Martha Fabiola Alfaro Méndez

Expediente 707/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
707/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/06/2022

Partes del expediente

  • Martha Fabiola Alfaro Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vista; la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de uno de junio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por +++. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente asunto, no se aperturó incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos para devolver a las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de junio de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida por +++, por propio derecho, contra los actos que reclama al Juez de Control de la Región Uno con sede en el Centro Estatal Preventivo Número Uno, con sede en Chiapa de Corzo y el Titular de la Secretaria de Hacienda del Estado. I. REGISTRO. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo número 707/2022-III, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Para efecto de la admisión de la demanda de amparo, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que impone ante todo la obligación de examinar el escrito para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Ilustra a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. La tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: El auto decretado en la causa penal 335/2020, de veintiséis de abril de dos mil veintidós, por medio del cual ordenó imponerle una multa de cien unidades de medida y actualización a la parte quejosa y el cumplimiento de la medida tomada por la ordenadora en iniciar el procedimiento de ejecución de la multa. En el contexto anterior, En el presente juicio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la disposición legal transcrita, se observa que establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, el cual consiste en que el quejoso, previo al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que, de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. No obstante, la normativa transcrita también establece diversas excepciones al principio de definitividad, es decir, el quejoso no está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que proceden contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso." Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Novena Época, Registro: 191539, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 2000, Materia(s): Común, Tesis: 2a. LVI/2000, Página: 156; cuyo rubro menciona: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Sin que en el caso concreto se actualice alguna de las hipótesis mencionadas, por ende, no está exento de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que procede en contra el citado acto reclamado; ello, por las razones que a continuación se expondrán. Lo anterior se afirma en razón de que, cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16, o afectaciones a la garantía de administración de justicia pronta y expedita, así como el derecho de audiencia pública, señalados en el diverso numeral 17, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo previsto en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, existe obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo. En ese sentido, se impone precisar que los artículos 465 y 466, del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen lo siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicite. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." Así, los artículos transcritos prevén expresamente el recurso de revocación, el cual debe agotarse previamente al juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, transcrito. Es importante destacar que, el principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente, acudir a las instancias ordinarias, previstas en una ley formal y material, que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que le ocasiona afectación. Por lo que, se puede afirmar que contra el auto que reclama la parte quejosa, procede el recurso de revocación, por tratarse de un proveído que por sus características, no tiene fuerza definitiva, por lo cual, al no ser apelable, resulta procedente el recurso de revocación. Aunado a que las constancias de la demanda se advierte que ocurre en su carácter de Ministerio Público, por lo que es parte en el proceso penal en términos del artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por ende se encuentra obligado a agotar dicho recurso. Lo que en el caso cobra actualidad, ya que el acto reclamado lo constituye el auto decretado en la causa penal 335/2020, de veintiséis de abril de dos mil veintidós, por medio del cual la autoridad responsable ordenó imponerle una multa de cien unidades de medida y actualización a la parte quejosa, quien es parte en el proceso penal, es decir, se trata de una resolución de mero trámite; por tanto, resulta incuestionable que antes de la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa debió impugnar el auto que en esta instancia constitucional reclama, a través del recurso ordinario de revocación, de conformidad con los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene aplicación la tesis XI.P.29 P (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4585, Décima Época, con registro digital 2020472, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, de tesis y rubro siguiente: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, INCISO B), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL CONSTITUIR SU IMPOSICIÓN UNA RESOLUCIÓN DE MERO TRÁMITE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO CÓDIGO. El artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, procede el recurso de revocación; atento a lo cual, la imposición de la multa -como medida de apremio- establecida en el diverso artículo 104, fracción II, inciso b), del indicado código, a cualquiera de los intervinientes en el procedimiento penal, constituye una resolución de mero trámite, porque no determina el inicio, conclusión o modificación de una fase procesal, tampoco la naturaleza o calidad de las partes que intervienen, ni de las cuestiones que integran la litis en el proceso, lo que lleva a concluir que se trata de una resolución de mero trámite que, además, se resuelve sin