Martha Lizeth Montiel Vega
Expediente 755/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 40 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 755/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 28/07/2022
Partes del expediente
- Martha Lizeth Montiel Vega
- MARTHA LIZETH MONTIEL VEGA y Otros.
- Tristan Montiel Vega
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Ciuad de México
- Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de las Familias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Visto el estado de autos, y advirtiéndose que la parte quejosa ni su autorizado, interpusieron dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra del auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, en la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida determinación ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el referido artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo vigésimo décimo octavo, inciso b), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional, y por resolución incidental de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. Notifíquese. Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a treinta de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 335/2022/2TC/1, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, al que se anexa testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 161/2022 administrativa; gírese el acuse de recibo de estilo. Ahora bien, de la copia certificada de la ejecutoria que se anexa, se desprende que los Magistrados Integrantes de dicho órgano colegiado, resolvieron lo siguiente: "ÚNICO. A las doce horas con cuarenta y siete minutos del veintinueve de junio de dos mil veintidós, se declara sin materia el recurso de queja interpuesto.¨ En consecuencia, de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que la Martha Lizeth Montiel Vega, en representación de su menor hijo T.M.V. señaló como actos reclamados los siguientes: "a) La omisión de aplicar de manera congruente con lo mandatado por el Presidente de la República Mexicana de acudir a clases presenciales a partir del 30 de agosto de este año, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, y omitir ordenar la aplicación de la vacuna BioNTech, Pfizer con sus dos dosis a los menores de 12 años a 18 años, entre ellos mi menor hijo hoy parte quejosa, ante la entrada al ciclo escolar 2021-2022, que inició el 30 de Agosto de 2021, con la omisión mencionada se contraviene el respetar y promover progresivamente el principio de interés superior de la niñez, a fin de tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, la vida, a la educación, a la prevención y su concreción, en condiciones de mínimo contagio, o bien que mi mejor hijo no tenga complicaciones graves que mermen su salud e incluso que pierda su vida, por la el virus y sus variantes, que al ser derechos humanos y reconocidos por el Estado Mexicano no admiten excepciones discriminatorias b) La omisión de llamar, informar y/o notificar a los menores de 12 años a 18 años, de manera urgente e inmediata, el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de vacuna autorizada, antes del inicio de clases presenciales que como se anunció fue el 30 de agosto de este año en la ciudad de Tijuana, Baja California, por lo que se estiman violados los artículos 1, 4, 17 de la Constitución Federal de la República; en relación con los artículos artículo 4.1 y 19 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 10 del Protocolo adicional a la Convención Interamericana de Derechos Humanos; así como al artículo 12, inciso a), c), y d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Observación General no. 14, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas; artículo 6,, fracciones II, IV, V, VI, XI. XIV y XV, 7, 12, 13 fracciones VII y IV; 14, 15, 28 de la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y; artículos 13 y 50 Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sin discriminación ni distinción alguna al ser un grupo vulnerable, por el hecho de ser menores de edad. c) La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en medida de lo posible y salud, a la prevención y su concreción para asegurar el tratamiento de enfermedad causada por un epidemia endémica, con violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido y a la luz de los derechos humanos consagrados en el artículo 1 y 4 Constitucional, sin discriminación ni distinción alguna al ser un grupo vulnerable, por el solo hecho de ser menores. d) Todos los efectos y consecuencia de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que el menor quejoso no haya recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19, y su variante Delta, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida; cada día es un día más de riesgo ante las omisiones que se señalan, además de que tiene derecho a la reservación de su vida y su salud, sin discriminación. e) La violación al derecho humano, la prevención y su concretización, tratamiento de las enfermedades epidémicas y endémicas, a disfrutar del mas algo nivel posible a la vida y a la salud, sin discriminación de edad, comorbilidad, independientemente de la entrada o no a la escuela de manera presencial. f) La omisión de ordenar considerar a los menores de 12 a 18 años dentro del programa de vacunación, y por ello la violación al artículo 4 de la Constitución General de la República, el que establece que toda persona tiene derecho a la salud, al respecto el Estado de Mexicano ha suscrito convenios que muestran el consenso internacional de priorizar el disfrute de este derecho y su realización progresiva, reconociendo su deber concreto y constante de avanzar hacia su plena realización, ante la pandemia del COVID-19 debió de considerarse a la vacuna como una de las medidas más costo-efectivas para controlar la pandemia y disminuir el impacto en los diversos rubros. 2. De las autoridades ejecutoras señaladas de los numerales 8.- al 11.