Martha Rutila Valenzuela Bainori

Expediente 543/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 28 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
543/2022
Año
2022
Actuaciones
28
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Martha Rutila Valenzuela Bainori

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción I y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos de los artículos 21, inciso c), y 20, fracción II, inciso a), ambos del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo 18 del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. Se ordena marcar en la carátula del original y duplicado del incidente de suspensión la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en veintiséis de julio de dos mil veintidós, en este órgano jurisdiccional, Martha Rutilia Valenzuela Bainori, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que, previa aclaración de su denominación, son los siguientes: Autoridades responsables Juez Primero de lo Familiar. Actuaria adscrita al Juzgado Primero de lo Familiar. Actos reclamados "IV. ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD RECLAMA.- Constituyen Actos Reclamados en los términos de la fracción IV del artículo 108 de la Ley de Amparo, los siguientes: Reclamo de la autoridad ordenadora: 1. El hecho de haber ordenado la ADMISIÓN DE LA DEMANDA, SEGUIR EN TODAS SUS ETAPAS PROCESALES HASTA DICTAR SENTENCIA DEBIDAMENTE EJECUTORIADA, diligencia de emplazamiento practicada dentro del juicio con número de expediente 1301/2010-A, celebrada con fecha del día NUEVE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, por el secretario actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar del partido judicial de Tijuana, B,C., así como también reclamo el Hecho de haber celebrado la Audiencia de desahogo de información testimonial dentro del juicio antes mencionado, que tuvo lugar el día 01 de marzo del 2011, sentencia de fecha 8 de marzo del 2011, mediante la cual se decreta el divorcio entre la suscrita y mi esposo señor Ricardo Pérez Castaño, auto que causa ejecutoria de fecha 2 de Junio del 2011. De igual forma reclamo el hecho de haberse presentado escrito con fecha 12 DE DICIEMBRE DEL 2010 (ver reloj chocador) (sic), mediante el cual supuestamente la suscrita solicitó el expediente de donde emanan los actos reclamados, que se remita del almacén o archivo general y a su vez COPIAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS, sin que dicha promoción se encuentre firmada por la suscrita, si bien es cierto, aparece una firma al final del escrito arriba de mi nombre, esta no me corresponde, toda vez, que no me corresponde, ya que esta se encuentra alterada o falsificada, tal como se hará valer por separado mediante incidente de nulidad absoluta, (a foja 37 del expediente de donde emanan los actos reclamados.) dejándome en completo estado de indefensión, así mismo reclamo todos y cada uno de los actos y actuaciones llevadas a cabo en ese juicio de divorcio necesario, actos que reclamo desde la diligencia del emplazamiento practicado por la responsable ejecutora, hasta el último auto recaído dentro del juicio de divorcio necesario de donde emanan los actos reclamados. 2. Reclamo de la autoridad responsable ejecutora: El hecho de haber llevado a cabo la diligencia de notificación, y emplazamiento, para ejecutar la orden emitida por la autoridad responsable C. Juez Primero de lo Familiar del partido judicial de Tijuana, Baja California, mediante el auto de fecha NUEVE DE AGOSTO DEL 2010, obrante dentro del expediente de donde emanan los actos reclamados." Asimismo, la parte quejosa al subsanar la prevención hecha por este órgano jurisdiccional, señaló como actos reclamados los siguientes: "PRIMERO. Con relación a los actos reclamados de la responsable ordenadora Juez Primero de lo familiar de esta Ciudad de Tijuana, reclamo el hecho de haber ordenado dentro del expediente de donde emanan los actos reclamados, que la suscrita sea emplazada en el domicilio indicado en el escrito de demanda inicial, así como también el hecho de haber ordenado la continuación del juicio de divorcio necesario en todas sus etapas procesales hasta dictar sentencia definitiva, debidamente ejecutoriada. SEGUNDO. De la autoridad responsable ejecutadora (sic), reclamo el hecho de haber dado cumplimiento a la orden dictada por la responsable ordenadora en el auto de admisión de la demanda dentro del expediente 1301/2010-A relativo al juicio de divorcio necesario promovido por mi esposo señor Ricardo Pérez Castaño en mi contra, radicado ante el Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad, es decir de llevar a cabo la diligencia de emplazamiento a la suscrita en el domicilio indicado en el escrito de demanda inicial, mismo que fue realizado con fecha del día nueve de noviembre del 2010, en el mismo domicilio de la parte actora y de la suscrita, es decir se llevó a cabo la diligencia de emplazamiento en el domicilio conyugal, en donde estábamos cohabitando tanto el actor y demandado del juicio de origen, sin que hasta la fecha se me hayan entregado las copias de traslado que fueron entregadas con la persona que atendió la diligencia señora Nataly Padilla Osuna, persona que no vivía en mi domicilio, desconozco las razones porque se encontraba presente el día y hora cuando llegó la Actuaria Ejecutora adscrita a la responsable ordenadora, a fin de llevar a cabo la diligencia de emplazamiento, cuya nulidad absoluta se demanda, toda vez, que hasta la fecha no he sido llamada a juicio o emplazada legalmente, reiterando que no se me entregaron las copias de traslado que se dejaron en poder de la persona que atendió la diligencia de emplazamiento, dejándome en estado de indefensión." Segundo. