los demás integrantes de la comunidad, al ser su interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que su anulación le producirá un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica como resultado inmediato y directo de la resolución que se pronuncie. Lo anterior encuentra sustento en la tesis P./J. 50/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia Común (registro 2007921), página 60, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". En efecto, conforme a la jurisprudencia P./J 50/2014 (10a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes transcrita, se colige que las características esenciales del interés legítimo son: 1). La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, mismo que no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, pero sí que se encuentre en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. 2). Consistente en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero no se trata de un tipo de interés simple, pues para acudir al tribunal competente debe existir un vínculo con la norma jurídica, ya que aún y cuando no se exige acreditar un derecho subjetivo, tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción de amparo. 3). La concesión del amparo, se debe traducir en un beneficio actual o futuro, pero cierto, efectivo positivo en la esfera jurídica del quejoso, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso se llegue a dictar. 4). Debe existir una afectación en un sentido amplio, apreciada bajo el parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. 5). La existencia de una situación jurídica identificable que surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial, en la que aunque puede concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, tal asociación no es absoluta e indefectible. 6). Debido a su configuración normativa, puede existir diversas posibles situaciones y supuestos del interés legítimo que deberá ser analizado, en cada caso, de acuerdo a la labor cotidiana de los juzgadores de amparo, conforme a la dinámica y alcances del propio juicio de amparo. En suma, para que pueda reconocerse el interés legítimo a una persona respecto de actos que no es destinataria, debe resentir una afectación palpable y discernible objetivamente, pues de no ser así se convierte en abstracto o general, no susceptible de evaluarse, pues no cualquier tercero, ajeno al acto, puede provocar la función de control constitucional, ya que el principio de división de poderes, que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer el interés legítimo en aquellos casos en que el quejoso acredite una afectación colateral real en un sentido cualitativo, temporal, actual o inminente pero nunca cierto. (.) es evidente que no le ocasiona a la parte recurrente, en su carácter de ciudadanos, un agravio diferenciado al del resto de los integrantes de la sociedad, al no tener un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, sino más bien un interés general, y por tanto, simple.(.) Es decir, los quejosos no tienen un interés cualificado que los ubique en un supuesto distinto al del resto de la población, en lo individual o por pertenecer a una colectividad específica, por no ocasionarle un agravio real, palpable y cualitativamente distinto al de los demás, como lo exige la fracción I del artículo 107 constitucional.". Ahora bien en el caso particular, los peticionarios de amparo, en su carácter de terceros extraños, reclaman todo lo actuado a partir del emplazamiento en el expediente número 1754/2013, relativo al juicio ordinario de reconocimiento de paternidad promovido por Norma Antonia Fierro Quintero en contra de Jesús Eduardo Bustamante de la Paz, donde se condenó al demandado al reconocimiento de paternidad de la menor Yissel Amairani Fierro Quintero, asimismo, al pago de una pensión alimenticia y al pago de las pensiones retroactivas en favor de dicha menor; ello, sin dar el derecho de defensa a los quejosos. Como se precisó, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que los quejosos de mérito, resultan ser esposa e hijos, respectivamente, del demandado vencido en el juicio de origen. Refieren que con la sentencia de condena se les afecta un serio perjuicio al derecho a percibir sus derechos alimentarios, pues al obligar al demandado (esposo y Padre de los quejosos, respectivamente) al pago de alimentos actuales y retroactivos, este no cubrirá la obligación alimentaria que tiene con los quejosos. No obstante, la demanda de amparo resulta improcedente; ello, si se tiene en consideración que todo lo actuado hasta la sentencia dictada en el juicio de origen y su ejecución material, se traduce en el pago de pesos y en este supuesto, si bien pudiera lesionar el patrimonio familiar, lo cierto es que tal afectación sería de índole meramente económico, no jurídica; por tanto, el ataque o lesión que podrían resentir los quejosos sería indirecto y ante tal situación carecerían de un interés jurídico y en el mejor de los casos un interés legítimo para acudir en la vía constitucional a reclamar lo actuado en el juicio natural, y conforme lo establece el artículo 5, fracción I, párrafo cuarto, contra los actos provenientes de tribunales judiciales, solo podrán aducir ser titular de un derecho subjetivo y directo; esto es, solo podrán aducir un interés jurídico contra ese tipo de resoluciones y no un interés legítimo, como acontece en el presente asunto. Norma el criterio, la Tesis número V.2o.28 C, sustentada Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, localizable en la página 857 del Tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1996, Materia Civil, Novena Época, que dice: "INTERES JURIDICO. CARECE DE, LA ESPOSA PARA IMPUGNAR EL DESCUENTO EN LOS INGRESOS DE SU MARIDO, QUE COMO PENSION ALIMENTICIA DEBE ENTREGAR A PERSONA AJENA. Aun cuando la esposa demuestre estar casada bajo el régimen de sociedad legal y que el acto que reclama tiene como fin el que se descuente de los ingresos de su esposo determinada cantidad para entregarla como pensión alimenticia a diversa persona ajena a su familia, carece de interés jurídico para acudir al juicio constitucional en defensa de tal