Marte Quijada Fernández
Expediente 339/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 339/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/07/2022
Partes del expediente
- Marte Quijada Fernández
- Marte Quijada Fernández y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
S E N T E N C I A. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 339/2022-E, promovido por Elizabeth Espinoza Villarreal también conocida como Elizabeth Espinoza de Quijada y Marte Quijada Fernández, por derecho propio, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito, Baja California, y de otras autoridades, y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Por oficio 10019/2022, presentado el cuatro de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en esta ciudad, se solicitó turno para la demanda de amparo presentada por Elizabeth Espinoza Villarreal también conocida como Elizabeth Espinoza de Quijada y Marte Quijada Fernández, quienes demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito, Baja California, y de otras autoridades, que hicieron consistir de forma destacada la falta de emplazamiento al expediente de jurisdicción voluntaria 1500/2015. Segundo. En acuerdo de diez de mayo de dos mil veintidós, se ordenó la formación del expediente impreso bajo el registro número 339/2022-E; se admitió la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado; se dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional; y, se fijó día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual, es preciso efectuar un análisis conjunto de la demanda, por ser un todo considerado, en términos de la tesis P.VI/2004, registro 181810, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, página 255; cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que obran en el expediente, se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado el siguiente: La falta de emplazamiento al expediente de diligencias de jurisdicción voluntaria 1500/2015, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Una vez señalados cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la certeza o inexistencia de éstos, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, en la tesis aislada de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." La autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto lo concerniente a la existencia y tramitación del expediente 1500/2015. Y se corrobora con las copias certificadas que anexa a su informe justificado, las cuales adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, la autoridad responsable Actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito, fue omisa en rendir su informe justificado, por lo que opera la presunción de certeza en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Ello, porque si bien obra el oficio 2602/2022 Bis, a través del cual dicha autoridad pretendió rendir dicho informe, también lo es que dicho documento carece de firma autógrafa, por lo que no se tuvo por rendido. Cuarto. Estudio de las Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe analizar su procedencia, ya sea por causas que hagan valer las partes o aquellas que de oficio advierta este órgano de control constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que no se opone a la Ley de Amparo vigente, como lo establece el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, localizable en el Apéndice de 1995; Tomo VI, Parte TCC; Materia(s): Común; Página: 553, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No obstante la certeza del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento a las diligencias de jurisdicción voluntaria de información testimonial, 1500/2015 del índice del Juez Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito, no se analizará su constitucionalidad, ya que el presente juicio deviene improcedente al actualizarse la causa prevista en la el artículo 61, fracción XII, en relación con la fracción I del numeral 5° ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. En este sentido, cabe precisar que la figura del interés jurídico está íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de nuestra carta magna y 5°, fracción I, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, conforme con los cuales el acto que se reclame de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que se estime afectada. Tales numerales, en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" De acuerdo con las disposiciones de que se trata, el agravio debe entenderse de forma general toda afectación real y actual, pero tratándose de interés jurídico es necesario además sea personal y directo y, por ende, la afectación que se cause también debe existir al momento de intentar la acción constitucional. Por tanto, para que sea procedente el juicio de amparo contra actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es menester que la parte agraviada acredite fehacientemente su interés jurídico, y además, que el acto de autoridad le cause un agravio real, actual, personal y directo. De este modo, el interés jurídico necesario para promover un juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, entre otros, sólo lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de la autoridad judicial de que se trate, por grave que éste pudiere parecer. Entonces, el interés jurídico está en relación directa con el derecho afectado, y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho. La tutela del derecho únicamente comprende los bienes jurídicos reales y objetivos, razón por la cual las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir algún perjuicio, de manera que la naturaleza intrínseca de dicho acto reclamado es la que determina el perjuicio o la afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Al respecto, cabe invocar la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos veinticuatro del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1988, que dice así: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUÉ LO CONSTITUYE. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados." Importa destacar que para efectos del juicio de amparo, el interés jurídico debe acreditarse plena o fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio constitucional y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, porque encierra una declaración de restitución de los derechos afectados, o bien, violados por el acto de la autoridad judicial respectiva. Por su aplicación, es de invocarse la tesis de jurisprudencia doscientos ochenta y nueve, sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos nueve, tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por lo anterior, puede decirse que la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado, o sea, con el carácter con que acude la parte quejosa al juicio de amparo, por lo que debe demostrar de manera fehaciente ser la titular del derecho que se considera vulnerado por el acto de la autoridad judicial; esto es, el interés jurídico se traduce en un derecho jurídicamente tutelado y es uno de los presupuestos para promover el propio juicio constitucional, de ahí que, como derecho jurídicamente tutelado, es lógico señalar que para promover el juicio de amparo debe estarse a la naturaleza del acto que se reclame. En el caso, la parte quejosa Elizabeth Espinoza Villarreal también conocida como Elizabeth Espinoza de Quijada y Marte Quijada Fernández, se ostentan como terceros extraños al expediente 1500/2015, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito, Baja California a la jurisdicción voluntaria promovida por Ernesto González Campos, relativo a la información testimonial para acreditar con testigos el derecho de posesión que detenta sobre la casa móvil instalada en los lotes 5, 6, 25 y 26 de la manzana 106, de la Calle Mina de Cocinera, Fraccionamiento La Mina, Código Postal 22710, en el Municipio de Playas de Rosarito; por ende reclaman la substanciación de tales actuaciones, así como la falta de emplazamiento a éstas, pues aduce, haber celebrado un contrato de compraventa con Luz Gricelda Olivas de la Torre, respecto de una "CASA DE CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA USADA, 1RA MCABROOKHOLLOW, SIN MOD, SERIE ARZ254016 2DA, SIN MCA, SIN MOD. SER ARZ254017" (sic). Para mayor claridad conviene hacer una breve reseña de los antecedentes de los actos reclamados en estudio, en los términos siguientes: 1) El cinco de noviembre de dos mil quince, Ernesto González Campos, presentó ante la Oficialía de Partes Común del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito, Baja California, escrito para promover diligencias de jurisdicción voluntaria, a efecto de dejar establecido mediante testigos el derecho de posesión respecto del bien inmueble identificado como casa móvil instalada en los lotes 5, 6, 25 y 26 de la manzana 106, de la Calle Mina de Cocinera, Fraccionamiento La Mina, Código Postal 22710, en el Municipio de Playas de Rosarito. 2) Por auto de seis de noviembre de dos mil quince, el entonces Juez de Primera Instancia Civil de Playas de Rosarito, Baja California, ordenó el registro del expediente y se le tuvo promoviendo diligencias de jurisdicción voluntaria, para acreditar posesión. 3) En veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la diligencia solicitada. Ahora, del análisis de la copia certificada remitida por el Juez responsable, se advierte que la hoy parte quejosa efectivamente no es parte en el juicio de jurisdicción voluntaria 1500/2015; sin embargo, la circunstancia de que no fuera llamada a ese procedimiento, no constituye un acto de autoridad que le ocasione un perjuicio real, actual, personal y directo. Lo anterior, en razón de que las diligencias tramitadas en el expediente de origen, fueron ordenadas únicamente para el desahogo de sendas testimoniales para "acreditar el derecho posesión" (sic), no así para que el Juez, reconociera dicho acto jurídico o que se constituyeran derechos en favor de determinada persona o condenara a persona alguna, por lo que la substanciación de la Jurisdicción voluntaria de que se trata no trae aparejada actos de ejecución que tengan como consecuencia la afectación o privación de los derechos de propiedad que ostenta la parte quejosa en relación con el inmueble que defiende, pues dicho procedimiento únicamente tiene por objeto la constatación o demostración de hechos o circunstancias en el que no es posible ejercitar acciones respecto de las cuales proceda oponer excepciones, y sólo es procedente cuando no se plantea o suscita controversia o conflicto, pues de existir éstas deberán ejercitarse en jurisdicción contenciosa. Máxime que en el caso, no se advierte que exista identidad sobre los bienes que defienden los ahora quejosos. Inmueble que defienden los quejosos Inmueble consignado en el escrito que planteó las diligencias de jurisdicción voluntaria "CASA DE CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA USADA, 1RA MCA BROOKHOLLOW, SIN MOD, SERIE ARZ254016 2DA, SIN MCA, SIN MOD. SER ARZ254017" (sic) Casa móvil instalada en los lotes 5, 6, 25 y 26 de la manzana 106, de la Calle Mina de Cocinera, Fraccionamiento La Mina, en el Municipio de Playas de Rosarito En ese sentido, no basta que los quejosos sostengan que se les afecta en su esfera de derechos con el hecho de no habérsele llamado al procedimiento de jurisdicción voluntaria antes mencionado, sino que es