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales constitucionales violados, los consagrados en los artículos 8 y 21 numeral 1, así como el 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Prevención, admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional, en proveído de veintisiete de julio de dos mil veintidós, previo acordar lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda, se previno a la parte quejosa para que precisara el acto reclamado; una vez desahogada dicha prevención, por acuerdo de uno de agosto de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo; solicitó a las autoridades señaladas como responsables el informe justificado, quien únicamente lo rindió oportunamente el Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad; se emplazó al tercero interesado Ricardo Pérez Castaño, visible a fojas 191 y 192 de autos; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional (foja 38); y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual inició en treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, suspendiéndose en esa misma fecha al abrirse a trámite el incidente de falsedad de documentos promovido por la parte quejosa; continuando con dicha audiencia a las diez horas con once minutos del quince de febrero del año que transcurre, y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; en el presente caso, del estudio integral de la demanda de amparo, se precisa que los actos reclamados son: La falta emplazamiento al juicio de divorcio necesario 1301/2010, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar en Tijuana, Baja California y como consecuencia, todo lo actuado. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar, toda vez que no obstante que señaló que eran parcialmente ciertos los actos reclamados, se desvirtúa dicha parcialidad, en virtud de la existencia del Juicio de Divorcio Necesario 1301/2010, de su índice; lo que se corrobora con las constancias que obran en el presente expediente, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En relación a la diversa responsable en su carácter de ejecutora Actuaria adscrita al Juzgado Primero de lo Familiar, si bien fue omisa en rendir su informe justificado, dichos actos se tienen por ciertos, toda vez que son ciertos de la autoridad ordenadora. Cuarto. Incidente de falsedad de documentos. Por cuestión de técnica, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Amparo, previo al estudio de fondo del juicio de amparo de que se trata, se procede a examinar y resolver lo relativo al incidente de falsedad de documentos, en términos de lo establecido en el numeral 122 de la ley en cita, que dispone: "Artículo 122. Si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes; en la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de esta Ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia. De lo transcrito se desprende que cuando alguna de las partes objeta algún documento, en cuanto a su valor probatorio o su autenticidad, debe ofrecer las pruebas respectivas; y, para ello, es admisible la pericial para acreditar dicha pretensión, la cual se estará a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de la materia, con excepción del plazo, ya que en este caso deberá ofrecerse dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA LA ADMISIÓN, PREPARACIÓN Y DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA, ES APLICABLE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la Ley de Amparo abrogada, estableció que al ser la demanda de amparo un documento privado, es susceptible jurídicamente de ser objetado de falso, en términos de su artículo 153 -correlativo del 122 de la Ley de Amparo vigente-, por lo que la prueba pericial grafoscópica -que es la idónea para demostrar la falsedad de la firma que calza una demanda de amparo- es una institución que se encuentra suficientemente reglamentada en la Ley de Amparo y, por tanto, conforme a ésta deben regirse su admisión, preparación y desahogo, sin que deba acudirse a la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que las diferencias sustanciales en el desahogo de esa prueba tanto en la Ley de Amparo como en el código adjetivo procesal, hacen que lo establecido en dicha codificación (prueba colegiada), resulte incompatible e incongruente con los principios y bases que rigen el medio de control constitucional; máxime que en la segunda parte del artículo 122 referido, se previó expresamente que tratándose del incidente de objeción de documentos, en relación con las pruebas relativas a demostrar su autenticidad, como son la testimonial, la pericial o la de inspección judicial, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de 3 días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia." De las constancias que integran el sumario en estudio, se aprecian los siguientes hechos: - La quejosa Martha Rutilia Valenzuela Bainori, mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veintidós ante este órgano jurisdiccional, interpuso incidente de falsedad de documentos -respecto del escrito presentado por la quejosa el diez de diciembre de dos mil doce, ante la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad- para lo cual ofreció la prueba pericial en materia de grafoscopía y caligrafía. - En audiencia constitucional de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés se dio cuenta a la Juez con dicho escrito, quien de conformidad con los artículos 119 y 122 de la Ley de Amparo suspendió la audiencia, y abrió a trámite en los términos que fue planteado el referido incidente, de conformidad con los artículos antes citados así como con los diversos 120, 121, 123, y 124 de la misma Ley. - Al haber transcurrido el término previsto en el artículo 122 de la Ley de Amparo, mediante proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés se tuvo por precluido el derecho a la parte quejosa para ofrecer pruebas en relación con el incidente de falsedad de documentos. - En quince de febrero de dos mil veintitrés se tuvo por celebrada la audiencia constitucional. Precisado lo anterior, es necesario acotar lo siguiente. El artículo 119, párrafo quinto de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. (.) Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. (.)." De acuerdo con el contenido de dicho precepto, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba pericial son su oportunidad, la exhibición del cuestionario original y la presentación de las copias respectivas. Ahora, en el caso se advierte que la parte quejosa ofreció la prueba pericial en materia grafoscopía y caligrafía, más de constancias se advierte que no exhibió interrogatorio correspondiente sobre el cual versaría dicha probanza, por lo que con fundamento en el artículo 119, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, se desecha la referida probanza. Sustenta lo anterior, la tesis P./J. 18/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 14, con registro digital 2017131, de texto y rubro siguiente: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL CUESTIONARIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba pericial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el día del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del cuestionario para cada una de las partes, al tenor del cual deberá desahogarse la prueba; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro del plazo concedido la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba pericial son su oportunidad, la exhibición del cuestionario original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del cuestionario original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el cuestionario original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el cuestionario delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al cuestionario original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas." Consecuentemente, al no haberse ofrecido pruebas para demostrar la falsedad del documento objetado, es evidente que este Tribunal no pude decretar la falsedad atribuida al mismo, por lo que los argumentos expuestos al respecto, resultan infundados y eso debe decirse del propio incidente Quinto. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe analizar su procedencia, ya sea por causas que hagan valer las partes o aquellas que de oficio se adviertan. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que no se opone a la Ley de Amparo vigente, como lo establece el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, localizable en el Apéndice de 1995; Tomo VI, Parte TCC; Materia (s): Común; Página: 553, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese sentido, esta Juzgadora advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se explica. Aun cuando son ciertos los actos reclamados por la quejosa Martha Rutilia Valenzuela Bainori, en relación al emplazamiento al juicio ordinario civil 1301/2010, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar, de esta ciudad, de las constancias que obran en autos, relativas a las actuaciones de dicho juicio, mismas que fueron valoradas en el considerando tercero, se advierte que por acuerdo de nueve de agosto de dos mil diez, la Juez responsable admitió a trámite la demanda interpuesta por Ricardo Pérez Castaño en contra de la promovente del amparo, bajo el número de expediente 1301/2010 de su índice; se llevó a cabo el emplazamiento de la demandada y al no contestar, se declaró su rebeldía mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil diez; se continuó el procedimiento en sus etapas y el ocho de marzo de dos mil once se dictó sentencia definitiva, en la que decretó el divorcio de los señores Ricardo Pérez Castaño y Martha Rutilia Valenzuela Bainori. El fallo en mención causó ejecutoria el dos de junio de dos mil once. De igual forma existe una constancia de la que se advierte que Martha Rutilia Valenzuela Bainori, compareció a aquel procedimiento, ya que el veintiuno de enero de dos mil trece se tuvo por recibido escrito suscrito por la indicada, en donde se autorizó la expedición de copias certificadas a su costa, de todo lo actuado en el