Martha Mendoza Corona
Expediente 193/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 193/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Martha Mendoza Corona
- Amparo Nieto López
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 4362/2021 signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito; atento a su contenido, se le tiene remitiendo los autos originales del juicio de amparo 193/2021 del índice de este juzgado, así como el testimonio de la ejecutoria de once de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca 79/2021 de su índice, mediante la cual se desechó el recurso de queja interpuesta en contra del proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, se ordena agregar las principales fojas del cuaderno de antecedentes, en virtud de su volumen y de resultar innecesarias que se glosen en su integridad, pues las copias fotostáticas se obtuvieron de los originales que se encuentra agregadas en el juicio de amparo y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, y fue desechado el recurso de queja interpuesta en contra de dicho auto, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, a) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el actuario judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, recibido en línea, y en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se tiene a la Superioridad informando que admitió el recurso de queja interpuesto en autos por la parte quejosa por conducto de su autorizado, en contra del proveído de veintiséis de marzo de este año, mismo que registro con el número de expediente de queja 79/2021 de su índice; por lo que se está en espera de lo que la Superioridad resuelva respecto de dicho medio de impugnación. Asimismo, atento a las manifestaciones del Tribunal oficiante, se ordena enviar el expediente original en que se actúa, mediante atento oficio que se libre; por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
III. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte promovente el acuerdo de veintiséis del mes y año en curso, mismo que a la letra dice: Vista la demanda de amparo promovida por por AMPARO NIETO LÓPEZ y MARTHA MENDOZA CORONA, contra actos del 1. Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de sociedad funcionante y subsistente del Banco de Crédito Rural del Golfo, Sociedad Nacional de Crédito, representado ahora por su liquidador el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INPED) y otras autoridades; fórmese expediente bajo el número 193/2021, y provéase lo conducente. DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte que en el caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XXIII en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" Del numeral transcrito en interpretación de la jurisprudencia número 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", define como características de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales, en virtud de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. De acuerdo a ello, existen diferencias entre las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, pues las primeras (coordinación) corresponden a las entabladas entre particulares, en un mismo nivel, por lo que para dirimir sus controversias existen en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, debiendo acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas o contempladas por la ley. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y, los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio están regulados por el derecho público, de manera que este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro, por lo que la Constitución Federal establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los Tribunales. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que, la procedencia del juicio de amparo se encuentre supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquélla que, con fundamento en una norma legal, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado. En la especie, de un análisis integral de la demanda de amparo promovida por la quejosa, se advierte que destaca como actos reclamados los siguientes: "1. LA MODIFICACIÓN, LIMITACIÓN, ALTERACIÓN, SUSTITUCIÓN, SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIO MEDICO, sea parcial o totalmente, en sus características, modalidades, condiciones, o en la dimensión de su contenido, que nos venía proporcionando originalmente la institución para la que trabajamos, y que posteriormente nos jubiló, no solamente al quejoso sino también a los miles de jubilados, pensionados y sus derechohabientes del Sistema Banrural que se encuentran distribuidos en todo el país. 2. LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÍNICA CON REDUCCIÓN DE PLAZOS NÚMERO LA-006HIU002-E2-2021 publicada el 19 de marzo de 2021 a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental relativa a la "Contratación del Servicio Médico Integral y de Hospitalización para los Fideicomisarios y sus Derechohabientes del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural a través de un prestador de servicios que proporcione los tres niveles de atención. 3. LA CANCELACIÓN, EXTINCIÓN, MODIFICAIÓN Y/O REDUCCIÓN DEL FIDEICOMISO FONSO DE PENSIONES DEL SISTEMA BANRURAL (FOPESIBAN). 4. LA SUSTITUCIÓN, CANCELACIÓN, REDUCCIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON HOSPITALES, MÉDICOS, ESPECIALISTAS, ENFERMERAS Y DEMÁS PERSONAL. 5. LA OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE INFORMAR AMPLIA, DEBIDA Y PARTICULARMENTE A LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y SUS DERECHOHAMBIENTES de los cambios que pretende hacer respecto a la prestación del servicio médico." Ahora bien, la parte quejosa se duele de diversos actos estrechamente relacionados con el cumplimiento de un contrato de fideicomiso y convenios de transacción y colaboración que impactan en diversas prestaciones que aducen tener como personas jubiladas del Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) y que derivan del "Fondo de Protección Mutua", que se creó como un beneficio (prestación extralegal) de dicho Banco, en favor de sus integrantes. En ese contexto, en consideración de este juzgador constitucional, los quejosos promovieron demanda de amparo con la calidad de jubilados del Banco de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, en contra de los actos que se apuntaron en párrafos que anteceden, de lo que cabe mencionar que esos actos tuvieron como fuente la relación de trabajo