Martha Guadalupe Nieves Sánchez
Expediente 165/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 165/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/04/2023
Partes del expediente
- Martha Guadalupe Nieves Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de abril de dos mil veintitrés. Vista; la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se desprende que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo y que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia dictada el dieciséis de marzo del año en curso. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a las autoridades responsables, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que al tratarse de autoridades jurisdiccionales, carecen de legitimación para recurrir la sentencia. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; con fundamento en su ordinal 12, este expediente es destruible al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), en relación con el precepto 35, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se tramitó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 165/2023-VII, promovido por Martha Guadalupe Nieves Sánchez, se levanta la presente acta ante la presencia de la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Sin la comparecencia de las partes o de quien legalmente los represente. La Jueza, declara abierta la audiencia y la Secretaria da cuenta con las constancias que obran en autos, entre las que destacan: No. Constancias 1 Escrito de demanda 2 Auto admisorio 3 Emplazamiento al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado 4 Emplazamiento al tercero interesado 4 Emplazamiento a la autoridad responsable 5 Informe justificado rendido por la autoridad responsable Asimismo, se hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe: No. Autoridad responsable Sentido Auto 1 Presidente de la Junta Especial número Tres, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Cierto 27/02/2023 2 Actuario adscrito a la Junta Especial número Tres, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Cierto 27/02/2023 La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Período probatorio. Abierto el periodo de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: No Parte Pruebas Auto 1 Parte quejosa Copia simple de la diligencia de embargo de diecinueve de enero de dos mil veintitrés. 31/01/2023 2 Presidente de la Junta Especial número Tres, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Copia certificada del proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral J/O/1453/2013. 27/02/2023 Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de los medios de convicción que integran el presente juicio de amparo; por lo que se cierra esta fase. Acto seguido, se abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se tiene por precluido el derecho de las partes para presentar alegatos, por lo que se cierra esta etapa. Finalmente, la Secretaria certifica que no existe diligencia pendiente de desahogar; por lo que se procede a dictar la presente resolución. Vistos los autos, para resolver el presente juicio de amparo 165/2023-VII, y; Primero. Presentación de la demanda. Martha Guadalupe Nieves Sánchez, mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y acto que se mencionarán en el siguiente considerando. Segundo. Admisión y trámite. Mediante auto de treinta y uno de enero de esta misma anualidad, se admitió la demanda registrándose bajo el número 165/2023-VII; se ordenó dar intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó y se llevó a cabo el emplazamiento a juicio del tercero interesado; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; con relación al 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Acuerdos Generales 3/2013 y 16/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, amén de que los actos reclamados, se atribuyen a autoridades circunscritas en razón de territorio a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de las autoridades responsables. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/2000 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, de la revisión del escrito de demanda y atendiendo a la causa de pedir, se acota tanto las autoridades señaladas como responsables y el acto reclamado. Autoridades responsables: Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, y, Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, ambas con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: La omisión girar oficio a las instituciones bancarias y su ejecución, dentro del expediente J/O/1453/2013, de su índice. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables 1) Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, y, 2) Actuario adscrito a la citada Junta, ambas con residencia en esta ciudad, a pesar de que no lo manifestaron de forma expresa; sin embargo, realizan manifestaciones encaminadas a desestimar la inconstitucionalidad del acto que se les reclama. Sin soslayar que el acto que se les imputa son de naturaleza negativa, por lo que les corresponde acreditar que no incurrieron en la omisión reclamada, por lo que será a través de la valoración de las pruebas que obren en este sumario constitucional, la demostración de su constitucionalidad. Ilustra a lo anterior, la Jurisprudencia I.3o.A. J/21, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA." Circunstancia que además se corrobora con el contenido de la copia certificada del proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente laboral J/1453/2013, que exhibió la autoridad responsable citada en primer momento, en apoyo a su informe justificado, a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, al haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto con anterioridad, permite tener la certeza del acto reclamado, a la autoridad responsable referida con antelación. CUARTO. Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, es deber del Juzgador analizar las causas de improcedencia previo a la resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. En primer término, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual no es jurídicamente factible establecer si el acto reclamado es constitucional o no; es decir, la improcedencia impide que se dirima la controversia constitucional, por exigirlo así alguna de las causas, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el artículo 62 de la ley en cita. En ese sentido, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de girar oficio a las instituciones bancarias y su ejecución, dentro del expediente J/O/1453/2013, de su índice; esta juzgadora advierte oficiosamente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos que expondrán a continuación. Dicha aseveración obedece a que el acto que se reclama en esta instancia constitucional, no se trata de un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, en virtud de que tomando el tiempo transcurrido de la omisión que reclama, sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Por las razones que la informan, resulta ilustrativa la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. En el caso particular, la promovente señala como acto reclamado la omisión de girar los oficios a las diversas instituciones como consecuencia del embargo practicado el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, derivado del procedimiento de ejecución dentro del expediente laboral J/O/1453/2013, del índice de la Junta Especial número Tres, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, cuya omisión acontece desde esa data; es decir, desde el diecinueve de enero de dos mil veintitrés. No obstante, esta juzgadora estima que el acto reclamado, no produce en contra de la promovente, una afectación material a derechos sustantivos; pues no impide en forma actual el ejercicio de un derecho, contrario a ello, solo produce una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En efecto, la quejosa se duele de que la junta responsable ha omitido girar los oficios a las diversas instituciones bancarias a fin de hacer de su conocimiento el embargo de sus cuentas y la emisión de los cheques correspondientes como consecuencia del embargo practicado el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, derivado del procedimiento de ejecución dentro del expediente laboral J/O/1453/2013, del índice de la responsable, lo que considera transgrede en su perjuicio el principio de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, a juicio de esta juzgadora, la citada omisión, no puede considerarse como un acto cuyo efecto sea de imposible reparación, ya que para considerarlo así es necesario que transcurra un término excesivo desde la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente se debió pronunciar la resolución o realizar la diligencia correspondiente, en este caso, desde que se llevó a cabo la diligencia de embargo, cuya omisión se advierte, acontece desde el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en que se celebró la diligencia de requerimiento de pago y embargo. Lo anterior es así, pues si bien es cierto, atendiendo a lo que establece el artículo 940 y 958 de la Ley Federal del Trabajo, establecen que la ejecución de la sentencias deberán dictarse las medidas para que su ejecución sea pronta y expedita, y que tratándose de embargo deberá notificarse al banco; sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda, el acto omisivo no había transcurrido una dilación excesiva, ya que habían transcurrido solamente once días naturales. Y si bien es cierto, que el primero de los preceptos legales establece que en tratándose de actos de ejecución de sentencia, deben dictarse las medidas para que su ejecución sea pronta y expedita; no menos cierto es que no podemos decir que dicho lapso se considere excesivo máxime que días laborables fueron ocho días ya que entre la celebración de la diligencia de embargo y la presentación de la demanda, se encuentran dos fines de semana que son inhábiles, por lo que el lapso real y efectivo de cuya omisión reclama, no se puede considerar que le cause una afectación de imposible reparación Por lo que a juicio de esta juzgadora -se reitera-, no existe una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto, considerándose el tiempo transcurrido y a la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada. Lo anterior, como lo soporta la Jurisprudencia 2a./J. 12/2022 (11a.), de rubro y contenido siguientes: DILACIÓN EXCESIVA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA LABORAL. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE UN AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, NO ES APLICABLE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si resultaba aplicable o no la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), para determinar la actualización de una dilación excesiva, como caso de excepción para la procedencia del amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no resulta aplicable para analizar si se ha configurado o no una dilación excesiva que haga procedente el amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Justificación: Esto es así, ya que a través de dicha jurisprudencia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente se limitó a complementar el alcance de la diversa jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la cual había dejado a la interpretación judicial analizar, en cada caso, si existía o no una abierta dilación procesal o