- la ejecución material de los actos de omisión y discriminación que se señalaron como actos reclamados." Por otra parte, se advierte que en esta fecha se consultó la página de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, de la que se advierte que a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, ya se encuentra disponible el registro para los menores de cinco años o más sin comorbilidad alguna, a fin de que sean incluidos en la Política Nacional de Vacunación en contra del virus SARS-Cov-2. En atención a lo expuesto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Del precepto legal en cita, se advierte que la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En ese sentido, al interpretar el texto del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo anterior (cuyo contenido es idéntico al texto actual), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por cesación de efectos del acto reclamado radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Se cita en apoyo a ello la tesis aislada P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Además de la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, si bien, la parte quejosa reclama diversos aspectos relativos a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 (Covid-19); asimismo, que la falta de inclusión en dicha política causa a la menor quejosa afectación a su derecho a la salud; lo cierto es que, del análisis integral de la demanda de amparo se concluye que el acto reclamado en el presente juicio, lo constituye de forma medular la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de Covid-19 a la parte quejosa menor de edad, aprobada por la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. Ahora bien, es un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que las autoridades sanitarias y, en particular, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell Ramírez, han informado que se tomó la decisión de incluir en la Política Nacional de Vacunación a las personas menores de cinco años o más de edad que no tengan comorbilidad alguna; y que a partir del día dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abrió el pre registro para dichas personas. Lo anterior, se corrobora con la información consultada en esta fecha por la Secretaria que asiste y da fe, respecto del contenido de la información difundida en las redes sociales oficiales del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, doctor Hugo López-Gatell Ramírez, así como en la página oficial https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, de la que se aprecia que, efectivamente, se abrió el registro para los menores de cinco años o más sin comorbilidad alguna a fin de que sean vacunados contra el virus SARS-Cov-2. Para tal efecto, se inserta la imagen correspondiente: De manera que es un hecho notorio que el grupo etario de personas menores de edad de cinco años o más, ya puede ser vacunado. Apoya lo anterior, los criterios siguientes: Tesis de jurisprudencia P./J. 74/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, novena época, tomo XXIII, junio de 2006, página 963, cuyo rubro es: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.". Tesis de jurisprudencia número XX.2o. J/24 del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página: 2470, bajo el rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.". En ese contexto, se ve satisfecha la pretensión de la parte quejosa en el sentido de que se le incluya dentro de la Política Nacional de Vacunación a fin de obtener la inoculación contra el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. Con lo anterior, se estima evidente que han cesado los efectos del acto reclamado. Ello, porque la omisión de incluir a la parte quejosa menor de edad que tiene once años, dentro de la Política Nacional de Vacunación a fin de ser vacunada contra el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, ha quedado destruida como si nunca hubiese existido, toda vez que la autoridad responsable ya incluyó al grupo etario al que pertenece la parte quejosa en la Política Nacional de Vacunación a fin de ser vacunada contra el virus SARS-CoV-2, restituyéndose a la parte agraviada en el derecho fundamental que le era transgredido con el pasivo actuar de la responsable. En cuanto a la omisión de aplicar la vacuna, se debe entender que no se está reclamando de manera independiente sino en vía de consecuencia de la diversa omisión normativa que se reclama; esto es, que el hecho de no incluir al grupo etario de que se trata entre los objetivos de vacunación, tiene como resultado la no vacunación de la parte quejosa; por lo que, al haber cesado la omisión en cuanto a la norma, la improcedencia también recae sobre la falta de aplicación del supuesto normativo. Lo anterior demuestra que han cesado los efectos del acto reclamado como anteriormente se anunció, por lo tanto, es evidente que la falta de esquema de vacunación para los niños y adolescentes menores de edad y, en consecuencia, la omisión de aplicar a la directa quejosa la vacuna contra el virus SARS CoV2 (COVID-19), ha quedado destruida como si nunca hubiese existido, toda vez que la autoridad responsable emitió la Política Nacional de Vacunación a fin de ser vacunados contra el virus SARS-CoV-2, restituyéndose a la citada parte agraviada en el derecho fundamental que le era transgredido con el pasivo actuar de la responsable. En mérito de lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (once horas del veintidós de junio de dos mil veintidós); comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el Libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinte de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que las partes se encuentran debidamente notificadas del proveído veintidós de octubre de dos mil veintidós, por el que se tuvo interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, intentado por el apoderado legal de la moral quejosa. Además que feneció el plazo de tres días otorgado a las partes a efecto de que señalaran las constancias que habrán de remitirse al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en Turno, con residencia en Mexicali, Baja California, para la sustanciación del citado medio de impugnación, sin que las partes hicieran uso de ese derecho. En consecuencia, dada la naturaleza de la materia del recurso antes citado, se ordena remitir el escrito original de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, en turno; así como el informe correspondiente en el que deberá precisarse: Que es cierto el acto impugnado, toda vez que mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, por los motivos ahí expuestos, se determinó no decretar la suspensión de oficio o de plano de los actos reclamados como lo solicitó la parte quejosa en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. Asimismo, que en el referido auto, se ordenó la apertura del incidente de suspensión, en el cual por los motivos expuestos y bajo las condiciones ahí precisadas, se determinó conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Cabe precisar que la determinación dictada en el incidente de suspensión referido, se cita como hecho notorio, lo anterior, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2./J 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 285, tomo XXV, junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dispone: En atención a lo expuesto, remítase copia certificada de las constancias que integran este cuaderno hasta la fecha de interposición del recurso, así como de la interlocutoria emitida el veintiuno del mes y año en curso, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, para la sustanciación del aludido medio de impugnación. Notifíquese.Así lo proveyó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
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