Martha Elvia Grajales Córdoba
Expediente 580/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 580/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Martha Elvia Grajales Córdoba
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
En Boca del Río, Veracruz, a las nueve horas con quince minutos del veintidós de agosto de dos mil veintidós, estando en audiencia pública presidida por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 580/2022, promovido por MARTHA ELVIA GRAJALES CÓRDOBA, EN SU CARÁCTER DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DEL FINADO JOEL CASTILLO MORA, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. A continuación, el juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos. Abierto el período de pruebas, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que exhibió junto con su escrito de demanda, y la secretaria hace constar que las demás partes no las ofrecieron. A lo anterior, el juez acuerda: con fundamento en los artículos 143, segundo párrafo y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de referencia de acuerdo a su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes, los formularon, por lo que se cierra este período, y el juez, procede a dictar la siguiente resolución:Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 580/2022; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. MARTHA ELVIA GRAJALES CÓRDOBA, EN SU CARÁCTER DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DEL FINADO JOEL CASTILLO MORA, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. CUARTA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN XALAPA 46 y 47 Cierto 2. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA, EN VERACRUZ, VERACRUZ 43 Cierto De las que reclama: LA RESOLUCIÓN DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN LOS AUTOS DEL TOCA 632/2022 DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL RESPONSABLE, FORMADO CON MOTIVO DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 179/2016, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA, EN EL CUAL SE NEGÓ APROBAR EL CONVENIO DE DACIÓN DE PAGO DE ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. En auto de siete de julio del año en curso (foja 28) este Juzgado negó la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en los artículos 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2º, se les otorga valor probatorio de indicio a la documental exhibida por el quejoso, en tanto no fue objetada por las demás partes. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables 1. Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en Xalapa y 2. Juez Segundo de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz, reconocieron la existencia de los actos reclamados, como se advierte de su informe previo. QUINTO. Procedencia de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que lo solicite la parte quejosa; b) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y, d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan. De lo anterior, cabe precisar que la suspensión del acto reclamado es una medida o providencia cautelar, cuya finalidad es conservar la materia del juicio de amparo, para impedir que el acto de autoridad se ejecute y produzca efectos de difícil reparación (según se observa en el artículo 139 de la Ley de Amparo) lo que implica una característica distintiva con la sentencia que concede la protección constitucional, a través de la cual se reparan los daños sufridos, se invalidan los actos que los originaron y se restituye al quejoso en el goce de los derechos violados. Por tanto, el objeto de la suspensión en el juicio de amparo es detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar consecuencias irreparables o de difícil reparación, que se puedan generar con la ejecución total o parcial de los actos reclamados, durante el tiempo en que se sustancia y se resuelve el juicio de amparo en lo principal, que a la postre pudieran impedir la restitución del estado anterior, si se otorga la protección constitucional. Por tal motivo, el primer presupuesto natural para la procedencia de la providencia consiste, en que el acto reclamado produzca efectos ejecutables directamente, que se puedan evitar o detener, mientras se emite el fallo de fondo. Esto es, el objeto de la suspensión consiste en que no se ejecuten los efectos positivos resultantes directamente de lo decidido por la autoridad responsable. Entonces, si el acto no da lugar a una ejecución con los efectos indicados o ni siquiera tiene ejecución, esto es suficiente para negar la medida cautelar. Por lo tanto, para que exista la posibilidad de suspender el acto reclamado, es necesario que su naturaleza sea suspendible. En el caso, según se vio, el acto reclamado consiste la negativa de aprobar un convenio de dación en pago celebrado en ejecución de sentencia del proceso de origen, esto es, un acto de naturaleza declarativa que no implica la realización de acto positivo alguno. Tampoco, en la resolución recamada, se omitió, prohibió o negó a la quejosa la posibilidad de gozar de un derecho adquirido, ya que la aprobación de referido convenio es una mera expectativa de derecho, sujeta a cubrir los requisitos que para tal efecto disponen las leyes. En otras palabras, el acto de autoridad no le prohibió o le impidió presentar un convenio de pago para su aprobación, lo que se decidió en el fondo fue el rechazo de su pretensión. Por estas razones, no puede sostenerse que la simple negativa de aprobar un convenio de transacción, tenga un efecto positivo o incluso prohibitivo sobre el derecho de pago de la