Martha Elena Junco Mayo

Expediente 732/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
732/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Martha Elena Junco Mayo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, treinta de noviembre de dos mil veinte. En el juicio de amparo 732/2019, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ". Boca del Río, Veracruz, treinta de noviembre de dos mil veinte. En atención a la certificación que antecede y, del estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes, para que manifestaran lo que a sus intereses legales conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de ocho de octubre de dos mil veinte, por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, se declarará si la sentencia está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no exista materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de doce de noviembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Martha Elena Junco Mayo. Inconforme con dicha resolución el tercero interesado César Roberto Cancino Peña, interpuso recurso de revisión, del cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, quien en sesión ordinaria virtual de dieciocho de junio de dos mil veinte, confirmó la sentencia recurrida en la que se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto que: ".la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el doce de julio de dos mil diecinueve en el juicio ordinario civil 890/2019 y, en su lugar, emita otra en la que proceda con plenitud de jurisdicción a resolver nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, en primer orden, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del cúmulo probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso y una vez hecho lo anterior, en caso de considerar necesario regraduar la pensión alimenticia provisional decretada a favor de la quejosa, haga un análisis comparativo entre las necesidades de dicha acreedora y las posibilidades del deudor, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario y la información que se desprende de las mismas, ello en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO"." En acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Décimo Segundo de Primera Instancia en Materia de Familia de Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en proveído de ocho de octubre siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 1656/2020 signado por la Juez del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia en Materia de Familia de Veracruz, Veracruz, con el cual remitió copia certificada de la resolución de dos de octubre de dos mil veinte, dictada en los autos del juicio ordinario civil 890/2019/I de la cual se aprecia que mediante auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, dejó insubsistente la resolución de doce de julio de dos mil diecinueve. Asimismo, determinó confirmar la pensión alimenticia provisional fijada a favor de la aquí quejosa consistente en 25% (veinticinco por ciento) del sueldo y demás prestaciones que obtiene el aquí tercero interesado de su fuente de trabajo, lo anterior bajo los siguientes argumentos y consideraciones. En primer término el Juez responsable puntualizo y analizó los agravios manifestados por el aquí tercero interesado Cesar Roberto Cancino Peña, así como las manifestaciones que realizó la actora del juicio de origen al desahogar la vista concedida derivado del recurso de reclamación interpuesto por el citado tercero. Posteriormente en términos del artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, procedió a resolver el recurso de reclamación materia de estudio, con los puntos que integran el recurso de mérito, es decir, analizando las necesidades de la acreedora y las posibilidades del deudor, valorando las pruebas que acompañaron y la información que se desprende de las mismas, y atendiendo al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz. Asimismo, el Juez de lo Familiar destacó que el recurso de reclamación interpuesto por el tercero interesado Cesar Roberto Cancino Peña, resultó improcedente, toda vez que del material probatorio exhibido no se aprecia la necesidad de reducir la pensión fijada provisionalmente, resultando infundados sus agravios hechos valer en el medio de impugnación a estudio. Por otra parte, al quedar demostrada la calidad de acreedora alimentaria que le asiste a la quejosa, la cual se justificó con el acta de matrimonio que celebro con el demandado en primera instancia, determina el derecho de recibir alimentos tal y como lo establece el numeral 233 del Código Civil Vigente del Estado de Veracruz, máxime que en su escrito de demanda la aquí quejosa manifestó dedicarse a los labores del hogar y al cuidado y educación de los hijos e igualmente que carece de empleo en el que obtenga ingresos que le permitan solventar sus necesidades alimentarias, lo que arrogo la presunción de necesitar los alimentos que reclama, circunstancias que el demando no descarto a través de algún medio prueba. Igualmente, el titular del Juzgado responsable