Martha Ortíz Trejo

Expediente 1186/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 23 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1186/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
12/06/2023

Partes del expediente

  • Martha Ortíz Trejo
  • Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz
  • Jorge Gamboa Tapia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, doce de junio de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 1186/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, doce de junio de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la quejosa y tercero interesado, mediante proveído de dos de junio de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de treinta de marzo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Martha Ortiz Trejo, para los efectos siguientes: ".para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno en el juicio ordinario civil 1153/2021-IX y, en su lugar, emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, atienda los lineamientos asentados en esta sentencia, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, entre las necesidades de la acreedora y las posibilidades del deudor, apreciado a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario, a fin de cumplir con el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance." Inconforme con dicha resolución, Jorge Gamboa Tapia en su carácter de tercero interesado en el presente asunto, interpuso recurso de revisión, el cual por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, quien por ejecutoria celebrada en sesión ordinaria de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dentro de los autos del toca 92/2023 de su índice, la Superioridad, en la materia de la revisión, confirmó la sentencia dictada por este Juzgado, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los justiciables. En consecuencia, el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en proveído de dos de junio del año en curso, se ordenó dar vista a la quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la referida autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 4773 signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, del cual se aprecia que por acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución emitida el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dentro de los autos del juicio ordinario civil 1153/2021 de su índice. Asimismo, por diverso oficio 4872 remitió copia certificada de la resolución de treinta de mayo de dos mil veintitrés, en la cual con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida a su potestad, en la que declaró infundado el incidente de reducción de pensión alimenticia interpuesto por el aquí tercero interesado Jorge Gamboa Tapia, por lo que confirmó la pensión provisional decretada por auto de inicio de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, consistente en el 20% (veinte por ciento) del sueldo y demás prestaciones que recibe el demandado de su fuente laboral Ahora, de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable previo a entrar al estudio de fondo respecto al recurso de reclamación, señaló los agravios y manifestaciones hechas valer, así como el material probatorio ofrecido tanto de la parte recurrente como de la parte actora, documentales a las que otorgó valor probatorio según correspondiera en términos de lo dispuesto en los artículos 210, 233, 235 fracción III y VII, 262 Y 330 del Código Procesal Civil. Bajo ese contexto, y de acuerdo con la documentación que hasta ese momento obra en el sumario natural estimó declarar infundada la reclamación interpuesta por el demandado en contra de la pensión alimenticia provisional decretada dentro del auto de fecha treinta de junio del año dos mil veintiuno. Para arribar a tal conclusión, el juez responsable tomó en cuenta que la parte actora -aquí quejosa- acreditó con el acta de matrimonio, el vínculo familiar que la une con el demandado Jorge Gamboa Tapia, quedando demostrado el vínculo de afinidad que establece el artículo 233 del Código Civil del Estado. Posteriormente, en relación con los agravios formulados por el recurrente, en cuanto a que la accionante se encuentra dada de alta como asalariada desde el día treinta y uno de julio del año dos mil catorce, y se encuentra pagando el impuesto sobre la renta conforme a la ley, ya que cotiza en el Instituto Mexicano del Seguro Social ganando un salario en razón de $148.10 (ciento cuarenta y ocho pesos 10/100 M.N.), y que para acreditar su agravio exhibió las siguientes documentales: una asignación de número de seguridad social, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social; una constancia de situación fiscal, emitida por el Servicio de Administración Tributaria; una constancia de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el juez responsable estimó que dichos medios de convicción así como sus manifestaciones no eran suficientes para que procediera la disminución de la pensión alimenticia decretada como provisional, ya que al momento de establecer la medida provisional combatida ya se tenía conocimiento que la parte actora se encontraba dada de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto que, ella misma así lo manifestó en el hecho seis de su demanda, mismo que sostuvo dentro de su desahogo de vista, por lo cual la responsable estimó que éste no resultó ser un hecho novedoso para él, por lo que no fue suficiente para que se redujera el porcentaje decretado Consecuentemente, en lo relativo a que el reclamante expuso que la parte actora no requiere el rubro de alimentos, sustentándolo en que ella desarrolla actividades laborales, que nunca se dedicó a las labores del hogar, que no procrearon hijos, que tiene entradas extras por administrar inmuebles que se encuentran en arrendamiento, el juez responsable señaló que el recurso de reclamación únicamente se ciñe al estudio de la proporcionalidad de la pensión alimenticia, conforme lo establece el artículo 242, del Código Civil del Estado, sin que resulte factible su argumento, además, señaló que el demandado no acreditó que la accionante no se hubiere dedicado a las labores del hogar, ni así que cuente con los ingresos extras al administrar bienes inmuebles como hace alusión en sus agravios, siendo necesario para la pretensión del recurso interpuesto. Asimismo, el juez responsable estableció que el recurrente exhibió diversas fotografías que contienen transferencias electrónicas en favor de la actora -aquí quejosa- por diversas