sustanciación; por ende, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto contra la resolución del Juez de control que impuso esa medida de apremio, la persona a quien se le aplicó debe agotar el recurso de revocación en comento; máxime que en ese caso no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción para agotar el principio de definitividad a que alude la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo." Además, el acto reclamado no se encuentra en los casos de excepción que prevé el propio numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues estos no son de los de atención privilegiada o incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de aquellos que afecten la libertad personal; no es tercero extraño, ya que es parte en el expediente de origen citado; y finalmente, la procedencia del medio de defensa citado no está sujeto a una interpretación adicional; por tanto, la parte quejosa está obligada a agotarlo, previamente, a solicitar la protección constitucional; de ahí que resulte improcedente el juicio de amparo. En ese sentido, se reitera que aun cuando el acto reclamado cause un perjuicio irreparable, existe la obligación de agotar el recurso procedente, porque el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, aunado a que el recurso de que se trata resulta procedente, eficaz e idóneo para obtener la pretensión de la quejosa. Encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia con número de registro 257209, visible a fojas 37, Volumen 12, Sexta Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.". De igual forma, tiene aplicación la diversa tesis VI.1o. J/85, visible a fojas 51, Número 67, julio de 1993, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO." Haciéndose extensiva al diverso acto consistente el cumplimiento de la medida tomada por la ordenadora en iniciar el procedimiento de ejecución de la multa, al tratarse de un derivado del acto reclamado en comento. III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Es inconcuso que el juicio de amparo es improcedente, ya que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; de ahí que lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 113 de la ley de la materia. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). IV. DOMICILIO, AUTORIZADOS, NUMERO TELEFONICO Y CORREO ELECTRÓNICO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala ubicado en avenida rosa del oriente número 170, fraccionamiento el bosque con sede en esta ciudad. Se tiene como autorizados a Raúl Adrián Cabrera Castellanos y Henrri Diaz Abarca, en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen inscritas sus cedulas profesionales ante la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública que los acredita como licenciados en derecho; y como autorizados en términos del numeral 12, párrafo segundo, en relación con el diverso 24, párrafo segundo de la ley de la materia, esto, es únicamente para oír y recibir notificaciones a Ilsy Abigail Palacios Velázquez y Ana Gabriela Velázquez Muñoz, al haberlo solicitado así la quejosa. Por otro lado, como lo establece el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 2019, los correos electrónicos, y número telefónico, son sólo un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes, y por tanto se les tienen por ofrecidos los mismos, solo para el efecto antes mencionado. V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Número de expediente: 707/2022 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de junio de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida por +++, por propio derecho, contra los actos que reclama al Juez de Control de la Región Uno con sede en el Centro Estatal Preventivo Número Uno, con sede en Chiapa de Corzo y el Titular de la Secretaria de Hacienda del Estado. I. REGISTRO. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo número 707/2022-III, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Para efecto de la admisión de la demanda de amparo, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que impone ante todo la obligación de examinar el escrito para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Ilustra a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. La tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: El auto decretado en la causa penal 335/2020, de veintiséis de abril de dos mil veintidós, por medio del cual ordenó imponerle una multa de cien unidades de medida y actualización a la parte quejosa y el cumplimiento de la medida tomada por la ordenadora en iniciar el procedimiento de ejecución de la multa. En el contexto anterior, En el presente juicio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la disposición legal transcrita, se observa que establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, el cual consiste en que el quejoso, previo al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que, de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. No obstante, la normativa transcrita también establece diversas excepciones al principio de definitividad, es decir, el quejoso no está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que proceden contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso." Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Novena Época, Registro: 191539, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 2000, Materia(s): Común, Tesis: 2a. LVI/2000, Página: 156; cuyo rubro menciona: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Sin que en el caso concreto se actualice alguna de las hipótesis mencionadas, por ende, no está exento de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que procede en contra el citado acto reclamado; ello, por las razones que a continuación se expondrán. Lo anterior se afirma en razón de que, cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16, o afectaciones a la garantía de administración de justicia pronta y expedita, así como el derecho de audiencia pública, señalados en el diverso numeral 17, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo previsto en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, existe obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo. En ese sentido, se impone precisar que los artículos 465 y 466, del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen lo siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicite. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." Así, los artículos transcritos prevén expresamente el recurso de revocación, el cual debe agotarse previamente al juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, transcrito. Es importante destacar que, el principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente, acudir a las instancias ordinarias, previstas en una ley formal y material, que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que le ocasiona afectación. Por lo que, se puede afirmar que contra el auto que reclama la parte quejosa, procede el recurso de revocación, por tratarse de un proveído que por sus características, no tiene fuerza definitiva, por lo cual, al no ser apelable, resulta procedente el recurso de revocación. Aunado a que las constancias de la demanda se advierte que ocurre en su carácter de Ministerio Público, por lo que es parte en el proceso penal en términos del artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por ende se encuentra obligado a agotar dicho recurso. Lo que en el caso cobra actualidad, ya que el acto reclamado lo constituye el auto decretado en la causa penal 335/2020, de veintiséis de abril de dos mil veintidós, por medio del cual la autoridad responsable ordenó imponerle una multa de cien unidades de medida y actualización a la parte quejosa, quien es parte en el proceso penal, es decir, se trata de una resolución de mero trámite; por tanto, resulta incuestionable que antes de la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa debió impugnar el auto que en esta instancia constitucional reclama, a través del recurso ordinario de revocación, de conformidad con los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene aplicación la tesis XI.P.29 P (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4585, Décima Época, con registro digital 2020472, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, de tesis y rubro siguiente: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, INCISO B), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL CONSTITUIR SU IMPOSICIÓN UNA RESOLUCIÓN DE MERO TRÁMITE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO CÓDIGO. El artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, procede el recurso de revocación; atento a lo cual, la imposición de la multa -como medida de apremio- establecida en el diverso artículo 104, fracción II, inciso b), del indicado código, a cualquiera de los intervinientes en el procedimiento penal, constituye una resolución de mero trámite, porque no determina el inicio, conclusión o modificación de una fase procesal, tampoco la naturaleza o calidad de las partes que intervienen, ni de las cuestiones que integran la litis en el proceso, lo que lleva a concluir que se trata de una resolución de mero trámite que, además, se resuelve sin sustanciación; por ende, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto contra la resolución del Juez de control que impuso esa medida de apremio, la persona a quien se le aplicó debe agotar el recurso de revocación en comento; máxime que en ese caso no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción para agotar el principio de definitividad a que alude la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo." Además, el acto reclamado no se encuentra en los casos de excepción que prevé el propio numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues estos no son de los de atención privilegiada o incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de aquellos que afecten la libertad personal; no es tercero extraño, ya que es parte en el expediente de origen citado; y finalmente, la procedencia del medio de defensa citado no está sujeto a una interpretación adicional; por tanto, la parte quejosa está obligada a agotarlo, previamente, a solicitar la protección constitucional; de ahí que resulte improcedente el juicio de amparo. En ese sentido, se reitera que aun cuando el acto reclamado cause un perjuicio irreparable, existe la obligación de agotar el recurso procedente, porque el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, aunado a que el recurso de que se trata resulta procedente, eficaz e idóneo para obtener la pretensión de la quejosa. Encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia con número de registro 257209, visible a fojas 37, Volumen 12, Sexta Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.". De igual forma, tiene aplicación la diversa tesis VI.1o. J/85, visible a fojas 51, Número 67, julio de 1993, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO." Haciéndose extensiva al diverso acto consistente el cumplimiento de la medida tomada por la ordenadora en iniciar el procedimiento de ejecución de la multa, al tratarse de un derivado del acto reclamado en comento. III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Es inconcuso que el juicio de amparo es improcedente, ya que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; de ahí que lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 113 de la ley de la materia. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). IV. DOMICILIO, AUTORIZADOS, NUMERO TELEFONICO Y CORREO ELECTRÓNICO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala ubicado en avenida rosa del oriente número 170, fraccionamiento el bosque con sede en esta ciudad. Se tiene como autorizados a Raúl Adrián Cabrera Castellanos y Henrri Diaz Abarca, en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen inscritas sus cedulas profesionales ante la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública que los acredita como licenciados en derecho; y como autorizados en términos del numeral 12, párrafo segundo, en relación con el diverso 24, párrafo segundo de la ley de la materia, esto, es únicamente para oír y recibir notificaciones a +++ al haberlo solicitado así la quejosa. Por otro lado, como lo establece el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 2019, los correos electrónicos, y número telefónico, son sólo un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes, y por tanto se les tienen por ofrecidos los mismos, solo para el efecto antes mencionado. V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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