juicio, las cuales acudió a recibir de manera personal. De lo anteriormente reseñado se advierte que la quejosa no tiene el carácter de tercero extraña equiparado al juicio, como lo pretende hacer valer en su demanda, ya que independientemente de haber sido correcta o indebidamente emplazada, lo cierto es que acudió al juicio en su carácter de demandada y actuó dentro de él, al solicitar expedición de copias, y recibir copias de todo lo actuado en el juicio de referencia. Sin que exista prueba por la que se determine que la firma que calza el escrito signado directamente por la quejosa, acordado el veintiuno de enero de dos mil trece, no corresponda a ella; por lo que es evidente que por lo menos desde que presentó el escrito indicado -diez de diciembre de dos mil doce-, Martha Rutilia Valenzuela Bainori, tenía conocimiento de la existencia del expediente 1301/2010, así como del emplazamiento reclamado, por lo que es evidente que desde ese momento estuvo en aptitud de impugnar tal actuación e inició el cómputo de quince días que establece la Ley de Amparo para ello, cuestión que no realizó, por lo que transcurrió en exceso dicho término para la interposición de la demanda ya que ésta fue presentada hasta el veinticinco de julio de dos mil veintidós, según consta en la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los entonces Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, en esta ciudad, que obra en la foja uno de este expediente, por ende, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, el presente juicio deviene improcedente, al haberse consentido tácitamente el emplazamiento reclamado. En apoyo a lo sostenido a lo largo de esta resolución, se cita el siguiente criterio jurisprudencial que si bien interpreta un artículo de la legislación de amparo abrogada, sigue siendo aplicable ya que su texto no es contrario al contenido de la Ley de Amparo vigente, conforme el artículo sexto transitorio de la misma: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada.". Ahora, en relación a los actos reclamados a la autoridad responsable Actuaria adscrita al Juzgado Primero de lo Familiar, de esta ciudad, tomando en consideración el carácter de autoridad ejecutora conferido por la parte quejosa, es indiscutible que deberá sobreseerse en el presente juicio respecto de ésta también, al haberse decretado el sobreseimiento en relación a la autoridad ordenadora. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del ordinal 61, de la Ley de Amparo y, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio como lo dispone la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Sexto. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo antes expuesto, y con apoyo además en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Martha Rutilia Valenzuela Bainori, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en su último considerando. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término establecido en el artículo 122 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes ofrecieran las pruebas que así estimaren correspondientes, en relación al incidente de falsedad de falsedad de documentos, en consecuencia, se declara por precluido su derecho; lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN III, INCISO A, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE TERCERO INTERESADA, EL ACTA DE AUDIENCIA DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VIENTITRÉS: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Tijuana, Baja California, a las once horas con cincuenta minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de amparo 543/2022-F, promovido por Martha Rutilia Valenzuela Bainori, contra actos del Juez Primero de lo familiar, de esta ciudad y de otra autoridad; ante la presencia de Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida de Daniela Cecilia Félix Chávez, secretaria con quien actúa y da fe. Seguidamente, la Secretaria hace constar la incomparecencia de la quejosa Martha Rutilia Valenzuela Bainori, ni de persona alguna que legalmente le represente, no obstante de estar debidamente notificada; de igual manera, se hace constar la presencia de la testigo de nombre Nataly Padilla Osuna quien se identifica con credencial para votar con número de clave de elector 1485024415817 expedida por el Instituto Nacional Electora; documento que cuenta con fotografía que concuerda con los rasgos fisonómicos de la persona que lo porta, y a quien en este acto se le devuelve su identificación, previa copia que de ésta se deja en autos para constancia. Continuando con la audiencia, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: a) escrito de demanda y escrito aclaratorio; b) auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós, en el que este órgano jurisdiccional previno la demanda de amparo y auto admisorio de uno de agosto de dos mil veintidós; c) constancia de notificación al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; d) Constancia de emplazamiento al tercero interesado Ricardo Pérez Castaño; d) informes justificados rendidos por las autoridades responsables; e) escrito presentado el once de agosto de dos mil veintidós, en este órgano jurisdiccional en el que la parte quejosa interpuso incidente de falsedad de documento (respecto del documento denominado