Marte Quijada Fernández
Expediente 337/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 337/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/08/2022
Partes del expediente
- Marte Quijada Fernández y Otros.
- Marte Quijada Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veintiséis de julio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción I y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 337/2022-E, promovido por Elizabeth Espinoza Villarreal también conocida como Elizabeth Espinoza de Quijada y Marte Quijada Fernández, por derecho propio, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito, Baja California, y de otras autoridades, y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Por oficio 10017/2022, presentado el cuatro de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en esta ciudad, se solicitó turno para la demanda de amparo presentada por Elizabeth Espinoza Villarreal también conocida como Elizabeth Espinoza de Quijada y Marte Quijada Fernández, quienes demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito, Baja California, y de otras autoridades, que hicieron consistir de forma destacada la falta de emplazamiento al expediente de jurisdicción voluntaria 871/2015. Segundo. En acuerdo de diez de mayo de dos mil veintidós, se ordenó la formación del expediente impreso bajo el registro número 337/2022-E; se admitió la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado; se dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional; y, se fijó día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual, es preciso efectuar un análisis conjunto de la demanda, por ser un todo considerado, en términos de la tesis P.VI/2004, registro 181810, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, página 255; cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que obran en el expediente, se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado el siguiente: La falta de emplazamiento al expediente de diligencias de jurisdicción voluntaria 871/2015, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Una vez señalados cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la certeza o inexistencia de éstos, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, en la tesis aislada de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." La autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto lo concerniente a la existencia y tramitación del expediente 871/2015. Y se corrobora con las copias certificadas que anexa a su informe justificado, las cuales adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, la autoridad responsable Actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito, fue omisa en rendir su informe justificado, por lo que opera la presunción de certeza en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Ello, porque si bien obra el oficio 2540/2022, a través del cual dicha autoridad pretendió rendir dicho informe, también lo es que dicho documento carece de firma autógrafa, o electrónica. Cuarto. Estudio de las Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe analizar su procedencia, ya sea por causas que hagan valer las partes o aquellas que de oficio advierta este órgano de control constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que no se opone a la Ley de Amparo vigente, como lo establece el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, localizable en el Apéndice de 1995; Tomo VI, Parte TCC; Materia(s): Común; Página: 553, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No obstante la certeza del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento a las diligencias de jurisdicción voluntaria de información testimonial, 871/2015 del índice del Juez Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito, no se analizará su constitucionalidad, ya que el presente juicio deviene improcedente al actualizarse la causa prevista en la el artículo 61, fracción XII, en relación con la fracción I del numeral 5° ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. En este sentido, cabe precisar que la figura del interés jurídico está íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de nuestra carta magna y 5°, fracción I, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, conforme con los cuales el acto que se reclame de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que se estime afectada. Tales numerales, en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" De acuerdo con las disposiciones de que se trata, el agravio debe entenderse de forma general toda afectación real y actual, pero tratándose de interés jurídico es necesario además sea personal y directo y, por ende, la afectación que se cause también debe existir al momento de intentar la acción constitucional. Por tanto, para que sea procedente el juicio de amparo contra actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es menester que la parte agraviada acredite fehacientemente su interés jurídico, y además, que el acto de autoridad le cause un agravio real, actual, personal y directo. De este modo, el interés jurídico necesario para promover un juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, entre otros, sólo lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de la autoridad judicial de que se trate, por grave que éste pudiere parecer. Entonces, el interés jurídico está en relación directa con el derecho afectado, y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho. La tutela del derecho únicamente comprende los bienes jurídicos reales y objetivos, razón por la cual las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir algún perjuicio, de manera que la naturaleza intrínseca de dicho acto reclamado es la que determina el perjuicio o la afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Al respecto, cabe invocar la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos veinticuatro del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1988, que dice así: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUÉ LO CONSTITUYE. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados." Importa destacar que para efectos del juicio de amparo, el interés jurídico debe acreditarse plena o fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio constitucional y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, porque encierra una declaración de restitución de los derechos afectados, o bien, violados por el acto de la autoridad judicial respectiva. Por su aplicación, es de invocarse la tesis de jurisprudencia doscientos ochenta y nueve, sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos nueve, tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por lo anterior, puede decirse que la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado, o sea, con el carácter con que acude la parte quejosa al juicio de amparo, por lo que debe demostrar de manera fehaciente ser la titular del derecho que se considera vulnerado por el acto de la autoridad judicial; esto es, el interés jurídico se traduce en un derecho jurídicamente tutelado y es uno de los presupuestos para promover el propio juicio constitucional, de ahí que, como derecho jurídicamente tutelado, es lógico señalar que para promover el juicio de amparo debe estarse a la naturaleza del acto que se reclame. En el caso, la parte quejosa Elizabeth Espinoza Villarreal también conocida como Elizabeth Espinoza de Quijada y Marte Quijada Fernández, se ostentan como terceros extraños al expediente 871/2015, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito, Baja California a la jurisdicción voluntaria promovida por Ernesto González Campos, relativo a la interpelación judicial para requerir a Luz Griselda Olivas de la Torre para acreditar que el promovente fue quien aportó los recursos económicos en los contratos de compraventa que él celebró con Miguel Angel Gaxiola Arámburo, pero donde la interpelada firmó como compradora, de los inmuebles siguientes: Lote 005, Manzana 106, Fraccionamiento La Mina de Aceite, ubicado en Playas de Rosarito, con superficie de 200 metros cuadrados, con las siguientes colindancias: Norte: 10.00 metros con Calle Mina la Cocinera. Sur: 10.00 metros con lote 26. Este: 20.00 metros con lote 6. Oeste: 20.00 metros con lote 4. Lote 006, Manzana 106, Fraccionamiento La Mina de Aceite, ubicado en Playas de Rosarito, con superficie de 200 metros cuadrados, con las siguientes colindancias: Norte: 10.00 metros con Calle Mina la Cocinera. Sur: 10.00 metros con lote 25. Este: 20.00 metros con lote 7. Oeste: 20.00 metros con lote 5. Lote 025, Manzana 106, Fraccionamiento La Mina de Aceite, ubicado en Playas de Rosarito, con superficie de 200 metros cuadrados, con las siguientes colindancias: Norte: 10.00 metros con lote 6. Sur: 10.00 metros con Calle Mina la Cocinera. Este: 20.00 metros con lote 24. Oeste: 20.00 metros con lote 26. Lote 026, Manzana 106, Fraccionamiento La Mina de Aceite, ubicado en Playas de Rosarito, con superficie de 200 metros cuadrados, con las siguientes colindancias: Norte: 10.00 metros con lote 5. Sur: 10.00 metros con Calle Mina la Constancia. Este: 20.00 metros con lote 25. Oeste: 20.00 metros con lote 27. Lote 019, Manzana 157, Fraccionamiento Misión del Mar II, en Playas de Rosarito, con superficie de 200 metros cuadrados, con las siguientes colindancias: Norte: 20.00 metros con lote 18. Sur: 20.00 metros con lote 20. Este: 10.00 metros con Calle Misión Santa Gertrudis. Oeste: 10.00 metros con lote 33. Lote 020, Manzana 157, Fraccionamiento Misión del Mar II, en Playas de Rosarito, con superficie de 200 metros cuadrados, con las siguientes colindancias: Norte: 20.00 metros con lote 19. Sur: 20.00 metros con lote 21. Este: 10.00 metros con Calle Misión Santa Gertrudis. Oeste: 10.00 metros con lote 32. Así como de un inmueble consistente en una casa móvil de madera, con superficie de 161.04 metros cuadrados, con medidas de 8.53 metros de ancho, por 18.88 metros de largo, que cuenta con tres recámaras, 2 baños, cocina, sala y comedor. Por ende, la parte quejosa reclama la substanciación de tales actuaciones, así como la falta de emplazamiento a éstas, pues aduce, haber celebrado el once de octubre de dos mil quince, un contrato de compraventa con Luz Gricelda Olivas de la Torre, respecto de una "CASA DE CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA USADA, 1RA MCABROOKHOLLOW, SIN MOD, SERIE ARZ254016 2DA, SIN MCA, SIN MOD. SER ARZ254017" (sic). Para mayor claridad conviene hacer una breve reseña de los antecedentes de los actos reclamados en estudio, en los términos siguientes: 1) El siete de julio de dos mil quince, Ernesto González Campos, presentó ante la Oficialía de Partes Común del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito, Baja California, escrito para promover las diligencias de jurisdicción voluntaria ya referidas. 