procedió al análisis del material probatorio, consistentes en documentales privadas, es decir, transferencias bancarias, estados de cuenta en copia simple y una copia certificada de la tarjeta de nómina libreton nómina de banco BBVA Bancomer, a las cuales les concedió valor probatorio, justificando así como dichos medios de prueba resultaron carentes para eximir al demandado de su obligación alimentaria, máxime que tiene una fuente formal de ingresos en donde puede garantizar el pago de alimentos por depósito judicial. Asimismo, valoro las diversas documentales privadas exhibidas por el demandado, consistentes en recibos por consumo de agua y cable derivados del inmueble que fue el domicilio conyugal, otorgándoles valor probatorio en términos del numeral 266 y 327 del Código adjetivo civil del estado, toda vez que al vivir separado de la actora, le corresponde a la misma el pago de dichos servicios, por lo cual desestimo los argumentos del demandado. En ese orden de ideas, analizó las diversas documentales, consistente en los recibos de nómina a los cuales les concedió valor probatorio en términos de los artículos 235 fracción II, 261 fracción II y 265 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, de los cuales analizó las deducciones y percepciones del aquí tercero interesado, lo anterior al tenor del informe rendido por el licenciado Carlos Javier Velázquez Robles, encargado de la coordinación de servicios y prestaciones al personal de la paraestatal Petróleos Mexicanos; a dicho informe se le concedió pleno valor probatorio, sin embargo dichas documentales resultaron ineficaces para reducir el monto de la pensión reclamada. Lo anterior bajo dos principios fundamentales que lo rigen, esto es, la posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la necesidad de quien deba recibirlos, manifestando que para el cálculo del porcentaje decretado para fijar esa medida provisional, sólo pueden formar parte de las deducciones excluidas de esa base salarial alimentaria, aquellas que se realizan por imperativo legal, como las fiscales, no así las contraídas personal y voluntariamente por el obligado, conto son las provenientes del pago de préstamos personales, ahorro, transportación y compra de vehículo. Bajo ese contexto, el Juez responsable determino que las deducciones al salario del demandado no pueden quedar incluidos en la base salarial, toda vez que dichas deducciones no demostraron que fueran destinadas a satisfacer las necesidades alimentarias de la aquí quejosa, sino todo lo contrario son encaminadas a satisfacer necesidades del propio demandado. Ahora, respecto a los medios de convicción con los cuales el tercero interesado pretendió acreditar los gastos erogados por el rubro de estudios a sus hijos Cesar Alejandro y Karla Leticia ambos de apellidos Concino Junco, el Juez de lo Familiar analizó las pruebas documentales consistentes en transferencias bancarias, estados de cuenta, o información financiera libreton nómina y detalles de movimientos de la cuenta bancaria con número 2684688643, a nombre del demandado en el banco BBVA Bancomer, y concedió pleno valor probatorio en términos del artículo 266 y 327 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Seguidamente, determinó que dichas probanzas son ineficaces para reducir el monto de la pensión reclamada, toda vez que de las mismas no se aprecia que los depósitos realizados en la institución bancaria Santander, se hayan realizado a las cuentas bancarias de sus hijos, por tanto, dichos medios de prueba carecen de eficacia probatoria para demostrar que el deudor eroga gastos por concepto de estudios y que los mismos disminuyan sus ingresos, razón por la cual resultaron ineficaces para reducir la pensión alimenticia. Ahora, respecto a los restantes medios de prueba que el Juez responsable valoro individualmente, consistentes en constancia de estudio, estado de cuenta de la tarjeta de crédito de oro del banco BBVA Bancomer, así como las copias certificadas del expediente 417/2019 del índice del Jugado Décimo Segundo de Primera Instancia en Materia de Familia de Veracruz, Veracruz, a las mismas se les concedió pleno valor probatorio, no obstante lo anterior resultaron ineficaces para reducir la pensión alimenticia, toda vez que a las mismas van encaminadas a demostrar que los hijos del demandado efectivamente se encuentran estudiando fuera del Estado de Veracruz, no así para acreditar que eroga los gastos de los mimos. La misma suerte corre a criterio del Juez Familiar, al analizar el estado de cuenta de la tarjeta de crédito de oro del banco BBVA Bancomer, toda vez que el crédito obtenido no demuestra que haya sido destinado para satisfacer las necesidades de la acreedora alimentaria, así como las certificadas del expediente 417/2019 de su índice, las cuales únicamente demostraron la existencia de la demanda de divorcio y que se encuentra en trámite el juicio Sentado lo anterior determinó que el 25% (veinticinco por ciento) cumple con las formalidades que establece el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, es