por la quejosa como escrito presentado el diez de diciembre de dos mil trece, ante la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad, en el expediente 1301/2010, de su índice); f) proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por anunciada la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa a cargo Celia Guadalupe Pérez Valenzuela, Martha Alicia Pérez Valenzuela y Nataly Padilla Osuna; g) proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, en el que se ordenó notificar a las partes la readscripción de la Juez Martha Blake Valenzuela a este órgano jurisdiccional y constancias de notificación correspondientes; h) proveído de nueve de enero de dos mil veintitrés, en el que se tuvo a la parte quejosa por no ampliada la demanda de amparo; i) proveído de doce de enero de dos mil veintitrés, en el que se tuvo a la parte quejosa por desinteresada de la prueba testimonial a cargo de las de nombre Celia Guadalupe Pérez Valenzuela, Martha Alicia Pérez Valenzuela. A lo que la Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias anteriormente señaladas, las que se tomarán en consideración al momento de dictar la resolución correspondiente. Luego, se declara abierto el periodo de pruebas, en el que se hace constar que la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, ofreció como pruebas las documentales que adjuntó como apoyo a su informe justificado. A lo que la Juez acuerda: de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de que se trata virtud que no requieren de preparación para tal efecto, las que se tomarán en consideración al dictar sentencia. Luego, en relación con el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa, se procede a recibir el testimonio de Nataly Padilla Osuna, aquí presente quien refirió su nombre correcto es como ha quedado asentado, de nacionalidad mexicana; de 38 años de edad; por haber nacido en Sinaloa; estado civil casada; ocupación empleada; con lugar de residencia y domicilio en esta ciudad. A continuación, la Secretaria procede a protestar a la testigo para que se conduzca con verdad, apercibida de las penas en que incurre quien se conduce con falsedad, en términos del artículo 261 fracciones I y II de la Ley de Amparo en relación con el artículo 247 Bis del Código Penal Federal; quien sabedor de lo anterior, la testigo refiere: "sí protesto conducirme con la verdad". Acto seguido, se procede a calificar el interrogatorio formulado por la parte quejosa, mediante escrito recibido el veintiséis de julio de dos mil veintidós; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 175 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se califican de legales las preguntas presentadas por la parte quejosa de las cuales se asentarán únicamente las respuestas, a las que la testigo contestó: A la primera: calificada de legal. No la conozco, yo supe que era la esposa de mi esposo. A la segunda: calificada de legal. (no se pregunta a la testigo toda vez que la respuesta anterior no fue en sentido afirmativo). A la tercera: calificada de legal. Sí, era mi esposo, ahorita ya falleció y al efecto exhibe copia del acta de defunción del tercero Ricardo Pérez Castaño, de fecha siete de junio de dos mil veintidós y acta de matrimonio entre ella y el tercero antes referido de nueve de febrero de dos mil doce, ambas expedidas por el Registro Civil de Tijuana, Baja California. A la cuarta: calificada de legal. Desde el 2009. A la quinta: calificada de legal. No me acuerdo. A la sexta: calificada de legal. (no se pregunta a la testigo toda vez que la respuesta anterior no fue en sentido afirmativo). A la séptima: calificada de legal. Pues él vivía conmigo, ella no sé. A la octavo: calificada de legal. No me acuerdo. A la octava: (razón de su dicho). Lo sé, porque yo me casé con Ricardo Pérez Castaño y vivía con él. Sin más que agregar. Incidente de falsedad de documentos. Por otra parte, en este acto la Secretaria da cuenta a la Juez con el escrito presentado el once de agosto de dos mil veintidós por la parte quejosa, en el que interpone incidente de falsedad de documentos, objetando de falsos los documentos que en el refiere, en cuando a su contenido y firmas que obran en ellos. A lo que la Juez acuerda: vista la objeción que antecede, de conformidad con los artículos 119 y 122 de la Ley de Amparo, se suspende la presente audiencia y se fijan las diez horas con once minutos del quince de febrero de dos mil veintitrés, para la continuación de la misma, asimismo, se abre a trámite en los términos en que fue planteado el referido incidente, conforme a lo dispuesto en los artículos antes citados así como en los diversos artículos 120, 121, 123 y 124 de la Ley de la materia. Se ordena a cualquiera de los actuarios de la adscripción, notifique personalmente a las partes la presente audiencia constitucional y a las autoridades responsables por medio de oficio. Finalmente, en atención a lo anterior, se suspende la presente audiencia constitucional y firman en ella quienes intervinieron, en unión de la Juez y personal judicial que actúa y da fe. Doy fe. Martha Blake Valenzuela Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad Nataly Padilla Osuna Testigo Daniela Cecilia Félix Chávez Secretaria de Juzgado

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