Martha Francisca Martínez Arévalo
Expediente 216/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 216/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/02/2023
Partes del expediente
- Martha Francisca Martínez Arévalo
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto; el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por el que remite testimonio de la resolución del recurso de inconformidad 59/2022, y devuelve las copias certificadas del juicio de amparo 277/2021-VI, de este índice. Ahora bien, de los puntos resolutivos de la ejecutoria dictada, se desprende lo siguiente: ". Único. Es INFUNDADO el recurso de inconformidad." Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta, acúsese de recibo toda vez que así lo solicita la autoridad oficiante. Asimismo, se precisa que en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que las copias certificadas enviadas con motivo del recurso de inconformidad es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que dispone el artículo 20, inciso a) del invocado Acuerdo, en razón de que al tratarse de un cuaderno auxiliar. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; con fundamento en su ordinal 12, este expediente es depurable, al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), en relación con el precepto 35, de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo disponen los artículos 18, 27 y 29, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, así como en la carátula del mismo y en los libros de gobierno; y una vez transcurran tres años deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Finalmente, toda vez que la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada del expediente********************, constante de un tomo, tomando en consideración que los mismos ya no son necesarios; devuélvanse a su lugar de origen. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Visto; el oficio signado por el Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, mediante el cual, en atención al diverso 3297/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, remite la boleta de turno con número de registro 20231581033500069. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta, para que obre como corresponda y téngase al citado encargado dando cumplimiento a lo ordenado en el auto de diez de los actuales. CÚMPLASE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto; el oficio signado por el Jefe de la Administración Postal Número Dos "Palmas", con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención a lo solicitado por diverso 2640/2023, remite copia certificada del acuse de recepción de la comunicación 389/2023, dirigida a la autoridad tercera interesada Ayuntamiento Constitucional de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, fechada al veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta y anexo; y en atención a su contenido, se tiene por desahogado el requerimiento formulado en actuación de dos del actual; por lo que se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado. Finalmente, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo informado, lo que será tomado en consideración en su momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa: Visto; el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual declina la competencia legal, para conocer de la demanda de amparo promovida por **** a favor de este juzgado; por ello, remite el original del Juicio de Amparo 183/2023, de su índice; al estar relacionado el acto reclamado, con los mismos hechos que fueron materia de reclamo en el diverso juicio 494/2021, del índice de este juzgado, ya que ambos derivan del mismo expediente ordinario civil 1761/1995; finalmente, solicita acuse de recepción del mismo. I.- Pronunciamiento respecto del conocimiento del asunto. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, 45 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, punto cuarto, fracción XX, ESTE JUZGADO SE AVOCA, AL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO. En ese tenor, acúsese de recibo correspondiente al Juzgado Federal oficiante de las constancias descritas en supralíneas. II. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 216/2023-VII. III. Integración del expediente físico y electrónico. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, al incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. IV.- Causa de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el contexto anterior y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este Órgano de Control Constitucional, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama del (1) Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: (a) La determinación de trece de enero de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio ordinario civil 1761/1995, de su índice, por el que desechó el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, emitido en ese sumario de origen. En ese estado de cosas, esta resolutora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se expresan. El citado precepto consagra uno de los ejes rectores del juicio de amparo, el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: a) Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. b) Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. c) Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: a) Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. b) Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; c) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; d) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. e) Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. f) Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. a) Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). b) Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa por identidad de razón la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". En la especie, la accionante de los derechos fundamentales, reclama del (1) Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, (a) la determinación de trece de enero de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio ordinario civil 1761/1995, de su índice, por el que desechó el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, emitido en ese sumario de origen. En contra de la citada determinación, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de queja previsto en el artículo 697 fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas. En efecto, del análisis al precepto normativo descrito, se pone de manifiesto que con el medio recursivo en mención, válidamente se puede controvertir la determinación de la que se duele la promovente del amparo; es decir, dicha vía constituye el medio ordinario que la legislación establece con objeto de sujetar a análisis jurisdiccional, la actuación que por esta vía pretende combatir; por lo que, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, es inconcuso que dicha demanda resulta improcedente. De ahí que, es evidente que la parte quejosa estuvo en posibilidad de recurrir el acuerdo en los términos ya señalados y hacer valer sus derechos, que en el caso en concreto lo era el de impugnar a través del recurso de queja que prevé como recurso para combatir la denegación de apelación por parte del juzgador antes de acudir a la vía constitucional, misma que como ya se dijo con antelación, se vuelve improcedente en razón a la inobservancia de uno de los principios rectores del juicio de garantías, tal y como lo es el principio de definitividad, de donde se tiene que al no haberse combatido el acto generador de molestia a través del citado recurso, quedaba imposibilitado para accionar el amparo biinstancial que hoy nos ocupa. Por lo que se determina que la parte quejosa omitió agotar el principio de definitividad antes de acudir al presente juicio de amparo, al no haber interpuesto el recurso ordinario establecido por la legislación de la materia, lo cual resulta un requisito indispensable para estar en posibilidad de ejercer la acción constitucional. Apoya esta determinación la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Asimismo, como lo sostiene la tesis del entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, XX.96 C, del rubro y contenido siguientes: "AUTO QUE DESECHA EL RECURSO DE APELACION EN EL JUICIO CIVIL. ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE QUEJA PARA QUE PROCEDA EL JUICIO DE GARANTIAS CONTRA EL. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). Contra el acuerdo que desecha un recurso de apelación planteado en un juicio civil, procede el recurso de queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 697, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, que pudo haber revocado, modificado o anulado el acto reclamado, por tanto, si no se agota el recurso en comento tratándose del desechamiento señalado, es incuestionable que no se agotó el principio de definitividad; y, por ende, resulta improcedente el juicio de garantías en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo." Se afirma lo anterior, pues conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solamente procederá, entre otros casos, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, pero una vez que se hayan agotado los recursos que en su caso procedan. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro IUS 2017117, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Además, en el presente asunto no se actualizan los casos de excepción -descritos en párrafos que anteceden-, previstos en el segundo párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y finalmente, tampoco se actualiza la relativa a la ausencia de fundamentación, esto es, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto; lo anterior es así, dado que la parte quejosa no aporta medios de convicción tendentes a acreditar la existencia del referido acto reclamado -no obstante encontrarse en aptitud de allegarse del mismo-, de los cuales se pueda advertir que en efecto, sin prejuzgar sobre su legalidad, la autoridad señalada como responsable expresó o no, las normas legales como sustento de su actuar, por ende, no se actualiza la excepción de que se trata. Tampoco se advierte que se aleguen únicamente violaciones directas a la Constitución, ni que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, se itera, una ley de carácter formal y material, como es el Código Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, prevé un medio de defensa en virtud del cual puede el acto puede ser combatido. V. Desechamiento. En esas condiciones, al actualizarse en forma notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el diverso 113 del ordenamiento legal en cita, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. VI. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VII. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente, el ubicado en: ********************. Se tiene como autorizados en términos amplios a que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que tienen registrada su respectiva cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. VIII. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. IX. Oficio Compensatorio. Comuníquese esta determinación a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, a fin de que se realice el registro y la compensación correspondiente, equilibrando así las cargas de trabajo, de conformidad con los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.
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