decir las necesidades de la acreedora y la posibilidad de deudor para otorgar alimentos, lo anterior tomando en consideración que la actora en su escrito inicial de demanda manifestó que debido a la conducta inmoral y promiscua del demandado, padece del virus del papiloma humano (VPH) padecimiento incurable, con tratamiento y medicamentos costosos de por vida y a pesar de que cuenta con servicio médico y la atención medica de Petróleos Mexicanos, dicha institución no cuenta en ocasiones con los medicamentos, razón por la cual deviene necesario adquirirlos en farmacias particulares, robusteciendo lo anterior con pruebas documentales privadas que anexo a su escrito de demanda, a las cuales se les concedió pleno valor probatorio y las cuales el demandado no controvirtió en el recurso de reclamación. Asimismo, el Juez Familiar arribó a la conclusión de que la actora eroga gastos por el padecimiento que tiene, así como gastos de renta por el inmueble que habita, gastos de consumo de energía eléctrica y agua potable, lo cual acreditó con recibos expedidos por las empresas correspondientes, a los cuales se le concedió pleno valor probatorio en términos de los artículos 266 y 327 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Igualmente, quedó demostrado que eroga gastos alimentarios los cuales justifico con los recibos de pago provenientes de tiendas comerciales, a los cuales se les concedió valor probatorio, haciendo alusión que aun cuando no acreditó cuánto ascienden sus gastos personales de comida, ropa, calzado, resulto un hecho notorio que los tiene. Por otro lado, quedo demostrado que el demandado cuanta con capacidad económica para cumplir con la obligación de otorgar alimentos, toda vez que del informe rendido por el licenciado Carlos Javier Velázquez Robles, encargado de la coordinación de servicios y prestaciones al personal de la paraestatal Petróleos Mexicanos, se aprecian las percepciones del mismo, los cuales hacen constar el salario diario $769.37 (setecientos sesenta y nueve pesos 37/100 M.N) documental que cuenta con valor probatorio en términos de los artículos 235 fracción II, 261 fracción II y 265 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Por lo anterior, el Juez responsable arribo a la conclusión que el deudor alimentario cuenta con un nivel de vida medio, toda vez que tiene asegurada la atención médica, tiene un trabajo estable con un antigüedad de veintisiete de años y es sujeto de crédito por parte de la institución bancaria BBVA Bancomer, a lo que la gran parte de la población no tiene acceso. En ese contexto, se aprecia que los vicios que motivaron a conceder el amparo y protección de la justicia federal, fueron subsanados por el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia en Materia de Familia de Veracruz, Veracruz, al seguir los lineamientos de la ejecutoria de amparo, al momento de dictar la nueva resolución a estudio, es decir, dejó sin efectos la resolución de doce de julio de dos mil diecinueve, y con plenitud de jurisdicción a resolver nuevamente el recurso de reclamación, realizando un estudio de los puntos que integran el citado medio de impugnación, así como la valoración y justificación del material probatorio ofertado por las partes, resolviendo en términos del artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión (provisional y definitiva) del acto reclamado del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula de este expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúe en este Juzgado el tomo de prueba constante de las copias certificadas del expediente 890/2019-1 del índice del juez responsable; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Con fundamento en el artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese por lista de acuerdos a las partes.

  2. Principal

    En esta fecha se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa y tercero interesada el auto de ocho de octubre de dos mil veinte, mismo que dice: "... Agréguese el oficio y anexo signado por la Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada con el oficio y anexo de cuenta, con registro 7085, por el plazo de tres días contados a partir del día siguiente en el que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las referidas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada..."

  3. Principal

    Se tiene a la parte tercero interesada, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el presente asunto; en consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el mismo, remítase al Tribuna Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz.

  4. Principal

    Con ésta fecha se notifica a la parte quejosa, el auto de veintinueve de noviembre del año en curso, que dice: Se tiene a la parte tercero interesada, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el presente asunto; en consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el mismo, remítase al Tribuna Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz.

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