establecida entre los peticionarios del amparo y el organismo en el que laboraron directamente o son beneficiarios, identificado como "SISTEMA BANRURAL", como los propios quejosos lo refieren, y que la pensión jubilatoria de la que gozan no se otorgó con motivo de una nueva relación surgida entre las partes, después de concluida la de trabajo, por los motivos especificados en la ley y bajo el cumplimiento estricto de los requisitos legales, sino en virtud de los derechos generados justamente por la relación laboral. Sin embargo, aquéllos no son de los que se consideran como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que versan sobre actos u omisiones atribuibles a la autoridad responsable en su carácter de patrón, en un plano de coordinación, al ser la jubilación y las prestaciones que de ella derivan una cuestión de índole laboral, que tiene su origen en un contrato de trabajo. En apoyo se cita la tesis sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Volumen 35, Quinta Parte, pág. 25, con número de registro 244571, de rubro y texto siguiente: "JUBILACION Y RETIRO, PENSIONES DE. Los pagos de las pensiones de retiro y de jubilación, son prestaciones extralegales, por lo que para establecerse el derecho de un trabajador a recibirlas, debe estarse al contrato en que el patrón aceptó la obligación de otorgarlas, si éste no se aporta como prueba en autos, ni se demuestra en alguna otra forma la obligación relativa del patrón, no resulta violatoria de garantías la resolución que absuelve a éste de los pagos." En ese sentido, aun cuando los actos reclamados se atribuya al ente moral público, ello no indica que sean actos de autoridad dado que como se dijo, derivan de la prestación extralegal de jubilación del "FONDO DE PENSIONES DEL SISTEMA BANRURAL", estipulada en las respectivas condiciones generales de trabajo, cuya fuente es la relación laboral que existió entre los peticionarios del amparo y el organismo o institución en la que laboraron, en un plano de coordinación, en razón de que el beneficio de esa jubilación constituye una prestación extralegal, fundada en el acuerdo de voluntades entre patrones y trabajadores, cuya extensión persiste aún después de haber terminado esa relación y es exigible al propio patrón con el cual se acordó en un mismo nivel, a diferencia de las prestaciones de seguridad social previstas en la ley, exigibles a un ente del estado, quien está obligado a otorgarlas, por disposición de la propia ley. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 113/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, Agosto de 2004, Página: 347, Novena Época, con número de registro: 180949, de rubro y texto siguiente: "BANRURAL. CONFORME AL ARTÍCULO DECIMOQUINTO TRANSITORIO, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA RURAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DE 2002, LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE DICHO SISTEMA CONTINUARÁN RECIBIENDO LAS PRESTACIONES EN LA MISMA FORMA Y CIRCUNSTANCIAS EN QUE LO HACÍAN DURANTE LA VIGENCIA DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. El citado precepto dispone que los jubilados y pensionados de las sociedades de crédito que se liquidan seguirán recibiendo sus pensiones y jubilaciones de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo y convenios jubilatorios respectivos; sin embargo, aun cuando únicamente se refiera a 'pensiones y jubilaciones', dichas expresiones deben interpretarse de acuerdo con las disposiciones contenidas en las citadas Condiciones, de ahí que los pensionados y jubilados del sistema Banrural deben seguir recibiendo todas sus prestaciones de la misma manera y bajo las mismas circunstancias en que lo hacían cuando aquéllas se encontraban vigentes." Bajo tales premisas, si los cuestionados actos reclamados por los quejosos están relacionados con la exigencia de los derechos previstos en el pacto que efectuaron con el patrón en las repetidas condiciones generales de trabajo, mismos que inciden en los derechos de la clase trabajadora y jubilados que repercuten de forma directa en lo previamente pactado, entonces, como alegan los promoventes, constituyen cuestiones que deben dirimirse ante la potestad de la autoridad jurisdiccional en materia laboral, al derivar de una relación de coordinación (empleador-jubilado) subsistente entre los sujetos implicados. En apoyo se cita la jurisprudencia 2a./J. 39/996, sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal de Justicia del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, Página: 458, Novena Época, con número de registro 194006, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE EL BANCO DE CRÉDITO RURAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO Y SUS TRABAJADORES. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. De los artículos 123, apartado B, fracción XIII bis, de la Constitución Federal, 1o. y 5o. de la ley reglamentaria de la fracción del precepto invocado, 1o. y 5o. de la Ley Orgánica del Sistema Banrural y 1o. y 3o. de la Ley de Instituciones de Crédito, se desprende que el Banco de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito es una institución bancaria de desarrollo, por lo que es una entidad de la administración pública federal que forma parte del sistema bancario mexicano. Por lo tanto, aunque no existe disposición que de manera expresa determine la autoridad competente para dirimir los conflictos laborales que se susciten entre las instituciones que forman parte del sistema bancario mexicano y sus trabajadores, de conformidad con el artículo 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que no representa oposición alguna a la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 Constitucional, corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje conocer de los conflictos que se susciten entre el banco y sus trabajadores." Lo anterior, aunque haya terminado la citada relación de trabajo entre los quejosos y el "SISTEMA BANRURAL", pues ello no determina la naturaleza de los actos reclamados, ni torna la relación de coordinación preexistente entre el trabajador y el empleador en una de supra a subordinación, pues se insiste, se sustentan en la relación laboral que existió entre los promoventes en su carácter de trabajador y el citado sistema, no obstante que el ente encargado como liquidador representante y responsable de las obligaciones en materia de trabajo a cargo de aquél, pueda modificar o emitir determinados actos unilaterales con relación a la jubilación en