Martha Elena del Socorro Gamez Martinez
Expediente 1055/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1055/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 05/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Martha Elena del Socorro Gamez Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el once de septiembre del año en curso; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA I. Agréguese a estos únicamente para que obre como corresponda, el alegato ministerial 593/2017, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, toda vez que el once de septiembre del año en curso, se decretó de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Asimismo, como se solicita en el alegato de mérito, con fundamento en el artículo 3º. de la Ley de Amparo, entréguese copia certificada de la aludida resolución pronunciada en este juicio a la ocursante de mérito, en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y anexos que acompaña; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio. Ahora bien, se trae a colación que el acto que MARTHA ELENA DEL SOCORRO GÓMEZ MARTÍNEZ, reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión del Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, de dar contestación a la petición contenida en el escrito de cinco de abril de dos mil diecisiete, presentado ante la autoridad responsable en fecha el seis de abril citado. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: ... El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: ... De lo que hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la autoridad responsable, al no dar contestación al escrito de cinco de abril de dos mil diecisiete, de la aquí quejosa presentado ante la responsable el seis de abril siguiente, en el que solicitó girar oficio al Titular del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, del Poder Judicial del Estado de Yucatán, a fin de conocer con precisión el estado de los depósitos realizados o no realizados por parte del deudor alimentista Héctor Serrano Centeno alias Nestor Serrano Centeno, en el período comprendido del veintitrés de abril de dos mil nueve al cinco de abril de dos mil diecisiete, en el expediente 7516/2009, relativo a las diligencias de jurisdiccional voluntaria. Sin embargo, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe con justificación, se advierte que dio contestación al escrito de la aquí quejosa, dado que mediante acuerdo dictado el siete de junio del año en curso, ordenó girar oficio al Titular del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, a fin de que dentro del término de tres días, informe a ese Juzgado Primero de lo Familiar responsable, acerca de los depósito y cobros efectuados por Héctor Serrano Centeno alias Nestor Serrano Centeno y Martha Elena del Socorro Gómez Martínez, en ese expediente de origen; por lo que mediante acuerdo de diecisiete de agosto del año en curso, se tuvo recibido ante la autoridad responsable, de la Titular del citado Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, la información de referencia, del cual se dio vista a la aquí quejosa; por lo que dicho acuerdo de diecisiete de agosto último, se le notificó a la quejosa mediante publicación realizada el veintiuno de agosto último, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Por tanto, dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dio contestación al escrito de la quejosa, mediante acuerdo de siete de junio del presente año, toda vez que giró el oficio al Titular del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia; y en diverso acuerdo de fecha diecisiete de agosto del año en curso, tuvo por recibido el informe del citado Titular del Fondo Auxiliar, del cual se dio vista a la quejosa y le fue notificado mediante publicación realizada el veintiuno de agosto último, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de no dar contestación al escrito presentado ante la responsable en fecha seis de abril de dos mil diecisiete, lo que en el caso se subsana con la respuesta dada al aludido ocurso, el siete de junio del año en curso y diecisiete de agosto último; notificado a la quejosa el veintiuno de agosto del año que transcurre. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. ...
- Principal
MESA I Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y anexos que acompaña; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio. Ahora bien, se trae a colación que el acto que ... reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión del Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, de dar contestación a la petición contenida en el escrito de cinco de abril de dos mil diecisiete, presentado ante la autoridad responsable en fecha el seis de abril citado. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: ... El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: ... De lo que hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la autoridad responsable, al no dar contestación al escrito de cinco de abril de dos mil diecisiete, de la aquí quejosa presentado ante la responsable el seis de abril siguiente, en el que solicitó girar oficio al Titular del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, del Poder Judicial del Estado de Yucatán, a fin de conocer con precisión el estado de los depósitos realizados o no realizados por parte del deudor alimentista Héctor Serrano Centeno alias Nestor Serrano Centeno, en el período comprendido del veintitrés de abril de dos mil nueve al cinco de abril de dos mil diecisiete, en el expediente 7516/2009, relativo a las diligencias de jurisdiccional voluntaria. Sin embargo, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe con justificación, se advierte que dio contestación al escrito de la aquí quejosa, dado que mediante acuerdo dictado el siete de junio del año en curso, ordenó girar oficio al Titular del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, a fin de que dentro del término de tres días, informe a ese Juzgado Primero de lo Familiar responsable, acerca de los depósito y cobros efectuados por Héctor Serrano Centeno alias Nestor Serrano Centeno y Martha Elena del Socorro Gómez Martínez, en ese expediente de origen; por lo que mediante acuerdo de diecisiete de agosto del año en curso, se tuvo recibido ante la autoridad responsable, de la Titular del citado Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, la información de referencia, del cual se dio vista a la aquí quejosa; por lo que dicho acuerdo de diecisiete de agosto último, se le notificó a la quejosa mediante publicación realizada el veintiuno de agosto último, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Por tanto, dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dio contestación al escrito de la quejosa, mediante acuerdo de siete de junio del presente año, toda vez que giró el oficio al Titular del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia; y en diverso acuerdo de fecha diecisiete de agosto del año en curso, tuvo por recibido el informe del citado Titular del Fondo Auxiliar, del cual se dio vista a la quejosa y le fue notificado mediante publicación realizada el veintiuno de agosto último, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de no dar contestación al escrito presentado ante la responsable en fecha seis de abril de dos mil diecisiete, lo que en el caso se subsana con la respuesta dada al aludido ocurso, el siete de junio del año en curso y diecisiete de agosto último; notificado a la quejosa el veintiuno de agosto del año que transcurre. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. ...
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