necesario que exista un acto que le cause un perjuicio actual, directo e inmediato; lo que en la especie no se actualiza, ya que, de las constancias que integran el presente contradictorio federal, no se desprende que el bien que trataron de defender sea el mismo que fue materia de la jurisdicción voluntaria, ni la existencia en el juicio de origen de actuaciones de ejecución en su perjuicio, ni que el Juez responsable se hubiera pronunciado sobre la existencia de un derecho del promovente de aquella jurisdicción voluntaria, ni se advierte la existencia de algún mandamiento de ejecución derivado de dichas diligencias. Sirve de ilustración por su semejanza al caso, la tesis 1a. XXXI/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Abril de 2005, con registro 178717, que a la letra dice: "INFORMACIÓN AD PERPETUAM. EL ARTÍCULO 2905 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUE PREVÉ ESA DILIGENCIA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente que la garantía de audiencia previa sólo es exigible cuando el acto de autoridad que causa perjuicio al gobernado es de privación de los bienes jurídicos consistentes en la vida, la libertad, la propiedad, posesiones o derechos, de tal suerte que si no se trata de un acto de tal naturaleza, dicha garantía puede concederse con posterioridad a su emisión. En congruencia con lo anterior, el artículo 2905 del Código Civil del Estado de Querétaro que prevé el mecanismo legal por el cual el poseedor de un inmueble, a título de dueño, puede obtener el reconocimiento judicial de haber adquirido la propiedad por el transcurso del tiempo, no viola la mencionada garantía consignada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, en virtud de que para estar en el supuesto de la información ad perpetuam, es necesario que se dé la presunción legal de que respecto del inmueble no existe una persona con mejor derecho a quien le pueda causar perjuicio una declaratoria judicial de prescripción adquisitiva, y al partirse de ese supuesto es ajustado a derecho que el citado artículo 2905 no conceda la garantía de audiencia previa a quien se considere propietario o con mejor derecho, pues se parte de la premisa de que éste no existe o, por lo menos, se desconoce al no haber inscripción alguna en el Registro Público de la Propiedad; por otro lado, la resolución que se dicte en un procedimiento de información ad perpetuam no es un acto privativo o definitivo en perjuicio del gobernado, pues en términos de los artículos 93, 922, 958, 959, 960 y 961 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el referido procedimiento debe seguirse en jurisdicción voluntaria y la resolución puede alterarse o modificarse cuando cambien las circunstancias. Aunado al hecho de que el propio precepto legal dispone que el procedimiento deberá contar con la debida publicidad, lo que tiene como propósito procurar que toda persona interesada se imponga del asunto, a fin de que, si lo estima conveniente, inicie el procedimiento contencioso a que haya lugar y se den por concluidas las diligencias de jurisdicción voluntaria, con lo que se respetará su garantía de audiencia, previamente a cualquier otra declaratoria de propiedad." En esas condiciones, se concluye que las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas en el expediente de origen, así como la falta de emplazamiento a éstas, no produce una afectación real, actual, personal y directa en la esfera jurídica de los quejosos. Motivo por la cual, carecen de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, ya que los actos de autoridad que reclaman no les generan una afectación susceptible de apreciarse en forma objetiva para que pueda constituir el perjuicio necesario para la procedencia de la acción constitucional. Tiene aplicación la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que es procedente sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del numeral 63, de la invocada legislación. Por las anteriores consideraciones, es indudable que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia. En congruencia con lo anterior lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en el juicio de amparo que nos ocupa, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. El sobreseimiento comprende los actos de ejecución que se atribuyen a la autoridad ejecutora, al no reclamarlos por vicios propios. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 516, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 339, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Quinto. Transparencia y acceso a la información. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 65, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Elizabeth Espinoza Villarreal también conocida como Elizabeth Espinoza de Quijada y Marte Quijada Fernández, contra los actos precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por el Secretario José Alejandro Ortiz Monroy, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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Tijuana, Baja California, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que, feneció el plazo que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa en auto de treinta de mayo último, a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga, es decir, para que alegue o bien de considerarlo necesario amplíe su demanda, en relación al informe justificado y constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Playas de Rosarito, esto así ya que fue notificada personalmente el treinta y uno de mayo de esta anualidad, por tanto, el plazo le transcurrió del dos al veintidós de junio último; sin que haya hecho lo propio. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y en el presente asunto únicamente se resolverá en el fondo, respecto al acto reclamado y autoridades responsables precisadas en su escrito de demanda. Por otra parte, de la certificación de cuenta, se obtiene que el tercero interesado Ernesto González Campos, fue emplazado el dieciséis de junio del año en curso, sin que a la fecha hubiere señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, ya que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que el tercero interesado Ernesto González Campos, fue debidamente emplazado sin que a la fecha hubiere señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado el veinticuatro de junio del año en curso, y con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele al tercero interesado, el presente proveído, el auto de diez de junio del año en curso y las subsecuentes actuaciones, aun las de carácter personal por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Notifíquese y por lista al tercero interesado.Así lo acordó y firma electrónicamente, el licenciado Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por el licenciado José Alejandro Ortiz Monroy, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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Tijuana, Baja California, diez de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que se encuentra señalada para hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo,transcurre el plazo que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa en auto de treinta de mayo último, a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga, es decir, para que alegue o bien de considerarlo necesario amplíe su demanda, en relación al informe justificado y constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Playas de Rosarito, esto así ya que fue notificada personalmente el treinta y uno de mayo de esta anualidad, por tanto, el plazo le transcurrió del dos al veintidós de junio último; sin que haya hecho lo propio. Asimismo, de la certificación de cuenta se desprende que, del contenido del informe justificado remitido por la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Playas de Rosarito, y de las constancias que anexó consistentes en copia certificada del expediente 1500/2015, de su índice, sí se advierte que sí le reviste a alguien el carácter de tercero interesado. Por tanto, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) del multicitado ordenamiento legal, se JOSE ALEJANDRO ORTIZ MONROY 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ad.dd 12/08/23 17:13:44 Amparo indirecto 339/2022 desprende que le reviste el carácter de tercero interesado a Ernesto González Campos. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de la materia, se ordena su emplazamiento al presente juicio; y en atención a que, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al resultar ser un hecho notorio, que en el juicio de amparo 122/2019, del índice de este juzgado, en auto de diez de enero de dos mil veinte, se le reconoció el carácter de tercero interesado a Ernesto González Campos; asimismo que, en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, ordenó su emplazamiento a ese juicio, en el domicilio ubicado en avenida 16 de Septiembre, número 1881, colonia Otay Insurgentes, en esta ciudad; y al respecto obra razón circunstanciada de citatorio de veintisiete de agosto de dos mil veintidós, de la cual se advierte que, dicho tercero interesado puede ser localizado en el mismo; se instruye a la Actuaria judicial adscrita para que lleve a cabo el emplazamiento en dicho domicilio. En consecuencia, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya física y legalmente en el domicilio precisado, y previo a la práctica de la diligencia de que se trata, tenga a bien, cerciorarse fehacientemente de que el tercero interesado habita o pueden ser localizado en dicho domicilio; para lo cual, habrá de trasladarse en las fechas y horas que así lo estime pertinente, hasta en tanto logre tener la convicción de ello; y una vez hecho lo anterior, proceda a emplazarlo al presente juicio de garantías; corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, auto admisorio, del auto de treinta de mayo último, y de este proveído, asimismo, hágasele de su JOSE ALEJANDRO ORTIZ MONROY 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ad.dd 12/08/23 17:13:44 conocimiento la hora y fecha que se encuentran señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo en que se actúa. De igual forma, la requiera para que en el plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, se apersone en el presente juicio de amparo, y señale domicilio procesal para oír y recibir notificaciones. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones se les efectuarán por medio de la lista que se fije en los estrados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 de la Ley de Amparo. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, y además el tercero interesado, se difiere la audiencia constitucional señala para este día, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese; y personalmente al tercero interesado