2) Por auto de trece de julio de dos mil quince, el entonces Juez Provisional de Primera Instancia de lo Civil de Playas de Rosarito, Baja California, ordenó el registro del expediente y se le tuvo promoviendo diligencias de jurisdicción voluntaria, de interpelación judicial. 3) En veinticuatro de septiembre de dos mil quince, se llevó a cabo la notificación de la diligencia solicitada. Ahora, del análisis de la copia certificada remitida por el Juez responsable, se advierte que la hoy parte quejosa efectivamente no es parte en el juicio de jurisdicción voluntaria 871/2015; sin embargo, la circunstancia de que no fuera llamada a ese procedimiento, no constituye un acto de autoridad que le ocasione un perjuicio real, actual, personal y directo. Lo anterior, en razón de que las diligencias tramitadas en el expediente de origen, fueron ordenadas únicamente para notificar el requerimiento solicitado, no así para que el Juez reconociera que el promovente tenía algún derecho en los contratos que refirió en su promoción ni para que ese juez constituyeran derechos en favor de determinada persona o condenara a persona alguna, por lo que la substanciación de la Jurisdicción voluntaria de que se trata no trae aparejada actos de ejecución que tengan como consecuencia la afectación o privación de los derechos de propiedad que dice ostentar la parte quejosa en relación con el bien que defiende, pues dicho procedimiento únicamente tiene por objeto la constatación o demostración de hechos o circunstancias en el que no es posible ejercitar acciones respecto de las cuales proceda oponer excepciones, y sólo es procedente cuando no se plantea o suscita controversia o conflicto, pues de existir éstas deberán ejercitarse en jurisdicción contenciosa. Máxime que en el caso, no se advierte que exista identidad sobre los bienes que defienden los ahora quejosos. Inmueble que defienden los quejosos Inmueble consignado en el escrito que planteó las diligencias de jurisdicción voluntaria "CASA DE CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA, 1RA MCA BROOKHOLLOW, SIN MOD, SERIE ARZ254016 2DA, SIN MCA, SIN MOD. SER ARZ254017" (sic) Lote 005, Manzana 106, Fraccionamiento La Mina de Aceite, ubicado en Playas de Rosarito, con superficie de 200 metros cuadrados. Lote 006, Manzana 106, Fraccionamiento La Mina de Aceite, ubicado en Playas de Rosarito, con superficie de 200 metros cuadrados. Lote 025, Manzana 106, Fraccionamiento La Mina de Aceite, ubicado en Playas de Rosarito, con superficie de 200 metros cuadrados. Lote 026, Manzana 106, Fraccionamiento La Mina de Aceite, ubicado en Playas de Rosarito, con superficie de 200 metros cuadrados. Lote 019, Manzana 157, Fraccionamiento Misión del Mar II, en Playas de Rosarito, con superficie de 200 metros cuadrados. Lote 020, Manzana 157, Fraccionamiento Misión del Mar II, en Playas de Rosarito, con superficie de 200 metros cuadrados. Casa móvil de madera, con superficie de 161.04 metros cuadrados, con medidas de 8.53 metros de ancho, por 18.55 metros de largo, que cuenta con tres recamaras, 2 baños, cocina, sala y comedor. Lo anterior porque no basta que los quejosos sostengan que se les afecta en su esfera de derechos con el hecho de no habérsele llamado al procedimiento de jurisdicción voluntaria antes mencionado, sino que es necesario que exista un acto que les cause un perjuicio actual, directo e inmediato; lo que en la especie no se actualiza, ya que, de las constancias que integran el presente contradictorio federal, no se desprende que el bien que trataron de defender sea el mismo que fue materia de la jurisdicción voluntaria, ni la existencia en el juicio de origen de actuaciones de ejecución en su perjuicio, ni que el Juez responsable se hubiera pronunciado sobre la existencia de un derecho del promovente de aquella jurisdicción voluntaria, ni se advierte la existencia de algún mandamiento de ejecución derivado de dichas diligencias. Sirve de ilustración por su semejanza al caso, la tesis 1a. XXXI/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Abril de 2005, con registro 178717, que a la letra dice: "INFORMACIÓN AD PERPETUAM. EL ARTÍCULO 2905 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUE PREVÉ ESA DILIGENCIA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente que la garantía de audiencia previa sólo es exigible cuando el acto de autoridad que causa perjuicio al gobernado es de privación de los bienes jurídicos consistentes en la vida, la libertad, la propiedad, posesiones o derechos, de tal suerte que si no se trata de un acto de tal naturaleza, dicha garantía puede concederse con posterioridad a su emisión. En congruencia con lo anterior, el artículo 2905 del Código Civil del Estado de Querétaro que prevé el mecanismo legal por el cual el poseedor de un inmueble, a título de dueño, puede obtener el reconocimiento judicial de haber adquirido la propiedad por el transcurso del tiempo, no viola la mencionada garantía consignada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, en virtud de que para estar en el supuesto