Martha Guadalupe Nieves Sánchez
Expediente 847/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 847/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/06/2023
Partes del expediente
- Martha Guadalupe Nieves Sánchez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de junio de dos mil veintitrés. Vistos; la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se desprende que transcurrió el término establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente se inconformara con el auto de veintiséis de mayo de esta anualidad. Al efecto, se acuerda: Por ello, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el mismo, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este órgano jurisdiccional. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción IV, en relación con el precepto 34, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo intentada; además, de no advertirse la actualización de alguna de las hipótesis de relevancia documental ni contener documentación clasificada como reservada, para su conservación, establecida en los acápites penúltimo y final, del numeral 20 en mención. Hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del citado cuerpo normativo. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se tramitó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 20, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierte la existencia de documentos susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto, el estado de autos del que se advierte que en acuerdo de quince de mayo de este año, se tuvo por recepcionado el comunicado emitido por el apoderado legal y delegado de la autoridad responsable Instituto de Salud y/o Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de ocho de mayo de este año, comunicó que por memorándum IS/DG/SAJ/DCA/735/2023, solicitó al Director de Administración y Finanzas de ese Instituto, realizara los trámites de suficiencia presupuestaria a fin de realizar la liberación del recurso correspondiente. Por lo anterior, se requirió a la autoridad remitiera copia certificada del oficio o memorándum que ese Instituto dirigiera a la Secretaría de Hacienda, con sede en esta ciudad, por medio del cual solicitó la liberación del recurso por la cantidad de *****, así como la diversa de **** a la que fue condenada la referida responsable en el juicio oral mercantil 361/2018, del índice del Juzgado Segundo Especializado en Juicio Oral Mercantil del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad, misiva que deberá contener el sello de recepción de dicha Secretaría, sin que al efecto haya informado de dicha circunstancia. Al efecto, se acuerda. Por lo antes indicado, se requiere nuevamente al Instituto de Salud y/o Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, para que dentro del dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, remita las constancias que le fueron requeridas en acuerdo de quince de mayo de este año; o en su caso, las diversas que corroboren las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Se apercibe que de no dar cumplimiento a lo anterior; o bien, manifestar el impedimento legal que tenga para ello, en el término concedido para tal efecto, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de CIEN A MIL veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se dará inicio al incidente de inejecución de sentencia ante el Tribunal Colegiado de Circuito legalmente competente, quien de reiterar que existe incumplimiento, remitirá los presentes autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable; lo anterior, sin perjuicio de su consignación ante un juez del orden penal. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos y autoridades que indica. I.- Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 847/2023-VII. II. Integración del expediente físico y electrónico. La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Se instruye a la Secretaria del Juzgado adscrita, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Al efecto, se puntualiza que el Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III.- Causa de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el contexto anterior y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este Órgano de Control Constitucional, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama del (1) Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y de la (2) Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, esencialmente, lo siguiente: (a) La omisión de tomar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del laudo. (b) La dilación para recepcionar los oficios girados por la responsable para que por su conducto se ordene a las distintitas instituciones bancarias, rendir informes de las cuentas bancarias registradas a nombre de la moral demandada en el juicio de origen y que se encuentren embargadas. Actos respecto de los cuales, se estima que el juicio constitucional es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En la especie, la parte solicitante de la tutela constitucional reclama la omisión por parte del (1) Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, de desplegar las medidas necesarias, incluyendo las diversas de apremio previstas en la norma, para lograr el cumplimiento del laudo; lo anterior, bajo el argumento que la citada (2) Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bajo el pretexto de la falta de algún requisito de forma, no ha recepcionado los oficios girados por la responsable de mérito, a fin de que gire oficios a las diversas instituciones bancarias, para que éstas a su vez informen si de las cuentas registradas a nombre de la moral quejosa, se encuentran embargadas. De lo anterior se estima que los actos reclamados a las responsables de trato, no es factible por el momento de combatirse a través del juicio de amparo bi-instancial, puesto que la omisión de parte de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, de desplegar las medidas necesarias, incluyendo las diversas de apremio previstas en la norma, para lograr el cumplimiento del laudo, entre ellos, que la entidad Bancaria, lleve a cabo la recepción del oficio girado por parte de esta última, sólo sería factible de impugnarse si en el juicio de origen, la accionante de los derechos fundamentales realizara la petición ante la autoridad ordenadora y ésta determinara su negativa de aplicar alguna de las medidas de apremio establecidas en la ley a fin de lograr que la citada (2) Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recepcionara