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a las nueve horas del dieciséis de junio de dos mil veintidos, se hace constar que en virtud de que el tercero interesado no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el citatorio dejado en el domicilio ordenado y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federacion en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al tercero interesado, los autos de diez y treinta de mayo y diez de junio de junio de dos mil veintidós, dictados en los autos del juicio de amparo 339/2022 del índice de este juzgado; quedando debidamente emplazada y notificado de los autos de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso b) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, diez de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 10019/2022 y anexo que acompaña, en atención al proveído dictado en dos de mayo de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo 122/2019-E, del índice de este Juzgado. Por tanto, en atención al escrito de ampliación de demanda de amparo presentada por Elizabeth Espinoza Villareal también conocida como Elizabeth Espinoza de Quijada y otra, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito y otra autoridad, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia al día siguiente; esto es, el tres de abril de dos mil trece, aplicable en el presente asunto; se admite la demanda en sus términos y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 339/2022-E. Incidente de suspensión. Sin que sea el caso, ordenar aperturar incidente de suspensión, relativo al presente asunto, en virtud de que no fue solicitado. Audiencia constitucional. Se fijan las doce horas del diez de junio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Se hace del conocimiento a las partes que la audiencia constitucional se celebrará con o sin la concurrencia de las partes acorde a lo establecido en el artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la Ley de la materia, requiérase a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, que deberán rendirlo dentro de quince días, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se le reclama (consistente en la falta de emplazamiento al juicio 1500/2015, de su índice); además deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida Ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; requiéraseles también para que remitan copias certificadas de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye, en el entendido que en el informe de mérito deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, lo que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. En el entendido de que podrán rendir su informe justificado ante este Juzgado de Distrito mediante correo electrónico institucional a la dirección oficial: 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx; asimismo, se requiere a las autoridades responsables, para que al momento de rendir su informe justificado, informen la fecha en que recibieron el oficio correspondiente al presente proveído. Obligatoriedad de recibir oficios. Con fundamento en el artículo 28 fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que el error o la imprecisión no sustancial en su denominación o en la cita de su nombre que no impida individualizarla o distinguirla, no será motivo para negarse a recibir el oficio respectivo o en su momento para rendir los informes que se soliciten; pues en su caso se deberá aclarar la denominación correcta ante esta autoridad. Por lo anterior, se apercibe a las autoridades responsables que de no recibir el oficio que se les dirija, en términos del numeral invocado, el Actuario de la adscripción asentará tal circunstancia y se tendrá por realizada la notificación. Apoyo lo anterior por los motivos jurídicos que contiene, la tesis XXVII.3o.17 K (10a.), visible en la página 1933, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es el siguiente Se apercibe a dichas responsables que de negarse a recibir el mismo, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización que equivalen a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Notificación de las autoridades. De conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29, ambos de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, y en términos de la jurisprudencia 2/J. 176/2012 (10 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", únicamente le serán notificadas de manera personal, es decir, por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificársele lo ameriten (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos); en tanto que, los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista que se fije en los estados de este Juzgado de Distrito. Asimismo, tomando en consideración que el segundo de los numerales en consulta, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información que de este expediente se encuentre 1 Publicada en la página 1253, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, Libro XVI, enero del 2013, Tomo 2.capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64, 238 y 251, de la Ley de Amparo se previene a las partes que en caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o notoria causa de improcedencia, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten, apercibidas que de no comunicarla, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el artículo 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos moneda nacional), equivalente a treinta unidades de medida y actualización, la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Conocimiento previo. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Tercero interesado. No ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto las autoridades señaladas como responsables rindan sus informes justificados, y se advierta a quien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Notificación a la parte quejosa. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, por esta única ocasión, en el domicilio ubicado en Paseo del Centenario, número 10310, despacho 306, Edifico Cazzar, Zona Río, de esta ciudad, para efecto de que en un plazo de tres días, legalmente computado, señale domicilio procesal en el presente asunto. En el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes actuaciones, incluyendo las de naturaleza personal, se les notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Tijuana, Baja California, treinta de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, el cual contiene evidencia criptográfica; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, del cual se hará nueva relación en la audiencia constitucional respectiva. Con apoyo en lo establecido en los artículos 119 y 123 de la Ley de la materia, se tienen como pruebas de su intención, las documentales que anexa a su informe, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 111 de la Ley de Amparo, se ordena notificar personalmente al quejoso, el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Playas de Rosarito, para que manifieste lo que en su derecho corresponda (para que alegue o bien de considerarlo necesario amplíe su demanda). Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis XVII.1o. C.T.41 K (10) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, con número de registro 2015197, de rubro y texto siguiente: Apercibido que de no hacerlo así, el presente juicio de amparo, se resolverá únicamente respecto al acto y autoridad responsable señalados en el escrito inicial de demanda. Por otra parte, de la certificación de cuenta, se advierte que, el oficio registrado con folio 6739, fue presentado, al parecer, por la autoridad responsable Actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Playas de Rosarito, sin firma autógrafa ni firma electrónica; por tanto, no ha lugar tener por recibido el informe justificado que le fue solicitado a dicha autoridad en auto de diez de mayo de dos mil veintidós, por lo que hágase del conocimiento lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Tijuana, Baja California, diez de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que se encuentra señalada para hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo,transcurre el plazo que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa en auto de treinta de mayo último, a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga, es decir, para que alegue o bien de considerarlo necesario amplíe su demanda, en relación al informe justificado y constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Playas de Rosarito, esto así ya que fue notificada personalmente el treinta y uno de mayo de esta anualidad, por tanto, el plazo le transcurrió del dos al veintidós de junio último; sin que haya hecho lo propio. Asimismo, de la certificación de cuenta se desprende que, del contenido del informe justificado remitido por la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Playas de Rosarito, y de las constancias que anexó consistentes en copia certificada del expediente 1500/2015, de su índice, sí se advierte que sí le reviste a alguien el carácter de tercero interesado. Por tanto, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) del multicitado ordenamiento legal, se JOSE ALEJANDRO ORTIZ MONROY 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ad.dd 12/08/23 17:13:44 Amparo indirecto 339/2022 desprende que le reviste el carácter de tercero interesado a Ernesto González Campos. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de la materia, se ordena su emplazamiento al presente juicio; y en atención a que, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al resultar ser un hecho notorio, que en el juicio de amparo 122/2019, del índice de este juzgado, en auto de diez de enero de dos mil veinte, se le reconoció el carácter de tercero interesado a Ernesto González Campos; asimismo que, en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, ordenó su emplazamiento a ese juicio, en el domicilio ubicado en avenida 16 de Septiembre, número 1881, colonia Otay Insurgentes, en esta ciudad; y al respecto obra razón circunstanciada de citatorio de veintisiete de agosto de dos mil veintidós, de la cual se advierte que, dicho tercero interesado puede ser localizado en el mismo; se instruye a la Actuaria judicial adscrita para que lleve a cabo el emplazamiento en dicho domicilio. En consecuencia, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya física y legalmente en el domicilio precisado, y previo a la práctica de la diligencia de que se trata, tenga a bien, cerciorarse fehacientemente de que el tercero interesado habita o pueden ser localizado en dicho domicilio; para lo cual, habrá de trasladarse en las fechas y horas que así lo estime pertinente, hasta en tanto logre tener la convicción de ello; y una vez hecho lo anterior, proceda a emplazarlo al presente juicio de garantías; corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, auto admisorio, del auto de treinta de mayo último, y de este proveído, asimismo, hágasele de su JOSE ALEJANDRO ORTIZ MONROY 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ad.dd 12/08/23 17:13:44 conocimiento la hora y fecha que se encuentran señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo en que se actúa. De igual forma, la requiera para que en el plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, se apersone en el presente juicio de amparo, y señale domicilio procesal para oír y recibir notificaciones. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones se les efectuarán por medio de la lista que se fije en los estrados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 de la Ley de Amparo. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, y además el tercero interesado, se difiere la audiencia constitucional señala para este día, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese; y personalmente al tercero interesado
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