cantidades, mismas que fueron reconocidas por la actora, y a las que otorgó valor probatorio pleno, con lo que la responsables tuvo por acreditadas las cantidades que: depositaba el demandado a su cónyuge por concepto de alimentos, mismas que oscilaban desde los $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M. N. hasta los $11,500.00 (once mil quinientos pesos 00/100 M.N.) Con lo anterior, el juez responsable tuvo por demostradas las costumbres que tenían los aquí cónyuges, esto es, el apoyo económico que ministraba el aquí tercero interesado por concepto de alimentos a su cónyuge -aquí quejosa-, y de ello pudo deducir que ésta dependía económicamente de él, aunado a ello, con eso tuvo por demostrada la capacidad económica del deudor alimentario. Por otra parte, la autoridad responsable manifestó que dicha resolución se hizo en base al principio de proporcionalidad que contempla el numeral 242 del Código Civil del Estado y al principio de solidaridad, sin que se busque con ésta dejar en un estado de insolvencia a ninguna de las partes, ya que señaló que es obligación del Estado respetar y garantizar los derechos de cada persona; asimismo que su determinación la emitió con perspectiva de género, sirviéndole de sustento la tesis jurisprudencial Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA. SU CUANTIFICACIÓN DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PRINCIPIO DE VIDA DIGNA Y DECOROSA." Finalmente, el juez responsable resolvió como infundado el incidente de reducción de pensión alimenticia interpuesto por JORGE GAMBOA TAPIA, en contra de la pensión alimenticia provisional decretada dentro del auto de fecha treinta de junio del año dos mil veintiuno; en consecuencia, se dejó firme la pensión alimenticia decretada en el precitado auto, la cual consiste en el 20% del sueldo y demás prestaciones que percibe el referido demandado, de su fuente laboral, a favor de la actora MARTHA ORTIZ TREJO. En mérito de lo anterior, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en el juicio ordinario civil 1153/2022 y, en su lugar, emitió otra en la que, con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida ante su potestad por lo que hace a la pensión alimenticia provisional, empelando un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, entre las necesidades de la acreedora y las posibilidades del deudor, apreciado a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario, a fin de cumplir con el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determinó el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones a las que llegó, estudio que además fue realizado con perspectiva de género como método de análisis. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva como se advierte de la resolución emitida en data de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 17 a 19 del original del incidente de suspensión relativa al presente asunto), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, doce de junio de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la quejosa y tercero interesado, mediante proveído de dos de junio de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de treinta de marzo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Martha Ortiz Trejo, para los efectos siguientes: ".para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno en el juicio ordinario civil 1153/2021-IX y, en su lugar, emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, atienda los lineamientos asentados en esta sentencia, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, entre las necesidades de la acreedora y las posibilidades del deudor, apreciado a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario, a fin de cumplir con el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance." Inconforme con dicha resolución, Jorge Gamboa Tapia en su carácter de tercero interesado en el presente asunto, interpuso recurso de revisión, el cual por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, quien por ejecutoria celebrada en sesión ordinaria de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dentro de los autos del toca 92/2023 de su índice, la Superioridad, en la materia de la revisión, confirmó la sentencia dictada por este Juzgado, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los justiciables. En consecuencia, el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en proveído de dos de junio del año en curso, se ordenó dar vista a la quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la referida autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 4773 signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, del cual se aprecia que por acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución emitida el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dentro de los autos del juicio ordinario civil 1153/2021 de su índice. Asimismo, por diverso oficio 4872 remitió copia certificada de la resolución de treinta de mayo de dos mil veintitrés, en la cual con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida a su potestad, en la que declaró infundado el incidente de reducción de pensión alimenticia interpuesto por el aquí tercero interesado Jorge Gamboa Tapia, por lo que confirmó la pensión provisional decretada por auto de inicio de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, consistente en el 20% (veinte por ciento) del sueldo y demás prestaciones que recibe el demandado de su fuente laboral Ahora, de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable previo a entrar al estudio de fondo respecto al recurso de reclamación, señaló los agravios y manifestaciones hechas valer, así como el material probatorio ofrecido tanto de la parte recurrente como de la parte actora, documentales a las que otorgó valor probatorio según correspondiera en términos de lo dispuesto en los artículos 210, 233, 235 fracción III y VII, 262 Y 330 del Código Procesal Civil. Bajo ese contexto, y de acuerdo con la documentación que hasta ese momento obra en el sumario natural estimó declarar infundada la reclamación interpuesta por el demandado en contra de la pensión alimenticia provisional decretada dentro del auto de fecha treinta de junio del año dos mil veintiuno. Para arribar a tal conclusión, el juez responsable tomó en cuenta que la parte actora -aquí quejosa- acreditó con el acta de matrimonio, el vínculo familiar que la une con el demandado Jorge Gamboa Tapia, quedando demostrado el vínculo de afinidad que establece el artículo 233 del Código Civil del