la comunicación enviada por ésta; luego, como esto no ha ocurrido, se insiste, no es procedente reclamar la violación de que se duele a través de un medio extraordinario como es el juicio de amparo. De aceptar la procedencia del amparo que se intenta contra los actos de que se trata sin que exista previa petición a la autoridad ordenadora, esto es, del (1) Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje¸ con residencia en esta ciudad, se entendería que cualquier violación procesal podría ser combatida a través del juicio de amparo indirecto, lo que no es posible de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 107 referido relativas a la procedencia del juicio de amparo biinstancial, esto es, la ahora parte disconforme está en posibilidad de solicitar ante el rector del procedimiento natural, para que éste a su vez requiera a dicha autoridad administrativa recepcione el oficio que le fue remitido, bajo el aeprcibimiento que de no recibirlo, se le aplicará los medios de apremio necesarios para obtener el cumplimiento de tal determinación adoptada. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis del rubro y texto siguiente. "EJECUCION DE SENTENCIA. ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, NECESARIO ES EL IMPULSO PROCESAL DE LA PARTE INTERESADA. En la etapa de ejecución de sentencia, en un juicio mercantil, se ordenó la entrega de un permiso de explotación forestal al interventor judicial; y en la demanda de amparo, se señala como acto reclamado, el incumplimiento de las autoridades responsables a la orden del juez; debe decirse que el quejoso, antes de optar por el juicio de garantías, debe impulsar procesalmente al juzgador para el cumplimiento de su determinación y el logro de su derecho; pues de lo contrario, el juez de amparo se convertiría en simple ejecutor del juez de instancia, mismo que para el cumplimiento de sus órdenes, en forma ordinaria tiene la fuerza del imperio legal, teniendo cabida el juez federal de amparo en esos casos, en forma excepcional, una vez que agote los recursos legales". De igual forma, se cita la Jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "MEDIOS DE APREMIO. SU FINALIDAD CONSISTE EN HACER CUMPLIR LAS DETERMINACIONES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debe destacarse que los medios de apremio que regula dicho numeral, tienen como finalidad conseguir el cumplimiento de las determinaciones que dicten los Jueces, obligando a las personas a través de tales medios a que los acaten; pero para ello se requiere en primer lugar que se dé la existencia previa del apercibimiento respectivo; en segundo término que conste en forma indubitable que a quien se pretenda imponer la medida correspondiente, conozca a qué se expone en caso de desacato o resistencia a lo que ordena la autoridad judicial; y, en tercer lugar, que la persona a quien se imponga la sanción, sea la que efectivamente se haya opuesto a la diligencia u orden de que se trate y no persona distinta". Así como la diversa tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "MEDIOS DE APREMIO. La facultad que concede la ley a los Jueces, para aplicar medios de apremio, está restringida a las personas que ante ellos litigan, toda vez que sólo a esas personas alcanza su jurisdicción". Por lo anterior, es necesario que la autoridad laboral encargada de la instrucción del expediente de origen, con base en la petición formulada por la quejosa, y atendiendo a la negativa de la autoridad administrativa señalada de recibir la comunicación, determine la imposibilidad para lograr el cumplimiento al requerimiento realizado; y con base en ello, determine la aplicación o no de las algunas de las medidas de apremio establecidas en la ley; pues no solo basta "una omisión, abierta dilación o paralización total del procedimiento", para que el juicio de amparo indirecto sea procedente por excepción, por constituir una violación directa al artículo 17 de la Constitución General. Dicha excepción se actualiza, cuando quien comete la omisión de proveer en un procedimiento para hacer cumplir sus determinaciones, es la autoridad jurisdiccional (que en el juicio natural es el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje) respecto de los actos en los que las partes le soliciten agilizar el cumplimiento del requerimiento para la obtención de pruebas para llevar a cabo la continuación del impulso procesal del procedimiento de ejecución; lo que, según la demanda de amparo, no se advierte. La improcedencia actualizada en este juicio de amparo deriva en que la autoridad responsable (1) Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, puede emplear cualquiera de los medios de apremio previstos en el correspondiente ordenamiento legal, a efecto de hacer cumplir sus determinaciones; de ahí que, la quejosa está en posibilidad de acudir al rector del procedimiento natural a impulsar el procedimiento de origen, para que en el caso, sea la autoridad laboral quien haga efectivas las medidas que estén a su alcance, previo a la instauración del juicio de amparo. Finalmente, es importante destacar que de admitir la demanda de amparo, esta juzgadora de amparo se convertiría en simple ejecutor del órgano jurisdiccional de instancia, siendo que este último, quien tiene los medios establecidos en la codificación correspondiente para hacer cumplir sus determinaciones; es decir, en forma ordinaria tiene la fuerza del imperio legal para incidir en la conducta de las autoridades que, en auxilio de la justicia, deban colaborar en el ámbito de sus atribuciones, pudiendo tener intervención los juzgados de amparo en estos casos, en forma excepcional, una vez que el impetrante agote los medios previstos en el procedimiento y recursos legales. IV. Desechamiento. Por los motivos expuestos es procedente desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113, de la ley de la materia, dado que la causal de improcedencia en mención, es notoria y manifiesta. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente, el ubicado en: ********************. Se tiene como autorizados en términos amplios a que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, a ********************, sin que resulte necesaria la verificación de su respetiva cédula profesional en el registro correspondiente, dado que la promovente se trata de la parte trabajadora en el juicio de origen. VII. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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