parte quejosa, y en esas condiciones, materialmente no es posible conceder la suspensión que se solicita. Por otro lado, no se soslaya que en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, es posible adelantar los efectos protectores de la sentencia principal. Este juzgador reconoce que en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, la suspensión goza de los efectos restitutorios propios de la sentencia definitiva, aunque de manera temporal, lo que implica que el juzgador de amparo puede anular provisionalmente los efectos perniciosos del acto de autoridad, restituyendo a la parte quejosa en el goce de su derecho. Esto esclarece que, para lo que no está facultado el juez federal al conceder una suspensión, es para constituir un derecho que no tenía el promovente hasta antes de acudir al juicio de amparo. En ese sentido, si el acto reclamado es la negativa de aceptar un convenio de transacción, los efectos de la suspensión no pueden ser para que lo haga, porque con ello se estaría constituyendo el derecho que deriva de la transacción judicial, siendo que antes de la presentación de la demanda no se gozaba de él. Además, hacerlo implicaría sustituirse en las facultades que la ley confiere a la autoridad responsable y no a este órgano de control constitucional. Por el contrario, sí el acto reclamado fuera la revocación de un derecho, la suspensión sí podría otorgarse para que continuará surtiendo efectos con normalidad, pues lo que estaría realizando es la restitución provisional del derecho que ya tenía, y que fue afectado por el acto de autoridad. Empero, en ningún caso, a través de la resolución de la materia de la suspensión en el juicio de amparo se pueden constituir derechos, pues en este medio de control de la constitucionalidad se protegen los que ya se poseían por haber sido otorgados por la autoridad competente, o por haber sido reconocidos en la constitución o tratados internacionales. La concesión de la suspensión para los efectos solicitados, implica la constitución de un derecho, cosa que en conformidad con lo ya expuesto, no autoriza el artículo 147 de la Ley de Amparo. Antes del dictado del acto reclamado, la parte quejosa no contaba con el derecho de que se aprobara su convenio, sino que solo tenía derecho de presentarlo para su posterior aprobación o rechazo. De tal manera aun cuando se ordenara restituir las cosas al estado en que guardaban antes del dictado del acto de autoridad, la situación jurídica que prima ahora no cambiaría. En este sentido, se insiste, el otorgamiento de la suspensión implicaría la constitución de una nueva situación jurídica y no la restitución de una preexistente, que es lo que autoriza el artículo 147 de la Ley de Amparo. En último lugar, cabe precisar que no se soslaya la posibilidad de llevar acabo un juicio de probabilidad y verosimilitud de su demanda. No obstante, previo al análisis de la buena apariencia del derecho, el juzgador debe corroborar si existe o no imposibilidad jurídica o material para otorgar la suspensión. En este escenario, al confirmar que jurídicamente no es posible conceder la suspensión, no procede sopesar el grado de probabilidad de que en el fondo le asistiera razón a la parte quejosa, y menos verificar que no se genere perjuicio al interés social ni a disposiciones de orden público, ya que ello resulta innecesario, en la medida de que no es procedente la concesión de la suspensión. En consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva a la parte quejosa, de los efectos del acto reclamado, al carecer de ejecución el mismo, por los motivos expuestos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a MARTHA ELVIA GRAJALES CÓRDOBA, EN SU CARÁCTER DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DEL FINADO JOEL CASTILLO MORA, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos que se exponen en el diverso considerando quinto. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, diez de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por los 1. Magistrados que integran la Cuarta Sala del tribunal Superior de justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz; a través del cual rinde su informe previo; lo anterior, sin que se emita mayor pronunciamiento, en virtud de que por auto de cinco de agosto actual, se tuvo por rendido el mencionado informe que en términos análogos rindió a través del correo electrónico institucional de este juzgado. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, cinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de los Magistrados que Integran la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, recibido vía correo electrónico institucional, y désele valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el numeral 2° de la ley en la materia. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME PREVIO de dicha responsable; por tanto, háganse del conocimiento a las partes, así como su relación al celebrarse la audiencia incidental respectiva, como lo establece el artículo 144 de la citada ley. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Ingrid Alvarez Cruz, con quien actúa y da fe.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, tres de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido; con fundamento en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME PREVIO de dicha responsable; por tanto, háganse del conocimiento a las partes, así como su relación al celebrarse la audiencia incidental respectiva, como lo establece el artículo 144 de la citada ley. Notifíquese en términos de ley.
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