Estado. Posteriormente, en relación con los agravios formulados por el recurrente, en cuanto a que la accionante se encuentra dada de alta como asalariada desde el día treinta y uno de julio del año dos mil catorce, y se encuentra pagando el impuesto sobre la renta conforme a la ley, ya que cotiza en el Instituto Mexicano del Seguro Social ganando un salario en razón de $148.10 (ciento cuarenta y ocho pesos 10/100 M.N.), y que para acreditar su agravio exhibió las siguientes documentales: una asignación de número de seguridad social, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social; una constancia de situación fiscal, emitida por el Servicio de Administración Tributaria; una constancia de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el juez responsable estimó que dichos medios de convicción así como sus manifestaciones no eran suficientes para que procediera la disminución de la pensión alimenticia decretada como provisional, ya que al momento de establecer la medida provisional combatida ya se tenía conocimiento que la parte actora se encontraba dada de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto que, ella misma así lo manifestó en el hecho seis de su demanda, mismo que sostuvo dentro de su desahogo de vista, por lo cual la responsable estimó que éste no resultó ser un hecho novedoso para él, por lo que no fue suficiente para que se redujera el porcentaje decretado Consecuentemente, en lo relativo a que el reclamante expuso que la parte actora no requiere el rubro de alimentos, sustentándolo en que ella desarrolla actividades laborales, que nunca se dedicó a las labores del hogar, que no procrearon hijos, que tiene entradas extras por administrar inmuebles que se encuentran en arrendamiento, el juez responsable señaló que el recurso de reclamación únicamente se ciñe al estudio de la proporcionalidad de la pensión alimenticia, conforme lo establece el artículo 242, del Código Civil del Estado, sin que resulte factible su argumento, además, señaló que el demandado no acreditó que la accionante no se hubiere dedicado a las labores del hogar, ni así que cuente con los ingresos extras al administrar bienes inmuebles como hace alusión en sus agravios, siendo necesario para la pretensión del recurso interpuesto. Asimismo, el juez responsable estableció que el recurrente exhibió diversas fotografías que contienen transferencias electrónicas en favor de la actora -aquí quejosa- por diversas cantidades, mismas que fueron reconocidas por la actora, y a las que otorgó valor probatorio pleno, con lo que la responsables tuvo por acreditadas las cantidades que: depositaba el demandado a su cónyuge por concepto de alimentos, mismas que oscilaban desde los $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M. N. hasta los $11,500.00 (once mil quinientos pesos 00/100 M.N.) Con lo anterior, el juez responsable tuvo por demostradas las costumbres que tenían los aquí cónyuges, esto es, el apoyo económico que ministraba el aquí tercero interesado por concepto de alimentos a su cónyuge -aquí quejosa-, y de ello pudo deducir que ésta dependía económicamente de él, aunado a ello, con eso tuvo por demostrada la capacidad económica del deudor alimentario. Por otra parte, la autoridad responsable manifestó que dicha resolución se hizo en base al principio de proporcionalidad que contempla el numeral 242 del Código Civil del Estado y al principio de solidaridad, sin que se busque con ésta dejar en un estado de insolvencia a ninguna de las partes, ya que señaló que es obligación del Estado respetar y garantizar los derechos de cada persona; asimismo que su determinación la emitió con perspectiva de género, sirviéndole de sustento la tesis jurisprudencial Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA. SU CUANTIFICACIÓN DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PRINCIPIO DE VIDA DIGNA Y DECOROSA." Finalmente, el juez responsable resolvió como infundado el incidente de reducción de pensión alimenticia interpuesto por JORGE GAMBOA TAPIA, en contra de la pensión alimenticia provisional decretada dentro del auto de fecha treinta de junio del año dos mil veintiuno; en consecuencia, se dejó firme la pensión alimenticia decretada en el precitado auto, la cual consiste en el 20% del sueldo y demás prestaciones que percibe el referido demandado, de su fuente laboral, a favor de la actora MARTHA ORTIZ TREJO. En mérito de lo anterior, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en el juicio ordinario civil 1153/2022 y, en su lugar, emitió otra en la que, con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida ante su potestad por lo que hace a la pensión alimenticia provisional, empelando un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, entre las necesidades de la acreedora y las posibilidades del deudor, apreciado a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario, a fin de cumplir con el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determinó el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones a las que llegó, estudio que además fue realizado con perspectiva de género como método de análisis. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva como se advierte de la resolución emitida en data de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 17 a 19 del original del incidente de suspensión relativa al presente asunto), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte tercero interesada el acuerdo que antecede, por así estar ordenado en autos.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista de acuerdos a la parte tercera interesada el proveído de dos de junio de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese el oficio -y anexo-, signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora, de autos se advierte que en proveído de treinta de mayo pasado, se reservó dar vista respecto de las gestiones realizadas por la referida responsable, hasta en tanto remitiera la totalidad de las constancias que le fueron requeridas respeto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo cual ya aconteció. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesado, con los oficios y anexos con registros 8705 y 8878, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele informando las gestiones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, se reserva dar vista a las partes hasta en tanto la citada autoridad remita las constancias correspondientes al total cumplimiento. Notifíquese en términos de ley.

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