paralización total del procedimiento, como una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto contra los actos previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, contra los "actos en juicio" cuyos efectos son de imposible reparación, para lo cual estableció un parámetro mínimo objetivo para emprender la acción constitucional en contra de las dilaciones presuntamente excesivas de la autoridad responsable en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Dicho parámetro se fijó en función del lapso máximo que preveía la Ley Federal del Trabajo para que el juicio laboral permaneciera inmóvil, so pena de que operara la caducidad de la instancia, lo que evidentemente no aplica con relación a las dilaciones procesales ocurridas en la fase de ejecución de sentencia, al tratarse de una etapa procesal diferente a la del juicio, en la que la Ley Federal del Trabajo establece procedimientos y plazos específicos para el cumplimiento de un laudo, los cuales, incluso, en un momento dado pudieran abonar para determinar la actualización de una dilación procesal para esa etapa; además de que la propia Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio, establece reglas específicas de procedencia diferentes a la analizada en la jurisprudencia en comento, es decir, a la prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, a juicio de esta Segunda Sala, corresponde al juzgador, en cada caso, ponderar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto, para lo cual deberá considerar, además de la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada; que un plazo razonable en la etapa de ejecución de sentencia pudiera ser aquel que permita el desahogo de dicha fase en un tiempo ligeramente superior al que pudiera desarrollarse en condiciones normales. Lo anterior, sin soslayar que la autoridad en comento, por el momento no podría ejecutar el acto omisivo que se reclama, ya que de la prueba documental que anexó a su informe justificado, se advierte que el mismo día de presentación de la demanda, admitió el recurso de revisión de los actos de ejecución y ordenó la suspensión del procedimiento de ejecución, por lo que la autoridad responsable en auto de veintitrés de febrero del año que transcurre, reservó proveer lo relativo a la expedición de los oficios a las cuentas bancarias hasta en tanto, se resuelva el incidente planteado. Por tanto, la omisión reclamada por la parte quejosa, no puede ser considerada como un acto de imposible reparación, por no transgredir derechos sustantivos, ni constituir una abierta dilación en la fase relativa o su paralización total, cuyos supuestos, por excepción, hacen procedente la vía de amparo biinstancial. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto al acto aquí analizado, de conformidad con lo establecido por la fracción V del numeral 63 del ordenamiento legal antes invocado. Por tanto, al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Transparencia. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Martha Guadalupe Nieves Sánchez, contra el acto precisado en el considerando Segundo, reclamado al 1) Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en su último considerando. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. La suscrita licenciada María de Lourdes Méndez Sánchez; certifica y hace constar que atendiendo a lo que establece el artículo 26 Bis, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la hora de la evidencia criptográfica, no coincide con la hora del cierre de la audiencia, debido a las cargas de trabajo del presente juzgado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vistos; I. Los oficios de cuenta signados por el (1) Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas y (2) Actuario adscrito a dicha Junta, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales rinden informe justificado; y, la primera de las mencionadas remite constancias en apoyo al mismo. II. El estado de autos, de los cuales se desprende que mediante proveído de treinta y uno de enero del año en curso, este órgano jurisdiccional se reservó emitir pronunciamiento respecto de la documental ofertada por la parte quejosa. Al efecto, se acuerda: Respecto del punto I, que precede, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósense a los autos las comunicaciones de cuenta y anexo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la ley de la materia, ténganse por rendidos los mismos. Relaciónense en la audiencia constitucional. Por otro lado, tocante a las constancias adjuntas al informe de la primera autoridad oficiante, concatenado con lo destacado en el diverso punto II de prelación; se levanta la reserva decretada en actuación de treinta y uno de enero del año en curso; por lo que, con apoyo en los preceptos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admite como prueba de la parte quejosa y de la responsable de mérito, la documental exhibida;1 las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica; las cuales se agregan al presente juicio al haberse presentado físicamente, sin perjuicio de obrar digitalizadas en el expediente electrónico y que serán valoradas en el momento procesal oportuno. Con el contenido del mismo y constancias, DÉSE VISTA a las partes para que, en su caso, manifiesten lo que a su interés legal convenga. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL. R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ****, contra los actos y autoridad responsable precisados en los considerandos, segundo y cuarto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el último considerando del presente instrumento. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO...
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