acto, ya que la disminución de los ingresos de su cónyuge sólo le originará una afectación de índole económico y no jurídico.". Asimismo, la Tesis VI.2o.76 C, que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 416 del Tomo XIV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 1994, Materia Civil, Octava Época, que establece: "ALIMENTOS, FALTA DE INTERES JURIDICO PARA PROMOVER AMPARO CONTRA SU FIJACION. Si la esposa del demandado en un juicio alimentario, promovido por una persona ajena al núcleo familiar, acude al juicio de amparo, por sí y en representación de sus hijos, señalando como acto reclamado la orden que el Juez de lo familiar giró a fin de que se le descuente a su esposo un porcentaje del sueldo para entregarlo como pensión alimenticia a dicha persona ajena a la familia, la expresada esposa carece de interés jurídico ya que, la determinación del Juez familiar sólo podrá afectar a la esfera jurídica del propio demandado, por ser el titular del derecho a percibir un salario como retribución de su trabajo, pero no afecta a su esposa ni a sus hijos ya que, si bien puede asistirles el derecho de percibir alimentos, éste no se lesiona mediante la referida determinación que va encaminada directamente en contra de un derecho distinto al de los quejosos como acreedores alimentarios. Lo anterior, aun estimando que el descuento del porcentaje del salario del deudor alimentario, pudiera lesionar al patrimonio familiar, porque en todo caso, tal afectación sería de índole meramente económica, no jurídica. O sea, que el ataque o lesión que podrían resentir los quejosos sería indirecto y ante tal evento carecen de interés jurídico para acudir en la vía constitucional a reclamar la determinación del Juez que señalan como responsable; de conformidad con la tesis de jurisprudencia que se titula "AGRAVIO INDIRECTO. NO DA NINGUN DERECHO AL QUE LO SUFRA PARA RECURRIR AL JUICIO DE AMPARO".". Y, es aplicable la Jurisprudencia número 25, sustentada por el Pleno de la Otrora Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17 del Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación, Apéndice de 1995, Materia Común, Quinta Época que indica: "AGRAVIO INDIRECTO. No da ningún derecho al que lo sufre para recurrir al juicio de amparo.". En efecto, del examen del acto reclamado, y atendiendo al contexto en que se formula la demanda constitucional, el suscrito advierte que no se justifica, ni en forma provisional, el interés jurídico que la parte quejosa dice asistirle para acceder a esta instancia extraordinaria, pues no se atribuye a dichos actos una afectación real, actual y directa objetivamente apreciable en su esfera jurídica susceptible de ser reparada a través del fallo protector que eventualmente se obtuviere; sino que en todo caso, solo se aprecia un interés legítimo que tiene que se advierte de índole económico que no trasgrede algún derecho de los quejosos. En tales condiciones, al resultar evidente que el acto impugnado no ocasiona afectación alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa, al no advertirse que cuente con un interés jurídico, sino en todo caso uno legítimo de naturaleza meramente económica, se actualizan las hipótesis de improcedencia anunciada de manera notoria e indudable. Lo anterior, en virtud de que, si bien el juicio constitucional constituye un recurso efectivo en términos de lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en forma alguna conlleva a su procedencia en todos los casos, a fin de que se realice el estudio de fondo del asunto, toda vez que por razones de seguridad jurídica para la correcta y funcional administración de justicia y, para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados tienen el deber de establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole, resultando aplicable al respecto los siguientes criterios: Jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, registro 2005717, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la Jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, registro 2005917, de rubro y texto: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental.". No sobra precisar que la parte quejosa tiene a su alcance los medios ordinarios de ley a fin de exigir el cumplimiento a los alimentos a que tiene derecho de parte de la persona que tiene obligación de proporcionarlos; es decir, no por el hecho de que se le haya condenado al esposo y padre de los quejosos, respectivamente, al pago de los alimentos actuales y retroactivos, a favor de diversa persona (también menor de edad), este se encuentre liberado para cumplir con esa obligación que le corresponde por ley en favor de dicha parte quejosa. Por otra parte, no puede perderse de vista, que se promueve ante esta instancia de orden constitucional, bajo el principio de un mayor interés de los dos menores quejosos; empero, en el juicio de origen, igualmente, están involucrados los intereses alimentarios de un menor de edad, tal y como se advierte, de los antecedentes del propio escrito de demanda de amparo. Por consiguiente, al ser notorio, indudable y manifiesto, al no haberse acreditado el interés jurídico de la parte quejosa, sino de un interés legítimo que no puede ser oponible a los actos de tribunales judiciales, se actualizan las causales de improcedencia analizadas a lo largo de este proveído, dado que el acto reclamado no es susceptible de ser impugnado en la vía constitucional, por la promovente con el carácter indicado, dados los motivos expuestos en esta resolución, conforme con lo establecido por el artículo 61, fracción XIII y XXIII, relacionado con el diverso 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano, con fundamento en el numeral 113 de la propia legislación. Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de garantías para oír y recibir notificaciones ubicado en calle Gabriel Leyva número 416 norte, interior 312 tercer piso, entre Cárdenas y Heriberto Valdez, en esta ciudad, y como su autorizado para tales efectos, en su nombre en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados Miguel Ruiz Pacheco y Juan Alonso Armenta Lung.
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