de la información ad perpetuam, es necesario que se dé la presunción legal de que respecto del inmueble no existe una persona con mejor derecho a quien le pueda causar perjuicio una declaratoria judicial de prescripción adquisitiva, y al partirse de ese supuesto es ajustado a derecho que el citado artículo 2905 no conceda la garantía de audiencia previa a quien se considere propietario o con mejor derecho, pues se parte de la premisa de que éste no existe o, por lo menos, se desconoce al no haber inscripción alguna en el Registro Público de la Propiedad; por otro lado, la resolución que se dicte en un procedimiento de información ad perpetuam no es un acto privativo o definitivo en perjuicio del gobernado, pues en términos de los artículos 93, 922, 958, 959, 960 y 961 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el referido procedimiento debe seguirse en jurisdicción voluntaria y la resolución puede alterarse o modificarse cuando cambien las circunstancias. Aunado al hecho de que el propio precepto legal dispone que el procedimiento deberá contar con la debida publicidad, lo que tiene como propósito procurar que toda persona interesada se imponga del asunto, a fin de que, si lo estima conveniente, inicie el procedimiento contencioso a que haya lugar y se den por concluidas las diligencias de jurisdicción voluntaria, con lo que se respetará su garantía de audiencia, previamente a cualquier otra declaratoria de propiedad." En esas condiciones, se concluye que las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas en el expediente de origen, así como la falta de emplazamiento a éstas, no produce una afectación real, actual, personal y directa en la esfera jurídica de los quejosos. Motivo por la cual, carecen de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, ya que los actos de autoridad que reclaman no les generan una afectación susceptible de apreciarse en forma objetiva para que pueda constituir el perjuicio necesario para la procedencia de la acción constitucional. Tiene aplicación la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que es procedente sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del numeral 63, de la invocada legislación. Por las anteriores consideraciones, es indudable que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia. En congruencia con lo anterior lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en el juicio de amparo que nos ocupa, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. El sobreseimiento comprende los actos de ejecución que se atribuyen a la autoridad ejecutora, al no reclamarlos por vicios propios. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 516, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 339, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Quinto. Transparencia y acceso a la información. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 65, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Elizabeth Espinoza Villarreal también conocida como Elizabeth Espinoza de Quijada y Marte Quijada Fernández, contra los actos precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por el Secretario José Alejandro Ortiz Monroy, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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Tijuana, Baja California, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que el tercero interesado Ernesto González Campos, fue emplazado el diez de junio del año en curso, sin que a la fecha hubiere señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, ya que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que el tercero interesado Ernesto González Campos fue debidamente emplazado sin que a la fecha hubiere señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado el tres de junio del año en JOSE ALEJANDRO ORTIZ MONROY 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ad.dd 12/08/23 17:13:44 curso, y con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele al tercero interesado, el presente proveído, el auto de tres de junio del año en curso y las subsecuentes actuaciones, aun las de carácter personal por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Notifíquese.
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Tijuana, Baja California, catorce de junio de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que, se encuentra señalada para hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, transcurre el plazo establecido en el artículo 111 de la Ley de Amparo, concedido en auto de tres de junio de dos mil veintidós, a la parte quejosa el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Playas de Rosarito, para que manifieste lo que en su derecho corresponda (para que alegue o bien de considerarlo necesario amplíe su demanda); esto así, ya que fue notificada por lista el nueve de junio del mismo año 12/08/23 17:13:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ad.dd JOSE ALEJANDRO ORTIZ MONROY en curso, por tanto, el plazo le transcurre del trece de junio al uno de julio de esta anualidad. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, y además el tercero interesado, se difiere la audiencia constitucional señala para este día, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese.
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