cuestión, pues lo hace en su calidad de parte patronal en el nexo laboral, como ente de derecho privado, en virtud de que el beneficio de la jubilación es derivado de la relación laboral, lo que los mantiene en un plano de igualdad respecto de dicho beneficio, no susceptible de combatirse a través del juicio constitucional. Es ilustrativo de lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 95/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, Página: 151, Novena Época, con número de registro: 166703, que establece: "CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD SUSCEPTIBLE DE SER SEÑALADO COMO ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO, PERO SÍ PUEDE SER PLANTEADA LA ILEGALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DE SUS CLÁUSULAS A TRAVÉS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA PLANTEADO SU NULIDAD EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN. De los artículos 33, 386, 387, 391, 396 y 400 a 403 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que el contrato colectivo de trabajo es un acuerdo entre un grupo de trabajadores representados por una organización sindical, con un patrono o un grupo de patronos, con una empresa o una industria, en su carácter de unidades económicas de producción o distribución de bienes o servicios, para establecer las condiciones de trabajo según las cuales aquéllos prestarán un servicio subordinado y éstos aceptarán obligaciones de naturaleza individual y social, mediante la consignación de beneficios y compromisos recíprocos, ajustados a la índole de los servicios a desarrollar por los trabajadores; y si bien del contenido de dichos numerales se infiere que en la elaboración del contrato colectivo imperan los principios de libertad contractual y de autonomía de la voluntad de las partes, esa libertad no es absoluta, pues está condicionada a que no se estipulen derechos inferiores a los consignados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a que no se vulneren garantías individuales. Por otra parte, si bien desde el punto de vista material el contrato colectivo de trabajo posee naturaleza normativa, esa circunstancia no es bastante para otorgarle el rango de ley, pues no posee las características formales ni los efectos materiales propios del acto legislativo, ni puede considerarse como un acto de autoridad susceptible de impugnación en el juicio de amparo, ya que no colma las características que todo acto de autoridad debe tener para ser impugnado como acto reclamado en el juicio de garantías, ya que en su emisión no participa un ente que posea la naturaleza de autoridad -sino únicamente las partes contratantes, que se obligan en los términos de su texto- y que, por ende, incida en forma unilateral en la esfera jurídica de los contratantes. No obstante, esto no significa que su contenido escape al control de constitucionalidad, pues tratándose del juicio de amparo directo, en términos de los artículos 44, 46, 158 y 166, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es posible que, al señalar como acto reclamado el laudo donde se haya interpretado y aplicado un contrato de esa naturaleza, se verifique la inconstitucionalidad de sus cláusulas, siempre y cuando se haya planteado su nulidad en el juicio laboral de origen y la Junta de Conciliación y Arbitraje haya hecho el pronunciamiento, pues de estimar lo contrario, se permitiría la existencia e un pacto que pudiera ser violatorio en sí mismo de derechos fundamentales, protegidos en la Constitución General de la República, lo que pugna con los principios constitucionales referidos." Corrobora lo anterior, la diversa tesis P. XXVIII/97, que se cita por analogía, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, Página: 119, con número de registro 199460, de la siguiente literalidad: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter." En este orden de ideas, si los actos reclamados al Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN), por conducto de la Fiduciaria Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, y resto de las autoridades señaladas como ejecutoras, no tienen como fuente una potestad de naturaleza pública, sino que derivan de un vínculo laboral, el juicio de amparo resulta improcedente, pues la conducta de que se duelen los quejosos, contrario a lo que sostienen, no reúnen las características de imperio para que se considere como de autoridad, según lo previsto en el artículo 103, fracción I, constitucional. Es ilustrativa la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, Página: 307, con número de registro 194367, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Por lo tanto, atendiendo a lo aquí analizado, es dable concluir que los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que solo constituyen actos entre particulares, por más que se alegue como premisa fundamental la infracción a diversos derechos humanos, pues, ello se da con motivo de una relación de coordinación o en un plano de igualdad, que no puede considerarse originado en una relación de supra a subordinación. Por lo anterior, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento además en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. AUTORIZADOS Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rogelio Paredes Pérez, puesto que sí acredita la calidad de licenciado en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Respecto a las restantes personas que cita en su demanda de amparo, téngaseles como autorizadas en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, por así haberlos designado el promovente. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO CONSULTA Y NOTIFICACIONES Ahora, en atención a su solicitud, en el sentido de que se le dé intervención vía internet en el presente asunto, de conformidad con Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta vía internet, con el usuario RPAREDES, registrado ante el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en atención a su diversa solicitud, se le tiene como forma para oír y recibir notificaciones en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, la vía electrónica. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de la parte quejosa, que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese vía electrónica a la parte quejosa el contenido del presente proveído. Así lo proveyó y firma el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Jorge Lagunes Maitret, con quien actúa y da fe.
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